La libertad sindical es un derecho incuestionable de los trabajadores amparada en los artículos 7 y 28.1 de la Constitución Española. Dichos preceptos están desarrollados en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y en los estatutos de los trabajadores que regulan la representación sindical. Los representantes son elegidos por votación cada cuatro años para defender los intereses económicos y sociales de los asociados.
El movimiento sindical cuenta con partidarios y detractores. Es vox populi, mantenida por afiliados y trabajadores, que estas organizaciones no suelen velar por los verdaderos intereses de los representados, sean afiliados o no. Poca gente cree en ellos.
Asociarse a un sindicato es libre. Y se debe potenciar el sindicalismo. En el inicio de la Democracia española quizás fuese imperioso poner en marcha el sindicalismo -yo personalmente lo dudo- y quizás fuese irremediable echarles una mano -dato éste que también dudo-. Pero el impulso inicial no es necesario en la actualidad.
El sindicato debe ser libre para poder moverse contra la injusticia social, venga de donde venga. Si está pagado por el patrón, no es libre y ¡nadie muerde la mano que le da de comer! (la frase es más dura y, por respeto, no la transcribo). No es moral cobrar de la empresa o Administración y atacarla a renglón seguido.
Los costes de este asociacionismo sindical repercuten directamente en la empresa en la figura del liberado, sea ésta pública o privada. La CEOE dice que dichos liberados le cuestan 250 millones de euros al año. Lo que le cuesta al Estado el monto de estos seudofuncionarios (funcionarios en su origen), ni se sabe.
El coste sindical se debería sufragar por los sindicatos mediante las cuotas de sus afiliados. ¿Que no hay suficiente número de afiliados? Pues se reduce la cantidad de los mismos y así terminaríamos con los sindicatos "pesebreros" (el calificativo no es mío). No es de recibo que esos costes se repercutan a las empresas.
Soplan vientos de austeridad y de recorte de prebendas. Por tanto, va siendo hora de que los propios sindicatos sufraguen íntegramente sus gastos de estructura de manera autónoma, sin apoyarse en las empresas o en las subvenciones públicas.
¡Ojo! Que estas subvenciones tienen también que desaparecer para las asociaciones de empresarios y para la mayoría del resto de colectivos (laborales, culturales y de otros tipos) así como para los partidos políticos y las iglesias. Es mucha la sangría que se escapa por estos conceptos.
Hablar de suprimir el número de liberados pagados por la empresa o la Administración está levantando agrias protestas contra los que se atreven a tamaña tropelía. Dicen los sindicatos que “suprimir la figura del liberado y retirar las subvenciones supone un recorte de derechos”. Sobre todo conlleva dejar de mamar de la vaca... Pero ¿estamos hablando de derechos legales o solamente de derechos de pernada?
El liberado es un empleado que dedica su tiempo en la empresa a representar a los trabajadores. Es un dirigente que negocia con el Gobierno o la CEOE y que cobra el salario de la empresa en la que trabajaba lo cual es justo, pero... ¡que lo pague el sindicato con la cuota de los afiliados!
Y en la cuota de los afiliados está el tendón de Aquiles. Desde que comenzó la crisis, las organizaciones sindicales han perdido cerca de medio millón de afiliados. El pasado año devolvieron el carnet 220.000 personas. Tienen pocos afiliados, ¡que se los ganen!
Según fuentes de los sindicatos, hay unos 340.000 representantes sindicales, sumando el sector privado y el público. De ellos, algo menos de 130.000 son de CC.OO., 125.000 de UGT y unos 80.000 del resto de centrales. Según la patronal CEOE, del total, 290.000 pertenecen al sector privado por lo que unos 50.000 corresponden al sector público, que están siendo sustituidos por otros tantos interinos, lo que suma dos sueldos para un puesto de trabajo.
En Baleares han apostado por reducir un 70 por ciento de liberados que le cuestan al gobierno 205.000 euros anuales, más 41.000 euros en el alquiler de locales para reunirse. Esperanza Aguirre prevé dejar los liberados sindicales en 1.490 de 3.500, mientras que Castilla-La Mancha deja 284 de 785 (74 por ciento de ajuste). La Comunidad Valenciana prescindirá de 197 de un total de 731 (27%).
Por doquier se planean ajustes de entre un 8 y un 70 por ciento en nombre de la austeridad (Galicia, La Rioja, Cataluña...). Alguien tenía que ponerle el cascabel al gato. Castilla-León y Andalucía rehúsan dar datos y no están por la labor de recortar. ¡Maravillosas! ¿verdad?, las dos vertientes de la noticia.
Se hace necesaria una reforma laboral a fondo, que plantee este controvertido tema y coja el toro por los cuernos. Reforma que debe potenciar el sindicalismo, exigir unos criterios de cualificación medios y, sobre todo, repercutir los costes de los liberados a los propios sindicatos. ¡Independencia sindical ya!
Dicen las lenguas de doble filo que los más de 50.000 liberados de la Administración acaparan 9.000 tarjetas de crédito con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. También dicen las lenguas de doble filo que un 40 por ciento de dichas tarjetas goza de un gasto ilimitado y el 60 por ciento restante puede ordeñar hasta 600 euros al día.
¡No era nada lo del ojo y lo llevaba en la mano! ¿Hacemos números de lo que supone esta tipo de prebenda? “Basta con hacer cuentas de lo que pueden gastar diariamente 9.000 tarjetas de crédito para darse cuenta de las cantidades millonarias de despilfarro de los sindicatos a cargo de nuestros impuestos”.
Desde la Unidad Administrativa de Recaudación de CC.OO. declaran que "el gasto de estas tarjetas es difícil de controlar y mucho más de exigir explicaciones. Hay que tener en cuenta que quienes las usan son los cargos de confianza y miembros de ejecutivas (...) ".
"Las tarjetas son necesarias porque no vas a estar todo el día pidiendo dinero, ni adelantándolo de tu bolsillo. Si tienes que invitar a comer a la patronal cuando negocias un convenio o preparas una movilización, es lógico que lo pague el sindicato”. Apostillan: “Si luego hay gente que usa mal esas tarjetas yo lo desconozco, pero supongo que habrá de todo, como en botica".
Suma y sigue del despiporre que supone el aparato político-sindical en este país. Y lo más grande es que luego se permiten dar lecciones al sufrido contribuyente con sus pancartas denunciativas cuando acuden a una huelga general, parcial o local, que lo mismo da. Los sindicatos pesebreros, como les llama Pérez Reverte.
El movimiento sindical cuenta con partidarios y detractores. Es vox populi, mantenida por afiliados y trabajadores, que estas organizaciones no suelen velar por los verdaderos intereses de los representados, sean afiliados o no. Poca gente cree en ellos.
Asociarse a un sindicato es libre. Y se debe potenciar el sindicalismo. En el inicio de la Democracia española quizás fuese imperioso poner en marcha el sindicalismo -yo personalmente lo dudo- y quizás fuese irremediable echarles una mano -dato éste que también dudo-. Pero el impulso inicial no es necesario en la actualidad.
El sindicato debe ser libre para poder moverse contra la injusticia social, venga de donde venga. Si está pagado por el patrón, no es libre y ¡nadie muerde la mano que le da de comer! (la frase es más dura y, por respeto, no la transcribo). No es moral cobrar de la empresa o Administración y atacarla a renglón seguido.
Los costes de este asociacionismo sindical repercuten directamente en la empresa en la figura del liberado, sea ésta pública o privada. La CEOE dice que dichos liberados le cuestan 250 millones de euros al año. Lo que le cuesta al Estado el monto de estos seudofuncionarios (funcionarios en su origen), ni se sabe.
El coste sindical se debería sufragar por los sindicatos mediante las cuotas de sus afiliados. ¿Que no hay suficiente número de afiliados? Pues se reduce la cantidad de los mismos y así terminaríamos con los sindicatos "pesebreros" (el calificativo no es mío). No es de recibo que esos costes se repercutan a las empresas.
Soplan vientos de austeridad y de recorte de prebendas. Por tanto, va siendo hora de que los propios sindicatos sufraguen íntegramente sus gastos de estructura de manera autónoma, sin apoyarse en las empresas o en las subvenciones públicas.
¡Ojo! Que estas subvenciones tienen también que desaparecer para las asociaciones de empresarios y para la mayoría del resto de colectivos (laborales, culturales y de otros tipos) así como para los partidos políticos y las iglesias. Es mucha la sangría que se escapa por estos conceptos.
Hablar de suprimir el número de liberados pagados por la empresa o la Administración está levantando agrias protestas contra los que se atreven a tamaña tropelía. Dicen los sindicatos que “suprimir la figura del liberado y retirar las subvenciones supone un recorte de derechos”. Sobre todo conlleva dejar de mamar de la vaca... Pero ¿estamos hablando de derechos legales o solamente de derechos de pernada?
El liberado es un empleado que dedica su tiempo en la empresa a representar a los trabajadores. Es un dirigente que negocia con el Gobierno o la CEOE y que cobra el salario de la empresa en la que trabajaba lo cual es justo, pero... ¡que lo pague el sindicato con la cuota de los afiliados!
Y en la cuota de los afiliados está el tendón de Aquiles. Desde que comenzó la crisis, las organizaciones sindicales han perdido cerca de medio millón de afiliados. El pasado año devolvieron el carnet 220.000 personas. Tienen pocos afiliados, ¡que se los ganen!
Según fuentes de los sindicatos, hay unos 340.000 representantes sindicales, sumando el sector privado y el público. De ellos, algo menos de 130.000 son de CC.OO., 125.000 de UGT y unos 80.000 del resto de centrales. Según la patronal CEOE, del total, 290.000 pertenecen al sector privado por lo que unos 50.000 corresponden al sector público, que están siendo sustituidos por otros tantos interinos, lo que suma dos sueldos para un puesto de trabajo.
En Baleares han apostado por reducir un 70 por ciento de liberados que le cuestan al gobierno 205.000 euros anuales, más 41.000 euros en el alquiler de locales para reunirse. Esperanza Aguirre prevé dejar los liberados sindicales en 1.490 de 3.500, mientras que Castilla-La Mancha deja 284 de 785 (74 por ciento de ajuste). La Comunidad Valenciana prescindirá de 197 de un total de 731 (27%).
Por doquier se planean ajustes de entre un 8 y un 70 por ciento en nombre de la austeridad (Galicia, La Rioja, Cataluña...). Alguien tenía que ponerle el cascabel al gato. Castilla-León y Andalucía rehúsan dar datos y no están por la labor de recortar. ¡Maravillosas! ¿verdad?, las dos vertientes de la noticia.
Se hace necesaria una reforma laboral a fondo, que plantee este controvertido tema y coja el toro por los cuernos. Reforma que debe potenciar el sindicalismo, exigir unos criterios de cualificación medios y, sobre todo, repercutir los costes de los liberados a los propios sindicatos. ¡Independencia sindical ya!
Dicen las lenguas de doble filo que los más de 50.000 liberados de la Administración acaparan 9.000 tarjetas de crédito con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. También dicen las lenguas de doble filo que un 40 por ciento de dichas tarjetas goza de un gasto ilimitado y el 60 por ciento restante puede ordeñar hasta 600 euros al día.
¡No era nada lo del ojo y lo llevaba en la mano! ¿Hacemos números de lo que supone esta tipo de prebenda? “Basta con hacer cuentas de lo que pueden gastar diariamente 9.000 tarjetas de crédito para darse cuenta de las cantidades millonarias de despilfarro de los sindicatos a cargo de nuestros impuestos”.
Desde la Unidad Administrativa de Recaudación de CC.OO. declaran que "el gasto de estas tarjetas es difícil de controlar y mucho más de exigir explicaciones. Hay que tener en cuenta que quienes las usan son los cargos de confianza y miembros de ejecutivas (...) ".
"Las tarjetas son necesarias porque no vas a estar todo el día pidiendo dinero, ni adelantándolo de tu bolsillo. Si tienes que invitar a comer a la patronal cuando negocias un convenio o preparas una movilización, es lógico que lo pague el sindicato”. Apostillan: “Si luego hay gente que usa mal esas tarjetas yo lo desconozco, pero supongo que habrá de todo, como en botica".
Suma y sigue del despiporre que supone el aparato político-sindical en este país. Y lo más grande es que luego se permiten dar lecciones al sufrido contribuyente con sus pancartas denunciativas cuando acuden a una huelga general, parcial o local, que lo mismo da. Los sindicatos pesebreros, como les llama Pérez Reverte.
PEPE CANTILLO
