La Fundación Social Universal (FSU), una organización nacida en Montilla en 1993 como respuesta a las alarmantes condiciones de pobreza constatadas en muchas regiones del mundo, ha reforzado su compromiso internacional con el derecho humano de acceso al agua y a la alimentación a través de un nuevo proyecto en Bolivia.
La iniciativa, que ha sido respaldada por el Ayuntamiento de Córdoba, ha comenzado a transformar la vida de más de 800 personas en cinco comunidades rurales del municipio de Tomina, en el centro sur del país andino. Con un presupuesto cercano a los 115.000 euros, el proyecto se desarrolla en una zona donde las familias indígenas viven con apenas 70 céntimos de euro al día por persona, atrapadas en una situación crónica de inseguridad alimentaria.
La dieta diaria de estas personas, basada en carbohidratos como la papa, el maíz o el trigo, carece de productos ricos en proteínas y vitaminas, mientras los efectos cada vez más agresivos del cambio climático —sequías, granizadas o heladas— deterioran las cosechas y agravan su fragilidad.
La FSU, partiendo del Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH), trabaja para garantizar el ejercicio pleno, equitativo y sostenible del derecho al agua y a la alimentación, con especial atención a la situación de las mujeres indígenas.
“El proyecto pretende enfrentar el limitado ejercicio del derecho humano al agua y a una adecuada alimentación, principalmente de mujeres indígenas en cinco comunidades rurales de Tomina”, ha señalado Juan Manuel Márquez, coordinador de la Fundación.
El programa interviene desde cuatro frentes que integran justicia ambiental, alimentaria y de género. Uno de los ejes centrales es la lucha contra la discriminación y la violencia hacia las mujeres. Para ello, se están impulsando espacios de diálogo entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado, se organizan talleres sobre equidad de género, nuevas masculinidades y derechos económicos, sociales y culturales, y se han puesto en marcha campañas de sensibilización en comunidades y centros educativos.
“Los hombres y las mujeres empoderadas y organizadas institucionalmente de estas comunidades lucharán contra la discriminación en el acceso a derechos básicos y contra la violencia hacia la mujer y otros grupos vulnerables”, ha afirmado Márquez.
En paralelo, se han actualizado los instrumentos de gestión de los Comités de Agua Potable y Saneamiento, incorporando criterios de equidad de género. También se han capacitado promotoras comunitarias para detectar y derivar casos de violencia, se ha difundido contenido informativo a través de la radio local y se están realizando talleres sobre la ley de erradicación de la violencia de género.
Otro pilar del proyecto es la mejora de la resiliencia climática. Ya se han iniciado obras para ampliar los sistemas de captación y distribución de agua potable, se imparten formaciones para su uso sostenible, y se ha comenzado a negociar con propietarios de terrenos aguas arriba para proteger las áreas de recarga hídrica. Como complemento, se prevé la introducción de apicultura con cajas apícolas, lo que favorecerá la regeneración vegetal en zonas degradadas.
“Se están generando capacidades y mecanismos técnicos en los Comités de Agua para la gestión sostenible y equitativa de las áreas de recarga hídrica”, ha detallado el coordinador de la FSU, quien añade que gracias al incremento de agua disponible, se fomenta la producción agroecológica de hortalizas para consumo familiar.
La programación diseñada por la oenegé montillana incluye talleres de nutrición, elaboración de compost, intercambio de experiencias agrícolas y ferias para promover el trueque y la venta de productos locales, con el objetivo de enriquecer la dieta familiar y diversificar los ingresos.
El proyecto culminará con la creación de mecanismos comunales y municipales para la gestión participativa y equitativa de recursos como el agua, el suelo o la biodiversidad. "Se crearán normas locales de conservación, se celebrarán encuentros de mujeres para la defensa de sus derechos y se reforzará la Unidad de Gestión de Riesgos, con la meta de sistematizar y replicar la experiencia en otros municipios cercanos", avanzó Juan Manuel Márquez.
Con esta iniciativa, la Fundación Social Universal no solo reafirma su vocación solidaria internacional, sino también el compromiso profundo de una entidad montillana que, desde hace más de tres décadas, construye puentes entre comunidades, territorios y derechos fundamentales.
La iniciativa, que ha sido respaldada por el Ayuntamiento de Córdoba, ha comenzado a transformar la vida de más de 800 personas en cinco comunidades rurales del municipio de Tomina, en el centro sur del país andino. Con un presupuesto cercano a los 115.000 euros, el proyecto se desarrolla en una zona donde las familias indígenas viven con apenas 70 céntimos de euro al día por persona, atrapadas en una situación crónica de inseguridad alimentaria.
La dieta diaria de estas personas, basada en carbohidratos como la papa, el maíz o el trigo, carece de productos ricos en proteínas y vitaminas, mientras los efectos cada vez más agresivos del cambio climático —sequías, granizadas o heladas— deterioran las cosechas y agravan su fragilidad.
La FSU, partiendo del Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH), trabaja para garantizar el ejercicio pleno, equitativo y sostenible del derecho al agua y a la alimentación, con especial atención a la situación de las mujeres indígenas.
“El proyecto pretende enfrentar el limitado ejercicio del derecho humano al agua y a una adecuada alimentación, principalmente de mujeres indígenas en cinco comunidades rurales de Tomina”, ha señalado Juan Manuel Márquez, coordinador de la Fundación.
El programa interviene desde cuatro frentes que integran justicia ambiental, alimentaria y de género. Uno de los ejes centrales es la lucha contra la discriminación y la violencia hacia las mujeres. Para ello, se están impulsando espacios de diálogo entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado, se organizan talleres sobre equidad de género, nuevas masculinidades y derechos económicos, sociales y culturales, y se han puesto en marcha campañas de sensibilización en comunidades y centros educativos.
“Los hombres y las mujeres empoderadas y organizadas institucionalmente de estas comunidades lucharán contra la discriminación en el acceso a derechos básicos y contra la violencia hacia la mujer y otros grupos vulnerables”, ha afirmado Márquez.
En paralelo, se han actualizado los instrumentos de gestión de los Comités de Agua Potable y Saneamiento, incorporando criterios de equidad de género. También se han capacitado promotoras comunitarias para detectar y derivar casos de violencia, se ha difundido contenido informativo a través de la radio local y se están realizando talleres sobre la ley de erradicación de la violencia de género.
Otro pilar del proyecto es la mejora de la resiliencia climática. Ya se han iniciado obras para ampliar los sistemas de captación y distribución de agua potable, se imparten formaciones para su uso sostenible, y se ha comenzado a negociar con propietarios de terrenos aguas arriba para proteger las áreas de recarga hídrica. Como complemento, se prevé la introducción de apicultura con cajas apícolas, lo que favorecerá la regeneración vegetal en zonas degradadas.
“Se están generando capacidades y mecanismos técnicos en los Comités de Agua para la gestión sostenible y equitativa de las áreas de recarga hídrica”, ha detallado el coordinador de la FSU, quien añade que gracias al incremento de agua disponible, se fomenta la producción agroecológica de hortalizas para consumo familiar.
La programación diseñada por la oenegé montillana incluye talleres de nutrición, elaboración de compost, intercambio de experiencias agrícolas y ferias para promover el trueque y la venta de productos locales, con el objetivo de enriquecer la dieta familiar y diversificar los ingresos.
El proyecto culminará con la creación de mecanismos comunales y municipales para la gestión participativa y equitativa de recursos como el agua, el suelo o la biodiversidad. "Se crearán normas locales de conservación, se celebrarán encuentros de mujeres para la defensa de sus derechos y se reforzará la Unidad de Gestión de Riesgos, con la meta de sistematizar y replicar la experiencia en otros municipios cercanos", avanzó Juan Manuel Márquez.
Con esta iniciativa, la Fundación Social Universal no solo reafirma su vocación solidaria internacional, sino también el compromiso profundo de una entidad montillana que, desde hace más de tres décadas, construye puentes entre comunidades, territorios y derechos fundamentales.
JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: FUNDACIÓN SOCIAL UNIVERSAL
FOTOGRAFÍA: FUNDACIÓN SOCIAL UNIVERSAL
