El descontento creciente

Si de algo está sirviendo el Gobierno del Partido Popular, del que es presidente un Mariano Rajoy que practica el autismo como pedagogía, es para despertar las conciencias adormecidas de la gente, la de aquellos que consideraban que ya no existían ideologías y que solo restaba administrar la gestión de lo público, sin más finalidad que la sincrónica coordinación con la iniciativa privada, a la que habría que saciar cualquier apetito.



Pero cuando únicamente se adoptan consecutivas medidas que perjudican especialmente a esa mayoría silente, cuya exclusiva culpa ha consistido en cumplir con sus obligaciones y trabajar si la dejan, sin otro “enriquecimiento” que el de unos canales de televisión que vomitan bazofia para embrutecerla, se levanta arisca para enarbolar una airada protesta que expresa su descontento por los insoportables niveles de explotación a que es sometida y por el severo castigo que se le inflinge para equilibrar los desmanes cometidos por otros, por quienes acumularon ganancias con todas las burbujas especulativas que no tuvieron empacho de provocar para su voraz provecho.

Los mismos que alimentaron el desmadre del capitalismo más salvaje son ahora los adalides de la austeridad y las reformas, pretendidamente estructurales pero en función de su conveniencia, que se materializan en recortes en los sistemas de protección de los más desfavorecidos de la sociedad.

Los que iban a resolver una crisis económica y financiera con su mera presencia en los mandos del Gobierno, sin dejar de atribuir cualquier contratiempo a la herencia recibida, se sorprenden ahora de que nadie, ni siquiera los mercados, confíen en unas varitas mágicas que solo inciden en el empobrecimiento de esa mayoría que ya muestra su hartura por padecer tantos sacrificios mientras los bancos acaparan la solidaridad estatal mediante la nacionalización de sus bancarrotas o por perder el empleo, y con él toda esperanza de futuro, cuando los que hunden empresas se ven recompensados con el blindaje de sus emolumentos.

Así pueden continuar con su especialidad de rapiña o cruzar la puerta giratoria que comunica las estancias donde se dictan las normas con las que habitan los que se lucran gracias a ellas. Los mismos autores para dos escenarios.

A los pocos meses de estar dirigiendo el país, las decisiones gubernamentales que se conocían cada viernes del Consejo de Ministros soliviantaban todas las capas de la sociedad, desde los estudiantes hasta los obreros, con excepción de la acomodada y neoliberal casta de la que procede y preserva.

Como previó el propio presidente, su Gobierno ha sido el primero de la democracia en provocar una huelga general en España nada más instalarse en Moncloa. Con la terquedad propia de los iluminados convencidos de estar en posesión de la verdad, continúa con sus recetas que nada consiguen contra una crisis que no para de destrozar empleo y hundir la economía del país.

El descontento en la población es creciente y los paros, huelgas y manifestaciones se suceden día sí y día también. Desde los trabajadores públicos hasta la completa comunidad educativa, de la Primaria a la universidad, todos han mostrado su rechazo a las medidas adoptadas por el Gobierno, tendentes solo a reducir lo que consideran “gasto”, de tal manera que, abusando del decreto ley, recortan millones de euros en sanidad y educación, lo que supone la disminución de servicios médicos y el despido de miles de profesores, para inmediatamente conceder una cantidad semejante para el rescate de Bankia, el banco que Rodrigo Rato, un antiguo ministro de Economía del Partido Popular, no supo gestionar con solvencia.

La guinda del descontento la han puesto los rectores de las universidades españolas al negarse por unanimidad asistir al Consejo de Universidades que iba a presidir el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, porque en dicha reunión no se incluía el debate sobre los recortes del gasto educativo, lo que más preocupa precisamente a los responsables universitarios.

Ya solo falta que los curas y los empresarios, únicos colectivos que no lo han hecho, declaren alguna huelga para que todos los sectores sociales muestren su disconformidad con las políticas neoliberales que están desmantelando el Estado de Bienestar mientras auspician una desregulación acelerada del mercado para dejarlo en manos de la iniciativa privada.

Solo así puede entenderse que la educación y la sanidad, junto a otros servicios públicos, sean considerados gastos que lastran el crecimiento y la prosperidad económica del país. Pero de no rectificar, aun cuando en Europa ya se escuchan opiniones en contra de tanta austeridad, el Gobierno conseguirá que ningún gasto desequilibre el Presupuesto, puesto que lo público solo se referirá a la clase política y a la Jefatura del Estado. El resto se habrá entregado ya a la iniciativa privada.

DANIEL GUERRERO

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Recortes o ajustes

El uso de las palabras no es algo inofensivo o neutral porque con ellas se puede orientar determinada intención o sentido a cuanto decimos. Es frecuente combinar palabras para inducir la creencia de que son sinónimas, que albergan el mismo significado, cuando en realidad nos sirven para suavizar u ocultar lo que de verdad expresan.



Jugamos con las palabras hasta el punto de eludir nombrar lo que ya dispone de un sustantivo preciso, como “hombres de color” cuando nos referimos a personas de raza negra.

En política y economía se recurre a vocablos ambivalentes que dulcifican la dureza de las medidas que se quieren implementar para así evitar su rechazo o la contestación de los que han de acatarlas.

José Luis Rodríguez Zapatero, el anterior presidente del Gobierno, no utilizó la palabra "crisis" hasta que la “desaceleración económica” le obligó efectuar la mayor reducción del gasto jamás acometida hasta ese momento en el país.

Y, hoy, es Mariano Rajoy, el actual inquilino del Palacio de la Moncloa, quien insiste machaconamente en el término “ajustes” para describir los recortes que está realizando en todas las partidas presupuestarias, con tal de reducir el déficit de las cuentas públicas al porcentaje que decide Bruselas (4,4 por ciento del PIB) o, más concretamente, Alemania, país que controla el “grifo” de la financiación a través del Banco Central Europeo. Por eso se le obedece sin discusión.

Y para que los ciudadanos no cuestionen tales iniciativas, el Gobierno (cualquier Gobierno) se escuda en las palabras para hacer más digerible el purgante, pues las palabras nos embozan la realidad.

Es por ello que los “recortes” que nos empobrecen se tornan “ajustes” cuando hay que convencer a la población de su necesidad, y la “eliminación” o limitación de determinados servicios sociales se convierten en “reformas” que aseguran su “sostenibilidad”.

Así es, por ejemplo, como la “reforma” de la educación y la sanidad contempla un recorte de 10.000 millones de euros, la no prestación sanitaria a los inmigrantes, el copago farmacéutico a los pensionistas y el despido de miles de profesores interinos.

Una vez más, el lenguaje sirve como instrumento para enmascarar el mayor recorte al Estado de Bienestar de la historia en España, sin que ello cause sonrojo. Es más, se repite hasta la saciedad el uso inapropiado de cualquier vocablo o idea en la confianza de que acabará siendo interpretado de acuerdo con la intención del que lo propala. Una mentira mil veces repetida no cambia la realidad, pero sí su percepción, como es harto sabido.

Pero mucho más grave que este abuso del lenguaje es el vaciamiento que se comete con conceptos que han perdido su significación para representar lo que al usuario le conviene, haciendo ininteligible el debate público. Se trata de una crisis del vocabulario, que pasa totalmente desapercibida, con fines espurios.

Socavar la cohesión social en nombre de la "libertad" (de mercado) solo fortalece al estamento económico, no a la sociedad. Pero si lo que se persigue es precisamente ello, no queda más remedio que disfrazar el desmantelamiento del Estado de Bienestar con la inevitabilidad de unas “reformas” y unos “ajustes” que se presentan como necesarios para su sostenimiento.

La realidad es obligada a acomodarse al lenguaje con que ha de percibirse (no lo contrario, que sería lo lógico) mediante apelaciones a emociones (que conmueven) en vez de argumentos racionales (explican), en virtud de un afán reduccionista y maniqueo.

Por eso no es baladí la utilización de términos como “ajustes”, “reformas” o “flexibilidad”, entre otros muchos. Remiten, antes que a medidas para combatir la crisis, a un modelo de sociedad que no se ha sometido a discusión pública para que los ciudadanos lo acepten o rechacen.

Se hurta el debate ideológico con el pretexto de una crisis económica. Y en democracia, los ciudadanos han de ser capaces de discutir y, al menos, comprender los asuntos públicos para refrendarlos con su voto.

Negarles ese derecho mediante la manipulación del lenguaje es un claro ejercicio de negación de la democracia, un sistema de convivencia que es garantía de libertad, por mucho que se autoproclamen “liberales” (solo en lo económico, naturalmente) los usuarios de un lenguaje tan torcido.

DANIEL GUERRERO

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Predilecto y odiado

Hablar de Felipe González Márquez es hacerlo de un contemporáneo que despierta adhesiones y rechazos prácticamente a partes iguales. Su figura, como secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y presidente del Gobierno, exhibe abundantes motivos para una y otra reacción, la mayoría de ellas nacidas de prejuicios que impiden el juicio crítico y objetivo.



Si, para colmo, procede de una tierra dada a la envidia y la ingratitud, que desdeña el triunfo de cualquiera que ose sobresalir, se comprenderá mejor por qué a este primer político de Andalucía que asumió los destinos de España en una época cuajada de dificultades, pero que supo imprimir una transformación hacia la modernización social y económica nunca antes realizada, no se le haya rendido el reconocimiento que debiera con anterioridad.

En su Sevilla natal, que dedica calles a cualquier folclórica, torero o virgen que en nada han destacado por ayudar a los ciudadanos, no se ponían de acuerdo para nombrar a este abogado laboralista –destacado en la política nacional para el advenimiento pacífico de la democracia a este país después de una dictadura autoritaria y sangrienta-, que demostró tener talla de verdadero hombre de Estado.

Será este año cuando, por fin, la ciudad le conceda el título de Hijo Predilecto en una extraña carambola circunstancial que ha permitido ponerse de acuerdo a las distintas formaciones políticas que conforman el Ayuntamiento sevillano.

La unanimidad exigida por Felipe González para aceptar dicho nombramiento hizo imposible el acuerdo cuando la ciudad estuvo gobernada por sus correligionarios socialistas, debido a la oposición primero del Partido Popular y del Partido Andaluz y, luego, de Izquierda Unida (comunistas), a pesar de que esta última mantenía coalición de gobierno con el PSOE de Alfredo Sánchez Monteseirín.

Han tenido que confluir determinadas circunstancias para que los grupos municipales alcanzasen el acuerdo unánime que permite el reconocimiento al hijo de la tierra que más altas responsabilidades ha desempeñado en el ejercicio de la política en España.

Pero como buena ciudad ingrata, Sevilla no acaba de mostrar una gratitud sincera, sino pacata, porque no reconoce como Hijo Predilecto a Felipe González por haber sido el primer andaluz que consigue llegar a la Presidencia del Gobierno en democracia, sino por haber promovido, ahora que se cumplen veinte años de su clausura, la Exposición Universal en Sevilla del año 1992.

Le honra al actual alcalde de la ciudad, Juan Ignacio Zoido, del Partido Popular, haber conseguido finalmente ese nombramiento a tan ilustre vecino y haber logrado el consenso del resto de fuerzas políticas que lo posibilita.

Es posible que ello se viera facilitado por encontrarse los socialistas en la oposición municipal e Izquierda Unida en el Gobierno de la Junta de Andalucía, en coalición con el PSOE.

Sea como fuere, resulta cuando menos extraño que la concesión del título se deba por una de las decisiones de Felipe González en vez de por la condición que le permitía tomar tales iniciativas, la de ser el presidente de Gobierno de España que, además de la Expo'92, extendió los derechos y la democracia durante sus reiterados mandatos. Y aunque es cierto que también existen errores y sombras en su gestión, el conjunto de su obra es objetivamente meritoria y positiva.

En países con más tradición democrática que el nuestro, a personajes que ocuparán un lugar destacado en el relato de su historia no aguardan a la desaparición física de la persona para rendirles el tributo debido, sin recelos ni reservas. Entre otras cosas, porque una democracia es precisamente el sistema que concilia la pluralidad de voluntades y opiniones, aunque sean diferentes, y donde la verdad no es patrimonio de nadie, sino de todos, surgida del apoyo y la adhesión mayoritaria, pero con respeto a los discrepantes y las minorías.

De ahí que, negarle a Felipe González el mérito de ser el presidente de Gobierno que Sevilla ha dado a España no solo es de malos demócratas, sino de miserables. Si además, gracias a la Expo'92, impulsó la modernización de una región subdesarrollada, es como mínimo para poner su nombre a una avenida y levantarle una estatua. Como al Papa o a la Duquesa de Alba, que ya tienen todos los reconocimientos que la ciudad otorga, sin ser sevillanos.

DANIEL GUERRERO

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No basta con aprobar...

Los “ajustes” y las “reformas” que promueve en España el Gobierno conservador del Partido Popular, bajo la Presidencia de Mariano Rajoy, con la excusa de combatir la crisis económica, están cercenando las oportunidades que brindaban los servicios públicos a los más desfavorecidos de la sociedad.



El desmantelamiento progresivo del Estado de Bienestar es una realidad amarga e imparable que acarreará unos efectos nocivos que repercutirán en el aumento de las desigualdades y en la desprotección de las capas más débiles y vulnerables de la población, ensanchando la brecha entre los que pueden sufragarse sus necesidades y los que dependen del auxilio social.

Porque ya no es que se niegue la asistencia sanitaria a los inmigrantes o se retire el traslado en ambulancia a los enfermos crónicos que precisen tratamientos periódicos en los hospitales, sino también del endurecimiento de las condiciones, con la intención de reducir su número, para la concesión de becas que faciliten los estudios universitarios a quienes no pueden pagárselos.

A partir de ahora, ya no basta con aprobar, sino que se deberá conseguir una nota media superior al aprobado para disponer de una beca universitaria. Según el ministro del ramo, José Ignacio Wert, el objetivo es buscar un mayor rendimiento académico e inculcar la “cultura del esfuerzo”.

Yo no he estudiado con esas ayudas, pero una hija sí pudo completar su carrera universitaria gracias a una beca que abarataba las matrículas. Ninguno de los dos éramos estudiantes de excelentes calificaciones pero tampoco repetíamos ningún curso: simplemente aprobábamos cada año con el esfuerzo y el rendimiento de nuestras personales capacidades intelectuales.

La diferencia entre mi hija y yo es que en mis tiempos no era tan oneroso estudiar, aunque sí mucho más improbable, no por el coste de los estudios, sino porque la economía familiar requería de los ingresos que cuanto antes pudieran aportar cada uno de sus miembros.

Con los nuevos requisitos que ahora exige el ministro de Educación, mi hija no hubiera podido conseguir sus estudios universitarios, y no por falta de esfuerzo o rendimiento académico, sino por no pertenecer a una familia pudiente.

Naturalmente, los fines reales que persigue el Gobierno son inconfesables porque desatarían una contestación multitudinaria entre los ciudadanos, en tanto en cuanto obedecen a la doctrina ideológica que profesa el partido conservador, consistente en “adelgazar” el Estado lo máximo posible, eliminando todo lo que consideran “gasto”; es decir, dejando que la iniciativa privada se haga cargo de los servicios que se proveían de manera pública.

De esta manera, no solo se irán recortando prestaciones sociales o endureciendo sus requisitos, sino que se acabará eliminando toda atención social para que sea contratada en el mercado, cuyo fin –no lo olvidemos- no es socorrer a nadie, sino tener beneficios, ganar dinero.

Si la finalidad fuera en verdad estimular la aplicación de los estudiantes, el Gobierno podría haber diseñado un plan de becas cuyo importe guardaría relación con el rendimiento académico, sin negar ninguna ayuda al estudiante que le basta con aprobar para labrarse una carrera.

Pero no siendo ese el propósito, si mucho no me equivoco, pronto serán los bancos los que ofrezcan becas a los universitarios que puedan suscribir tales préstamos o cuenten con el aval de sus familias.

Menos mal que mi hija ya es profesora de Filología Hispánica porque en la actualidad, con las tijeras de Rajoy, no hubiera tenido oportunidad de pisar la universidad. No por mal estudiante, sino por pertenecer a una familia sin recursos. ¿Ese es el modelo de sociedad que deseamos para nuestros hijos o... nietos?

DANIEL GUERRERO

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Libertad de prensa

Hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, establecido desde 1993 por las Naciones Unidas cada 3 de mayo, para promover y alcanzar un derecho que todavía se viola en todos los países del globo de distintas maneras, incluyendo el asesinato de periodistas, pero con un solo objetivo: impedir el derecho de los ciudadanos a acceder a una información veraz y fiable frente a la manipulación, la propaganda o la ocultación.



Según el Instituto de Prensa Internacional (IPI, por sus siglas en inglés) -organización creada hace 60 años y que asesora a la ONU-, en lo que llevamos de año ya son 29 los periodistas asesinados.

Antes de llegar a ese extremo, el periodista debe sufrir la censura, la mordaza, la presión del poder, la persecución, las condenas judiciales, la infamia y el desprestigio que buscan dificultar su labor e impedir que su voz sea pública y clara.

Antes de llegar a ese extremo, el periodista también es sometido a la precariedad laboral, la escasa remuneración, la humillación profesional y la inmersión en la línea ideológica y editorial de la empresa para convertirlo en “mano de obra” barata y de fácil sustitución, moldeable a las directrices de las corporaciones mediáticas.

Antes de la decapitación, los tiros, el atropello, el envenenamiento, los golpes y las palizas, el misil militar o la bomba, el periodista ha de luchar contra el terror de quien ejerce su poder sin limitación, la manipulación política, la injusticia social, el adoctrinamiento religioso o los intereses económicos y financieros que obstaculizan su función de “Cuarto poder”, de vigilancia y denuncia que las democracias precisan para su desarrollo y plena realización, de ser instrumento fidedigno para la conformación de la opinión pública en sociedades complejas y diversas.

Aun hoy, incluso en el llamado “mundo libre”, el derecho a la información es en demasiadas ocasiones vilipendiado y esquivado con los silencios del político y del gobernante; con ruedas de prensa sin preguntas; con las imágenes (fotos o vídeos) ya editadas por los partidos; por organizaciones políticas democráticas que, a estas alturas, vetan a medios (en Montilla Digital sabemos algo de esto, desgraciadamente); por gabinetes de comunicación que “pastorean” a los medios; por la publicidad, las suscripciones institucionales o las subvenciones públicas que condicionan la viabilidad empresarial; y por los temas “tabú” que no son permitidos abordar aunque no sean secretos oficiales.

Todavía hace falta celebrar un Día Mundial por la Libertad de Prensa porque ese derecho no es reconocido con plenitud por casi ningún país del mundo ni es apreciado completamente por los ciudadanos que lo disfrutan.

Todavía hoy se cierran medios y se despiden periodistas sin que importe a nadie, o se decide el control gubernamental de la televisión pública ante la indiferencia de la población.

Existen muchos espacios aún para la mordaza y para la manipulación que violan el derecho a la información y la libertad de expresión. Y, fundamentalmente, porque todavía se siguen asesinando a periodistas por querer conocer la verdad y hacerla pública. Hoy, lamentablemente, debemos celebrar un Día Mundial porque no gozamos de plena libertad de prensa. Tampoco en España.

DANIEL GUERRERO

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Razones para la ira

Si fuéramos solidarios con sinceridad, tendríamos cinco millones largos de razones para estar disconformes y molestos con la situación que nadie, ni antes ni ahora, acaba de hacer frente de manera decidida y eficaz. Si fuéramos generosos con sinceridad, tendríamos cinco millones largos de corazones a los que consolar con nuestro apoyo y entrega, echándoles una mano para rescatarlos del pozo de miseria al que están abocados.



Si fuéramos justos con sinceridad, habría cinco millones largos de objetivos prioritarios a los que destinar, antes que a los bancos, los recursos a disposición del Gobierno para que sientan alivio en la angustia en que se encuentran.

Si fuéramos equitativos con sinceridad, dispondríamos de cinco millones largos de “recursos humanos” a los que ofertar puestos de trabajo, garantizando sus condiciones laborales, en vez de abaratar el despido a los que tienen suerte de trabajar.

Si fuéramos cristianos con sinceridad, nos moverían cinco millones largos de almas que no pueden clamar contra la injusticia ni esperar el apoyo de una Iglesia que opta por combatir a los homosexuales y solicitar limosna para conformar a los desfavorecidos.

Si fuéramos sensibles con sinceridad, habría cinco millones largos de estímulos para cambiar un modelo de sociedad que ampara la riqueza y condena a la pobreza a los que no disponen de oportunidades para la emancipación.

Si fuéramos honestos con sinceridad, contaríamos con cinco millones largos de asuntos que abordar sin dilación y que reclaman nuestra atención desde cualquier posición que ocupemos en la escala social.

Si fuéramos patriotas con sinceridad, centraríamos en esos cinco millones largos de problemas todas las políticas e iniciativas que pudiéramos emprender, antes que atender las demandas del mercado o las directrices de los organismos foráneos.

Si fuéramos leales con sinceridad, asumiríamos los cinco millones largos de desempleados como un fracaso propio que nos instaría a combatir hasta vencerlo. Si fuéramos libres con sinceridad y de verdad, nos movilizarían cinco millones largos de razones para el grito y la ira. Si fuéramos humanos…

DANIEL GUERRERO

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La Jefatura del Estado como problema

La definición de España aún no está definitivamente conseguida, a pesar de la estabilidad que durante las últimas décadas ha proporcionado la monarquía parlamentaria que la Constitución de 1978 impuso de forma ineludible. Cuando se propuso el referéndum constitucional, una parte de la población imposible de cuantificar confiaba en una consulta previa, no solo sobre ruptura o reforma del régimen dictatorial del que se partía, sino incluso del modelo de Estado que se aspiraba construir.



No hubo opción para discernir entre república o monarquía por cuanto los constituyentes en la Transición, con la prudencia de no desatar los demonios de unos extremismos radicales vigilantes y activos, incluyeron en el paquete de la Carta Magna, de forma inseparable y conjunta, la reinstauración monárquica que Franco había previsto con la figura por él preparada de Juan Carlos de Borbón, hijo del legítimo heredero de la Corona española, don Juan de Borbón, quien renunció a sus derechos dinásticos no sin velada resistencia.

El país se convierte, tras la proclamación de la Constitución, en un reino, donde el rey representa la Jefatura del Estado. Don Juan Carlos I, rey de España desde entonces, ha desempeñado un papel que ha sido indiscutido por cuanto ha evitado los desmanes y el boato de otras monarquías próximas en Europa, aunque no ha podido erradicar totalmente el nepotismo real en algunos comportamientos de su propia persona o de su círculo familiar.

La bondad de su imagen ha sido favorecida por una legislación que castiga como delito las “injurias” al Jefe del Estado y una prensa que ha sido sumamente benévola en sus críticas al rey. Todo un muro de protección que garantizaba la inviolabilidad, pero también la impunidad del soberano.

Han tenido que pasar 30 años para que este carácter cuasi sagrado de la monarquía española comience a resquebrajarse y la crítica aflore a la superficie de la opinión pública.

Escándalos por corrupción entre miembros de la Casa Real, problemas matrimoniales en sus hijos, la hipocresía de una moral que desean irradiar, la opacidad hasta ayer de los presupuestos públicos con que cuenta la Corona, el súbito conocimiento de una agenda oculta en la actividad “privada” del rey, el hermetismo absoluto que rodea al patrimonio personal de la familia real, sus negocios e intereses económicos, las aficiones que gastan y las amistades que frecuentan han dado pie a toda una rumorología que se acrecienta con cada nueva noticia que desvela facetas que se pretendían ocultas.

Ello viene a incidir en ese larvado pero palpable resquemor de una parte incuantificable de la población por la imposición de una forma de Estado que no ha sido abiertamente refrendada democráticamente, sino incrustada en una Constitución rígida, de complicada y difícil modificación.

Y ese es el peligro que aparece cuando el rey, de manera irresponsable, ofrece motivos para el repudio de una Jefatura del Estado que se ha de soportar de forma hereditaria, sin posibilidad de enmienda.

Los disparos que pega en Botsuana no matan solo elefantes, sino que hieren tal vez mortalmente a la propia monarquía que él encarna, evidenciando la existencia del problema que España no ha sabido resolver definitivamente con la forma del Estado. Es como si el propio monarca diera pábulo a la escamoteada cuestión sobre república o monarquía cada vez que tropieza.

DANIEL GUERRERO

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El infierno de los gais

Todavía, a estas alturas de la civilización, la Iglesia sigue involucrándose en cuestiones en las que carece de competencia, como es pontificar sobre la condición sexual de las personas. La ciencia ya ha verificado la complejidad de la sexualidad humana, en la que influyen aspectos orgánicos, psicológicos y sociales que determinan la identidad sexual del individuo. Que su finalidad no es exclusivamente reproductora lo atestigua el permanente estado de celo que caracteriza a nuestra especie, a diferencia de los limitados períodos de reproducción que orientan el comportamiento sexual de las demás especies animales.



El hecho de un modelo social basado en el matrimonio heterosexual no deja de ser una convención peculiar con fines de interés económico y comunal. No hay en ello más designio divino que el que podría asignarse, si así nos da por creerlo, al modelo basado en la reina-madre engendradora de una colmena de abejas o el del harén de las focas monje, como ejemplos de colectivos monógamos o polígamos.

Sin embargo, el tema sexual parece preocuparle sobremanera a la “santa” institución religiosa por cuestiones que cuesta trabajo relacionar con su pretendida finalidad espiritual. Más que preocupación, el asunto se convierte en una verdadera obsesión a la que se entregan periódicamente los “príncipes” de la Iglesia Católica de España.

Cada dos o tres homilías, nuestros prelados retoman, con ceño fruncido y voz grave, la problemática de los, a su juicio, desvíos de la “rectitud“ sexual que ellos vigilan atentamente y que, por el interés que le prestan, les parece más grave que el asesinato de inocentes, aunque de lo primero no digan nada los Mandamientos (depende lo que se entienda por “actos impuros”) y lo segundo sea condenado expresamente ("no matarás").

En cualquier caso, es significativo que para el obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, aquellos que “piensan ya desde niños que tienen atracción hacia las parejas del mismo sexo […] y para comprobarlo se corrompen y se prostituyen […] se encuentran en el infierno”, pero, en cambio, ninguna autoridad eclesiástica se pronuncia sobre la tumba del golpista y represor mediante el asesinato Gonzalo Queipo de Llano, que se custodia en la Basílica de la Macarena de Sevilla, y que impuso el nombre de su mujer a una iglesia (Santa Genoveva) y bautizó con el de su madre a la virgen que allí se venera (Nuestra Señora de Las Mercedes).

Para estos centinelas de la “moralidad”, el sexo es más pecaminoso que matar, siempre y cuando no se entreguen a sus placeres los propios clérigos, en cuyo caso hasta la pederastia no es motivo de castigo penal, ni de condena al infierno ni el pecado destruye a la persona: simplemente, motiva su traslado a otro destino parroquial.

Es curiosa esta manía por el sexo de las autoridades religiosas y las actitudes homófobas que manifiestan, pues ponen de relieve unos prejuicios ampliamente superados por la realidad civil y social, además de expresar un fanatismo prácticamente patológico.

Posiblemente, sería esclarecedor escuchar las respuestas que pudieran dar, desde el diván del psiquiatra, los herederos de la Inquisición a estas preguntas: ¿por qué personas que deciden no procrear y niegan –que no anulan- todo impulso sexual la toman con los que procrean o disfrutan de sus apetencias sexuales?

¿Por qué los que castran el deseo sexual en su comportamiento están tan atentos a las prácticas sexuales que los demás desarrollan? ¿Por qué los que eligen una determinada conducta -aún en contra de la propia fisiología orgánica-, sin que nadie se lo discuta, cuestionan y hasta condenan las que con idéntica libertad decide el resto?

¿Por qué unas creencias indemostrables, por muy respetuosas que sean, se arrogan la autoridad de imponer sus criterios al conjunto de la ciudadanía en cuestiones en que la ciencia diverge?

Las ideas religiosas, máxime en el contexto político favorable como el actual, se crecen y se extienden a fuerza de impedir cualquier reacción que pueda contradecirlas. Lo malo no es albergar determinadas creencias, lo verdaderamente peligroso es la obligación de seguirlas mediante la coacción legislativa (Ley del Aborto, etc.) o social (condena de conductas) que los poderes políticos y religiosos conciertan.

Y en esa deriva retrógada, que convierte la sociedad actual en un infierno no solo para los gais, sino también para cualquiera que sea progresista y en verdad liberal, nos hallamos. Por ello, hay que denunciar todas las ofensivas reaccionarias que se producen y combatirlas. Con la palabra y los argumentos, naturalmente.

DANIEL GUERRERO

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¿Por qué la tardanza en los Presupuestos?

Mariano Rajoy ha aguardado a la celebración de las elecciones en Andalucía para presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y no perjudicar así sus expectativas electorales en esa comunidad. Transcurridas aquellas, con el resultado descorazonador alcanzado, y conocidas las grandes líneas de las Cuentas con las que el Gobierno pretende ahorrar más de 27.000 millones de euros, surge una pregunta: ¿Eran estos realmente los Presupuestos que con tanto celo se habían querido ocultar?



Si desde antes de sentarse en la mesa del Consejo de Ministros -una vez ganadas las elecciones generales de noviembre pasado-, el Partido Popular ya hablaba de las duras medidas que tendría que aplicar para corregir una situación a su juicio mucho peor a lo declarado por el Gobierno saliente, razón por la cual no ha había dejado de mentalizar a la población acerca de unos “ajustes” y recortes de perentoria necesidad, ¿por qué esperar tanto para hacer públicos unos Presupuestos que se tildaban de imprescindibles y urgentes ante una realidad crítica?

Los PGE finalmente conocidos contemplan una reducción media del 17 por ciento en las partidas de cada ministerio, siendo significativo el “tijeretazo” aplicado a Fomento -cerca del 35 por ciento-; la congelación del sueldo de los funcionarios por segundo año consecutivo, tras la reducción del 5 por ciento de media en sus nóminas que aplicó el Gobierno de Zapatero, y una amnistía fiscal a los defraudadores para que retornen los capitales evadidos a paraísos fiscales, con una penalización de solo el 10 por ciento y el perdón de la multa.

Salvo la concreción pormenorizada de estos “ajustes” en todas aquellas partidas que afectarán a los ciudadanos, y que se debatirán durante el procedimiento parlamentario de aprobación de la Ley, en principio este proyecto de PGE, aun siendo el de mayor reducción en democracia, no resulta especialmente “doloroso” para unos ciudadanos que vienen siendo advertidos de la gravedad de la economía nacional y ya pagan sus consecuencias, con un paro que no deja de crecer.

No se explica tanta “prudencia” cuando el Gobierno no había mostrado reparos en aprobar una reforma laboral que abarata el despido y deja todo el poder de negociación en manos de los empresarios, había subido “temporalmente” los impuestos, con un incremento de hasta el 7 por ciento en el IRPF, y promovía unas importantes subidas de precios en la energía (electricidad y gas) y otras tasas recaudatorias.

O el Gobierno tenía otro proyecto de Presupuestos que creía conveniente ocultar para evitar lo que al final ha ocurrido (no poder gobernar Andalucía y “alimentar” una huelga general) o se ha reservado las medidas más duras para un segundo “ajuste” del gasto que deberá acometer si quiere cumplir con el compromiso de déficit (del 3 por ciento) acordado con una Europa que nos contempla con indisimulada preocupación.

Porque, frente a las iniciativas “reformistas” que ya había ejecutado el Gobierno popular, el recorte que traen los PGE no parece de mayor “enjundia” que el empeoramiento de unas condiciones que, sin embargo, no tardó en imponer a los trabajadores con la reforma laboral, por ejemplo.

Todo hace sospechar que Mariano Rajoy, muy acorde con su habitual proceder, pretende alargar en el tiempo las “soluciones” con las que se enfrenta a cualquier problema para que se pudra, antes en el partido y ahora en el gobierno.

Temeroso de la reacción ciudadana, que ya desconfía de sus promesas de solventar la crisis con un simple cambio de gobierno, el Ejecutivo del Partido Popular se guarda lo que está seguro provocará una contestación general aun mayor: la subida del IVA, el copago (repago, en realidad) en servicios públicos y la reforma de la función pública, con el despido masivo de funcionarios en la Administración, sanidad y educación.

Estas medidas sí habrían hecho peligrar el voto a su formación en las elecciones andaluzas y asturianas, aunque la ocultación de las mismas no sirviera finalmente para gobernar en estas regiones.

Con una recesión añadida a la crisis económica que todavía sufre el país, ahora tendrá que enseñar todas sus “cartas” en la esperanza de que, de aquí a tres años, una mejora de la situación consiga hacer olvidar a la población todo el “purgante” que se le está haciendo tragar. Si no pierden la memoria, lo tendrá muy difícil.

DANIEL GUERRERO

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Pasión tenebrosa

De pequeño, era miedo: temía a aquellas figuras ocultas de los pies a la cabeza en las que solo unos ojos asomaban tras los agujeros del capirote y parecían vigilar a todos. La gente formaba un estrecho pasillo por donde desfilaban en silencio unos seres clonados que emergían por centenares, portando grandes velas que dejaban a su paso un suelo resbaladizo de cera. Otros cargaban con una o varias cruces de madera para castigarse con un esfuerzo público, ante los demás.



De mayor, tampoco le atrajo esa celebración de la muerte con figuras que representaban una Pasión morbosa, mediante tronos en los que se idolatraban imágenes de dolor, ni el ejército de encapuchados que procesionaba tras ellas. Le seguía pareciendo un ritual irracional fruto de la superstición y la ignorancia, más propio del medioevo. Por eso nunca le gustó de la Semana Santa. Le parecía tenebrosa.

DANIEL GUERRERO

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La mujer más mujer

Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia de España, para justificar el retroceso que ha cometido con la Ley del Aborto, desposeyendo a la mujer del derecho a decidir sobre su maternidad para que otros determinen si puede hacerlo o no en función de unos supuestos legales, acaba de mostrar su verdadera mentalidad durante unas intervenciones parlamentarias en las que defendía su propuesta.



En su modelo de sociedad, la mujer es una "auténtica mujer" si se dedica a engendrar, por lo que considera necesario proteger una maternidad presuntamente amenazada por el derecho al aborto.

Resulta que la amenaza no procede de la dificultad que soporta la mujer para compatibilizar vida familiar y laboral, ni de los obstáculos que ponen muchas empresas para aquellas empleadas que se quedan embarazadas, ni la falta de guarderías que impide a la mujer dejar a sus niños mientras acuden al trabajo, ni los recortes que limitan la posibilidad de lactancia y crianza de los hijos en unos padres que han de trabajar o el menor salario que aún perciben muchas mujeres en comparación a los hombres con idéntico trabajo, ni ese machismo que todavía niega a las mujeres el acceso a puestos de responsabilidad o dirección en cualquier actividad, etc.

Para el ministro conservador del Partido Popular, lo que amenaza a la maternidad es ese derecho que conquistaron las mujeres tras años de lucha y cárcel, jugándose la vida -si les era imposible viajar al extranjero- al ponerse en manos de desaprensivos que, por afán de lucro, realizaban abortos clandestinos en condiciones indeseables.

En vez de luchar contra todo eso, Ruiz-Gallardón identifica la supuesta amenaza a la maternidad en el derecho al aborto, por lo que legisla para recuperar una ley de supuestos que deja en manos de "extraños" expertos la decisión de abortar, si se cumplen determinadas condiciones, todas ellas ajenas a la voluntad de la interesada.

Siguiendo el retrógado pensamiento del ministro, si la mujer es más mujer cuando engendra, el varón será más varón si fecunda. Si fuera consecuente con su propia lógica, debería entonces elaborar leyes contra las amenazas a la maternidad que provienen de los dos protagonistas de toda concepción humana.

Porque tan peligroso para la maternidad es la mujer que no desea engendrar o quiere interrumpir su embarazo como el varón que se niega fecundar a una mujer fértil. Si se reprime el derecho por un lado, debería prohibirse también por el otro.

Claro que, en tal caso, el ministro se vería obligado a perseguir el celibato de curas y sacerdotes católicos y... ¡con la Iglesia hemos topado, Sancho! Si detrás de las manifestaciones vergonzantes de Alberto Ruiz-Gallardón no emergiera más que un profundo machismo, podríamos pensar que lo que motiva su empresa contra la mujer es simplemente una cobardía que se ceba con la parte débil del problema, a la que impone su particular criterio moral.

Pero el asunto es más grave porque este miembro del Gobierno intenta moldear un modelo de sociedad homogéneo con su ideología y adscrito a los dictados de una determinada religión, en abierta contradicción con la aconfesionalidad del Estado y las libertades individuales que reconoce la Constitución, al garantizar la diversidad de la sociedad española y la pluralidad de creencias, ya sean religiosas, políticas o culturales.

Si realmente su propósito fuera la sincera defensa de la maternidad, el ministro de (in)Justicia español procuraría legislar contra todos los obstáculos que impiden a la mujer compatibilizar su desarrollo personal y profesional con una maternidad voluntariamente asumida, no por imperativo legal.

En tal caso, Ruiz-Gallardón tendría que erradicar todas aquellas resistencias laborales, sanitarias, religiosas y sociales que dificultan su realización como ser humano con capacidad de discernimiento sobre su cuerpo y su lugar en sociedad, al menos con la misma libertad que se le reconoce al hombre.

Y en el ejercicio de esa libertad, habrá mujeres que engendren cuando quieran y otras que interrumpan un embarazo no deseado, sin que el Estado, basándose sólo en criterios morales que deberían reservarse al ámbito privado de las personas, se inmiscuya en tal decisión.

Por mucho que la ley quiera determinarlo, la mujer no será más mujer si engendra ni el hombre más hombre si fecunda. Y si el ministro piensa lo contrario, debería penalizar ambas amenazas. ¿Se atrevería a tal cosa el señor Gallardón?

DANIEL GUERRERO

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¡Es el capitalismo, estúpidos!

Estamos abocados por la crisis a padecer situaciones que creíamos superadas de nuestra realidad: seremos más pobres y nuestro nivel de vida descenderá en su conjunto. Según Eurostat, el 25,5 por ciento de los hogares españoles está en riesgo de pobreza y exclusión social.



No estuvimos mejor en plena bonanza económica, cuando en general el riesgo afectaba al 24,4 por ciento de las familias. En esos años vivimos bajo la ilusión de una abundancia y de un enriquecimiento fácil, que nos hizo confiar en una prosperidad ilimitada, casi permanente.

Por aquel entonces sólo era preciso poseer unas gotas de osadía y carecer de complejos para, con argumentos de charlatanería, creerse inversor y lanzarse a comprar viviendas en cualesquiera promociones que brotaban por doquier, incluyendo parajes presuntamente protegidos.

Ningún banco te negaba los préstamos con que financiar tales aventuras, concediéndote además un “extra” para “otros gastos”, como el coche, con tal de satisfacer unas iniciativas que “movían” el dinero.

Era un negocio espléndido mientras los inmuebles se revalorizaran a cada traspaso, brindando unas ganancias que amortizaban con creces lo invertido. Sin embargo, el estallido de la burbuja inmobiliaria, paralela a una crisis económica, atrapó a muchos pequeños especuladores bajo el peso de unas hipotecas a las que no podían hacer frente.

Los bancos, otrora tan generosos, no mostraron ninguna comprensión a la hora de exigir el cumplimiento de las mensualidades sobre unos bienes tasados desproporcionadamente –desde cualquier punto de vista-, siendo así cómplices materiales del “inflado” de la burbuja.

Lo que sigue es ya la historia de nuestros días: pseudopropietarios que han de devolver la vivienda a la entidad financiera por no poder pagarla, aunque con ello no consigan saldar la deuda. Y unos bancos que son “socorridos” por el Gobierno mediante la inyección de ingentes cantidades de dinero público con la excusa de facilitar el mercado financiero del que depende cualquier economía para funcionar.

Es decir, se “socializan” las pérdidas de las empresas financieras, pero se “liberaliza” la quiebra de los crédulos aprendices de capitalista. Primera lección: el Sistema se protege a sí mismo, no a las personas.

Esa dinámica de concentración en el sector financiero, promovido a instancias supragubernamentales que controlan nuestra economía, posibilita que entidades nacionales de gran tamaño engullan a las pequeñas con problemas de liquidez, como la absorción –la llaman "fusión"- que acaba de iniciar la Caixa catalana de la andaluza Banca Cívica: CaixaBank se “come” a Cajasol, que a su vez se había “comido” a Caja Guadalajara, Caja Navarra y Caja Canarias.

Las autoridades andaluzas andan ahora quejándose por la desaparición de una insignia financiera regional que no ha sabido, en cualquier caso, sobredimensionarse para competir en un mercado altamente competitivo en el que opera.

Esos lamentos patriotas por configurar una gran banca andaluza resultan baldíos ante las rencillas de índole localista que, al parecer, dificultaron toda iniciativa al respecto, como la de dónde ubicar la sede de la futura entidad: Málaga o Sevilla. Segunda lección: el dinero no tiene patria, aunque sí quien lo atesora.

El capitalismo, sistema que conforma la estructura económica de nuestra sociedad, dicta sus propias normas para perpetuarse, tendentes a la búsqueda de una rentabilidad creciente y al monopolio de los poderosos, gracias a la concentración empresarial y desregulación del mercado.

Ni las patrias ni las personas son objeto de su atención, que solo le interesan por una finalidad instrumental para alcanzar su fin lucrativo mediante el consumo. No está para satisfacer necesidades básicas –salvo que se gane dinero con ello- ni garantizar derechos sociales –que impidan el negocio-.

Cuando parecía fácil ganar dinero, quien tuviera escrúpulos de la especulación era considerado un pusilánime trasnochado; quien se dedicara a estudiar, perdía el tiempo inútilmente; y quien dudara de las bondades del Sistema, un derrotista orillado por los nuevos tiempos.

Sin embargo, ahora que los grandes operadores recogen beneficios a costa de los ingenuos adalides del capitalismo, se clama por las medidas que éste impone para asegurar su existencia: reforma fiscal, financiera, laboral, económica y hasta social y moral que suponen el despido barato y fácil, la limitación del subsidio frente al paro y la congelación o reducción de salarios.

Pero hay más. La Reforma Laboral también contempla la movilidad geográfica y la unificación de categorías profesionales por decisión patronal; la desvinculación del convenio colectivo sectorial; la reducción de derechos por embarazo y lactancia; o el despido por bajas justificadas de enfermedad.

Y el resto de medidas que están por llegar apuntan al repago en la sanidad; el abandono en la educación pública; el retroceso en la ley del aborto; la ampliación arbitraria del período de aprendizaje a un año con despido gratis; el encarecimiento de los precios; la subida de impuestos; la consideración del funcionario como personal inútil y clientelar; la supresión de derechos y conquistas laborales y sociales; y el desmantelamiento progresivo, en fin, del Estado de Bienestar. Ahora nos asustamos del capitalismo cuando gruñe.

Pero así es el verdadero rostro de un Sistema cuyo objetivo es el beneficio creciente en una economía basada en el capital privado y en el que toda inversión pública es considerada "gasto".

Ese Sistema, tras un período boyante, obliga ahora al sacrificio de cualquier gasto con tal de mantener sus ganancias en un período de contracción. Actúa, empero, conforme a su lógica y natural proceder, el mismo del que no dudábamos cuando los perjudicados eran otros.

Ahora, que padecemos sus consecuencias y nos empuja a despojarnos de las redes de auxilio social públicas con que pretendíamos protegernos, descubrimos su rostro avieso y descarnado. Ahora parece que nos aclaran: "¡Es el capitalismo, estúpidos!", como diría aquel. ¿Servirá la huelga de ayer para que lo entendamos?

DANIEL GUERRERO

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Del dolor a la política

El padre de Mari Luz, la niña de cinco años asesinada en Huelva en 2008 por un pederasta, acaba de ser contratado como asesor del Grupo Municipal del Partido Popular (PP) del Ayuntamiento de Sevilla para temas de marginación y exclusión social.




Juan José Cortés despertó las simpatías y el reconocimiento de cuantos siguieron aquel trágico suceso a través de los medios de comunicación por la templanza y sensatez con que supo reaccionar, sin dejarse llevar ni por histerismos ni ánimos de venganza que todos solicitaban y aguardaban. No por ello ha confiado en la justicia ni en unas autoridades que, con la misma premura con que se solidarizan con las víctimas, se olvidan de ellas.

Juan José Cortés, que ha promovido la recogida de firmas para que se instaure la cadena perpetua en los casos de asesinatos de niños y pederastia, fue sondeado por varios partidos políticos para incluirlo en sus tickets electorales, ante la simpatía y el reconocimiento que despierta en la gente.

Ya antes del asesinato de su hija, Cortés militaba en el PSOE, más tarde mantuvo contactos con UPyD y, finalmente, se decantó por el Partido Popular cuando esta formación respaldó su lucha por la reforma del Código Penal para el endurecimiento de penas.

Hombre de maneras tranquilas y hablar sosegado, Juan José Cortés es pastor evangélico y, desde la pérdida de su hija, no ha cejado para que la ley penal recoja la cadena perpetua efectiva.

Ello explica, tal vez, sus contactos con diferentes partidos políticos hasta que el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, consigue atraerlo para un puesto de asesor en el que, desde la acción política, poder dedicarse a “defender a mi gente”.

Es indudable que este gitano, criado en la marginación, que se ha visto envuelto en un extraño suceso de tiroteo familiar, pero que ha sabido mantener una imagen de seriedad y templanza, puede abrigar genuinos propósitos por aprovechar las simpatías y el reconocimiento que consigue de la gente para ver cumplido su sueño de endurecer las penas por delitos como los cometidos contra su hija. Es justo y legítimo.

Es posible que el sufrimiento padecido y los esfuerzos para que la justicia ofrezca una faz menos indulgente, sean méritos para asesorar a jueces y políticos, como el alcalde de Sevilla, sobre las iniciativas que se deben implementar en asuntos de marginación social.

Economistas, sociólogos, trabajadores sociales, urbanistas y demás técnicos vienen debatiendo durante años sobre un problema cuya solución es compleja y requiere ingentes inversiones en educación, integración y promoción laboral.

Sin embargo, tal vez falte la sensibilidad que Juan José Cortés podría añadir a esta tarea. Pero mucho me temo -aunque nada me gustaría más que equivocarme- que ello no es lo que persigue el PP, sino atraer a sus siglas las simpatías y el reconocimiento que despierta este hombre entre la gente.

Es, sin duda, la lucha más peligrosa y difícil en la que se ve envuelto tras el asesinato de su hija: mantener su imagen de hombre sereno e íntegro, evitando que no lo manipulen con fines espurios. Ojalá tenga suerte y no vuelva a verse “decepcionado” con la política.

DANIEL GUERRERO

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Doscientos años de una Constitución

España ostenta el digno privilegio de haber promulgado la primera Constitución que consagró, entre otros derechos, la libertad de prensa antes que otros países con mayor tradición democrática o liberal. Y aunque la iniciativa tuvo una vigencia efímera, no deja de ser un hito histórico de las ansias de libertad y las ambiciones de progreso que aquellos momentos, en plena Guerra de la Independencia, albergaban los “patriotas” que entonces se conjugaron para enterrar al Viejo Régimen del absolutismo.



No fue, sin embargo, un producto surgido por generación espontánea, sino que germina de las simientes que la Ilustración había esparcido un siglo antes por España, con la instauración de la dinastía borbónica y el florecimiento de un despotismo ilustrado (“Todo para el pueblo, pero sin el pueblo”) que persiguió el desarrollo del país, mientras no se cuestionara el poder del rey.

Aquellas reformas promovidas por Felipe V, que implantó un férreo centralismo, el decreto de Nueva Planta y el desarrollo cultural y social, tuvieron continuación con Carlos III y Carlos IV bajo el impulso de la llamada reforma ilustrada: fisiocratismo y liberalismo económico, cuyas ideas procedían del empirismo y el racionalismo de Locke, Hobbes, Montesquieu y Rosseau, y que contagiarían a nuestros Cabarrús, Jovellanos, Campomanes, Olavide, Meléndez Valdés, Cadalso, Moratín y tantos otros pensadores acreedores de los principios recogidos en la Constitución de 1812.

Hoy celebramos, por tanto, el bicentenario de un texto legal que establecería por primera vez la representación de la soberanía, el fin de los privilegios estamentales y la división de poderes, convirtiéndonos en ciudadanos en vez de súbditos, lo que suponía una auténtica ruptura con el Viejo Régimen existente hasta entonces.

El precedente habría que buscarlo, como hemos señalado, en el período de cierta apertura y liberalización de la Ilustración que Carlos IV frena bruscamente cuando opta, blindando las fronteras (cierre de aduanas y estricta censura), retornar al absolutismo más intransigente para impedir que la mecha de de la Revolución francesa, que había cortado la cabeza a Luis XVI, pudiera prender a este lado de los Pirineos.

Su sucesor, Fernando VII, conservaría ese régimen hermético hasta que Napoleón Bonaparte, a principios de 1800, invade la península y lo obliga a abdicar en virtud de las Capitulaciones de Bayona. Se cierra así el siglo de la Ilustración para abrirse el de las guerras, con la inminente Guerra de la Independencia contra los gabachos que los amotinados de Aranjuez y el levantamiento del 2 de mayo de Madrid habrían de propiciar.

Tras dos siglos de una Constitución que las Cortes aprobarían en el Obradoiro de San Felipe Neri de Cádiz un día de San José de 1812 -lo que dio lugar a que se la conociera desde entonces como La Pepa-, habría que valorar lo que supuso aquel texto para la historia constitucional de España y la gran transformación política y social que generó en nuestro país, con los pasos hacia adelante y atrás que todo cambio conlleva.

El país se hallaba dividido por la guerra y con partidarios afrancesados y patriotas que pugnaban entre el Estatuto otorgado en Bayona por el invasor o la recuperación de la integridad nacional bajo una nueva Constitución.

Patriotas (liberales) y serviles (absolutistas), unidos ambos por su oposición a Napoleón I, acuerdan finalmente una monarquía constitucional que, en realidad, supone la ruptura con el Viejo Régimen, en la que la soberanía recae en la nación en detrimento del rey, se suprimen los diezmos, la Inquisición queda abolida, se implanta la separación de poderes y se reconoce la libertad de expresión, entre otros principios.

Dos años duró el Nuevo Régimen constitucionalista hasta que, empujado por la sangría bélica, Napoléon negocia con Fernando VII una solución que le devuelve la corona en 1814. Al regresar a España, el rey deroga la Constitución y se parapeta en un nuevo absolutismo con el que intenta silenciar toda discrepancia en su reinado.

Los acontecimientos se precipitan a velocidad de vértigo en unos años que conocerán hasta cinco constituciones distintas. La misma Constitución de 1812 recuperaría su vigencia en dos periodos más: en 1820-23 (Trienio liberal) y en 1836-37.

No teniendo hijos varones, Fernando VII nombra heredera al trono a su hija Isabel II, para lo cual deroga la Ley Sálica. Se repite, una vez más, un problema sucesorio que determina el acontecer histórico del país.

Los partidarios de Carlos María de Isidro, hermano del rey, se enfrentan con los de Isabel y desatan las guerras carlistas en España. Muerto el rey y siendo menor de edad Isabel, las riendas del reino quedan en manos de la regente María Cristina, quien busca apoyos en la burguesía liberal para defender su gobierno.

Es una época convulsa en la que el liberalismo se escinde en dos ramas, moderados y progresistas, que responden a la división interna de la propia burguesía. No obstante, el moderantismo conservaría el poder durante la mayor parte del reinado de Isabel II, hasta que, forzada al exilio, España se sume en una dinámica de inestabilidad en la que se producirán revoluciones, golpes de estado, la fugaz dinastía de Saboya -el rey importado de Italia-, la proclamación de la I República, el reinado de Alfonso XIII, la II República, la Guerra Civil, la dictadura de Franco y el actual momento de esplendor democrático que, bajo una monarquía constitucional, se disfruta en el país.

Quiere decirse que, en una imagen apresurada, la noria de la historia ha girado frenéticamente hasta encontrar el equilibrio de paz y prosperidad en otro ensayo de monarquía constitucional como aquel que la Constitución quiso establecer en 1812.

Es por ello que, si La Pepa hunde sus raíces en el despotismo ilustrado del siglo XVIII, nuestra mayoría de edad como ciudadanos depositarios de la soberanía nacional es deudora directa del texto constitucional que se promulgó en Cádiz hace hoy doscientos años.

Nuestra arquitectura legal se cimenta en los principios recogidos en aquella Constitución que, a pesar de su breve y fragmentada vigencia, esparció unas semillas de libertad que hoy florecen con vigor en el solar patrio.

Cuando, al parecer, volvemos hoy a enfrentar libertad con orden, derechos a seguridad, bienestar a miedo, sería bueno no olvidar lo que nos relata la historia y valorar cuánto se ha hecho, y por cuántos, para que dispongamos de una Constitución que nos reconoce derechos inviolables, cuya protección y salvaguardia obliga a todos los poderes públicos del Estado. El ejercicio de la memoria sería el mejor homenaje que podríamos hacer en este bicentenario de La Pepa.

DANIEL GUERRERO

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Lo que entiende la gente

Desde antes de acceder al poder, el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, venía asegurando estar convencido de que la gente entiende las duras medidas que habrá de adoptar para combatir la situación de grave crisis económica que padece el país. Y para que la gente lo entienda perfectamente, no se ha cansado de advertir que los problemas a los que tiene que hacer frente son de mayor entidad a lo imaginado e, incluso, a lo declarado por el Gobierno anterior, al que acusa de dejar una "herencia envenenada".



Ahora, metido de lleno en la campaña por las elecciones autonómicas en Andalucía y Asturias de finales de mes, el presidente Rajoy continúa explicando -para que la gente vaya preparándose-, que deberá seguir “tomando medidas” impopulares, muy a su pesar, que no producirán los efectos deseados de forma inmediata, pero que son producto de la sensatez y el sentido común, cuando lo que se persigue es la creación empleo y el aumento del bienestar de los ciudadanos. Y lo dice con cara de estar plenamente convencido, cada vez que un micrófono o una cámara de televisión le dan la oportunidad, de que la gente así lo entiende.

Y la gente parece que entiende que las cosas pintan mal porque le presentan un panorama aterrador donde el miedo es la única sensación predominante. Se propaga el miedo a perder el trabajo, miedo a perder poder adquisitivo, miedo a sufrir una merma en los derechos sociales, miedo a padecer un recorte de las libertades, miedo a no disponer de una sanidad pública eficaz, miedo a reclamar cualquier prestación todavía no suprimida, miedo, en definitiva, a ejercer como ciudadano de Estado del Bienestar que debe garantizarle beneficios y servicios.

Todo ello, según el Gobierno del Partido Popular, está en cuestión por las medidas que deban ser necesarias adoptar a causa de la magnitud de una crisis económica que cada vez se presenta con peores augurios.

Sin embargo, las urgentes medidas imprescindibles pueden aguardar a la celebración de las elecciones andaluzas, pues lo prioritario es asegurarse el control del último territorio no sometido al poder de los conservadores. Ello permite seguir con la táctica del miedo que paraliza toda reacción e impide cualquier cuestionamiento crítico.

Así se consigue que la gente entienda que, para crear empleo, haya que abaratar el despido y socavar cualquier contrapoder de los empleados frente a los empresarios. Por eso la gente entiende que la Ley del Aborto deba retroceder a los tiempos en que era un delito, no un derecho de la mujer, con una urgencia que, sin embargo, no se procura con el matrimonio homosexual u otras leyes igualmente recurridas por el PP.

La gente entiende que se proceda al desmantelamiento de Televisión Española, cuyos informativos eran considerados los más creíbles y profesionales de cuantos se podían ver en los medios, pero que fueron frecuentemente discutidos por el partido gobernante, cuyo ideario proclama una liberalización de cualquier servicio público, empezando por el audiovisual.

Con miedo, la gente entiende que haya que apretarse hasta la asfixia el cinturón en educación, sanidad, cultura, dependencia, becas, guarderías... pero que las partidas destinadas al Ejército y a la Iglesia se mantengan intactas por sentido común y sensatez con las más hondas tradiciones “estamentales” de la sociedad española.

Un miedo que se convertirá en pánico una vez se celebren las elecciones que aconsejan no hacer públicas las severas medidas que aún están pendientes de aplicar sobre una gente que todo lo entiende. Y si no lo entiende, los banqueros, las grandes fortunas y los políticos correrán a explicárselo con el sentido común y la sensatez que reclama una economía de mercado; un mercado que ellos manejan con hilos invisibles al común de los mortales.

Mientras tanto, cual conejos, nos mantendremos paralizados ante el miedo que nos provoca un horizonte tan oscuro donde solo brilla una amenaza metálica y fría. Y me pregunto: ¿nos dará tiempo a correr antes de escuchar el tiro con el que se pretende salvarnos?

DANIEL GUERRERO

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Día Internacional de la Mujer

El Día Internacional de la Mujer, que conmemoramos ayer, me resulta agridulce: es de esas efemérides que ni dan pie para la alegría ni para la tristeza, porque por un lado denuncian la situación que aún padecen las mujeres incluso en sociedades presuntamente tan avanzadas en igualdad como la nuestra, y por otro son proclamas ineficaces para la remoción de hábitos y condiciones sociales que, lejos de estrechar, agrandan la brecha de la discriminación existente con esa mitad de la población, que son las mujeres, por el solo hecho del sexo.



Este día me interpela sobre unos estereotipos que todavía me hacen considerar a la mujer más como una ayuda que como compañera, puesto que solo desde una actitud intelectual y adquirida, poco innata, soy proclive a compartir unas tareas domésticas que me cuesta asumir como propias.

En tal sentido, soy capaz de defender vehementemente la justicia de un idéntico salario para el hombre y la mujer cuando desempeñan un mismo trabajo; lo natural de acceder a puestos de responsabilidad en función solo de la valía profesional, sin importar el sexo; e incluso la necesidad de facilitar desde las instituciones la compatibilidad entre hogar y trabajo para que la mujer pueda integrarse en el mundo laboral sin sacrificar su vida familiar.

También estoy convencido de que no existen barreras para que la mujer aspire a cualquier puesto al que esté capacitada, sin distinción una vez más del sexo. Pienso que, aunque es cierto que las mujeres encuentran ocupación en actividades otrora reservadas al hombre, como policías, bomberos, albañiles, conductores públicos, celadoras, soldados, etc., todavía deben hacer valer sus derechos frente a suspicacias y actitudes que minusvaloran su condición femenina, venciendo unos impedimentos que no se ponen a sus compañeros varones.

Aún existen techos de cristal que impiden a la mujer alcanzar la igualdad real en todos los campos profesionales que siguen oponiendo resistencia a la presencia femenina, generalmente ubicados en las esferas del poder y la alta dirección, como las finanzas, las grandes empresas, la universidad, el periodismo y demás entes mediáticos, incluso la política, a pesar de sus cuotas y candidaturas cremalleras. No hay más que constatar el número de mujeres que integran los consejos de dirección y órganos ejecutivos de estos sectores para comprobarlo. Resultará sorprendente.

Pero el Día de la Mujer, aunque parece apropiado para exhortar grandes principios de igualdad con los que todos estamos de acuerdo, es sobre todo necesario para realizar una reflexión sincera acerca de esas pequeñas parcelas donde la discriminación aún impera sobre la mujer y que dependen de la actitud individual de cada uno de nosotros.

Se trata de aquellos comportamientos que consideran “normal” que la mujer sea, cuando convive en pareja, la que soporte la mayoría de las tareas domésticas, aunque no realice un trabajo remunerado por cuenta ajena; que se encargue de los asuntos escolares de los hijos; que deba mostrarse “atractiva” cuando atiende al público; que asuma como “normal” correr a cuidar a los ascendientes enfermos porque los varones no pueden dejar de trabajar.

Actitudes que entienden "lógico" que la mujer delegue en su compañero cualquier decisión, sobre todo si es banal, que incumba a ambos; que se responsabilice de la provisión de alimentos de la casa; y que padezca tantos detalles insignificantes que infravaloran su condición humana, como chascarrillos, insinuaciones, piropos, el poco cuidado en el uso de un lenguaje que refleja el machismo de la sociedad y la falta de sensibilidad de sus parejas cuando no se esfuerzan en modificar relaciones que perpetúan una discriminación a estas alturas inconcebible e injusta.

Si los más cercanos (padres, maridos, hijos, hermanos y amigos) somos incapaces de combatir esa falta de igualdad y equidad que supone la discriminación por razón del sexo con unas mujeres a las que nos unen afectos y sentimientos, ¿cómo ha de extrañarnos la existencia de un Día Internacional de la Mujer?

No es un día para reflexionar sobre ellas, sino con ellas para eliminar los tics que aún arrastramos de un machismo antropológico. Cuesta trabajo, lo reconozco. Por eso deploro con remordimiento no aplicarme lo suficiente para despojarme de ellos no solo un día, sino los 365 días del año.

DANIEL GUERRERO

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Una tertulia ajena a la crisis

En tiempos de un materialismo tan vulnerable a cualquier crisis que suponga inanición especulativa y pecuniaria, resulta sorprendente que perduren quienes solo satisfacen apetitos espirituales o de enriquecimiento cultural. Por ello es digno de elogio que, justo cuando se pronostican “dietas” económicas y “adelgazamientos” en todo lo que no sea negocio privado, un pequeño grupo consiga permanecer fiel a su ideario literario y artístico y, sin ánimo de lucro, acabe de publicar, hace una semana, su poemario número 73 dedicado a la ciudad de Mérida.



Entre esta última edición y la primera que vio la luz en medio de los barriles de una taberna del Aljarafe sevillano, ha transcurrido la friolera de 25 años. Un acontecimiento que bien merece una reseña, aunque solo sea porque nos recuerda que existe vida más allá de los Camps, Urdargarin y demás mafias que acaparan los titulares de los periódicos.

La tertulia sevillana Cuadernos de Roldán está formada por poetas, pintores y un variable número de seguidores que ni escriben ni pintan, pero leen y admiran la producción de los primeros a través de las publicaciones que edita periódicamente la asociación.

Todos se denominan a si mismos “inquilinos” de Cuadernos y abonan una escuálida cuota trimestral con la que financian sus actividades. Excepto en verano y fiestas de guardar (Semana Santa, Navidad y Feria, naturalmente), cualquiera puede asistir a las reuniones que todos los martes celebran en el Bar Dueñas (frente al palacio de la Duquesa de Alba, desgraciadamente) donde, entre vinos, tapas y amistad, deciden proyectos y temáticas de próximas iniciativas.

Cuadernos de Roldán nació de las aficiones de un pequeño grupo de amigos por la poesía, aglutinados en torno al desaparecido Rafael Becerra, profesor de Filosofía afincado en Sevilla y natural de Arriate (Málaga).

Pronto se añadió la pintura como “lenguaje” que comparte con la lírica las claves de la belleza, y lo que empezó siendo un entretenimiento elaborado con mimo y rigor, acabó atrayendo a cuantos iban conociendo de su existencia, sin más “marketing” que el boca-oreja, de lo que están orgullosos.

De esta manera, no es sorprendente que entre sus “inquilinos” se hallen maestros, médicos, administrativos, políticos, jueces, escritores, amas de casa, abogados, enfermeros, músicos, pintores y hasta un conde de noble abolengo cordobés. Incluso el llorado José Saramago llegó a colaborar en diversas ocasiones en Cuadernos de Roldán, una de las tertulias más longevas que existen en activo hoy día en España.

Mérida es el último poemario editado por la asociación y hasta esa ciudad extremeña se desplazaron en autobús los que no suelen perderse la presentación de cada libro, con la lectura de poemas por parte de sus autores y las explicaciones de los cuadros por los pintores.

Cada año se editan dos libros de poemas, además un zaquizamí (libro en miniatura que condensa versos como gotas sublimes de arte: “La vida no es una improvisación, sino el vértigo de una noche de estreno” –Isabel González-) y un Almanaque compuesto, como no podría ser de otra manera, de poemas y pinturas.

En plena crisis y cuando hasta familiares del Rey han de pasar por los tribunales porque confunden la dignidad con la avaricia, bueno es que existan espacios pequeños donde predomina la camaradería por la cultura y el respeto al arte por encima de cualquier condición, que es lo que se descubre en Cuadernos de Roldán. Quedan invitados.

DANIEL GUERRERO

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Despilfarro y austeridad

Las palabras son las primeras víctimas de la lid política, pues se utilizan como “armas de destrucción masiva” con las que se consigue inocular determinados mensajes que, cuando surten efecto, calan en la opinión pública. No es que sea algo nuevo, pero siempre es un manoseo descarado que se hace con el lenguaje para condicionar una determinada interpretación en quienes pretenden informarse de lo que sucede.



Con ocasión de la guerra de Irak, la Administración de George W. Bush llevó a cabo un concienzudo trabajo de “acondicionamiento” de la población para que no se opusiera a la invasión del país árabe y apoyara la guerra, profusamente descrita como "defensa de la libertad y la democracia" -aunque se violara la legislación internacional para emprenderla y se torturara en nombre de los Derechos Humanos- y de inevitable enfrentamiento contra las “fuerzas del mal”, encarnadas en aquel momento por un Saddam Hussein, que acabaría siendo ahorcado.

Al respecto, existe un muy interesante libro de Irene Lozano, periodista, escritora y lingüísta, titulado El saqueo de la imaginación, que disecciona el sutil trabajo de manipulación que entonces se realizó con el lenguaje por parte de los impulsores del conflicto bélico, nuestro presidente José María Aznar incluido, precisamente el único que no ha sido imputado por las mentiras de la guerra, aunque posteriormente perdiera el Gobierno por las mentiras proferidas sobre los atentados islamistas de Atocha.

En la actualidad, el lenguaje continúa siendo campo fundamental de batalla en la diatriba política, en la que, al igual que ayer, se retuerce el sentido de ciertas palabras clave con el propósito deliberado de extender una precisa interpretación.

Antes que argumentos racionales, se apela a la emoción (los mensajes emocionales muestran, no explican) para modificar la percepción de los ciudadanos de la realidad. Es una utilización del vocabulario no con afán de precisión, sino de despertar reacciones concretas, como descubriera Wittgenstein: “Pronunciar una palabra es como tocar una tecla en el piano de la imaginación”.

Al Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero se le acusó constantemente de “despilfarro” por las políticas sociales con que intentaba que los estragos de una crisis económica mundial no recayeran sobre los sectores más débiles de la sociedad.

Tan eficaz fue la acuñación de “despilfarro” como acusación que hasta los propios beneficiarios de aquellas medidas dieron la espalda al Ejecutivo que las impulsaba, asumiendo el significado negativo deseado y, por ende, convencidos de que era, en gran medida, una de las causas de los problemas financieros que sufría España y Europa.

Cuando quiso rectificar, plegándose a los dictados de unos banqueros interesados en el cobro de la deuda por mandato constitucional que por la garantía de servicios de un Estado del bienestar, fue demasiado tarde. Ya el término había hecho fortuna y ninguna consideración moral, política o social podía amortiguar el resultado en pérdida de confianza que había instalado en la percepción de los ciudadanos sobre la culpabilidad del Gobierno.

"Despilfarro", "improvisación" y demás adjetivos similares se emplearon para socavar la acción del Gobierno frente a una crisis que golpeaba indiscriminadamente a países de variado color. Se jugó incluso con cierta deslealtad al negar el apoyo desde la oposición a las imprescindibles medidas que venían impuestas desde instancias comunitarias tendentes a lograr la confianza de los mercados, que especulaban con la deuda soberana.

El objetivo consistía en derrocar al Gobierno, no combatir la crisis, y cualquier medio que lo facilitara era factible, en especial las palabras. Gracias a esa “artillería” del lenguaje se consiguió abrir una brecha decisiva en la solidez de la opción política gobernante.

Pero el cambio de Gobierno no solucionó por arte de magia, como se esperaba, el problema económico y, para evitar rechazos, se comienza a utilizar machaconamente el término “austeridad” y sus relacionados “ajuste”, “control del gasto” y otros para ocultar lo que en realidad son recortes y despojo de derechos.

Como ningún propósito del poder nunca es inocuo, se recurre otra vez a destacar el valor de las palabras por la frecuencia de su uso, lo que nos obliga a sospechar de la profusión de vocablos, entre otras cosas porque, aunque una mentira mil veces repetida pueda convertirse en verdad “oficial”, no deja de ser mentira.

En realidad, la “austeridad”, el “sentido común” y “como Dios manda” nos ocultan una política que nos está retrotrayendo al Antiguo Régimen, al favorecer un estamento, el económico, cuya supremacía se intenta mantener intacta.

Gracias a las palabras nos inoculan miedo, nos restringen derechos, nos empobrecen, nos endurecen condiciones laborales y salariales y, en definitiva, se practica una revolución reaccionaria envuelta en conceptos nobles y aceptados socialmente.

Se articula un lenguaje que no atiende a la realidad, sino que designa a una realidad desvirtuada. Así es como la palabra "austeridad" esconde una reforma laboral que persigue una fuerza del trabajo de usar y tirar, como si tener un “curro” estable y dignamente remunerado fuera un “despilfarro”.

Y, por supuesto, se aplica en una sola dirección, no hacia la fuerza del capital, para evitar que se sientan concernidos por ella los directivos de empresas, los banqueros y los políticos, cuyos “blindajes” por cese son astronómicamente superiores a cualquier indemnización de un asalariado despedido.

Una desproporción tan injusta que, para que no se cuestione ni se perciba, ha de describirse como los “ajustes” y la “austeridad” que demanda el mercado, y no lo que es en verdad: una estafa a escala planetaria perpetrada por la elite financiera, que se dedica a saquear las cuentas públicas.

"Despilfarro", "austeridad" y tantas otras son instrumentos semánticos que han posibilitado la mudanza de la confianza de la población de un partido hacia otro. Ninguno de ellos ha utilizado el lenguaje en función de su significado, sino por intereses políticos, pues sirven para realizar una propaganda indetectable por los ciudadanos.

En realidad, ambos están interesados en que el sistema capitalista se perciba como necesario, el resultado inevitable del desarrollo de los modos de producción, y no se opte por otro modo de vida.

Ahí entra en juego el manoseo de las palabras, aunque esa manipulación sea sumamente peligrosa, como advierte Irene Lozano: “Las crisis financieras o políticas son noticia; la crisis del vocabulario, no. En muchos casos, ni tan siquiera es percibida: seguimos hablando en el vacío, mientras creemos entendernos, y las palabras nos hurtan la realidad en lugar de restituirle el sentido”.

Me temo ser pesimista, pero debiéramos plantearnos responder a esta pregunta: ¿Sabemos de verdad qué significan "despilfarro" y "austeridad"?

DANIEL GUERRERO

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Sin complejos

Esa era la actitud que siempre demandaba Mariano Rajoy al Gobierno socialista desde el Parlamento: hacer lo que debía de hacer sin complejos y como dios (en minúscula, por favor) manda. Dejarse de improvisaciones y de medias tintas que luego llevan a rectificar. Y no ha tardado mucho en hacer demostración de su “sin complejos” desde que el 20 de noviembre consiguiera acaparar un poder omnímodo en una España atemorizada y desorientada ante los negros presagios sobre su futuro. El miedo, dicen, no es buen consejero.



El Partido Popular gobierna en todas las Administraciones y dispone de todos los resortes institucionales para aplicar la política que tanto exigía al indeciso Zapatero, a quien había logrado presentar como el causante de los males que asolaban al país.

Aún ahora se utiliza el mantra de la herencia recibida para justificar las iniciativas que no consiguen resolver los problemas con la celeridad anunciada, cuando se prometía que un simple cambio de Gobierno extendería la confianza que aplacaría a los mercados.

En poco más de dos meses, el Gobierno conservador de los populares ha impuesto, sin complejos, las medidas más retrógadas que se recuerdan en democracia, con sus reformas laboral, financiera y judicial, que nos sitúan en épocas anteriores a la Transición, tal vez con el deliberado propósito de desmontar el entramado de derechos del que la sociedad se había dotado.

Sólo la Iglesia recupera, si es que acaso había disminuido, su influencia y su capacidad para imponer un modelo social, en relación con la familia, las costumbres y las libertades, que nos retrotrae a los tiempos preconstitucionales, en complicidad con el Gobierno que recuerda aquella alianza con los absolutismos más estériles que hicieron de España martillo de herejes.

En la actualidad, y sin ningún tipo de complejos, el neoliberalismo de Mariano Rajoy decide para combatir la crisis y las enormes cifras del paro una política laboral que abarata extraordinariamente el despido, posibilita discrecionalmente a los empresarios a rebajar los salarios sin necesidad de acuerdo entre las partes, no exige el permiso a la autoridad para los ERE (despidos colectivos a través de Expedientes de Regulación) y socava los convenios sectoriales como marco para la fijación de salarios.

Sin rubor y sin complejos, se legisla una reforma financiera que sanea al sector con dinero público prácticamente sin condiciones, salvo una tímida reducción de las desorbitadas retribuciones que se autoconcedían banqueros de entidades en ruina, pero con cláusulas de blindaje que se pagaban con el dinero del rescate.

Como dios manda y sin complejos, se hace una reforma de la Justicia que restringe la justicia gratuita, se da un paso atrás en la Ley del Aborto, se implanta la cadena perpetua revisable y se decide una reforma del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial que, a juicio de Gregorio Peces-Barba, uno de los padres de la Constitución, solo satisface a los más reaccionarios del Partido Popular.

Pero, por si hubiera alguna duda de la voluntad desacomplejada con que está dispuesto actuar este Gobierno, baste contemplar la dureza policial a la hora de reprimir las primeras manifestaciones, aunque sean de chavales de Bachillerato, que tales reformas comienzan a generar en la sociedad civil.

Para la policía, los estudiantes son “el enemigo” al que hay que reprimir con contundencia. Los trabajadores, desde esa óptica de los reformistas, también serán “el enemigo” al que habría que aplacar con el empobrecimiento y el empeoramiento de sus condiciones laborales; todo el sector público sería “el enemigo” que habría que reducir y despedir a pesar de que hace viable la prestación de servicios esenciales a la comunidad; las mujeres son “el enemigo”, proclive a la relajación de costumbres y la amoralidad, al que habría que restringir el derecho al aborto y las políticas de igualdad.

En fin, para un PP sin complejos, todos los que rechazan sus medidas se convierten en peligrosos enemigos que erosionan la estabilidad de su Gobierno. De ahí la contundencia de las medidas correctoras, los ajustes y las reformas. Hay que aplicarlas antes que pierdan el miedo y retiren la confianza. Sin complejos.

DANIEL GUERRERO

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Quo vadis, PSOE?

Cuanto más se distancia en el tiempo el esperpéntico congreso de los socialistas españoles, mayor es la sensación de que su celebración no ha servido para nada. O que, en todo caso, ha servido para perjudicar el relanzamiento de un partido otrora imprescindible, pero que hoy navega al pairo, de derrota en derrota, por todas las elecciones que, desde la crisis para acá, se han convocado en España.



Del cónclave sevillano, aparte de los navajazos apenas disimulados entre facciones, no han surgido líderes ni ideas que encandilen a una población ansiosa por vislumbrar el rumbo hacia un futuro inmediato donde las políticas de izquierdas vuelvan a ser hitos de progreso.

La sensación resultante es que, de no producirse un milagro -encarnado en personas y proyectos ilusionantes-, el histórico Partido Socialista Obrero Español (PSOE) parece abocado a ser cada vez más irrelevante, con tendencia a fragmentarse en formaciones testimoniales (Rosa Díez, verbigracia) que disputarán su espacio de centro-izquierda.

Ese es el enorme peligro que no conjuran quienes se han mostrado incapaces de asumir, en primer lugar, la responsabilidad de plantar cara, con medidas viables y no frases publicitarias, a los graves problemas que han sumido a España en una parálisis letal de la actividad económica, ocasionando más de cinco millones de parados y el anuncio de “ajustes” que aumentarán esa cifra; y en segundo lugar, de configurar -necesidad instrumental pero perentoria- una sólida alternativa en disposición de reemplazar y responder a los más que probables errores o insuficiencias, dado el sesgo ideológico, de la acción de Gobierno.

El PSOE ha desperdiciado energías en unas elecciones primarias que, en vez de visualizar las potencialidades existentes en su seno, ha aireado las rencillas internas y la confrontación insustancial sobre la juventud y la veteranía de los candidatos o las simpatías y adhesiones que despiertan en los “referentes” del partido.

Un debate tan insulso que, hasta en la votación, el mayor interés informativo residía en el grado de acierto de los pronósticos que aventuraban los apoyos de uno y otro contendiente y su reflejo en el voto de los delegados.

De hecho, lo único que han demostrado estas primarias es que, contra lo creído, ni Cataluña ni Andalucía son suficientes, a pesar de su peso, para garantizar ningún resultado “a priori”, puesto que en ambas federaciones el voto tampoco es homogéneo y sirve más bien para ajustar cuentas con los secretarios provinciales.

Pero, más allá de una desvaída demostración de democracia interna, las primarias del PSOE han revelado la fractura generacional existente en el liderazgo de un partido centenario, con serias dificultades para la “natural” regeneración de sus ”monstruos” sagrados, y lo que es más grave, un preocupante agotamiento de ideas y proyectos adecuados a una realidad distinta de la fundacional de la socialdemocracia, propuestas y programas con los que enfrentarse a unas dificultades y problemas inéditos, inabordables con las recetas de antaño.

La crisis económica ha demostrado la necesidad de soluciones más ambiciosas que la simple defensa de un Estado del Bienestar que se instauró tras la Segunda Guerra Mundial. Y aunque hay poderosísimas fuerzas empeñadas en el desmantelamiento de ese modelo de sociedad por otro basado en el liberalismo económico y social, el descrédito del PSOE no es atribuible en su totalidad a la crisis, sino a las medidas adoptadas por un socialismo que se comportó como lo haría la derecha: derogando derechos y aceptando las condiciones impuestas por el mercado, justo lo contrario a su esencia ideológica, movido por la ausencia de un recetario modernizado con el que hacer frente a los retos de un mundo globalizado.

Esa aridez de recursos es lo que lleva a preferir a la vieja guardia del partido frente a las aventuras en el liderazgo y el rescate, aunque aconsejables, de vetustas aspiraciones de laicidad radical del Estado en sus relaciones con la Iglesia (denuncia del Concordato) a las que, cuando pudieron, no satisficieron. Es como, si a estas alturas, reclamaran el republicanismo de la Jefatura del Estado después de estar gobernando durante décadas una monarquía que nunca cuestionaron.

Anclado en el pasado, el socialismo español, como el socialismo en general, pierde atractivo salvo entre los canosos fieles a las siglas, alejándose cada vez más de una juventud que sigue mostrando su disconformidad por calles y plazas ante las injusticias que observa en el presente y la negrura del futuro; unas mujeres que lo de “género” les resulta a veces una disquisición semántica pues siguen sufriendo la supremacía masculina en casi cualquier aspecto de la vida; y unos trabajadores que, en vez de verse protegidos por quienes dicen velar por los desfavorecidos, son traicionados con las actuaciones gubernamentales que aplican lo que dictan el capital y el mercado.

La desconfianza que ha provocado la desafección de millones de votantes es lo que ha llevado al PSOE a la oposición y ha aupado al Partido Popular, sin exponer ningún merecimiento, al poder. Y no la crisis... únicamente.

De todo ello se podría haber debatido durante el último congreso socialista para alertar de la aparición de una sociedad “eviscerada”, en la que -como advierte Tony Judt-, la prestación de cualquier servicio lo “suministra” un intermediario privado.

Pero no. Se ha optado por hacerle el juego a la derecha y alimentar el miedo y la inseguridad, cuyos resultados ya padecemos con la pérdida de libertades (y servicios públicos) en aras de una “seguridad” que Rajoy se apresura a garantizar con sus famosas reformas estructurales. Y en eso estamos.

DANIEL GUERRERO

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