La Agencia Tributaria investigará más de 300 denuncias contra la economía sumergida

La Agencia Tributaria se ha comprometido a investigar más de 300 denuncias contra trabajadores presuntamente irregulares y contra actividades laborales instaladas en el fraude fiscal que, la próxima semana, pondrá a su disposición la Plataforma Contra la Economía Sumergida en Andalucía. Así lo anunció el colectivo tras la reunión mantenida entre el organismo fiscalizador y dos representantes de dicha Plataforma, José Manuel Muñiz y Gerardo Parejo.



"Las 300 denuncias que la Plataforma Contra la Economía Sumergida hará llegar a la Agencia Tributaria es fruto de un estudio de sus miembros de los anuncios de trozos de papel pegados en farolas, esquinas, paneles de información, señales de tráfico y otros lugares públicos, cuyos resultados se harán públicos el mismo mes de junio", señaló la Plataforma en un comunicado, para añadir que el colectivo trata de "probar que la inmensa mayoría de la gente que hay detrás de los teléfonos que se exhiben son trabajadores irregulares instalados en el fraude fiscal".

Por su parte, la Agencia Tributaria se ha comprometido a incorporar a su base de datos información agregada desde la Plataforma Contra la Economía Sumergida en Andalucía para, de esta forma, facilitar la labor a los cuerpos de inspección.

Según la Agencia Tributaria, "ha aumentado el volumen de información sobre la economía sumergida al incorporar la que poseen tanto ayuntamientos como la Junta de Andalucía", de ahí que haya pedido "mayor colaboración" de las Administraciones locales y autonómicas para combatir el fraude fiscal.

Según Jorge Ramírez, delegado ejecutivo de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla, "el año pasado, la Agencia Tributaria recaudó, fruto de la investigación de trabajos al margen de la ley y de trabajadores irregulares, 10.400 millones de euros en España".

Para los representantes de la Plataforma, esta cifra es “positiva pero insuficiente, dado que hoy por hoy, con la crisis apretando, por muy poco que se investigue aflora el fraude". A juicio de José Manuel Muñiz, "el problema es el menudeo".

De igual manera, la Plataforma ha pedido reiteradamente conocer qué ocurre con las denuncias que presentan sus asociados contra trabajadores irregulares. El organismo ha manifestado que no puede facilitar, por imposición legal, datos ni de la resolución de las sanciones ni de la identidad de los infractores.

'Mapa de la economía sumergida en Andalucía'

Por otro lado, la Plataforma Contra la Economía Sumergida en Andalucía ha pedido a la Agencia Tributaria ayuda para la creación de un Mapa de la economía sumergida en Andalucía para detectar y actuar sobre los focos de concentración más importantes del trabajo irregular en la comunidad autónoma.

De igual manera, han solicitado además a la Agencia Tributaria en Andalucía que "inspeccione por igual tanto a empresas legales como a trabajadores irregulares" y que amplíe el espectro de la inspección y "no se ciña solamente al apartado fiscal".

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La Junta recuperará contenidos de Educación para la Ciudadanía retirados por el Gobierno

Andalucía recuperará los contenidos de Educación para la Ciudadanía que ha decidido eliminar el Gobierno central, al considerar que "la exclusión de aspectos como el valor de lo público, la conciencia fiscal, la igualdad de género o las libertades individuales alejan la asignatura de la Constitución", según sostuvo la consejera de Educación, Mar Moreno, quien subrayó la voluntad de la Junta de "acercar la materia a los valores constitucionales".


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Tras participar en Madrid en la Conferencia Sectorial de Educación, Moreno explicó que el Gobierno andaluz empleará el "margen legal" que le permite configurar el 35 por ciento del curriculum de la asignatura para incluir de nuevo el contenido eliminado. Para ello, Andalucía consultará a especialistas y a instituciones que centran su trabajo en derechos constitucionales y civiles.

Durante el encuentro, la consejera, que ofreció diálogo al ministro José Ignacio Wert, también expresó su preocupación por la previsión española de reducir un punto del PIB en relación al gasto público en educación, porque "esto supone un retroceso a las cuentas de hace 30 años". Andalucía ha pedido al ministro que "no deje caer al vacío presupuestario a la educación pública".

Entre otros aspectos, en la reunión también se analizó la nueva regulación de las becas. En este sentido, Moreno expresó su "rechazo" a las modificaciones planteadas por el Gobierno, porque "van a expulsar del sistema a miles de jóvenes. "Andalucía es partidaria de la cultura del esfuerzo pero no de la cultura de las élites", afirmó la consejera.

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Rosa Lucía Polonio reclama al Gobierno que rectifique la impugnación de las oposiciones

La senadora por la Comunidad Autónoma de Andalucía, Rosa Lucía Polonio, reclamó ayer al Gobierno, durante una comparecencia ante el Pleno de la Cámara Alta, una "rectificación" de la decisión hecha pública el pasado mes de abril de impugnar las oposiciones docentes convocadas por la Consejería de Educación de la Junta para cubrir 2.389 plazas de especialidades de Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial.



En su última intervención como senadora por la Comunidad Autónoma de Andalucía, Rosa Lucía Polonio denunció ante el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que "todas las actuaciones del Ejecutivo en relación a las oposiciones no son más que continuos despropósitos que vienen a sumarse a otros muchos, no solo en materia de educación, sino también en sanidad o en empleo, con la catastrófica reforma laboral que afecta a los trabajadores y en política económica".

A juicio de la senadora montillana –que ayer asistió a su último Pleno en la Cámara Alta-, los anuncios que el Gobierno del PP vienen realizando en las últimas semanas "nos hacen comprobar día a día que sus verdaderas intenciones son el desmantelamiento progresivo del sistema educativo, sanitario y laboral que hasta ahora conocemos, con la consiguiente perdida de derechos de los ciudadanos y el empeoramiento de la calidad en los servicios".

"El Gobierno señala que sus criterios, a la hora de realizar los ajustes, son económicos, pero la realidad es que los lleva a cabo en contra de la ciudadanía y faltando al respeto a otras administraciones, como la andaluza, que también representa legítimamente a los ciudadanos", denunció la aforada montillana.

"Poco le ha importado al Gobierno los más de 33.000 opositores que en Andalucía llevaban meses de trabajo, de esfuerzo personal y económico, preparando sus oposiciones y a los que la impugnación de los exámenes, por parte del Gobierno les ha causado un grave perjuicio", afirmó Rosa Lucía Polonio quien apuntó que no solo son los opositores los afectados por las medidas del PP, sino también "los miles de alumnos que hubieran visto mejorada su educación por el aumento del profesorado en Andalucía".

La senadora montillana preguntó al ministro Montoro si consideraba "leal" desde el punto de vista institucional que el Gobierno hubiera tomado la decisión de impugnar los exámenes "el último día posible de los cuatro meses que tuvieron y hacerlo, además, sin avisar oficialmente al Gobierno de la Junta de Andalucía, que se enteró del recurso por los medios de comunicación".





Asimismo, Polonio reclamó al titular de la cartera de Hacienda una explicación sobre las razones por las que, "ante las mismas circunstancias, no se aplican los mismos procedimientos a las oposiciones de otras Comunidades Autónomas y solo lo hacen en Andalucía".

A juicio de Rosa Lucía Polonio, las "verdaderas intenciones" del Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy son la "falta de voluntad para dialogar y llegar a acuerdos con Andalucía, el ataque continuo a una educación de calidad como la andaluza, optando por la actuación más dañina para los opositores y para el conjunto de la comunidad educativa andaluza".

"Ya es un poco tarde y el daño que han causado con este recurso es mucho e irreparable pero le pedimos, una vez más, que escuche a las Comunidades Autónomas, a todas y no solo a algunas, que escuche a los opositores, a los sindicatos y a la comunidad educativa y, aunque sea tarde, rectifique porque es de sabios rectificar los errores", concluyó Rosa Lucía Polonio.

Montoro alaba el "diálogo" con la Junta de Andalucía

Por su parte, Cristóbal Montoro respondió que la impugnación de las oposiciones en Andalucía "está concernido por la limitación del número de plazas que una comunidad autónoma puede materializar después de que una legislación básica del Estado entre en vigor, como fue el Decreto 12/2012".

"La Junta de Andalucía tiene que acomodar su oferta de plazas a lo que es la realidad financiera", insistió Montoro, quien se mostró convencido de que "no vamos a tener mejor Estado de Bienestar si no podemos financiarlo: algo tan sencillo como eso".

El titular de Hacienda subrayó también que el Gobierno de España "ha negociado hasta el último momento con la Junta de Andalucía en relación con esa oferta de plazas" –extremo que negó la senadora andaluza- y alabó el "diálogo" mantenido con el Ejecutivo que preside José Antonio Griñán durante el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado el pasado jueves, y al que acudieron todas las autonomías, salvo Asturias.

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Escolares de Primaria y Secundaria concluyen sus pruebas de evaluación de competencias

Casi 300.000 escolares de Primaria y Secundaria concluyen hoy las pruebas de evaluación de competencias del alumnado que realiza cada curso la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa. Desde el pasado martes se han realizado las Pruebas de Evaluación de Diagnóstico a todo el alumnado de 4º de Primaria y 2º de ESO, mientras que ayer y anteayer se aplicó la Prueba Escala en 2º de Primaria.



Fuentes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía destacaron que "por primera vez, ambas evaluaciones han coincidido en el tiempo para facilitar a los centros su organización".

Las Pruebas de Evaluación de Diagnóstico comenzaron el martes para medir las competencias del alumnado en razonamiento matemático, mientras que ayer se evaluó la comunicación lingüística (Lengua Española) y hoy, la competencia cultural y artística, que se evalúan por primera vez.

Las pruebas se han realizado a todo el alumnado de 4º de Primaria (unos 96.000 escolares de unos 2.500 colegios de toda Andalucía) y de 2º de Educación Secundaria Obligatoria (100.000 alumnos de más de 1.600 centros).

Respecto a la Prueba Escala, se ha desarrollado en dos sesiones que tuvieron lugar ayer y anteayer. Esta prueba, que se realiza este curso por segundo año consecutivo, evalúa las competencias del alumnado de 2º de Primaria en escritura, cálculo y lectura. En total, han participado unos 97.000 escolares de 2.500 colegios.

"Estas pruebas, además de medir los conocimientos y destrezas adquiridos por el alumnado, evalúan también su capacidad para aplicarlos a situaciones y contextos diversos, tanto escolares como sociales", precisaron desde Educación.

Asimismo, los resultados obtenidos aportan información tanto a la administración educativa como a los centros docentes participantes sobre las medidas que pueden adoptarse orientadas a la mejora de los rendimientos del alumnado.

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El Gobierno andaluz presenta el mayor recorte presupuestario de la historia de la autonomía

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, presentó ayer en Sevilla el mayor recorte de la historia de la autonomía andaluza que, según sostuvo, permitirá a la Junta de Andalucía cumplir con el "objetivo de déficit" del 1,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) regional en el horizonte de 2012.



El denominado Plan Económico Financiero de Reequilibrio 2012-2014, "recoge las actuaciones que Andalucía llevará a cabo para dar cumplimiento al objetivo de déficit y plantea medidas dirigidas a posibilitar mayores ingresos por 1.000 millones de euros y la reducción del gasto por otros 2.500", según la titular de Hacienda.

Martínez Aguayo indicó que, "como consecuencia de los menores recursos que recibirá Andalucía de los Presupuestos Generales del Estado y la política llevada a cabo por el Gobierno central, se prevé una bajada de ingresos de 3.500 millones de euros, por lo que el citado Plan recoge distintas líneas encaminadas a generar ingresos por 1.000 millones y la minoración del gasto por 2.500, lo que representa 200 millones menos de los inicialmente previstos".

La consejera de Hacienda y Administración Pública se mostró convencida de que "la comunidad va a cumplir con sus compromisos, porque el principal interés de Andalucía es fortalecer la posición de España", y abogó por "conciliar el ajuste con el estímulo económico".

"El ajuste en gasto habría sido exclusivamente de 1.000 millones de euros si el Gobierno cumpliera con la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía y estuviera dispuesto a reconocer los 1.504 millones que la propia Intervención General del Estado señala como menores inversiones en Andalucía en los años 2008 y 2009", apuntó la consejera.

El Plan Económico Financiero incluye medidas que afectan a todos los capítulos del Presupuesto autonómico vigente, tanto en la vertiente de ingresos como en la de gastos. Además, recoge aquellas adoptadas por el Gobierno central que son de obligado cumplimiento por parte de las comunidades autónomas.

Para trasladar esta obligación, el Gobierno andaluz "parte de principios básicos como preservar el sistema educativo público; no contribuir a la destrucción de empleo, y pedir un esfuerzo temporal y solidario del conjunto de empleados públicos, proveedores, sindicatos y organizaciones empresariales", indicó Martínez Aguayo, quen confirmó que "Andalucía no incrementará la ratio de alumnos por aula".

En el capítulo de ingresos, destacan medidas de ajuste fiscal como la modificación en los últimos tramos de la tarifa autonómica del IRPF, que pasará al 23,5 por ciento en el caso de rentas entre 60.000 y 120.000 euros, y al 25,5 por ciento para rentas superiores a 120.000 euros.

Asimismo, la Junta prevé multiplicar por 1,10 la tarifa actual del Impuesto de Patrimonio, y por 2 el tipo de gravamen autonómico del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos hasta agotar la banda máxima permitida, exceptuando el gasóleo de uso agrícola.

Otras medidas en esta línea serán la subida del tipo de gravamen general de Actos Jurídicos Documentados (del 1,2 al 1,5 por ciento) y el aumento de la tasa fiscal sobre el juego en la tarifa para máquinas. Por otro lado, el Gobierno presidido por José Antonio Griñán pondrá en marcha un plan específico para agilizar el adelanto de fondos europeos que corresponden a la comunidad.

Reducción de gastos

Respecto a la revisión de los capítulos de gasto, en materia de personal destaca la reducción de altos cargos derivada del menor número de consejerías y delegaciones, así como la suspensión de la equiparación retributiva de los altos cargos andaluces con sus homólogos de la Administración General del Estado, ya que en Andalucía bajarán en un 5 por ciento las retribuciones del presidente de la Junta, los consejeros, los viceconsejeros y personal asimilado.

En aplicación de la normativa básica estatal, se aumentará a 37,5 horas la jornada laboral de los empleados públicos de la Junta, con carácter flexible. Además, se disminuirá el número de horas extraordinarias y se reducirá en un 15 por ciento la jornada del personal funcionario interino y del laboral temporal.

En materia retributiva, se eliminarán los complementos adicionales de las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre y se reducirán en el sector público instrumental aquellos complementos, que sin ser parte de la estructura salarial básica, permitan una minoración similar. De igual modo disminuirán en un 10 por ciento las percepciones vinculadas a las retribuciones de carácter variable.

Junto a ello, y con el objetivo de contribuir al mantenimiento del empleo público, la consejera de Hacienda anunció ayer otras medidas, como la suspensión de las mejoras y ayudas aplicadas al personal laboral y funcionario de la Junta (permisos de jubilación, licencias previas a la jubilación anticipada y contratos de relevo, acción social, premios de jubilación, etc.); la homogeneización de las condiciones de trabajo de los empleados del sector público instrumental con los de la Administración General y la disminución del número de horas extraordinarias.

El plan presentado por la consejera de Hacienda y Administración Pública "pretende dar un nuevo impulso a las medidas de eficiencia y ahorro que viene desarrollando la Junta de forma compatible con el mantenimiento de la calidad de los servicios".

Menos coches oficiales

En este capítulo se plantea una disminución adicional del 10 por ciento del gasto operativo en bienes y servicios de la Administración pública, a través de medidas como la reducción del 50 por ciento de la flota de vehículos de altos cargos; la eliminación de la partida de protocolo para altos cargos y personal directivo de los entes instrumentales (salvo presidente y consejeros), y las bajadas de un 50 por ciento adicional en las partidas de información, divulgación y publicidad y reuniones, conferencias y cursos, y de un 15 por ciento adicional en arrendamiento y en indemnizaciones por locomoción, traslado y dietas.

En el ámbito del gasto sanitario, el plan avanzará en el programa de plataformas centralizadas de compra, una medida con la que se espera un ahorro de 100 millones de euros anuales. Además, se prevé un ahorro anual de 190 millones de euros derivado de las recientes medidas adoptadas por el Gobierno central: 166 millones por la nueva aportación de los beneficiarios en la prestación farmacéutica y 24 millones por la aportación en las prestaciones básicas de la cartera suplementaria.

En la presentación del Plan Económico Financiero de Reequilibrio, Carmen Martínez Aguayo indicó, por último, que "la menor dotación del Fondo de Compensación Interterritorial incluida por la Administración General del Estado en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado hace necesario un ajuste del importe de los proyectos que son financiados con esta fuente de ingresos".

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Andalucía rechaza la aplicación del copago a ortoprótesis y transporte sanitario no urgente

Andalucía rechaza la implantación de cualquier tipo de copago en la denominada Cartera de Servicios Suplementaria, que incluye -en principio- los tratamientos dietoterápicos, el material ortoprotésico y el transporte sanitario no urgente, además de los medicamentos. Así lo ha manifestado la representante de la comunidad autónoma en la reunión, por audioconferencia, de la Comisión de Prestaciones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional Salud, en la que el Ministerio ha informado del desarrollo del Real Decreto Ley.



En el transcurso de esta reunión, la representante andaluza ha trasladado al Ministerio no solo su consideración sobre la "falta de equidad de la norma", sino de algunos planteamientos específicos, como "que se penalice reiteradamente a los mismos colectivos que tienen que hacer frente simultáneamente al desembolso de los medicamentos, del material ortoprotésico y del transporte sanitario".

Por ello, la Junta ha reclamado, con independencia de la oposición a las medidas de copago, "que se tenga en cuenta este aspecto para establecer límites a las aportaciones de los pacientes, de forma que sea, en todo caso, sobre el conjunto y que se excepcione a determinados colectivos". En el caso de pacientes que requieren todos estos tratamientos, la cantidad que debe desembolsar cada uno de los conceptos individualmente haría inviable la aportación total.

Según el Gobierno andaluz, una persona que requiera de hemodiálisis para su supervivencia y a la que se le exija copago tendría que abonar entre 1.300 euros y 7.800 euros al año en función de si es pensionista o activo, a lo que tendría que sumar el pago de la medicación -alrededor de diez medicamentos en el caso de la insuficiencia renal-. Actualmente, en Andalucía hay más de 4.000 personas en diálisis crónica.

"En el caso de que una persona haya sufrido un accidente vascular cerebral, por ejemplo, y necesite rehabilitación (unos 4.000 pacientes al año en Andalucía) y medidas adicionales como silla de ruedas, andador o bastones ortopédicos, podría tener que pagar entre 1.500 y 9.300 euros por un tratamiento de seis meses, incluido el transporte sanitario no urgente", indicaron.

En el transcurso de la reunión del Comité de Prestaciones, numerosas regiones han coincidido en la dificultad técnica que conlleva la implantación del copago en la dispensación ambulatoria de productos hospitalarios y, especialmente, el transporte sanitario no urgente.

En el caso de Andalucía y el País Vasco, se ha reiterado el impacto que puede tener esta medida sobre determinados colectivos, puesto que la redacción de la norma especifica "sin que se aplique ningún límite de cuantía a esta aportación". En Andalucía, estas tres prestaciones -transporte sanitario no urgente, productos dietoterápicos y material ortoprotésico- son gratuitas.

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El presidente de la Junta anuncia un Gobierno autonómico formado por once consejerías

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, anunció ayer, tras su toma de posesión, el nuevo Gobierno andaluz, que contará con once consejerías, una de ellas con rango de Vicepresidencia, que dirigirá el coordinador regional de Izquierda Unida, Diego Valderas. El nuevo Consejo de Gobierno tomará posesión mañana.



Griñán detalló que el nuevo Ejecutivo estará compuesto por las siguientes consejerías: Presidencia e Igualdad; Administración Local y Relaciones Institucionales, con rango de vicepresidencia; Justicia e Interior; Educación; Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; Hacienda y Administración Pública; Fomento y Vivienda; Agricultura y Medio Ambiente; Salud y Bienestar Social; Turismo y Comercio, y Cultura y Deporte.

Susana Díaz Pacheco será la consejera de Presidencia e Igualdad, departamento que mantiene las competencias actuales e incorpora las relativas a los delegados del Gobierno, y la de Andaluces en el Exterior. Asimismo se hará cargo de las políticas de Igualdad de Género y Juventud.

El vicepresidente y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales será Diego Valderas Sosa. La Vicepresidencia tendrá competencias en administración local, voluntariado y participación, consumo, cooperación al desarrollo y memoria histórica, ha detallado el presidente.

Al frente de Justicia e Interior se sitúa Emilio de Llera Suárez-Bárcenas, con competencias en Justicia, Interior, Emergencias, Espectáculos Públicos, Violencia de Género y Políticas Migratorias. Por su parte, Mar Moreno Ruiz será consejera de Educación, que incorporará, junto a las competencias actuales, las correspondientes a la Formación Profesional.

El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo será Antonio Ávila Cano y la consejera de Hacienda y Administración Pública seguirá siendo Carmen Martínez-Aguayo, con nuevas responsabilidades en Política Financiera y Juego.

Elena Cortés Jiménez será la consejera de Fomento y Vivienda, con las tareas relativas al fomento de infraestructuras y transportes y a la vivienda y arquitectura. Por su parte, la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente mantendrá las competencias que venía ejerciendo actualmente las consejerías de Agricultura y Pesca y Medio Ambiente, a las que se incorporarían las de Ordenación del Territorio y Urbanismo. A su frente estará Luis Planas Puchades.

La consejera de Salud y Bienestar Social es María Jesús Montero Cuadrado, asumiendo las competencias sobre prestaciones y servicios sociales. El departamento de Turismo y Comercio será dirigido por Rafael Rodríguez Bermúdez y Cultura y Deporte por Luciano Alonso Alonso.

Miguel Ángel Vázquez, nuevo portavoz del Gobierno

El periodista Miguel Ángel Vázquez, colaborador de Montilla Digital, será a partir de mañana el nuevo responsable de la Oficina del Portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía. Nacido en Sevilla en 1965, es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Periodismo por la Universidad de Sevilla.

Parlamentario andaluz por Sevilla en la última Legislatura, Miguel Ángel Vázquez ha desarrollado su trayectoria periodística en medios de comunicación como El Correo de Andalucía, Diario 16 Andalucía y Canal Sur Televisión. Además, ha colaborado con la agencia de noticias France Press.

Autor del libro Noticias a la Carta. Periodismo de declaraciones o la imposición de la agenda (2006), Miguel Ángel Vázquez ha firmado centenares de artículos en revistas académicas y, desde hace más de una década, participa como profesor en cursos de postgrado universitarios de Periodismo y Comunicación Política e Institucional.

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José Antonio Griñán, investido presidente de la Junta de Andalucía con los votos de PSOE e IU

José Antonio Griñán ha sido investido esta mañana presidente de la Junta de Andalucía por mayoría absoluta en el Parlamento con los votos a favor de los 47 diputados del PSOE y 11 de los 12 de los diputados de Izquierda Unida (IU). La reelección se ha producido tras el debate de investidura, durante el cual Griñán ha destacado que el nuevo Gobierno "hará de la concertación social su bandera, porque la mejor manera de gobernar es con diálogo social".



Griñán ha explicado que el que ahora arranca pretende ser un "Gobierno que genere confianza, que sabe que no hay pensamientos únicos y que se hará fuerte en el diálogo con todos", y ha valorado el acuerdo alcanzado con IU como una señal de "madurez, compromiso y valentía para no dejarnos llevar por la inercia". El Gobierno de coalición "es un alegato contra la economía del miedo", ha apostillado, y emerge de un "programa sólido y coherente".

El nuevo Gobierno de esta IX Legislatura es, según el presidente autonómico, "resultado de un acuerdo fraguado desde la responsabilidad compartida de haber sabido traducir el resultado electoral". Según Griñán, "el pasado 25 de marzo se produjo la victoria de la izquierda en Andalucía y, en consecuencia, hemos buscado los puntos de encuentro y entendimiento".

"El resultante es un acuerdo de Gobierno por la igualdad de oportunidades que se hará fuerte en coalición con lo mejor de la sociedad andaluza: con los empresarios que innovan e invierten en I+D y son respetuosos con los recursos naturales, y que además hacen de las exportaciones su bandera; con los agricultores y las organizaciones agrarias, responsables de la transformación tan importante operada en Andalucía; con los emprendedores turísticos, con los que hacen industria, con los de la construcción, que deben recuperar músculo y abogar por una construcción sostenible", ha dicho Griñán.

También será un Gobierno en coalición con los sindicatos, "que son los mejores instrumentos de paz social", según el líder socialista, quien ha mostrado también su reconocimiento hacia "las entidades financieras que se atrevan a dar préstamos a los emprendedores y a los que quieran mantener sus negocios".

"Los que no cabrán en ese Gobierno en coalición -ha apostillado- son los que buscan la competitividad en la economía sumergida, los que degradan las condiciones laborales y los que cometen fraude; a ésos no los queremos".

Asimismo, el ya presidente de la Junta ha destacado que ha propuesto "dos grandes consensos en torno al Estado de las autonomías y al Estado del bienestar, porque las dos son las que nos han permitido anudar el lazo social durante todos estos años".

Por su parte, el portavoz del Grupo IULV-CA, Diego Valderas, ha explicado durante su intervención que "hemos dado lugar a un contrato social y político amparado por IU y PSOE, un contrato transparente, que avanza en la democracia participativa". El nuevo Gobierno es fruto de un "gran acuerdo al servicio de Andalucía y de su ciudadanía", ha insistido.

El presidente del Partido Popular, Javier Arenas, ha coincidido con Griñán y Valderas en que "la Legislatura será difícil", pero ha señalado que "tenemos mucho margen para el diálogo", mostrando su voluntad y la de los suyos para trabajar "cada día para alcanzar acuerdos".

"Estaremos en todas las propuestas que defiendan los intereses legítimos de Andalucía", ha manifestado Javier Arenas, al tiempo que ha reconocido que "Andalucía necesita de grandes acuerdos en materias cruciales".

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Abierto el plazo para solicitar las nuevas becas 'Extenda' de formación en comercio exterior

La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), ha abierto el plazo de inscripción para las 40 nuevas plazas del programa Extenda-Becas de Internacionalización. Las becas cuentan con financiación del Programa Operativo Fondo Social Europeo de Andalucía 2007-2013 dentro de su plan para fomentar la igualdad de oportunidades y el empleo.



Los beneficiarios recibirán dos años de formación, uno de prácticas en el extranjero y otro en el que complementarán su aprendizaje en empresas andaluzas con un plan de internacionalización.

El período de prácticas en el extranjero se desarrollará en alguna de las 21 oficinas de Promoción de Negocios que Extenda tiene en 19 países del mundo, en una oficina económica y comercial de las embajadas de España o en entidades dedicadas al fomento de la internacionalización del tejido empresarial andaluz.

Desde que comenzó el programa en el año 2004, un total de 333 jóvenes andaluces han disfrutado de estas becas, que mantienen un nivel de empleabilidad del 80 por ciento. De hecho, las empresas de la comunidad han mostrado un creciente interés por colaborar con este programa, pues les permite acceder a personal cualificado en tareas de investigación de mercados y acciones de promoción internacional.

Actualmente, muchos de estos titulados superiores con conocimientos de idiomas están hoy trabajando por todo el mundo como especialistas en destacadas empresas andaluzas en proceso de internacionalización.

En total, al finalizar las nueve promociones que se han iniciado desde 2004 a 2012 (ello tendrá lugar en 2015) habrá 550 licenciados universitarios especializados en Comercio Exterior; de ellos, 373 habrán desarrollado una Beca Extenda de dos años y, si continúa la media de empleabilidad del 80 por ciento, habrá 298 empleos altamente cualificados y con experiencia en comercio exterior gracias a la Beca Extenda.

La beca cuenta con una dotación que ronda los 40.000 euros para sus dos años. Una vez finalizada, la empresa puede ofrecer al becario un contrato laboral por su cuenta o acogiéndose por un año más al apoyo de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia a través del programa Profesionales Extenda, por el que se cubre el 50 por ciento de los gastos salariales de este trabajador hasta un máximo de 20.000 euros.

Plazo y proceso de selección

El plazo de inscripción de estas nuevas 40 becas finaliza el próximo 18 de mayo. Las bases de la convocatoria y la solicitud online ya están disponibles en la web de Extenda. El proceso de selección incluye la realización de varias pruebas en las que se valorarán los conocimientos de comercio exterior e idiomas.

Tras la celebración de estos exámenes, se realiza una primera clasificación con las 60 mejores puntaciones de los aspirantes, que reciben un curso de formación en materias genéricas de comercio exterior, así como en sectores estratégicos para la internacionalización de la economía andaluza.

Este programa está dirigido a titulados universitarios superiores (licenciados, ingenieros, arquitectos y graduados) nacidos o empadronados en Andalucía desde, al menos, doce meses antes de la entrega de la solicitud.

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