Tras la solicitud por parte de los sindicatos mayoritarios en el seno de la plantilla de la Policía Local –CCOO y SUPLM– de conocer el estado de tramitación de todas las multas levantadas entre 2016 y 2020, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, se ha hecho eco de su demanda. Así, el primer edil ha solicitado a la Jefatura de la Policía Local un informe sobre el estado de todas las actas levantadas desde 2012, ampliando el plazo requerido por los sindicatos en cuatro años más.
Según ha avanzado Europa Press, el alcalde montillano ha reclamado dicho informe a la Jefatura de la Policía Local dado que se trata del órgano "que tiene asumidas las funciones de instrucción de los expedientes". De esta forma, Llamas pretende dar respuesta a la demanda realizada por ambos sindicatos al entender que el Ayuntamiento ha eludido en los últimos cuatro años su competencia sancionadora.
Así, CCOO y USPLM han asegurado que durante dicho periodo de tiempo se viene registrando la reincidencia de conductas incívicas e infracciones a distintas ordenanzas municipales "que no tienen consecuencia alguna para el infractor al no estar presuntamente tramitándose ninguna de las denuncias formuladas por los agentes".
Una situación que, entienden los sindicatos, ha generado "una situación de impunidad de los infractores, así como de descrédito de la tarea policial que la mayoría de las veces viene dada por quejas ciudadanas repetitivas sobre dichas conductas".
Según ha avanzado Europa Press, el alcalde montillano ha reclamado dicho informe a la Jefatura de la Policía Local dado que se trata del órgano "que tiene asumidas las funciones de instrucción de los expedientes". De esta forma, Llamas pretende dar respuesta a la demanda realizada por ambos sindicatos al entender que el Ayuntamiento ha eludido en los últimos cuatro años su competencia sancionadora.
Así, CCOO y USPLM han asegurado que durante dicho periodo de tiempo se viene registrando la reincidencia de conductas incívicas e infracciones a distintas ordenanzas municipales "que no tienen consecuencia alguna para el infractor al no estar presuntamente tramitándose ninguna de las denuncias formuladas por los agentes".
Una situación que, entienden los sindicatos, ha generado "una situación de impunidad de los infractores, así como de descrédito de la tarea policial que la mayoría de las veces viene dada por quejas ciudadanas repetitivas sobre dichas conductas".
I. TÉLLEZ / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
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