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9 de marzo de 2017

  • 9.3.17
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba acordó posponer ayer la celebración de un juicio por presuntos abusos sexuales a una menor de 12 años que residía en Montilla. La incomparecencia de la víctima –que actualmente cuenta con 17 años– y de sus padres –encartados en el procedimiento– llevó a los magistrados a fijar para el próximo mes de junio la primera vista oral de esta causa.



Tal y como avanzó ayer Europa Press, el Ministerio Público solicita una pena de diez años de cárcel para un joven de 27 años por un presunto delito de abuso sexual cometido sobre una menor que, en el momento en el que tuvieron lugar los hechos, en el año 2011, tenía 12 años.

De igual modo, la Fiscalía solicita sendas penas de ocho años y tres meses de cárcel para los padres de la víctima como presuntos cooperadores necesarios en el delito, tras haber consentido las relaciones sexuales de su hija, tal y como sostiene el escrito de calificación, adelantado ayer en primicia por Europa Press.

Según este documento, el joven ahora acusado, que se encuentra en libertad con cargos, inició en marzo de 2011, cuando tenía 21 años, una relación de noviazgo con la niña, que contaba 12 años y que residía junto a sus padres y hermanos en Montilla.

El Ministerio Público sostiene que en junio de 2011, el joven y la menor se desplazaron con unos amigos a Madrid, donde mantuvieron relaciones sexuales consentidas por la niña en la vivienda familiar de uno de los amigos de la pareja. Unos días después, los padres de la chica, "conociendo la existencia de dichas relaciones", propusieron a ambos que regresaran a Montilla y continuaran con su relación de pareja en el domicilio familiar.

Según el escrito de calificación del fiscal, que recoge Europa Press, el joven y la niña aceptaron la propuesta y regresaron a Montilla, donde los progenitores habilitaron un dormitorio en el que instalaron una cama de matrimonio. Pasados unos días, y con el consentimiento de los padres, la pareja contrajo matrimonio por un rito rumano, invitando a la celebración a familiares y amigos de la pareja.

A partir del enlace, el matrimonio estableció su residencia en una vivienda situada a las afueras de la localidad hasta que técnicos de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Montilla pusieron la situación en conocimiento del Ministerio Público, que en agosto de 2011 decidió denunciar al joven marido y a sus suegros al amparo del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y del Código Penal.

Mientras que la Fiscalía solicita también para los padres de la niña la inhabilitación para la patria potestad hasta que alcance la mayoría de edad, la defensa de los padres ha subrayado que "no hay pruebas" para fundamentar la acusación contra sus clientes.

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN


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