Los grupos municipales de PSOE e Izquierda Unida (IU) defenderán esta noche, durante el pleno extraordinario y urgente que dará comienzo a las 21.00 horas en el Ayuntamiento de Montilla, una moción conjunta en la que rechazan que entidades privadas gestionen los fondos de la Tarjeta Monedero, una iniciativa de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía que pretende "garantizar el consumo de más de 20.000 familias andaluzas en supermercados y tiendas de proximidad".
La petición conjunta de PSOE e IU, "en defensa de los Servicios Sociales Comunitarios", solicita que el propio Consistorio montillano pueda gestionar los fondos del Programa Extraordinario de Ayudas en Materia de Necesidades Básicas a la Población en Situación de Vulnerabilidad Ocasionada por el Covid-19, dotado con 17 millones de euros para el conjunto de Andalucía y que se articulará a través de subvenciones excepcionales de la Consejería a organizaciones no gubernamentales que integran la Mesa del Tercer Sector .
La moción que se debatirá esta noche se suma a la que ya ha realizado el Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social, que integra a los colegios profesionales de Trabajadores Sociales de las distintas provincias de Andalucía, y alerta de los "riesgos que se desprenderían de la pretensión manifestada por la Junta de Andalucía de detraer a las entidades locales la financiación destinada a la atención social de familias castigadas por la actual crisis económica".
"Dichos fondos públicos se derivarían a determinadas organizaciones no gubernamentales ajenas a la propia Administración Pública, en forma de subvenciones excepcionales para que los gestionen mediante la entrega de una Tarjeta Monedero", detallan los impulsores de la moción.
Para el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Carmona, "son los Servicios Sociales Comunitarios los que tienen que garantizar la atención en situaciones de emergencia o urgencia social, pues la prescripción de recursos públicos está reservada legalmente a empleados públicos con formación y titulación adecuada".
En ese sentido, el edil socialista sostiene que "esta pretensión de privatizar las ayudas sociales supondrá una duplicidad de servicios, obligando a las personas beneficiarias a realizar un peregrinaje por distintas instituciones, suponiendo una reducción del montante total de los recursos económicos que deberían ir destinados en su integridad a los beneficiarios".
Y es que, como la propia Junta de Andalucía ha reconocido, un porcentaje de este dinero público, estimado entre un 7 y un 10 por ciento de los 17 millones de euros anunciados, "tendría que ir a financiar los gastos de gestión llevados a cabo por la propia organización no gubernamental", según ha indicado Manuel Carmona.
Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal de IU, Francisco Lucena, ha resaltado que ambas formaciones se oponen a que las denominadas Tarjetas Monedero se gestionen desde el ámbito privado. "Pedimos al Gobierno de la Junta de Andalucía que esta partida sea gestionada desde los Servicios Sociales Comunitarios y sirvan para reforzar el trabajo que les tiene encomendado la Ley de Servicios Sociales de Andalucía".
En opinión del portavoz de IU, "si la gestión se llevara a cabo por los Servicios Sociales del Ayuntamiento, el importe íntegro de la prestación económica llegaría a las personas beneficiarias, cumpliéndose así con la obligación de optimizar los recursos públicos".
La petición conjunta de PSOE e IU, "en defensa de los Servicios Sociales Comunitarios", solicita que el propio Consistorio montillano pueda gestionar los fondos del Programa Extraordinario de Ayudas en Materia de Necesidades Básicas a la Población en Situación de Vulnerabilidad Ocasionada por el Covid-19, dotado con 17 millones de euros para el conjunto de Andalucía y que se articulará a través de subvenciones excepcionales de la Consejería a organizaciones no gubernamentales que integran la Mesa del Tercer Sector .
La moción que se debatirá esta noche se suma a la que ya ha realizado el Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social, que integra a los colegios profesionales de Trabajadores Sociales de las distintas provincias de Andalucía, y alerta de los "riesgos que se desprenderían de la pretensión manifestada por la Junta de Andalucía de detraer a las entidades locales la financiación destinada a la atención social de familias castigadas por la actual crisis económica".
"Dichos fondos públicos se derivarían a determinadas organizaciones no gubernamentales ajenas a la propia Administración Pública, en forma de subvenciones excepcionales para que los gestionen mediante la entrega de una Tarjeta Monedero", detallan los impulsores de la moción.
Para el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Carmona, "son los Servicios Sociales Comunitarios los que tienen que garantizar la atención en situaciones de emergencia o urgencia social, pues la prescripción de recursos públicos está reservada legalmente a empleados públicos con formación y titulación adecuada".
En ese sentido, el edil socialista sostiene que "esta pretensión de privatizar las ayudas sociales supondrá una duplicidad de servicios, obligando a las personas beneficiarias a realizar un peregrinaje por distintas instituciones, suponiendo una reducción del montante total de los recursos económicos que deberían ir destinados en su integridad a los beneficiarios".
Y es que, como la propia Junta de Andalucía ha reconocido, un porcentaje de este dinero público, estimado entre un 7 y un 10 por ciento de los 17 millones de euros anunciados, "tendría que ir a financiar los gastos de gestión llevados a cabo por la propia organización no gubernamental", según ha indicado Manuel Carmona.
Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal de IU, Francisco Lucena, ha resaltado que ambas formaciones se oponen a que las denominadas Tarjetas Monedero se gestionen desde el ámbito privado. "Pedimos al Gobierno de la Junta de Andalucía que esta partida sea gestionada desde los Servicios Sociales Comunitarios y sirvan para reforzar el trabajo que les tiene encomendado la Ley de Servicios Sociales de Andalucía".
En opinión del portavoz de IU, "si la gestión se llevara a cabo por los Servicios Sociales del Ayuntamiento, el importe íntegro de la prestación económica llegaría a las personas beneficiarias, cumpliéndose así con la obligación de optimizar los recursos públicos".
J.P. BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: ARCHIVO
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