El Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía (CPCUA), máximo órgano de consulta y participación de los consumidores de Andalucía, integrado por las asociaciones de consumidores ADICAE-Andalucía, AL-ANDALUS y FACUA Andalucía, ha mostrado su rechazo a la modificación de tarifas del suministro domiciliario de agua para el municipio de Montilla. Así, en un informe no favorable, el Consejo critica que el tarifario no tenga en cuenta a los colectivos vulnerables para establecer una tarifa social.
La Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego sugirió en un informe el 31 de enero de 2020 la inclusión de tarifas sociales para colectivos vulnerables, sin embargo el artículo 5 de la ordenanza de tarifas de Montilla ha hecho caso omiso de ello. Por lo tanto, quedan excluidas de la exención, reducción ni bonificación las familias en desempleo, incapacitadas, jubiladas o en otra situación de riesgo.
El Consejo recuerda que ahora más que nunca, en el contexto actual de la pandemia por la Covid-19, "se hace necesario facilitar el acceso al suministro de agua a todas las familias". "Un suministro esencial cuyo pago no pueden afrontar ahora muchos consumidores, por el duro golpe económico que están padeciendo debido a la situación de desempleo y ERTE que está ocasionando la crisis sanitaria", recuerdan.
Conceptos injustificados
Considerándolo un suministro esencial, el Consejo rechaza el incremento lineal de un 1,9 por ciento de las tarifas de abastecimiento para el año 2020. Más aún, teniendo en cuenta que los datos en los que se basan las previsiones de gastos e ingresos del año 2019 "no son objetivos, ni están justificados".
Así, el Consejo critica que la memoria económica de 2019 no aporte datos reales, entre otros aspectos, por estar presentada en el mes de octubre de dicho año, y por tanto no poder valorarse más que los tres primeros trimestres del ejercicio, no contemplándose la situación actual de pandemia sanitaria.
Igualmente, el CPCUA considera "absolutamente desproporcionada e injustificada" la repercusión al consumidor final de determinados gastos contenidos en la memoria económica como “asesorías y gestorías” de la entidad concesionaria, “mantenimiento de aplicaciones informáticas”, “provisión de insolvencia” o los gastos previstos para posibles “fugas”, más aún cuando en dicha memoria no se contempla partida alguna de gastos destinada a reparaciones.
La Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego sugirió en un informe el 31 de enero de 2020 la inclusión de tarifas sociales para colectivos vulnerables, sin embargo el artículo 5 de la ordenanza de tarifas de Montilla ha hecho caso omiso de ello. Por lo tanto, quedan excluidas de la exención, reducción ni bonificación las familias en desempleo, incapacitadas, jubiladas o en otra situación de riesgo.
El Consejo recuerda que ahora más que nunca, en el contexto actual de la pandemia por la Covid-19, "se hace necesario facilitar el acceso al suministro de agua a todas las familias". "Un suministro esencial cuyo pago no pueden afrontar ahora muchos consumidores, por el duro golpe económico que están padeciendo debido a la situación de desempleo y ERTE que está ocasionando la crisis sanitaria", recuerdan.
Conceptos injustificados
Considerándolo un suministro esencial, el Consejo rechaza el incremento lineal de un 1,9 por ciento de las tarifas de abastecimiento para el año 2020. Más aún, teniendo en cuenta que los datos en los que se basan las previsiones de gastos e ingresos del año 2019 "no son objetivos, ni están justificados".
Así, el Consejo critica que la memoria económica de 2019 no aporte datos reales, entre otros aspectos, por estar presentada en el mes de octubre de dicho año, y por tanto no poder valorarse más que los tres primeros trimestres del ejercicio, no contemplándose la situación actual de pandemia sanitaria.
Igualmente, el CPCUA considera "absolutamente desproporcionada e injustificada" la repercusión al consumidor final de determinados gastos contenidos en la memoria económica como “asesorías y gestorías” de la entidad concesionaria, “mantenimiento de aplicaciones informáticas”, “provisión de insolvencia” o los gastos previstos para posibles “fugas”, más aún cuando en dicha memoria no se contempla partida alguna de gastos destinada a reparaciones.
El Consejo desaprueba que se igualen las cuotas fijas y las de contratación de los contadores de 13 mm, que tienen la mayoría de los consumos domésticos y están autorizados por la Junta de Andalucía, y los de 15 mm. De hacerlo, señala el CPCUA, se estaría perjudicando a los consumidores con contadores de calibre 13 mm que no quieren cambiar o no tienen aún instalado los de 15 mm, puesto que implicaría un aumento en el importe de la factura.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)
