Izquierda Unida (IU) cuestionó ayer la propuesta que defendió el Grupo Municipal del Partido Popular para que el Ayuntamiento de Montilla reclame al Gobierno de España el "uso íntegro" de los 1,4 millones de euros de superávit municipal y, de este modo, poder destinarlos a ayudas para las familias, los autónomos y las empresas de la localidad más afectadas por la alerta sanitaria por el coronavirus.
"El PP plantea utilizar el superávit completo, es decir, los 1,4 millones de euros, a paliar los efectos del Covid-19 en Montilla pero eso no es posible, ya que hay unos gastos comprometidos, como las obras de rehabilitación de la Casa de Teresa Enríquez y las facturas pendientes de pago que llegaron al Ayuntamiento después del 31 de diciembre", aclaró el portavoz de la coalición, Francisco Lucena.
En ese sentido, tal y como detalló el edil, de los 1.415.326,63 euros de superávit que generó el Presupuesto del Ayuntamiento de Montilla del pasado año, 289.115,22 se deben destinar a Inversiones Financieramente Sostenibles –en concreto, a la rehabilitación de la Casa de Teresa Enríquez– y otros 299.526,20 euros al pago de facturas pendientes del ejercicio 2019.
De la cuantía restante, que asciende a 826.685,11 euros, el Ayuntamiento de Montilla está obligado a destinar –por la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera– el 80 por ciento, es decir, 661.348,09 euros, a amortizar deuda con los bancos, de manera que solo dispondría del 20 por ciento restante, 165.377,02 euros, para gasto social.
"Esto es un sinsentido y desde el Grupo Municipal de IU vamos a hacer todo lo posible por que se corrija", apuntó Francisco Lucena, quien anunció que la formación defenderá en el próximo Pleno de la Corporación una moción que busca “suspender los efectos coercitivos en la práctica de las reglas fiscales” para que, de este modo, “los ayuntamientos puedan abordar las políticas necesarias para proteger a la población de las consecuencias de la pandemia provocada por el Covid-19”.
“La aplicación de la denominada Regla de Gasto provoca que los gobiernos de las corporaciones locales se encuentren obligados a mantener importantes superávits fiscales sin poder dedicarlos a hacer frente, en el marco de sus competencias, a las extraordinariamente altas tasas de exclusión social”, defendió Francisco Lucena, quien recordó que la última Encuesta de Condiciones de Vida sitúa la población en riesgo de exclusión en torno al 28 por ciento.
“Por si fuera poco, el golpe económico derivado de la crisis del Covid19 impactará sobre las personas que sufren más precariedad, sin que las Administraciones locales tengan capacidad de intervenir por el efecto perverso de unas reglas fiscales aún en vigor en España”, indicó el portavoz de IU, quien defendió la necesidad de modificar la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera “para que la regla de gasto permita a las Administraciones Públicas abordar la crisis económica y social a la que nos enfrentamos”.
“Hasta que dicha modificación de la normativa sea aprobada en el Congreso de los Diputados, el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Financiación Autonómica y Local podrían comunicar a las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales la suspensión de las normas coercitivas que se aplican ante el incumplimiento de las reglas fiscales y en concreto, de la Regla de Gasto, para que puedan abordar las políticas necesarias para proteger a la población de las consecuencias de la pandemia”, planteó Francisco Lucena.
De igual modo, la moción que IU defenderá en el próximo pleno –aunque fue presentada el pasado 21 de abril– solicita que se autorice a los ayuntamientos la contratación de personal con carácter temporal y extraordinario en servicios esenciales gestionados directamente por ellos, como limpieza y desinfección, trabajadores sociales y personal necesario para atender directamente a la población de riesgo y vulnerable.
“El Gobierno central debe seguir articulando cambios normativos hasta derribar la armadura legal diseñada por el Partido Popular para cercenar la autonomía de los ayuntamientos”, señaló Francisco Lucena, quien acusó al PP de “provocar que, a día de hoy, las corporaciones locales no puedan usar su superávit en beneficio de la ciudadanía”.
Y es que, como explicó el portavoz de IU, la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy y que desarrolla la reforma del artículo 135 de la Constitución –priorizando el pago de la deuda y bloqueando el gasto público–, “mantiene a las corporaciones locales atadas de pies y manos en una situación de crisis sin precedentes”. En ese sentido, según Lucena, “sin las restricciones que contempla la ley, los ayuntamientos podrían invertir el dinero de su superávit en medidas contra la exclusión social”.
Por todo ello, Francisco Lucena defendió la necesidad de “modificar urgentemente la ley” para que el superávit municipal –que en 2019 superó los 1,4 millones de euros en el caso de Montilla– “pueda destinarse a resolver las acuciantes necesidades sociales que ahora no pueden abordarse con todas las garantías por la debilitación de los servicios públicos tras años de recortes y fuertes restricciones presupuestarias”.
“Se trata de una reivindicación legítima a la que no paran de sumarse voces, entre ellas, sorprendentemente, la del propio PP, que ahora pide la flexibilización de una Regla de Gasto que Izquierda Unida lleva reclamando desde que el Gobierno de Mariano Rajoy la puso en marcha en 2012”, señaló el portavoz de la coalición de izquierdas, quien cuestionó el objetivo último de la propuesta que defiende el Grupo Municipal Popular.
"Su moción se presentó una semana después que la nuestra y aunque, en el fondo, es perfectamente asumible por nosotros, su intención es cuestionable ya que, como todo lo que está haciendo el Partido Popular últimamente, solo persigue erosionar al Gobierno progresista, incluso haciendo propuestas contra leyes que ellos mismos aprobaron", concluyó Lucena.
"El PP plantea utilizar el superávit completo, es decir, los 1,4 millones de euros, a paliar los efectos del Covid-19 en Montilla pero eso no es posible, ya que hay unos gastos comprometidos, como las obras de rehabilitación de la Casa de Teresa Enríquez y las facturas pendientes de pago que llegaron al Ayuntamiento después del 31 de diciembre", aclaró el portavoz de la coalición, Francisco Lucena.
En ese sentido, tal y como detalló el edil, de los 1.415.326,63 euros de superávit que generó el Presupuesto del Ayuntamiento de Montilla del pasado año, 289.115,22 se deben destinar a Inversiones Financieramente Sostenibles –en concreto, a la rehabilitación de la Casa de Teresa Enríquez– y otros 299.526,20 euros al pago de facturas pendientes del ejercicio 2019.
De la cuantía restante, que asciende a 826.685,11 euros, el Ayuntamiento de Montilla está obligado a destinar –por la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera– el 80 por ciento, es decir, 661.348,09 euros, a amortizar deuda con los bancos, de manera que solo dispondría del 20 por ciento restante, 165.377,02 euros, para gasto social.
"Esto es un sinsentido y desde el Grupo Municipal de IU vamos a hacer todo lo posible por que se corrija", apuntó Francisco Lucena, quien anunció que la formación defenderá en el próximo Pleno de la Corporación una moción que busca “suspender los efectos coercitivos en la práctica de las reglas fiscales” para que, de este modo, “los ayuntamientos puedan abordar las políticas necesarias para proteger a la población de las consecuencias de la pandemia provocada por el Covid-19”.
“La aplicación de la denominada Regla de Gasto provoca que los gobiernos de las corporaciones locales se encuentren obligados a mantener importantes superávits fiscales sin poder dedicarlos a hacer frente, en el marco de sus competencias, a las extraordinariamente altas tasas de exclusión social”, defendió Francisco Lucena, quien recordó que la última Encuesta de Condiciones de Vida sitúa la población en riesgo de exclusión en torno al 28 por ciento.
“Por si fuera poco, el golpe económico derivado de la crisis del Covid19 impactará sobre las personas que sufren más precariedad, sin que las Administraciones locales tengan capacidad de intervenir por el efecto perverso de unas reglas fiscales aún en vigor en España”, indicó el portavoz de IU, quien defendió la necesidad de modificar la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera “para que la regla de gasto permita a las Administraciones Públicas abordar la crisis económica y social a la que nos enfrentamos”.
“Hasta que dicha modificación de la normativa sea aprobada en el Congreso de los Diputados, el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Financiación Autonómica y Local podrían comunicar a las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales la suspensión de las normas coercitivas que se aplican ante el incumplimiento de las reglas fiscales y en concreto, de la Regla de Gasto, para que puedan abordar las políticas necesarias para proteger a la población de las consecuencias de la pandemia”, planteó Francisco Lucena.
De igual modo, la moción que IU defenderá en el próximo pleno –aunque fue presentada el pasado 21 de abril– solicita que se autorice a los ayuntamientos la contratación de personal con carácter temporal y extraordinario en servicios esenciales gestionados directamente por ellos, como limpieza y desinfección, trabajadores sociales y personal necesario para atender directamente a la población de riesgo y vulnerable.
“El Gobierno central debe seguir articulando cambios normativos hasta derribar la armadura legal diseñada por el Partido Popular para cercenar la autonomía de los ayuntamientos”, señaló Francisco Lucena, quien acusó al PP de “provocar que, a día de hoy, las corporaciones locales no puedan usar su superávit en beneficio de la ciudadanía”.
Y es que, como explicó el portavoz de IU, la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy y que desarrolla la reforma del artículo 135 de la Constitución –priorizando el pago de la deuda y bloqueando el gasto público–, “mantiene a las corporaciones locales atadas de pies y manos en una situación de crisis sin precedentes”. En ese sentido, según Lucena, “sin las restricciones que contempla la ley, los ayuntamientos podrían invertir el dinero de su superávit en medidas contra la exclusión social”.
Por todo ello, Francisco Lucena defendió la necesidad de “modificar urgentemente la ley” para que el superávit municipal –que en 2019 superó los 1,4 millones de euros en el caso de Montilla– “pueda destinarse a resolver las acuciantes necesidades sociales que ahora no pueden abordarse con todas las garantías por la debilitación de los servicios públicos tras años de recortes y fuertes restricciones presupuestarias”.
“Se trata de una reivindicación legítima a la que no paran de sumarse voces, entre ellas, sorprendentemente, la del propio PP, que ahora pide la flexibilización de una Regla de Gasto que Izquierda Unida lleva reclamando desde que el Gobierno de Mariano Rajoy la puso en marcha en 2012”, señaló el portavoz de la coalición de izquierdas, quien cuestionó el objetivo último de la propuesta que defiende el Grupo Municipal Popular.
"Su moción se presentó una semana después que la nuestra y aunque, en el fondo, es perfectamente asumible por nosotros, su intención es cuestionable ya que, como todo lo que está haciendo el Partido Popular últimamente, solo persigue erosionar al Gobierno progresista, incluso haciendo propuestas contra leyes que ellos mismos aprobaron", concluyó Lucena.
J.P. BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)
