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14 de febrero de 2017

  • 14.2.17
El diputado socialista Antonio Hurtado, vicepresidente primero de la Comisión de Presupuestos de la Cámara Baja, visitó ayer Montilla para informar sobre el procedimiento extrajudicial que permite resolver las reclamaciones de los consumidores derivadas de las cláusulas suelo. El objetivo de esta iniciativa, según defendió Hurtado, es "evitar que los derechos conseguidos no se ejerzan por falta de información".



El diputado cordobés, que estuvo acompañado por el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, defendió la importancia del proceso establecido por el real decreto de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo indebidas que, si bien contó con la abstención del Grupo Parlamentario Socialista "por no ser el proceso más idóneo", regula, a juicio de Hurtado, "un sistema gratuito, rápido y que permite la elección del método de pago, por lo que es beneficioso para todas las partes".

"El PSOE viene solicitando desde el año 2012, a través de una iniciativa legislativa, que estas devoluciones se hicieran de oficio; sin embargo, la mayoría absoluta del PP la rechazó y, por ello, ha sido necesaria la sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo para poner en marcha este procedimiento", explicó el diputado socialista.

En este sentido, Hurtado animó a todos los afectados, incluso en aquellos casos en los que pueda existir alguna duda, a iniciar la reclamación ante la entidad bancaria –que deberá establecer un procedimiento para ello antes del próximo 20 de febrero– para favorecer la devolución de las cantidades aportadas.

"Una vez presentada la reclamación, el banco deberá realizar una oferta en un plazo máximo de 90 días, en la que se recoja el dinero pagado y los intereses de demora", apuntó Hurtado, quien explicó que los afectados podrán contrastar esta oferta con las cantidades que facilitan herramientas como el simulador puesto en marcha desde la Junta de Andalucía.

De aceptarse la oferta, señaló Hurtado, el cliente podrá elegir la forma de devolución; en caso contrario, se deberá iniciar un proceso judicial que deberá ser costeado por la entidad bancaria, en caso de que la resolución marque una devolución igual o superior a la oferta recibida por el cliente.

"Este procedimiento es positivo para todas las partes, porque además evita que se produzca un colapso de la justicia, por lo que los afectados deben iniciar el procedimiento y nuestro objetivo es que estén informados para que lo hagan con todas las garantías", concluyó el diputado socialista.

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR


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