Los votos favorables de los grupos municipales del PSOE, IU y PA y la abstención del Partido Popular permitieron anoche la aprobación de la nueva ordenanza municipal que regulará las normas mínimas de habitabilidad que deberán cumplir las edificaciones en suelo no urbanizable ubicadas en el término municipal de Montilla que deseen acogerse al decreto autonómico que establece el régimen de este tipo de inmuebles y asentamientos existentes en Andalucía.
Tras varios años de trabajo en el seno de la Comisión de Urbanismo y después de un intenso debate anoche, los grupos de la oposición dieron luz verde a un documento que, en última instancia, pretende que las construcciones aisladas puedan ser usadas y tengan acceso a los servicios básicos, al menos en régimen de autoabastecimiento, en condiciones de seguridad y habitabilidad, dando así cumplimiento a los requisitos que establece el decreto que la Junta de Andalucía aprobó en enero de 2012 para la regularización de estas edificaciones en suelo no urbanizable.
Según detalló la teniente de alcalde de Desarrollo Urbano, Ana Belén Feria, el documento técnico que utilizó inicialmente el Ayuntamiento de Montilla identificaba y delimitaba catorce asentamientos, de los que el Avance de Planeamiento de Asentamientos en Suelo no Urbanizable que también fue aprobado anoche recoge solamente uno, tras varias revisiones efectuadas a instancias de los grupos de la oposición.
El asunto tiene especial trascendencia en Montilla donde, a finales del año 2004, el equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ya advertía de que la proliferación de asentamientos residenciales en suelo no urbanizable era "un problema que se está agravando cada vez más", para terminar subrayando que "sus consecuencias pueden llegar a ser desastrosas al crear tensiones de crecimientos que la figura del Plan no puede obviar".
De esta forma, el propio Avance del PGOU recogía expresamente que "las construcciones clandestinas plantean serios problemas no por ser ilegales formalmente y exigir su obligada incorporación al mundo de lo reglado, sino como proceso histórico cuyas raíces estructurales están antes de la misma existencia de la Ley".
Unos meses antes, la Propuesta de Agenda 21 Local de Montilla fijaba la necesidad de "desarrollar ordenanzas municipales que garanticen el correcto funcionamiento de la depuradora y atender también al control de los vertidos procedentes de viviendas situadas fuera del núcleo urbano (dispersas en el territorio, en urbanizaciones ilegales, etc.), industrias y ganaderías, con cierto peso el municipio".
Tras varios años de trabajo en el seno de la Comisión de Urbanismo y después de un intenso debate anoche, los grupos de la oposición dieron luz verde a un documento que, en última instancia, pretende que las construcciones aisladas puedan ser usadas y tengan acceso a los servicios básicos, al menos en régimen de autoabastecimiento, en condiciones de seguridad y habitabilidad, dando así cumplimiento a los requisitos que establece el decreto que la Junta de Andalucía aprobó en enero de 2012 para la regularización de estas edificaciones en suelo no urbanizable.
Según detalló la teniente de alcalde de Desarrollo Urbano, Ana Belén Feria, el documento técnico que utilizó inicialmente el Ayuntamiento de Montilla identificaba y delimitaba catorce asentamientos, de los que el Avance de Planeamiento de Asentamientos en Suelo no Urbanizable que también fue aprobado anoche recoge solamente uno, tras varias revisiones efectuadas a instancias de los grupos de la oposición.
El asunto tiene especial trascendencia en Montilla donde, a finales del año 2004, el equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ya advertía de que la proliferación de asentamientos residenciales en suelo no urbanizable era "un problema que se está agravando cada vez más", para terminar subrayando que "sus consecuencias pueden llegar a ser desastrosas al crear tensiones de crecimientos que la figura del Plan no puede obviar".
De esta forma, el propio Avance del PGOU recogía expresamente que "las construcciones clandestinas plantean serios problemas no por ser ilegales formalmente y exigir su obligada incorporación al mundo de lo reglado, sino como proceso histórico cuyas raíces estructurales están antes de la misma existencia de la Ley".
Unos meses antes, la Propuesta de Agenda 21 Local de Montilla fijaba la necesidad de "desarrollar ordenanzas municipales que garanticen el correcto funcionamiento de la depuradora y atender también al control de los vertidos procedentes de viviendas situadas fuera del núcleo urbano (dispersas en el territorio, en urbanizaciones ilegales, etc.), industrias y ganaderías, con cierto peso el municipio".
J.P. BELLIDO / REDACCIÓN
