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Mostrando entradas con la etiqueta Lienzo de Babel [Daniel Guerrero]. Mostrar todas las entradas
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6 de abril de 2020

  • 6.4.20
Nadie en el mundo imaginaba la aparición de una pandemia mundial como la del coronavirus Covid-19. Ningún país estaba preparado para una emergencia sanitaria de envergadura global y propagación rápida, como esta. Por donde ha surgido, la capacidad de reacción ante un problema epidémico de tal naturaleza ha sido tardía y, en la mayoría de los casos, improvisada.



De la indiferencia inicial con que se percibía la génesis de la pandemia, como un asunto lejano y de sociedades poco protegidas sanitariamente, a la descoordinación vivida en Occidente cuando la infección lo ha golpeado, sin detenerse en fronteras o culturas, esta crisis sanitaria ha desatado un abanico de reacciones, que ha ido desde la improvisación hasta el reproche “repugnante”, dependiendo de cómo la pandemia ha afectado a cada país. Todo un alarde de lo que no debería hacerse cuando se precisa la ayuda de todos para afrontar un problema que atañe al conjunto de la humanidad.

Europa es muestra paradigmática de ese comportamiento egoísta e insolidario en la defensa a ultranza de las personas y sus vidas, no de sus bienes o negocios. El virus ha brotado de forma explosiva en Italia al poco de aparecer en China. De allí ha saltado a España y, poco a poco, va adentrándose en el Continente con la virulencia que le permiten los distintos sistemas nacionales de salud y las iniciativas de sus gobiernos.

No existen aduanas para una pandemia que se extiende desde Asia a Europa, de Rusia a EE UU y de Sudamérica a África, sin dejar atrás Oceanía. En todas partes, cada cual se presta a combatirla como puede, con sus propios recursos y su ciencia.

Por motivos complejos, no solo de estructura económica, los países del sur de Europa vuelven a destacar por la magnitud de esta tragedia, a la que se enfrentan con los instrumentos de sus respectivos Estados de Bienestar y limitadas capacidades. Pero también con la descoordinación y la incomprensión de los que creen estar a salvo de este mal por disponer de una economía saneada.

Una actitud decepcionante e inesperada entre socios de un proyecto de unidad política que debiera integrar, además del comercio, la economía y una moneda, también a las personas y la protección de sus vidas. Algunos motivos podrían explicar tal actitud, pero no justificarla.

En cualquier caso, no es momento de reproches, sino de arrimar el hombro, de remar todos en la misma dirección y de demostrar que Europa es la casa común de quienes son considerados europeos, hogar en el que todos confiaban encontrar refugio y no solo un simple zoco comercial.

De ser así, sería oportuno replantearse un proyecto que se muestra inútil frente a una amenaza sanitaria universal, a pesar de que desde el individualismo estatal tampoco está asegurado ninguna protección ante amenazas globales, como esta crisis se ha encargado de demostrar.

Y una vez más, desgraciadamente, los ricos vuelven a desentenderse de los pobres, propugnando dejarlos a su suerte. Así, Europa vuelve a dividirse, a la hora de actuar unida frente a la emergencia sanitaria, entre países ricos del norte y países pobres del sur, estos últimos, precisamente, los más castigados por la pandemia en suelo europeo y los que reclaman ayuda para afrontar un problema mundial.

Y en nombre de los ricos, Holanda, por boca de su ministro de Finanzas, Wopke Hoekstra, ha reprochado a los pobres, en concreto a España, no haber ahorrado lo suficiente para hacer frente a la crisis de Covid-19. De esta manera, los Países Bajos, gobernados por una coalición de ultraderecha y euroescépticos, antepone el rigor fiscal y la economía a la solidaridad y el derecho a la vida.

Es decir, exhibe la indiferencia de los privilegiados ante el drama humano de los socios desgraciados de la UE. Sin embargo, su visión no es moral, aunque implique consecuencias éticas, sino económica. Aducen que “la solidaridad europea es la liquidez en la UE”, con la que participa la solidaridad neerlandesa. Un rigor contable ante un problema humano.

El caso es que, efectivamente, España podía haber estado mejor equipada para afrontar la crisis del Covid-19 si hubiera puesto en marcha medidas preventivas, guardadas en su día para mejor ocasión. Por eso, se ha visto sorprendida sin las suficientes estructuras de prevención y salud pública exigibles, aprobadas, en el año 2011, en el texto de la Ley General de Salud, y que jamás se desarrollaron con la excusa de una crisis económica. ¿Se acuerdan?

Por aquel tiempo, tras la pandemia de la Gripe A, se entendió necesario disponer de una Agencia Estatal de Salud Pública o de un centro estatal, en su defecto, que garantice una acción coordinada con las comunidades autónomas ante nuevas emergencias sanitarias.

Tales medidas sufrieron los efectos de los recortes presupuestarios que podaron la sanidad española de forma dramática. Años en los que pasaron a iniciativa privada muchos hospitales de Madrid y de otras comunidades, la mayoría de las cuales estaban gobernadas por conservadores, bajo la premisa de obtener la mayor rentabilidad al menor costo.

Fue la época en que se intentó el cierre y desmantelamiento del Hospital Carlos III de Madrid, especializado en el diagnóstico y tratamiento de pandemias y enfermedades emergentes, iniciativa abortada por el brote de Ébola en África que contagió a un sacerdote español al que hubo que repatriar y aislar en dicho centro.

Ya no nos acordamos de todos esos desmanes que han propiciado que la sanidad española apenas tenga margen de maniobra para afrontar imprevistos. Y que carezca de mecanismos federales de recopilación de información, gestión de crisis y planes de respuesta coordinados con las comunidades autónomas que faciliten la movilización de los recursos disponibles en un país descentralizado como el nuestro.

No se trata, por tanto, solo de un problema de rigor fiscal, como reprochan los holandeses, sino de prioridades en el gasto público, lo que ha constreñido a la sanidad española, provocando que ahora se echen de menos, incluso, planes de contingencia, que no se han desarrollado, y hasta un registro de personal y medios susceptibles de ser trasladados en caso de necesidad.

Aquella ley jamás desarrollada, porque lo importante entonces era socorrer a los bancos gracias al rescate europeo, contemplaba “sistemas de alerta precoz y respuesta rápida” que tampoco se pusieron en marcha, lo que probablemente hubiera posibilitado actuar con mayor diligencia y premura durante la actual pandemia.

Parece inconcebible que se considerase un derroche, como entendió algún neoliberal de los que abundan, contar con camas “ociosas” de UCI por si surgía alguna necesidad, cosa que ahora vemos pertinente, y no que España, con 9,4 camas por cada 100.000 habitantes, estaba –y todavía está– bastante atrasada con respecto a las 29 de Alemania y otros países de nuestro entorno.

Ya es muy tarde para rectificar hoy, pero no para mañana. Ni los hospitales ni las camas de críticos ni los respiradores ni el personal sanitario surgen por ensalmo, no se improvisan de la noche a la mañana, cuando el problema nos castiga de lleno: ha de preverse.

De ahí que esta crisis del Covid-19 afecte a unos países más que a otros. Pero más que ahorros y economías saneadas, la diferencia la establece la previsión y las prioridades en el gasto público. Si alguna enseñanza hubiera que extraerse de esta crisis es la de que hay que reforzar, y mucho, nuestro Estado de Bienestar, modificar nuestro estilo de vida, rediseñar Europa hasta completar una verdadera unión social y política, también fiscal, y, por supuesto, ahorrar.

Pero, todo ello, se acometerá cuando recuperemos la salud, la confianza y la normalidad. Antes, todas las energías deberán centrarse en salvar vidas. No es momento de ejercer de profetas a toro pasado o hacerse el sueco, digo, el holandés.

DANIEL GUERRERO

30 de marzo de 2020

  • 30.3.20
Llevamos más de dos semanas enclaustrados a cal y canto en nuestros domicilios para protegernos de un virus sumamente contagioso. Se trata de una pandemia que ha llevado la infección, el shock social y la muerte allá por donde ha pasado, desde China, núcleo inicial de la epidemia, hasta España, donde el número de afectados no deja de crecer.



Un tercio de la humanidad, como titula un periódico, vive ya confinado a causa de esta enfermedad: 2.600 millones de personas que tratan de eludir este virus encerrándose en sus casas. Es por ello que la atención y la preocupación de la gente y de los medios de comunicación están concentradas en este problema, tal vez el más grave, extenso e intenso que haya conocido nunca el mundo moderno.

Desde las antiguas pestes (bubónica, negra...), la última de las cuales también se originó en China, hasta la pandemia del sida, la población actual ignoraba la absoluta vulnerabilidad a la que está expuesta en estos tiempos caracterizados por la globalización, fenómeno que también alcanza las enfermedades, por la que una infección asiática se contagia al resto del mundo con la rapidez de nuestros desplazamientos y medios de transporte.

Jamás la actual generación viva del planeta se había enfrentado a un problema sanitario de semejante envergadura, y sin medios para combatirlo. Son tiempos, pues, de estupor y miedo. No resulta extraño, por tanto, que este asunto, que afecta a la salud de todos, eclipse todos los demás de la actualidad.

Pero la realidad, sin embargo, es diversa y compleja, y sigue ahí influyendo, de manera latente, en nuestras vidas y en la gobernanza mundial. Hay otros asuntos, menos urgentes si se quiere, que también forman parte del marco en el que se desenvuelve nuestra convivencia, como colectividades interrelacionadas e interdependientes, y condicionan nuestras expectativas de futuro.

Uno de esos asuntos es la monarquía: un tema muy espinoso, pero silenciado por el protagonismo de la pandemia. Se trata de la presunta actividad delictiva del Rey emérito, que está siendo investigada por la Justicia suiza a causa de una cuenta a su nombre utilizada para blanquear capitales y eludir impuestos.

Es un tema grave porque pone en cuestión la integridad moral de esta institución que encarna la Jefatura del Estado en España, un pilar básico del sistema democrático surgido con la Constitución de 1978. Tan grave para el crédito y la confianza de la Corona que el actual Rey de España, Felipe VI, se ha visto obligado a hacer público un comunicado oficial de la Casa Real para desvincularse de las actuaciones de su padre y renunciar a cualquier herencia que pudiera corresponderle, fruto de esas actividades presuntamente delictivas.

De esta manera, vuelve aflorar a la opinión el debate social sobre el régimen político del Estado, lo que acabará condicionando, no solo la política, sino también la convivencia serena y reflexiva de la población.

Porque la redefinición de nuestro Estado coexistirá con las tensiones territoriales que alimentan algunas regiones. No hay que olvidar que, aunque estemos confinados, el independentismo catalán vive sus horas bajas, pero sigue coleando. Continúa presionando donde y como puede para no ser ocultado por la coyuntura.

Así, un día exige, por ejemplo, el cierre de las fronteras catalanas –como si fuera un territorio independiente– para aislarse de la pandemia que asola España. Y otro día rechaza la colaboración que el Ejército pueda prestar en Cataluña durante la pandemia, viéndose obligado a rectificar más tarde, cuando se desbordan los casos, para solicitar la ayuda de la Unidad Militar de Emergencia (UME) para desinfectar instalaciones.

Con todo ello, el Govern no persigue proteger a los catalanes, sino conseguir iniciativas que puedan interpretarse favorables al objetivo secesionista. No cejan en el empeño de utilizar el mal que a todos nos afecta para sus fines políticos, dividiendo a la sociedad en su conjunto. Un espectáculo sumamente triste.

Mientras tanto, el mundo sigue girando. En EE UU, donde su presidente, Donald Trump, se permitió minusvalorar la gravedad de la pandemia y aprovechar su aparición en China para profundizar su guerra comercial con aquel país, han tenido que adoptar también el aislamiento de la población, el uso de las mascarillas y el cierre de muchos comercios. Trump es reacio a tales medidas porque, para él y para muchos empresarios y magnates, lo que prima es la economía, no la salud y las vidas humanas.

El presidente de EE UU comparte el gen más radical o ultra de algunos republicanos, que se ofrecen hipócritamente a morir por el mercado, cuando los que mueren son las víctimas de sus políticas contrarias a una sanidad universal y a las ayudas a los más necesitados.

Sin embargo, hasta Donald Trump también ha tenido que rectificar, entre otros motivos, porque en noviembre los estadounidenses vuelven a las urnas. Trump es hábil con enemigos inventados –China. Venezuela, inmigrantes...– que le sirven para envalentonarse y lanzar amenazas apocalípticas de nulo efecto, pero es incapaz de lidiar con los problemas reales, como la pandemia del coronavirus.

La próxima campaña electoral le ha obligado a impulsar el plan de rescate económico más importante, por su cuantía, en la historia de EE UU. Ha tenido que abandonar su ideología de que el mercado satisfaga las necesidades de los ciudadanos para asumir la que permite al Estado protagonizar la atención de tales necesidades, como preconizan los “socialistas”. Es decir, ha debido de hacer lo contrario de lo que pregona el neoliberalismo que él lidera.

Y, para colmo, ha tenido que pedir la colaboración de China para compartir información con la que hallar soluciones a este problema mundial. Es una mutación absoluta de su ultranacionalismo aislacionista hacia un internacionalismo multilateral. Y todo para no verse sobrepasado como un completo inútil en la gestión de esta pandemia que ya ha convertido a EE UU en el país con mayor número de infectados del mundo. ¡Cuántos sapos para ganar la reelección!

Pero no reniega a su condición de matón. Para compensar tantas renuncias ideológicas, cual sheriff del Oeste, Trump ha puesto precio a la cabeza de Nicolás Maduro, ofreciendo una recompensa a quien consiga derrocarlo en Venezuela. ¡Quince millones de dólares por su captura! Lo que no consigue con la política, incluso con los embargos, lo quiere lograr con la avaricia de los mercenarios.

Es la única estrategia que le queda para expulsar a Maduro, al que considera un dictador, del poder del país sudamericano, y que cuestiona la política y el derecho que se arroga el poderoso vecino del Norte para interferir en el resto del continente.

Es probable que el presidente venezolano pueda ser considerado un dictador, pero tanto como pueden serlo Putin en Rusia o Netanyahu en Israel, incluso Xi Jimping en China y, desde luego, Mohamed bin Salmán en Arabia Saudita. Todos ellos pretenden eternizarse en el poder y/o manipular las elecciones a su antojo para mantenerse en el cargo. Pero a ninguno, sin embargo, EE UU le ha puesto una recompensa para liquidarlos, como a Nicolás Maduro.

¿Qué ojeriza tiene Trump con Venezuela? Simplemente, intereses geopolíticos en una región que cree de su incumbencia, como considera a todo el continente americano. Ningún país gobernado por líderes o partidos de izquierdas han sido tolerados en ese “patio trasero” de EE UU y, tarde o temprano, máximo si poseen capacidad de autosuficiencia y de irradiar su ejemplo, como Venezuela con su petróleo, han sido barridos a las malas o a las buenas del poder. Como las cañoneras están mal vistas en estos tiempos, se recurre a manijeros locales, a los embargos y, ahora, a los cazarrecompensas, antes que acudir a las bombas de crucero y los marines.

Todo esto –y más– sucede mientras permanecemos en nuestras casas desde hace más de dos semanas, sin que apenas nos demos cuenta. La repercusión de tales hechos se notará en nuestras rutinas cuando vuelvan a la normalidad, ya sea cambiando las reglas en las relaciones internacionales, en la política nacional o en el precio de las energías. Así que preparémonos para cuando recuperemos la capacidad de seguir la actualidad en toda su complejidad y diversidad. No ha dejado nunca de actuar e influir en nuestras formas de vida.

DANIEL GUERRERO

23 de marzo de 2020

  • 23.3.20
Como si no acumulara suficiente desprestigio, una nueva mancha ha venido a empañar los brillos de la Corona real, aquella que cubre la cabeza inviolable y no sujeta a responsabilidad del Rey, aunque sea emérito. Parece que la fatalidad es el destino de una monarquía que nació de forma irregular, por capricho de un dictador; impuso “democráticamente” su legitimidad mediante un referendo sobre la Constitución que no ofrecía ninguna alternativa; actuó decisiva y ejemplarmente en momentos críticos de involución democrática, cuando los residuos del antiguo régimen pretendieron restaurar violentamente el fascismo; se le consintió un comportamiento personal licencioso e hipócrita, con sus amoríos y amistades de dudosa reputación; y ha acabado como empezó: el hijo repudiando al padre para salvar a la Corona.



Un historial nefasto para una institución que debe representar a los españoles, encarnar la Jefatura del Estado, y que aspira a eternizarse por vía consanguínea hereditaria. Tal vez esto último sea su mayor y más grave problema: que está condenada a un legado genético en el que no prima el mérito ni la capacidad, menos aún el refrendo soberano de la ciudadanía.

Don Juan Carlos de Borbón y Borbón, Rey emérito al ser jubilado del cargo y sucedido por su hijo Felipe, en quien abdicó en 2014, siempre fue un tipo campechano, sospechoso de trapicheos oscuros, aficiones privilegiadas (los elefantes de Botsuana y los yates de Palma de Mallorca lo atestiguan) y proclive a las malas compañías, todo lo cual le era tolerado mientras redundara en réditos para el país y a su empeño de abrirse al mundo, donde otras monarquías, como la saudí, lo acogían como un miembro de la familia, posibilitando unas relaciones que la vía diplomática no conseguía.

Pero su acceso al trono no fue voluntario ni elegido por sus “súbditos”, sino impuesto por un dictador que, tras salir victorioso de la guerra civil que había desatado contra la República, vio en aquel niño el instrumento para perpetuar su régimen autoritario en una monarquía reinstaurada, moldeada y “atada y bien atada” de acuerdo a sus gustos imperiales.

No respetó siquiera la línea de sucesión de una monarquía española de amplio recorrido histórico, sino que convirtió España en un reino a partir de un eslabón nuevo que Franco se encargó de educar y preparar para el futuro monárquico que él había planificado.

A tal efecto, promulgó una Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, convertida en ley fundamental de aquel régimen que dejaba todo previsto y aclarado. Tal es, sin duda, el “pecado original” de la monarquía parlamentaria que el rey Juan Carlos I, ejerciendo de jefe del Estado, quiso hacerse perdonar con el desempeño escrupuloso y constitucional, para dejar atrás la dictadura, de su papel arbitral en la política del sistema democrático surgido en 1978. No es cuestión, pues, de negarle méritos, porque es indudable que el rey Juan Carlos ha prestado grandes servicios al país como su más alto servidor público. Pero se los ha cobrado.

Durante sus más de 39 años de reinado, el Rey emérito compaginó su simpática y excelente imagen pública con sus tentaciones y avaricias, siempre al amparo del silencio y el respeto con los que su figura era tratada por los poderes públicos, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto.

Una imagen reforzada por su decidida intervención a la hora de frenar, no secundándola, la intentona golpista del teniente coronel Tejero quien, al mando de un grupo de militares y guardias civiles más el apoyo civil de la ultraderecha, pretendió liquidar la neonata democracia con aquella orden de “quieto todo el mundo”, pronunciada, pistola en ristre, en el Congreso de Diputados, en febrero de 1981.

De eso hace ya muchos años y las rentas del prestigio no dan para vivir tanto. Menos aún si se dilapida la fortuna de manera insensata y deshonesta. Escándalos y abusos han arrinconado al rey Juan Carlos, despojándolo de la máscara de autoridad moral con que ocultaba sus vergüenzas, confiado en su impunidad constitucional.

Lo que se silenciaba pero se sabía o intuía, lo que tapaban los poderes públicos y protegían con celo los servicios de inteligencia, ha terminado por aflorar, imposible ya de contener la bola inmensa de sinvergonzonería que ha ido engordando con pasión real.

Ya no son simples affaires sentimentales, viajes secretos o imprudencias en safaris de piezas mayores. Ya son conductas indecorosas, corrupción y supuestos delitos cometidos bajo el manto protector de su inviolabilidad. Trapicheos de envergadura que afloran bajo las faldas de una de sus incontables “amigas”.

La cosa se conoce porque la Fiscalía de Suiza investiga el entramado societario de una cuenta en un banco de aquel país, Mirabaud, que recibió 100 millones de dólares en 2008, transferidos desde Arabia Saudí. Esa cuenta era controlada por la fundación Lucum, domiciliada en Panamá y administrada por testaferros, uno de los cuales es un primo del Rey emérito.

El primer beneficiario de la fundación y de la cuenta era don Juan Carlos. Y de esa cuenta salieron 65 millones de dólares, en 2012, como donativo a favor de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, una amiga íntima del Rey, la que lo acompañó a Botsuana, aparecía junto a él en actos oficiales y le asesoraba en otros temas.

La misma cuenta de la que también salieron otros dos millones para otra “amiga” del Rey, Marta Gayá. Al parecer, esta forma de romper una relación sentimental ha sido una constante del monarca, ya que utilizó idéntico procedimiento cuando acabó su “amistad” con Bárbara Rey. Entonces la despreciada actriz española amagó con contar lo que sabía, fue sometida a amenazas y acabó recibiendo otro generoso “donativo”, como el que se repitió con Corinna, que la hizo callar para siempre.

Lo peligroso de todo ello no es la desfachatez faldera del monarca, sino los delitos fiscales y la corrupción que supuestamente deja traslucir el comportamiento licencioso del rey Juan Carlos. Porque, gracias a la labor de la justicia extranjera, puede seguirse ya la pista del dinero, cosa que en España ha sido imposible a causa de la inviolabilidad del Rey.

Por eso se sabe que el ingreso de 100 millones de dólares se produce después de firmarse un acuerdo comercial entre España y Arabia Saudí para la construcción del AVE a la Meca, un acuerdo facilitado por las relaciones “familiares” entre ambas monarquías y rematado con la entrega de la medalla del Toisón de Oro al soberano saudí. La justicia suiza investiga una trama dineraria que acabó engrosando la cuenta del Rey tras pasar por testaferros y empresas offshore, el recorrido habitual para camuflar dinero negro y comisiones opacas.

Y esa era, precisamente, la dedicación “oficial” de la amiguita del Rey, ser “comisionista”, como ella misma se definía. Mientras mantuvieron la relación, Corinna tuvo conocimiento y accedió a información sobre la trama de empresas, fundaciones y testaferros de los que el monarca presuntamente se ha servido para ocultar su patrimonio. Un patrimonio millonario acumulado durante años, cuya procedencia jamás se ha hecho pública y ha eludido siempre la acción fiscalizadora de Hacienda.

Lo grave del asunto, por tanto, es que descubre a un Rey que cobra comisiones aparte de su “sueldo”, oculta su dinero a través de una red de corrupción y practica la elusión fiscal para no pagar impuestos. Es decir, además de la moralidad farisea de una monarquía que se exhibe como católica practicante y casa a sus hijos según los ritos de esta confesión religiosa en suntuosas catedrales (mientras comete infidelidades, separaciones y nupcias con divorciadas...), la actuación del Rey emérito desvela que supuestamente es capaz de cometer delitos que su fuero privilegiado no permitía, al amparo de la inviolabilidad que lo protegía. Se ha comportado supuestamente como un delincuente real.

La inviolabilidad del jefe del Estado es un escudo legal para proteger la institución e impedir su desestabilización por medios judiciales o políticos, no para amparar conductas delictivas de las personas que la encarnan o representan.

Con todas sus salvaguardas y fueros institucionales, hasta el Rey está sometido a la igualdad ante la ley, como el resto de los ciudadanos. Por eso es muy grave lo realizado presuntamente por don Juan Carlos de Borbón. Tan grave que su hijo, el actual rey Felipe VI, se ha visto obligado a difundir, en pleno estado de confinamiento del país, un comunicado desligándose de las actuaciones de su progenitor, renunciando a toda herencia que pudiera corresponderle a él y a su hija, la princesa heredera del trono, de ese patrimonio oculto, reconociendo que no tenía conocimiento de tales actividades ni que fuera nombrado beneficiario de su entramado societario y anunciando que avisó a las “autoridades competentes” de todo ello.

Ha tenido, pues, que “matar” a su padre para defender la monarquía, como su padre tuvo que hacer con su abuelo, que también tenía dinero en Suiza, para poder ponerse la corona que Franco le entregó arbitrariamente, en un acto autoritario más del dictador para impedir que los españoles eligieran un futuro no diseñado por él.

Una gravedad que se acrecienta cuando, en el propio comunicado de la Casa Real, se informa de que el rey Felipe VI hacía un año que conocía todo este embrollo escandaloso de su padre por ocultar una fortuna en paraísos fiscales.

Y lo sabía porque, según detalla en el comunicado, en marzo de 2019 recibió una carta de un despacho de abogados londinense en la que le comunicaban que había sido designado como beneficiario de la fundación Lucun, cuando su padre muriese.

A pesar de ello, no es hasta ahora, un año después, cuando el Rey ha proporcionado esa respuesta contundente, que ha hecho pública la Casa Real, con la que se desliga de su padre, de sus actividades y de sus negocios cultos, renunciando a toda herencia que pudiera legarle, fruto de ese patrimonio oculto. Contundente, pero algo tarde.

Una sociedad madura como la española admite que sus próceres no sean las idílicas personas que se imaginan, mientras puedan ser reprendidas por la justicia cuando cometen delitos. Del Rey al porquero, tomos somos iguales ante las leyes, aunque algunos, en función de su cargo, posean fueros y privilegios que hagan más escrupulosa la acción de la justicia.

Y en estos tiempos en que se exige a la totalidad de la población el acatamiento estricto de las órdenes del Gobierno para guardar un confinamiento riguroso en sus domicilios, so pena de sanciones, hubiera sido deseable que el mensaje que el rey Felipe VI dirigió a la ciudadanía, agradeciendo su colaboración y responsabilidad por tales medidas sanitarias, incluyera alguna referencia a la responsabilidad de todos, incluyendo a su padre, en el respeto a la ley, de la que nadie está exento.

Hubiera sido un detalle de honestidad y lealtad hacia un pueblo, al que representa, que afronta estoicamente momentos de grandes dificultades. Entre otras cosas, porque tan letal es para la sociedad la epidemia del coronavirus como la existencia de un presunto delincuente real. Y ya que habla de una cosa podría también hablar de la otra.

DANIEL GUERRERO

17 de marzo de 2020

  • 17.3.20
España ha declarado el Estado de alarma por la pandemia del virus Covid-19 que nos está afectando. Sería aconsejable actuar con sensatez ante la emergencia. No es lo mismo un brote epidémico con un número contenido y delimitado de casos, que la duplicación de las cifras de contagio y fallecidos casi a diario. De apenas un centenar de infectados a cómputos de cuatro mil, con pronóstico de superar los diez mil contagiados, ya es motivo suficiente para la alarma.



Culpar ahora de lo que no se hizo antes, es cinismo, cuando no difamación interesada o partidista. El foco más importante de la epidemia, y hasta cierto punto desbocado, está en Madrid, y no es consecuencia de la manifestación del 8-M celebrada allí. Estas manifestaciones se realizaron en muchas otras ciudades del país, sin que hayan generado focos de infección semejantes. Tampoco lo justifica el volumen de la población madrileña.

Existen otras causas que intentan no explicitarse abiertamente. Se trata, en definitiva, de la Comunidad donde se hicieron más recortes en la sanidad y se privatizaron más hospitales, precisamente por parte del partido que actualmente gobierna el Ayuntamiento y la Comunidad, y el que preside el actual líder de la oposición, que exige responsabilidades y dictamina culpabilidades cada día. Sería exigible mayor corresponsabilidad ante una emergencia de esta naturaleza, de índole global.

La enfermedad que provoca el virus tiene un periodo de incubación de cinco o seis días, por lo que existen personas infectadas que no presentan síntomas, pero que pueden contagiar la enfermedad y extenderla. Tal probabilidad exige precaución (limitación) en los movimientos y en las relaciones interpersonales.

Pero la precaución no es sinónimo de miedo o paranoia, mucho menos de terror o pánico. Hacer acopios de alimentos o medicinas es una actitud irracional. No estamos en guerra ni se va a producir situaciones de desabastecimiento en el país, menos aún durante el Estado de alerta decretado.

Hay que evitar, eso sí, los contactos físicos (darse la mano, abrazos, besos), no las relaciones con gente sana. Mantener una distancia de algo más de un metro, para evitar estar expuestos a emisiones que se expulsan al hablar y respirar, es prudente, pero no significa el rechazo o la huida de los otros como si fueran unos apestados.

Sin embargo, el roce y la cercanía casi íntima que se produce en aglomeraciones y sitios cerrados sin ventilación están totalmente contraindicados, hay que rechazarlos. Entre un extremo y el otro se halla el término medio espacial de la sensatez.

Tampoco hay que interpretar las medidas de aislamiento como unas vacaciones extras que se pueden aprovechar para viajar o hacer turismo. Ello supondría propagar la infección a otras zonas afortunadamente libres de ella. Los desplazamientos deben evitarse, si no es por causa de fuerza mayor.

El número creciente de contagios, que se multiplican a diario de manera casi exponencial, justifica la alarma decretada por el Gobierno. Las medidas adoptadas, que requieren de la responsabilidad individual de todos, responden a protocolos establecidos para reducir la propagación y contener la expansión de la epidemia, no a causa de su letalidad.

Si alguien sospecha, por los síntomas que presenta, que se ha contagiado, debe guardar aislamiento en su propio domicilio y llamar a los teléfonos de emergencia para que le informen de la conducta y actuaciones que debe seguir, según su estado.

No hay que acudir a los hospitales por la mera aparición de síntomas leves de gripe o fiebre que no supera los 38ºC, puesto que los hospitales ya están colapsados con la presente crisis y demás patologías a las que deben enfrentarse habitualmente. Las camas disponibles han de reservarse para casos de mayor gravedad que ponen en peligro la vida de los pacientes.

El virus de la actual epidemia no tiene tratamiento, de momento. Muchas de las epidemias virales de los últimos años se deben al contagio por virus de animales que saltan al ser humano, y surgen en zonas con deficientes medidas higiénicas, tanto en animales como en personas. De ahí que estas epidemias se originen, habitualmente, en países en vías de desarrollo, desde donde se transmiten al resto del mundo hasta tanto se disponen de instrumentos de control terapéutico (fármacos, vacunas, etcétera.)

La industria farmacéutica, radicada en países ricos, no investiga ni elabora medicamentos para agentes potencialmente nocivos pero improbables, como los virus de animales, sino para enfermedades existentes, que afectan a grandes sectores de la población, que permiten rentabilizar la inversión en investigación y elaboración que han desarrollado en sus laboratorios.

Tampoco suele fabricar fármacos para poblaciones con poca capacidad económica, en las que es difícil obtener grandes beneficios. Todo ello explica la relativa proliferación de estas nuevas enfermedades víricas, desconocidas hasta la fecha, y la sorprendente vulnerabilidad que exhibimos frente a ellas. No las atendemos (estudiamos) ni nos prevenimos (preparamos fármacos contra ellas).

Todo lo cual nos obliga a la responsabilidad, la sensatez y la paciencia para hacer frente al virus, aunque no estemos acostumbrados a permanecer encerrados, no solo en nuestros hogares, sino con nosotros mismos y nuestras neuras. Quince días es poco tiempo, pero me temo que nos parecerá una eternidad, además de un problema para los que no saben qué hacer con los hijos ni a quién dejárselos, pierden el empleo, dejan de ganar dinero en sus negocios o se ven forzados a adelantar sus vacaciones. Un follón.

DANIEL GUERRERO

9 de marzo de 2020

  • 9.3.20
Una epidemia que amenaza con convertirse en pandemia, provocada por un virus nuevo y desconocido hasta la fecha, que hizo su aparición en un remoto rincón de China, causando una especie de gripe sumamente contagiosa y de relativa letalidad, ha desatado cierta histeria conforme, gracias a la facilidad de desplazamientos del mundo moderno, se extiende por Asia y Europa, principalmente, como un fantasma que recorre el mundo, poniendo en jaque no solo las capacidades sanitarias por atajarla, sino también la economía de los países a los que alcanza la infección. Y es que el virus se ha vuelto viral.



Dicho germen, denominado coronavirus COVID-19, pertenece a una familia amplia de virus, entre los que hay que causan enfermedad en los humanos, y otros en los animales. Al parecer, el patógeno que está propagándose por el mundo se originó en los murciélagos, sin que se sepa todavía cómo saltó a las personas, si bien directamente o a través de otro animal intermedio que hizo de huésped.

Sea como fuese, lo cierto es que desde que surgió el primer brote en Wuhan, China, país donde ha contagiado cerca de 80.000 personas y provocado la muerte de más de 2.700 de ellas, en su mayoría personas de edad avanzada y con otras patologías previas, el virus se ha extendido con inusitada rapidez a más de 78 países, como Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, EE UU, Argelia, México y España, por citar algunos de ellos. El número de fallecidos en todo el mundo supera ya las 3.200 personas. No se trata, por tanto, de una infección benigna ni localizada, sino de una enfermedad importante y, por ahora, descontrolada.

Que sea importante no quiere decir que sea grave, aunque la mortandad que puede provocar depende más del estado de salud previo de las personas que de la letalidad del virus. Los síntomas respiratorios que genera pueden complicar patologías existentes en las personas a las que infecta.

No obstante, la alarma que desata la infección está justificada por su enorme capacidad para propagarse entre la población, sin detenerse en fronteras o mares, una capacidad de contagio que hace que cada infectado se convierta en un foco que irradia, a su vez, la enfermedad a su entorno cercano, multiplicando exponencialmente los contagios. Esto es lo importante de este virus, no tan letal pero sumamente infeccioso.

Combatir su propagación es complicado, pero imprescindible. Ello implica el control de movimientos de las personas desde las zonas afectadas a las que están libres de contagio. Y de hacer guardar cuarentena a los pacientes diagnosticados con la infección y portadores del virus.

Por sentido común, es recomendable evitar las concentraciones multitudinarias en estadios, festivales, congresos y otros eventos de esta naturaleza. Pero, sobre todo, lleva a todo el mundo a retomar los hábitos de higiene básicos que pudieran haberse relajado con la rutina y la confianza, como es lavarse siempre las manos, no compartir utensilios de comida ni vasos, no toser al aire ni taparse la boca con las manos, sino sobre un pañuelo o el antebrazo y evitar estar expuestos a ambientes cerrados sin ventilación.

Y al menor síntoma, no correr a los hospitales o las urgencias, sino avisar a los servicios de emergencia para que indiquen el procedimiento a seguir. El simple confinamiento en el propio domicilio es, en la mayoría de los casos, suficiente para guardar cuarentena y atajar la propagación de la enfermedad. Con estas y otras medidas similares, se combate lo más preocupante de este virus, cual es su facilidad de contagio.

Su patogenicidad, en cambio, como advierte un viejo adagio médico, depende más del enfermo que de la enfermedad. Y como muchos otros virus, es probable que no tenga cura, es decir, que no se pueda vencer con algún fármaco que lo elimine. Pero si se podrá atenuar su virulencia mediante una vacuna que obligue al sistema inmune del organismo a crear anticuerpos que lo combatan.

Se dedican enormes esfuerzos en hallar una vacuna pronto. Además, para afrontar la sintomatología con que suelen presentarse estas enfermedades víricas respiratorias, se dispone de una amplia farmacopea que proporciona antitérmicos, analgésicos, antiinflamatorios, antitusígenos... de comprobada eficacia.

Sin embargo, no hay que banalizar la enfermedad ni tampoco percibirla como la peste del Siglo XXI. Cada pocos años se detectan nuevos gérmenes patógenos que nos obligan a buscar remedios para contenerlos, cuando no vencerlos. El COVID-19 puede que acabe como otro virus más que nos acecha durante el invierno, causándonos una especie de gripe distinta.

En esta ocasión, aparte del daño a la salud, su rápida propagación está originando un importante deterioro de la actividad económica y del comercio, debido al cierre de industrias, el aislamiento de personas y el control de movimientos.

Ya existen problemas de abastecimientos en piezas de automóviles, teléfonos, aviones y demás artículos que se fabrican por separado en todo el mundo. Y una caída de la actividad económica en determinados sectores productivos, como el turismo, la hostelería, la restauración, etc., lo que, de continuar, podría abocar a una recesión económica de inimaginables consecuencias para el empleo y la riqueza en muchos países.

No cabe duda, pues, que esta crisis sanitaria mundial, provocada por un virus novedoso, más que grave es importante. Preocupa más su capacidad de contagio que su letalidad, y preocupa su efecto adverso sobre una economía globalizada e interdependiente, que no puede permitirse el lujo de ser ajena al aleteo de una mariposa en las antípodas.

De ahí que se hagan ímprobos esfuerzos, en todos los países en que ha aparecido, para combatirla, estabilizarla y, si no se solventa, integrarla en el cuadro de afecciones periódicas con las que convivimos, y mantenerla controlada. Sin alarmismos ni banalizaciones, hay que interrumpir la viralidad de este virus que golpea la salud de las personas y la economía de las naciones.

DANIEL GUERRERO

2 de marzo de 2020

  • 2.3.20
Las próximas elecciones presidenciales de los Estados Unidos de América (EE UU) parecen moverse entre el bandazo ideológico y el continuismo, extremos que protagonizan un Bernie Sanders que va imponiéndose en las primarias del Partido Demócrata celebradas hasta la fecha, y el populismo ultranacionalista que supone la reelección de Donald Trump, el presidente más radical y heterodoxo que ha habitado la Casa Blanca desde hace décadas.



Ambos extremos lo ocupan el miedo y el fracaso, representados por unos candidatos a las elecciones del próximo noviembre que, en sus prolegómenos, ya ofrecen un espectáculo de abrupta confrontación, como si defendieran dos EE UU diferentes y opuestos que buscan mutuamente anularse.

Evidencian, así, una polarización que no es más que el resultado de la enorme fractura social que Trump se ha encargado de profundizar, desde el primer minuto en que ocupó el Despacho Oval, con sus exageraciones, sus extravagancias, sus mentiras y sus obsesiones.

De la maraña de candidatos demócratas sobresale, hasta ahora, el senador Sanders, que atrae el voto de los descontentos con las políticas de Trump, que son legión, como los hispanos, prácticamente el segundo segmento de población de EE UU, que se sienten víctimas de las restrictivas políticas sociales y migratorias de la actual Administración, y los jóvenes, quienes no comulgan con un mandatario que se orgullece de despreciar la diversidad, criticar la igualdad femenina, mofarse de la sostenibilidad medioambiental y de percibir la solidaridad como una debilidad, tanto en política como en los negocios y la convivencia, y no como un valor en sí misma o una virtud siempre recomendables.

Su soberbia, rufianismo, falsedad y aprovechamiento del cargo para su interés particular y sus negocios son rasgos del inquilino de la Casa Blanca que no concuerdan con los valores de una generación que está acostumbrada al internacionalismo y las relaciones multiculturales, ámbitos en los que la confianza, el respeto, la sinceridad y la ecuanimidad son condiciones imprescindibles que evitan malinterpretaciones, roces y abusos.

Sin embargo, y a pesar de que encabeza los apoyos en las primarias demócratas, Sanders no las tiene todas consigo ni acaba de aglutinar en torno a su candidatura a todo el aparato del partido. El núcleo duro de este y, por descontado, sus contrincantes republicanos, lo consideran “rojo”, es decir, sumamente peligroso. Hasta Hillary Clinton desconfía de él y espera que surja otro candidato que consiga ganarse todo el apoyo del Partido Demócrata.

Ese establishment recela de Sanders y no aprecia que sea el “ticket” con más posibilidades para enfrentarse a un Donald Trump crecido, envalentonado después de superar un impeachment que ni lo ha arañado, aunque ha sacado a la luz sus “malas artes”, y de apropiarse los éxitos de una economía que evoluciona según el ciclo. Tales son los elementos de una campaña presidencial norteamericana que oscila, aun en sus fases iniciales, entre el miedo y la estafa: el que provoca uno y el que caracteriza a otro.

Un miedo al senador que emerge de su propio partido y que se une al propalado por los republicanos, que lo atacan por ese punto débil que él mismo ofrece al considerarse “socialista”, un término que en EE UU equivale a comunista. De ahí que lo tachen de “rojo”.

Pero Sanders no es, ni por asomo, lo que se entiende por socialista en Europa, sino simplemente un defensor de aquellas capas ciudadanas desfavorecidas que son orilladas por un sistema económico que deja en manos del mercado y la iniciativa privada la satisfacción de sus necesidades básicas, como la salud o la educación.

Sanders, como mucho, es socialdemócrata, la corriente ideológica en la que se encuadran los que persiguen, sin “tocar” el sistema capitalista, construir una red de seguridad pública que proteja a los más débiles mediante ayudas sociales. Y para financiar esa red (Estado de Bienestar), promueven una fiscalidad progresiva, que obliga pagar más a los que más tienen, con objeto de que cada ciudadano contribuya en función de su capacidad económica.

Sanders también apuesta por una educación pública gratuita, un salario mínimo más alto y más inversión pública en infraestructuras “verdes” o sostenibles, entre otras propuestas de su programa. Y, por lo que se ve, ello en EE UU es mentar a la bicha porque tales propuestas van en contra de la actual corriente neoliberal del capitalismo más descarnado, que excluye toda intervención y regulación por parte del Estado.

Ni que decir tiene que las compañías de seguros médicos y otras por el estilo, de titularidad privada, afectadas por el programa del candidato demócrata, se oponen frontalmente a cualquier “socialización” que regule la actividad económica, aunque sirva para mejorar el bienestar de la mayoría.

Y quien más critica la propuesta es, precisamente, Donald Trump, que ya se encargó de derogar una medida similar de su predecesor, el “ObamaCare”. La propuesta de Sanders de extender el medicare sirve de pretexto para inocular el miedo entre los ingenuos que se asustan con la palabra “socialismo”.

En una sociedad que nació preconizando el liberalismo individual y renegando de cualquier intervencionismo estatal, al considerarlo una injerencia o limitación en la libertad, los mensajes de Bernie Sanders son percibidos como una extravagancia o una insensatez.

Y Trump explota, con sus habituales tuits despreciativos, esas “ocurrencias” de un adversario al que considera débil. Contra Sanders, como anteriormente contra Hillary o en la actualidad contra Biden, no precisa de la “ayuda” de potencias extranjeras que espíen a su favor cualquier asunto pudiera perjudicar a sus adversarios. Contra Sanders le bastan sus exabruptos.

El mayor peligro para Trump era el impeachment, no porque pudiera acabar destituyéndolo (lo que era imposible por la mayoría republicana del Senado), sino porque pudiera sacar a relucir sus trapicheos, sus abusos de poder, su obstrucción a la Justicia, su sectarismo o su nepotismo tan poco ilustrado como sus gustos áureos en la decoración de sus residencias.

De un individuo acostumbrado a considerarse por encima de la ley, por encima de la democracia, por encima de la diplomacia y por encima del mundo, lo único que podría esperarse es la estafa, la promesa de buscar el “America first” como señuelo para su beneficio personal y el de los de su clase.

Ni sus guerras comerciales, ni sus muros, ni sus aventuras militares persiguen otra cosa que el enriquecimiento de los ricos, como él, que, hartos de ganar dinero, ya sólo les distrae gobernar su país del mismo modo que dirigen sus empresas: con amenazas, despidos, explotación, abusos, chantajes y fraudes.

No miran al futuro, ni a las gentes, ni al planeta. Están obsesionados con la rentabilidad inmediata y el resultado de beneficios a cualquier precio. Y el precio, en política, es el inmovilismo, el aislacionismo, el oportunismo y el desbarajuste, todo ello sazonado con mentiras, abusos y arbitrariedad.

Por eso Trump representa la estafa. Una estafa con enormes posibilidades de imponerse y ganar en las próximas elecciones presidenciales de EE UU. Habrá que seguir atentos a lo que allí se cuece, porque afecta a todas las “colonias” del imperialismo yanqui, como bien saben los olivareros y los productores de aceite de España.

DANIEL GUERRERO

24 de febrero de 2020

  • 24.2.20
Que Palestina está condenada a su eliminación como nación y Estado, mediante una serie encadenada de hechos consumados que progresivamente la aíslan, la asfixian y la absorben cada vez más, no constituye ninguna novedad. Lo relevante, en la actualidad, es el descaro con que ello se produce y la desfachatez con la que los agresores (EE UU e Israel) lo realizan, sin ningún disimulo, ante los ojos del mundo y con total impunidad.



Los que persiguen la eliminación de Palestina ni siquiera camuflan sus intenciones en la hipocresía. Se trata de la historia de una desaparición anunciada desde la propia creación de Palestina, en el año 1947, como un Estado no independiente, dividido, ocupado y constantemente reducido por la entidad que no acepta ni reconoce su presencia, Israel, y que debería compartir un territorio que ambiciona y se anexiona con claro desprecio a la legalidad internacional.

Los hechos consumados significan la desobediencia a las resoluciones de la ONU, la ignorancia de las fronteras acordadas, la ocupación de territorios, la colonización de enclaves palestinos con poblados israelíes, el aislamiento de la población con muros y vallas, la incautación y control de sus finanzas y economía por parte de Israel, el continuo hostigamiento y represión militar de su población para impedirle la libertad de movimientos y de manifestación, la prohibición al retorno del exilio de los refugiados palestinos y la permanente opresión social, política, cultural, económica y hasta racial que soporta el pueblo de Palestina, como constante de una relación desigual e injusta que solo busca “barrer” a los palestinos de una tierra que Israel desea poseer de forma exclusiva.

Pero, por si fuera poco, a todo ello se añade una última bofetada que el imperialismo de la opresión ha propinado a las esperanzas de paz del conflicto judío-palestino. Una bofetada materializada en el plan supuestamente de “paz” de Donald Trump. Todo un insulto a la inteligencia, la historia y la dignidad del pueblo palestino.

Ese “acuerdo del siglo” para Oriente Próximo, como fue calificado por el propio Donald Trump, tras casi tres años de elaboración por parte del Jared Kushner, yerno del mandatario norteamericano y amigo personal del primer ministro israelí Binyamin Netanyahu, nace sin que nadie, salvo Israel, lo apoye.

Y es lógico que solo Israel lo acepte puesto que el plan contempla todas sus demandas territoriales y de control, incluyendo el codiciado valle del río Jordán y la consagración como capital judía de Jerusalén, mientras que a los palestinos se los confina en “guetos” diseminados y sin continuidad territorial, lo que imposibilita el viejo acuerdo de “dos Estados”, a cambio de una inconcreta promesa de millones de dólares, durante diez años, para inversiones en Gaza y Cisjordania.

Un “caramelo” monetario que a nadie engaña. Como el propio presidente norteamericano señaló en su presentación, seguramente sin darse cuenta de revelar sus verdaderas intenciones, el plan está concebido únicamente para resolver “el riesgo del Estado palestino para la seguridad de Israel”.

Todo acuerdo que una de las partes rechaza de manera rotunda es un acuerdo fallido. Para el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbás, el plan resulta tan insultante que, nada más conocerlo, dio por rotas las relaciones con Israel y EE UU. Además, solicitó ante el Consejo de Seguridad de la ONU que sea rechazado por ser un plan que plantea un Estado palestino inviable, con un territorio fragmentado como un queso suizo.

Y para el primer ministro palestino, Mohammed Stayéh, la propuesta de Trump solo “forma parte de las campañas electorales de estos dos líderes (Netanyahu y Trump), por lo que pronto será enterrado por la historia”. También la Unión Europea lo rechaza por no encajar con lo acordado internacionalmente para poner fin al conflicto.

Según Josep Borrell, Alto Representante para la Política Exterior y Seguridad Común de la UE, Europa rechaza el plan por alejarse de las condiciones acordadas en la solución de “dos Estados” que toman las fronteras de 1967 como referencia, la parte oriental de Jerusalén como capital de Palestina y los intercambios equivalentes de territorio que sean necesarios para lograr la convivencia de dos Estados independientes, democráticos y que se reconozcan mutuamente.

Incluso el antiguo negociador de EE UU para Oriente Próximo, Dennis Ross, advierte de que el plan de Trump “no tiene nada que ver con la paz”. Coincide con la apreciación de un predecesor en el cargo, Aaron David Miller, quien afirma que “esta es la primera iniciativa de paz cuyo objetivo no tiene nada que ver con los israelíes y los palestinos”.

Y como cabía esperar, la Liga Árabe también se posiciona en contra del citado plan por “no cumplir con las aspiraciones de los palestinos, no tener en cuenta las referencias legales en relación con Jerusalén, los Altos del Golán, la ocupación israelí y la cuestión de los refugiados”.

En realidad, el plan Trump, descaradamente sesgado a favor de Israel, solo ha sido aceptado por este último país y por los aliados de EE UU en la zona: Arabia Saudí y Egipto. Aún así, la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), que cuenta con 57 miembros, entre ellos Arabia Saudita, Irán y Turquía, y que representa a más de 1.500 millones de musulmanes en el mundo, también rechaza el plan supuestamente de paz de Trump por no responder a las aspiraciones mínimas ni a los derechos legítimos del pueblo palestino”.

Y es que la propuesta de la Casa Blanca solo favorece los intereses de Israel en detrimento de los de Palestina, pues el reparto territorial contemplado permitiría la anexión de los asentamientos ilegales judíos de Cisjordania, donde ha construido 140 colonias y 127 puestos avanzados, en los que viven más de 600.000 judíos, y el valle del Jordán como frontera oriental judía a lo largo del río Jordán.

Ello supondría, no solo la fragmentación de Cisjordania en trozos rodeados por asentamientos sometidos a la soberanía israelí, lo que imposibilitaría la constitución de un Estado plenamente soberano, sino que además reduciría a la mitad un territorio que ya era un 22 por ciento de su espacio histórico, dejándolo solo en el 11 por ciento.

Tal propuesta va en contra de las aspiraciones palestinas de tener un Estado independiente propio, que incluya Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este como capital del mismo, conforme a las fronteras basadas en las resoluciones de la ONU y los acuerdos del alto el fuego en 1947 y 1967.

Otra de las controvertidas medidas es que no resuelve el problema de los refugiados palestinos esparcidos por Oriente Medio, por donde se diseminaron más de cinco millones de personas que huyeron o fueron expulsados por las fuerzas judías de sus tierras, en 1948, para crear el Estado de Israel.

Los palestinos reclaman su derecho a regresar, pero los israelíes lo niegan porque tal aumento de la población les perjudicaría demográficamente y conduciría a su fin como Estado judío. De ahí, precisamente, la política de asentamientos judíos en territorios ocupados para contrarrestar el peso de la población árabe y mantenerla siempre en minoría.

Y el estatus de Jerusalén como guinda del enfrentamiento. El plan de Trump contempla que Jerusalén sea la capital indivisible de Israel. Los palestinos también aspiran que Jerusalén Este, donde viven más de 350.000 de ellos, sea la capital de su futuro Estado independiente. Pero por la fuerza de los hechos, Israel ya ha convertido unilateralmente, en 2017, Jerusalén en la capital judía, con el apoyo incondicional de EE UU, que trasladó allí inmediatamente su embajada.

Ya antes, tras la Guerra de los Seis Días de 1967, Israel se había anexionado la parte Este de la ciudad, incluida la Ciudad Vieja hasta entonces bajo administración jordana, lo que llevó a la ONU a reiterar, en 2016, su Resolución 2334, que considera que Jerusalén Este es un “territorio ocupado”. El plan de Trump, por tanto, consolida las pretensiones de Israel para que siga “salvaguardando los lugares sagrados de Jerusalén”, sin especificar dónde se ubicaría una posible capital palestina. La respuesta de Abbás ha sido contundente: “Jerusalén no está a la venta”.

Lo cierto es que el estatus internacional de Jerusalén hace tiempo que no se respeta ni este plan lo rescata. Una ciudad que, según la Resolución 181 de Naciones Unidas, tendría que haber sido desmilitarizada y controlada por la ONU hasta la celebración de un referéndum, cosa que jamás ha ocurrido, ha dejado de ser símbolo para la convivencia pacífica de las creencias religiosas y un enclave para la tolerancia.

Pero ahora, con el plan de 181 páginas elaborado por Donald Trump y en el que no han participado los palestinos, será simplemente la capital del Estado judío, por obra y gracia de su exclusiva voluntad. No es de extrañar, pues, que el “acuerdo el siglo” para el conflicto palestino-israelí sea rechazado por todos, ya que solo ratifica la imposición de los intereses de una parte sobre los de la otra. Se trata de la enésima humillación a Palestina.

DANIEL GUERRERO

17 de febrero de 2020

  • 17.2.20
Acostumbrados a lo “normal”, esa regla que estandariza y homogeniza lo diverso en casi todos los órdenes de la existencia (moda, costumbres, ideas, cultura, economía, política, comercio, deportes, ocio...), llama la atención el éxito que están obteniendo en los últimos tiempos las “excepciones”.



En una sociedad como la Occidental, que se amolda a lo establecido y sirve de “modelo” al resto del mundo (desde su gorrita de béisbol, a su música, su sistema de valores y hasta sus manías), están de un tiempo a esta parte emergiendo los que antes eran “invisibles”, los ignorados o excluidos que no se ajustaban a lo “normal”, entendiendo “normal” como sinónimo de “mayoría”, lo que es mayoritario o común.

Un concepto estadístico que solo refleja porcentajes, aunque sean mayoritarios, de hábitos, costumbres y formas de ser en cada lugar y tiempo, y no como categoría ética o natural de lo correcto, bueno o sano. Es por eso que hubo una época en que fue considerado “normal” fumar, pero ni entonces ni hoy era bueno ni conveniente, desde el punto de vista de la salud, por mucho que esa aparente mayoría –y la industria que la incentiva– se empeñase en imponer un vicio nocivo para el fumador y para el no fumador.

Hoy día, las excepciones a la norma están teniendo éxito y reconocimiento. Van siendo valoradas como una opción tan legítima como la ortodoxa y, si acaso, mucho más efectiva para triunfar en algunos aspectos en que era considerada una extravagancia o un hándicap para alcanzar cualquier objetivo en la vida.

En una sociedad que presume de “normalidad”, los discapacitados, los que sufren determinadas enfermedades y trastornos psíquicos, los dependientes de sustancias adictivas o los que se comportan contra las normas sociales, todos ellos están dejando de ser “raros” y llegan a convertirse en ejemplos dignos de admiración y seguimiento. Son modelos “heterodoxos” de lograr cualquier ambición o éxito que se desee.

Es el caso de la artista norteamericana Billie Eilish, una cantante y compositora adolescente a la que el síndrome de Tourette, un trastorno neuropsiquiátrico, la hace parecer indolente, inexpresiva o aburrida, lo que en otros tiempos la hubiera condenado a encerrarse en su casa y ocultarse de los demás.

Hoy, sin embargo, ni sus tics ni su apariencia le impiden, no solo ser todo un fenómeno musical que consigue los más codiciados galardones, como los premios Grammy, sino demostrar, ante los ojos cuadriculados de los demás, su inteligencia y capacidad para triunfar donde artistas “normales” les cuesta o fracasan. Aparte de sus dotes musicales, ha sabido utilizar su “excentricidad” para distinguirse con enorme acierto. Un éxito de la excepción.

Algo similar le ha sucedido a Jeremy Meeks, un exdelincuente que tiene todo el cuerpo lleno de tatuajes y que, en el pasado, si te hubieras tropezado con él en medio de la noche, habrías cambiado de acera. La verdad es que estuvo arrestado y preso en Los Ángeles por robar a mano armada, pero un rostro bien parecido y una excelente forma física le valieron para convertirse en un “top model” cotizado y un sex symbol masculino de las pasarelas.

En su caso, no era una discapacidad lo que le apartaba de la “normalidad”, sino una tendencia antisocial hacia los bienes ajenos. Cazadores de “belleza” para diseñadores y algo de suerte le permitieron ingresar en el sofisticado mundo de la moda y olvidar aquella época en que era parte de los “otros”, de los rechazados o esquivados por la sociedad. Otro éxito de la excepción.

Pero el caso más significativo es el representado por Greta Thunberg, el icono del activismo juvenil contra el cambio climático y la lucha por el medio ambiente. Esta estudiante sueca de 17 años, que padece el síndrome de Asperger, un trastorno mental del espectro del autismo, ha conseguido ser referente mundial en la lucha contra el cambio climático e invitada imprescindible en los encuentros políticos o ecológicos del máximo nivel, como la Cumbre del Clima, la ONU y el foro de Davos, por ejemplo.

Su aspecto delicado, la actitud convulsiva y sus discursos entre el enfado y la riña, exigiendo actuar más y mejor a los gobiernos para combatir la contaminación, reducir la huella de carbono de la actividad humana y potenciar más decididamente la sostenibilidad, es todo un símbolo mundial.

Su incapacidad psíquica, con sus depresiones y su mutismo selectivo, le han servido para emprender una lucha que nadie, al principio, tomaba en serio. Pero desde que comenzó a faltar a clase para protestar todos los viernes, con un cartel elaborado a mano por ella misma invitando a una huelga escolar por el clima, otros jóvenes en diversos países la imitaron hasta constituir todo un movimiento ecológico global que ya es imposible ignorar. Un éxito indudable de la excepción en el activismo ecológico.

No son los únicos, pero los citados tal vez sean los ejemplos excepcionales más conocidos en todo el mundo. Sin embargo, historias similares se producen cada día en nuestras ciudades y en el anonimato de nuestros barrios, donde personas con el síndrome de Down consiguen trabajar y llevar una vida tan “normal” como la de cualquiera. O exdelincuentes y drogadictos que logran superar sus “baches” para incorporarse a la “normalidad” familiar y laboral que ambiciona cualquier ciudadano. Y muchos más.

Todos y cada uno de ellos son ejemplos de que de la invisibilidad se puede salir, que ser “raro” no es un estigma que impida el desarrollo de la persona en su integridad y dignidad, y que la excepción también es una posibilidad de éxito. El triunfo de la excepción.

DANIEL GUERRERO

10 de febrero de 2020

  • 10.2.20
En el momento de escribir estas líneas, transcurrida apenas una semana del segundo mes del año, ya han sido asesinadas ocho mujeres en nuestro país a manos de una violencia machista que algunas personas se niegan a reconocer, ocultando la realidad con el relato ficticio sobre una supuesta violencia “intrafamiliar” o “doméstica”. Sin embargo, el cómputo de hombres muertos por sus esposas o exparejas es tan insignificante que compararlo con el de mujeres muertas por un machismo asesino resulta insultante y ofensivo.



Los que niegan esta evidencia insisten tanto en la mentira –como aconsejó Goebbels– que, incluso, algunas mujeres dan su confianza y su voto a partidos que desprecian la realidad y no admiten que la mujer sea víctima de la peor de las desigualdades, la que no reconoce su dignidad como persona y la considera un ser inferior.

Una cultura patriarcal y machista ha consentido durante siglos que la mujer sea tratada como simple objeto a disposición y disfrute del hombre. Y que, por lo tanto, pueda desprenderse y ser eliminarlo, incluso con el asesinato, cuando no sirve o se revela. Es la actitud –asesina– que adopta el engreído de su superioridad machista.

Para estos obtusos a la razón, el feminismo –la lucha por la igualdad en derechos de la mujer– es una peligrosa ideología porque combate la discriminación que la mujer sufre por el mero hecho de ser mujer, algo que los conservadores de las tradiciones –como el machismo en nuestra sociedad– no son capaces de soportar ni tolerar, negando la realidad.

Por tal razón, los reaccionarios que intentan desacreditar o suprimir las políticas feministas que persiguen la igualdad efectiva de la mujer (listas paritarias, colegios mixtos, igual salario a igual trabajo, acceso a trabajos acordes con su formación...) y las de protección contra la violencia machista (amparo judicial y policial, teléfonos de ayuda, casas de acogida...) se ven en la necesidad de recurrir a la falsedad, al bulo y a la abierta mentira para justificar sus prejuicios y “vender” sus mensajes a la ciudadanía.

No quieren aceptar que la mujer sigue siendo víctima de una violencia machista reacia a desaparecer. Y que se expresa, no como violencia intrafamiliar, sino como lo que es: machismo asesino. Si no fueran tan obtusos, les bastaría lo que llevamos de año para comprender que la realidad ha vuelto a ponerse tristemente de manifiesto, contradiciendo sus falsedades negacionistas sobre la discriminación criminal que soporta la mujer, por razón de sexo.

Del mismo modo, es también falso y tergiversado que los inmigrantes sean los culpables de todos los males que padecemos como colectividad. Ni la delincuencia ni el desempleo ni el deterioro de los servicios públicos son debidos a ellos, como proclaman los que exigen vallas, muros y ejércitos en las fronteras para “impermeabilizar” nuestro país de quienes huyen del hambre, la miseria o las guerras.

Mientras los que se dedican extender bulos que criminalizan hasta a los menores sin familia confinados en centros de acogida, propalando el odio al migrante, el jefe del Estado, a la sazón Rey de España, durante los actos celebrados en Jerusalén por el 75.º aniversario de la liberación del campo nazi de Auschwitz (Polonia), donde fueron exterminadas 1.300.000 personas, pedía al mundo entero, lo que incluye a nuestros “puristas” raciales, que había que “poner coto al odio, la xenofobia y el racismo”.

Entre lo expresado por el rey Felipe VI y lo sostenido por esos negacionistas de la diversidad, existe la misma distancia que entre la realidad y la mentira. Sin embargo, se empeñan los xenófobos en manipular los hechos para intentar convencer a los ingenuos de que limitando libertades y recortando derechos ganamos seguridad, necesaria para “resolver” un problema que en realidad no existe: el de la migración.

Al contrario, los inmigrantes representan una oportunidad. Es lo que declara el flamante ministro de Seguridad Social y Migraciones al asegurar que, sin una media de 270.000 migrantes anuales, de aquí al 2050, no se podrá garantizar el sistema público de pensiones, debido al envejecimiento de la población.

La realidad vuelve a desmentir a los populistas xenófobos, quienes, no obstante, no dejan de irradiar el miedo y el odio para ganar adeptos a sus mentiras, bulos y falsedades. Y conseguir votos, a costa de pisotear los Derechos Humanos. ¡Ni la mujer ni el inmigrante merecen respeto como personas!

La última falacia demagógica que circula con profusión es la censura escolar, denominada eufemísticamente “pin parental”, que promueven los mismos que despotrican del feminismo y practican el racismo. No quieren que en las escuelas se eduque a sus hijos en el respeto a la igualdad de las personas, la diversidad de la identidad sexual y la pluralidad social en cuanto a ideas, creencias y costumbres, derechos todos ellos reconocidos y protegidos por la Constitución.

Esgrimen los censores la defensa de la “libertad” de los padres a elegir la educación de sus hijos, pero se guardan en señalar que a lo que aspiran es someter la escuela al sectarismo de una ideología que es contraria a los valores constitucionales de igualdad, tolerancia, respeto y libertad.

Denuncian alarmados un supuesto adoctrinamiento quienes, precisamente, persiguen adoctrinar en las escuelas con ideas religiosas (respetables a título individual) y valores sectarios (válidos como opción política) que hacen prevalecer la desigualdad de la mujer, la tutela moral de la sociedad, la discriminación racial y la injusticia económica que condena los pobres a la pobreza eterna, por condiciones de nacimiento.

Se trata, pues, de otro enfrentamiento que los propagandistas de bulos, falsedades y mentiras mantienen contra las conquistas logradas en democracia y que posibilitan que la educación sirva de “ascensor” social y ayude a emancipar a las futuras generaciones de las ligaduras que nos mantienen atados a convencionalismos trasnochados y a formas de pensar reaccionarias, excluyentes o discriminatorias.

La verdadera intención del “pin parental” no es dar “libertad” a los padres para escoger una educación “a la carta” (podrían pagársela en colegios de élite), sino atacar a la enseñanza pública. Pretenden que el Estado financie centros privados de educación que –¡oh, casualidad!– imparten esas asignaturas que “eligen” los padres para adoctrinar a sus hijos, sin respetar el derecho de los niños a recibir una educación acorde con los derechos y valores que consagra la Constitución. O que los colegios públicos se conviertan en centros religiosos.

La realidad, no obstante, vuelve otra vez a contradecir estas mendacidades, porque el verdadero adoctrinamiento es presentar una creencia como si fuera una verdad científica, impedir que los profesores ejerzan su cometido y arrebatar al Estado su obligación de garantizar modelos educativos basados en valores constitucionales que buscan conformar sociedades más libes, plurales, diversas, abiertas, tolerantes, pacíficas y respetuosas. Solo los sectarios que están en contra de estos objetivos son partidarios del “pin parental”.

Rechazan la pluralidad y la diversidad existente en la sociedad como reniegan del cambio climático. Va en contra de sus intereses y del capitalismo mal entendido. Que no se pueda explotar todo un bosque y ganar dinero por respetar los árboles que contribuyen a fijar el dióxido de carbono de la atmósfera, evitando ese calentamiento atmosférico que hace cambiar el clima, no entra en sus molleras. No creen en la ecología, la sostenibilidad y la salvaguarda del medioambiente. Chorradas.

Para ellos, la contaminación es progreso, las calles atascadas de coches es signo de vitalidad económica, el agotamiento de recursos es capacidad productiva, el destrozo de formas y medios de vidas (para animales y humanos) es libre comercio y poder empresarial, el empobrecimiento de muchos es inevitable para la riqueza de pocos.

Arrasar el planeta es incondicional al emprendimiento… lucrativo de unos cuantos. Y esos cuantos, siempre los mismos, son los que reniegan del ecologismo, la solidaridad, el feminismo, la educación en igualdad y tolerancia, y del bienestar de todos, porque les perjudica.

Todos son explotadores que están en contra de cuantos movimientos de liberación emerjan en el mundo para la emancipación de los oprimidos y la defensa de este barco en el que navegamos por el Universo. Y para engañar a todos, recurren a los bulos, las falsedades y las mentiras.

Se llamen como se llamen (aquí, en Italia, Brasil o Estados Unidos, por citar algunos sitios donde logran convencer), ya los vamos conociendo, aunque crean que con sus populismos ultranacionalistas puedan seguir manipulando nuestra percepción de la realidad. Esta acaba imponiéndose, no solo por terca, sino por responder a la verdad.

DANIEL GUERRERO

3 de febrero de 2020

  • 3.2.20
En la medianoche del 31 de enero se fueron los ingleses. Nos abandonaron porque quisieron y no nos aguantaban. Llenábamos su país con nuestros maternos acentos románicos y un inglés chapurreado con el que buscábamos alguna posibilidad de vida mejor.



Por su parte, más de un millón de súbditos de Su Graciosa Majestad deambulaban por la Unión Europea e invadían las costas soleadas de las riberas mediterráneas. Podían en nuestro país aprovecharse de una sanidad menos pendiente del coste y más atenta a la salud y sus quebrantos, algo inaudito en sus neblinosas tierras.

A pesar de todo, se quejaban de que pagaban mucho a Europa y que Bruselas se metía demasiado en sus cosas y regulaba en exceso sus recursos. No querían las normas de todos. Se alistaron al club europeo hace 47 años, abonando una cuota más económica que la del resto de los socios. Eran pudientes, distantes y soberbios que solo se mezclaban con los de su élite germánica.

Más que cooperar en un proyecto común, pretendían hacer negocio. Y achacaban sus problemas internos a las obligaciones europeas. El siempre fácil recurso de echar las culpas a otro les dio resultado: los descontentos, los desconfiados y los castigados por todas las crisis eligieron salirse del club.

Un 37 por ciento de la población supuso mayoría suficiente para tomarles la palabra y abandonar el lazo político que les unía a la vieja Europa continental, históricamente más lejana de la Gran Bretaña que de América, aunque un túnel bajo el Canal de la Mancha estableciera un enlace ferroviario permanente. Así que ya dieron el portazo, dejándonos compuestos y sin novio.

Con su marcha, creen que los vamos a buscar porque no podemos vivir sin ellos. Hoy ondean en Londres las banderas de la separación, en medio del regocijo de los alérgicos a Europa. Todavía no saben qué harán mañana cuando no se les permita el acceso a las instalaciones y servicios del club europeo.

Tampoco nosotros sabemos qué haremos sin ellos, tan acostumbrados como estábamos a su flemático proceder estirado y al fish & chips, regado con un buen y frío escocés. Seguro que unos y otros nos arrepentiremos, pero ya todo no será igual. Además de tarde, sucederá como cuando nos peleamos con algún familiar: la confianza se quebrará y el resquemor no habrá forma de eliminarlo. Pero es lo que han querido. Bye, England.

DANIEL GUERRERO

27 de enero de 2020

  • 27.1.20
Durante el invierno suelen producirse temporales que azotan al país con bajadas de las temperaturas, copiosas nevadas, fuertes vientos y lluvias más o menos intensas que desbordan los ríos y causan inundaciones. Esas borrascas invernales no son infrecuentes en una estación y unas latitudes en las que discurren desde el Atlántico hacia Europa los frentes y perturbaciones atmosféricas que las generan.



Pero cada vez que se ciernen sobre España, raro es el temporal que no causa cortes de carretera por nieve acumulada, campos anegados y zonas urbanas cubiertas por el agua, olas que golpean la costa, destrozan paseos marítimos y engullen la arena de las playas y hasta desprendimientos de árboles o cornisas que, aparte del peligro que conllevan, pueden interrumpir el suministro de energía o las comunicaciones.

Cada año, pues, los temporales, dependiendo de su intensidad, dejan un reguero de daños y damnificados que, en cuanto vuelve a relucir el buen tiempo, dejamos caer en el olvido… hasta la próxima vez. Entonces nos comportamos como si no supiésemos que, en invierno, los temporales no constituyen ninguna extravagancia y no hubiéramos tenido ocasión de preverlos y enfrentarlos.

Seguimos construyendo carreteras no acondicionadas para paliar nevadas intensas que inmovilizan a miles de conductores, incluso en autovías y autopistas de primer nivel; obstaculizamos y edificamos en los cauces y riberas de los ríos, limitando su capacidad de drenar las grandes avenidas de agua.

También instalamos sumideros que debieran evacuar la lluvia caída pero que no cumplen su cometido con eficacia no sólo en sótanos, sino también en las cunetas de las calles. Y levantamos muros, tendemos cables y plantamos árboles sin los suficientes cimientos y firmeza como para soportar las fuertes rachas de viento que acompañan estos recurrentes temporales.

Y, así, todos los años volvemos a contabilizar daños, destrozos, pérdidas y víctimas mortales de unos fenómenos que parecen que siempre nos cogen desprevenidos y desprotegidos, como a un caribeño perdido en Siberia. Son catástrofes tan reiterativas como las noticias que puntualmente nos informan sobre ellas los medios de comunicación todos los inviernos. Parece que el único interés que despiertan los temporales es mediático, ya que no sirven para que sepamos cómo combatirlos sin caer en el alarmismo o…en  el espectáculo. Y, así, año tras año.

DANIEL GUERRERO

20 de enero de 2020

  • 20.1.20
Ha sido noticia (¡todo un acontecimiento!) que una empresa de Jaén haya implantado la jornada laboral a sus trabajadores de cuatro días a la semana, respetándoseles íntegramente el sueldo. Acostumbrados como estamos a una “lógica” (neoliberal, por supuesto) que dicta lo contrario, que haya que dedicar más horas al trabajo para “producir” más, sin aumento de salario o, incluso, rebajándolo, lo decidido por la jienense Software Delsol parece una “ocurrencia” de algún empresario que ha perdido el juicio.



Sin embargo, no resulta descabellada, aunque sí “revolucionaria”, una medida que viene a ajustar la jornada de trabajo a unas circunstancias dramáticas de carencia de empleo y desigualdad social. Otras veces en la historia del trabajo se han adoptado restricciones y regulaciones legales sobre la jornada laboral de los trabajadores para adecuarla a las exigencias de cada época.

Desde el trueque a la moderna economía de la oferta y la demanda, los obreros han transitado desde la esclavitud hacia el estatuto de los trabajadores para conseguir una mejora progresiva de sus condiciones laborales, en función de las necesidades o circunstancias sociales. El paso dado por la empresa de Jaén es solo uno más en esa dirección.

Software Delsol únicamente se ha adelantado a una necesidad que acabará afectando al sistema del trabajo. Desde el presente mes de enero, sus 181 trabajadores disfrutan de una jornada laboral de 36 horas en invierno y 28 horas en verano, en vez de las habituales 40 horas semanales.

La mayoría de ellos acude al trabajo de lunes a jueves, y los que tienen que atender a los clientes lo hacen rotando en períodos de cuatro días de forma que, cada cuatro semanas, acumulan cuatro días extras de descanso. La empresa, que se dedica a prestar soporte de software a pymes de España y Sudamérica, ha debido aumentar su plantilla en 25 trabajadores más. Y todo ello, sin que la productividad acuse merma alguna.

Al contrario, gracias a la mayor implicación de los empleados ha mejorado la productividad, ha descendido el absentismo laboral (menos bajas) y se ha valorado la reducción del tiempo de trabajo como una forma de repartir beneficios entre la plantilla. Además, el buen clima laboral ha propiciado la fidelización de la plantilla, su corresponsabilidad con los objetivos empresariales y la atracción de talento.

Solo una mentalidad inmovilista, anclada en el pasado, mantendría el concepto de productividad por trabajador unido sólo al número de horas que dedica a su trabajo cada día. Con la revolución industrial, las máquinas y la electricidad potenciaron tanto la productividad que rebajaron la jornada laboral desde las 14 horas diarias, sin descanso, a las 8 horas diarias, con un día de descanso a la semana, lo que arroja un cómputo de 48 horas semanales.

Entonces, también, esa restricción de la jornada supuso toda una “revolución” que muchos empresarios rechazaron, al considerar que perjudicaba la “rentabilidad” de sus negocios y beneficiaba exclusivamente a los trabajadores.

Pero no solo fueron factores técnicos los que propiciaron aquella reducción de la jornada dedicada al trabajo, sino también económicos y mercantiles. Lo que producían las empresas debía ser vendido para que proporcionara beneficios, y para comprar (consumir) había que tener dinero (mejora salarial) y tiempo libre para gastar (ocio). Con la emergencia de la sociedad de consumo nació la exigencia de ocho horas de trabajo, ocho de ocio y ocho de sueño, que el mercado transformó en una nueva fuente de negocio y oportunidad de ganancias.

En la actualidad, con las nuevas tecnologías la productividad no ha dejado de crecer. La nueva “revolución tecnológica”, que la robótica y la inteligencia artificial impulsan, ha permitido que se produzca más con menos trabajadores.

El desempleo resultante es causa de una de las más dramáticas facetas de una desigualdad que aflora en las sociedades modernas. Un paro por escasez de empleo que condena a mucha gente a la exclusión social, a la marginación y al resentimiento, todo lo cual alimenta la conflictividad y los enfrentamientos en la sociedad.

Trabajar menos para que haya trabajo para todos no es una medida tan descabellada como pudiera pensarse. Es anticiparse a una necesidad que más tarde o temprano tendrá que adoptarse en el mundo laboral para combatir ese paro estructural que genera la revolución tecnológica y que socava la cohesión social y el bienestar de la población en su conjunto.

En vez de dedicar recursos a subsidios por desempleo y otras políticas contra la exclusión del mundo del trabajo, parece más sensato y razonable repartir el tiempo de trabajo, reduciendo la jornada laboral, para que más gente tenga posibilidades de acceder al trabajo.

Dado que la productividad no está ligada exclusivamente al número de horas dedicadas al cometido laboral, la reducción de la jornada y el reparto del trabajo beneficiaría la inserción social de los desempleados, el consumo en general y la conciliación familiar de todos los trabajadores.

Sería adecuar el mercado del trabajo a las exigencias de una sociedad inmersa en la revolución tecnológica y que afronta las consecuencias que esa revolución ocasiona, como son la desigualdad y la marginación por la escasez de trabajo. Visto así, la iniciativa de Software Delsol es una inteligente apuesta por el futuro y la preservación del trabajo en un mundo que revoluciona los viejos paradigmas empresariales, laborales y sociales. ¡Chapeau!

DANIEL GUERRERO

13 de enero de 2020

  • 13.1.20
Tras más de cuatro años de gobiernos inestables en España, parece que, con la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, llegará por fin la normalidad a la política española y recuperaremos los usos convencionales de cualquier democracia: el de un Ejecutivo que se dedique a gobernar y el de una oposición que controle desde el Parlamento la labor del Gobierno.



Es decir, podremos dejar de cuestionar la legitimidad de un presidente investido por la mayoría establecida en el Congreso de los Diputados, y no consideraremos deslealtad institucional la función crítica y discrepante de la oposición. Y ambas funciones –gobernar y vigilar la acción de gobierno– se amoldarán a los procedimientos civilizados y respetuosos que se han echado de menos durante todo este tiempo perdido de inestabilidad. Eso, al menos, sería lo deseable.

Pero después del bochornoso espectáculo presenciado durante el debate de investidura y en la previa campaña electoral, caracterizados por las exageraciones, las descalificaciones y la demagogia, todo optimismo queda lastrado por la desconfianza que generan los actores de la política española, empeñados en demonizar al adversario, procurar una respuesta emocional en la gente y mantener la tensión, la sospecha y el juicio de intenciones, sin siquiera esperar a los errores y aciertos que cometa el Gobierno socialista, el primero de coalición en nuestra democracia.

Nada augura, pues, que la normalidad vaya a ser la tónica del nuevo período político que se avecina, lo que, sin duda, iría en perjuicio de nuestro país, de los ciudadanos y de sus expectativas colectivas o individuales. Para los pesimistas –esos optimistas informados–, la normalidad será más un deseo que una realidad.

Y es que veníamos mal y continuamos mal, a pesar de que, en teoría, se abre una Legislatura que debería ayudarnos a olvidar cualquier eventualidad electoral hasta dentro de cuatro años, para aprovechar ese tiempo en abordar y atender los graves problemas y retos a los que se enfrenta España. Toda una Legislatura para pensar en el bien común y el interés general antes que en los intereses particulares y partidistas de nuestros agentes políticos.

Pero el termómetro de lo que será el futuro inmediato, en cuanto a actitudes y compromisos de quienes nos representan, parece que registra una fiebre elevada debida a la confrontación, la polarización y la radicalización con las que se desenvuelve la diatriba política. Como si todos ellos asumieran aquella estrategia de “cuanto peor, mejor”.

No importa que el programa suscrito por este Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos sea tan razonable como cabía esperar de un Ejecutivo socialdemócrata, que pone el énfasis en medidas sociales y en la recuperación de derechos y prestaciones a los que más perdieron con la pasada crisis económica.

Un programa que no incluye nada de socializaciones ni ruptura de la economía de mercado, sino correcciones de aquellos abusos y privilegios a que es dada la concentración empresarial y el capital. Para ello, el futuro Ejecutivo prepara una Ley de Presupuestos que amplíe el gasto, pero también los ingresos.

Hay margen para ambas cosas, tanto para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y los salarios de los empleados públicos, como para aumentar la recaudación a través de nuevos impuestos (ambientales, de sociedad a entidades financieras...) y con la subida de dos puntos en el IRPF a los contribuyentes con ingresos superiores a 130.000 euros.

También promete abordar la derogación, parcial al menos, de la Reforma Laboral aprobada en 2012 por el Gobierno del PP, que devuelva a los trabajadores su capacidad de negociación y defensa ante las abusivas imposiciones empresariales. Así, está previsto prohibir por ley despedir a un trabajador a causa de su absentismo por bajas de enfermedad o embarazo. Y priorizar los convenios sectoriales a los de empresa.

El marasmo educativo será corregido por una nueva Ley de Educación, menos ideológica que la LOMCE y más útil para preparar a nuestros jóvenes a las exigencias de un mundo competitivo que demanda formación de calidad. Se potenciará la educación pública, se prohibirá la subvención a centros que segreguen en razón del sexo y se eliminará la asignatura de Religión, que será de carácter voluntario, como materia computable del currículo.

Dicho programa también contempla suprimir la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada “Ley Mordaza”, además de restringir los aforamientos políticos para luchar contra la impunidad de la corrupción, en el marco de la honestidad y transparencia en la dedicación pública.

Y, naturalmente, se afrontará el “conflicto catalán” desde el diálogo y la negociación para hallar soluciones respetuosas con el ordenamiento jurídico-legal a los problemas políticos y de convivencia entre catalanes y entre aquella región y el resto de España.

Por otra parte, los temores que parece infundir la ideología “comunista” de Podemos en el Gabinete de Sánchez pertenecen más bien a la propalación malintencionada del “miedo” que a la realidad. Bastaría con leer las declaraciones del líder de la formación, Pablo Iglesias, al medio digital eldiario.es para percatarse de que el “terror bolchevique” ha sido erradicado del ideario comunista desde mucho antes que naciera Podemos, cuando el eurocomunismo renegó de la “dictadura del proletariado” y aceptó el sistema democrático liberal para acceder al poder y efectuar reformas en el capitalismo, sin pretender eliminarlo.

Ni esas declaraciones de Iglesias, que será vicepresidente de Derechos Sociales del futuro Gobierno, en las que admite que “somos conscientes de nuestros límites”, pues la política, la nuestra como la de cualquier Estado europeo, está definida en el marco de la responsabilidad fiscal europea. Ni sus acciones, allí donde gobierna (ayuntamientos, Comunidades Autónomas), ofrecen motivos para temer “revoluciones” políticas o económicas.

Como tampoco sus “pares” en otros países (Portugal, por ejemplo), donde no se han dedicado a socavar el capitalismo y la economía de mercado, sino lo contrario: a enmendar sus defectos y abusos, cumpliendo con los objetivos de déficit, aclarando el marco regulatorio de la actividad económica y socorriendo a los más necesitados. ¿Es ello temible?

Sin embargo, la derecha, en sus tres versiones, sí intenta propagar ese miedo en la población, poniendo en duda, incluso, la legitimidad de nuestro sistema democrático, que establece la investidura de un presidente de Gobierno mediante una mayoría de votos favorables en el Congreso de Diputados. Y deslegitimando votos según la ideología del parlamentario, como si no todos fueran iguales en su condición de representantes de la ciudadanía.

Esa derecha no solo se niega a conceder los cien días de “gracia” al futuro Ejecutivo para cuestionar su labor, sino que incluso ya acusa al Gobierno todavía no nacido de ser un “peligro para el país”, ir “contra España”, ser mayordomo de una democracia “opuesta a la legalidad” y otras lindezas por el estilo, en feroz competición entre las tres derechas, del PP, Ciudadanos y Vox, por ver quién resultaba más duro y convincente en su oposición al futuro Gobierno.

No ha esperado a enjuiciar la legitimidad de ejercicio, la que deriva de su gestión, sino que ha comenzado por cuestionar su legitimidad de origen, la de su alianza con “comunistas, independentistas y terroristas”, como si ser de izquierdas, soberanista o proceder de la izquierda abertzale fuera delito.

Por todo ello, la “normalidad” que se espera que este Gobierno traiga consigo será bastante complicado de lograr. Porque, por un lado, mantener los acuerdos de gobernabilidad con las fuerzas dispares que lo han apoyado requerirá de denodados esfuerzos por satisfacer las exigencias de cada una de ellas, tanto económicas como políticas.

Y por otro, por el acoso implacable que ya aplica la derecha radical (política, mediática, económica), dispuesta a negar hasta el aire y la oportunidad a un Gobierno al que repudia y combate desde antes, incluso, de que sea haya constituido como tal. Ojalá estemos equivocados, pero recuperar la normalidad se antoja una tarea prácticamente imposible si de la confrontación se calculan réditos partidistas.

DANIEL GUERRERO

6 de enero de 2020

  • 6.1.20
Si no se produce ninguna zancadilla en el último minuto (¡y mira que ha habido muchas!), los Reyes Magos traerán mañana un Gobierno “estable” a España. Era lo que pedía la inmensa mayoría de los españoles en la carta a Sus Majestades de la Ilusión. Después de ocho meses de interinidad y dos elecciones generales, el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, podrá al fin reunir una mayoría de votos favorables en el Parlamento que le permitirá ocupar el despacho presidencial del Palacio de la Moncloa, sin estar en funciones ni de manera provisional, como lo ha venido siendo desde que ganó una moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy, en mayo de 2018.



Si lo consigue, será el primer Gobierno de coalición que se formalizará en nuestro país desde la Segunda República, gracias al pacto alcanzado entre los socialistas y Unidas Podemos, más el apoyo parlamentario de otras fuerzas regionalistas, nacionalistas e independentistas. Pero contará con la frontal y beligerante oposición de la derecha (de todas ellas: la derecha, la ultraderecha y la ultra ultraderecha, como las calificó Pablo Iglesias), que ha hecho todo lo posible por bloquear e impedir la consecución de ese probable Gobierno de izquierdas. Es decir, si no se malogra a última hora, los Reyes Magos posibilitarán un Gobierno que acabe con la inestabilidad en la que se ha instalado desde hace un lustro la política en nuestro país. Ya era hora.

Las negociaciones para cerrar ese acuerdo han sido numerosas (por el número de partidos con los que acordar), complejas (por los diferentes y hasta opuestos intereses de cada uno de ellos) y, más que discretas, opacas y ambiguas. Todo ello daba pábulo a la desconfianza y el malestar, incluso en el propio PSOE.

Durante las mismas, algunos barones territoriales socialistas expresaron sus recelos por los compromisos que tuviera que aceptar su partido para ganarse el apoyo de otras fuerzas parlamentarias. Temían que se tuvieran que cruzar determinadas “líneas rojas” que todos ubican en las concesiones soberanistas que exigiera ERC, el partido independentista del líder catalán Oriol Junqueras, actualmente en prisión.

Existía temor también en otras autonomías, temerosas de la posibilidad de un trato privilegiado a Cataluña que, por mucho “conflicto político” que mantenga con el Estado, iría en detrimento de la igualdad de derechos y prestaciones que todas las comunidades merecen.

Todos, barones, autonomías y oposición, desconfiaban de unos apoyos, por otra parte imprescindibles, procedentes de partidos independentistas debido a las contrapartidas que pudieran exigir, aunque sea el mero reconocimiento político de su “singularidad” y el derecho democrático a perseguir sus objetivos, en el marco del “ordenamiento jurídico” existente; es decir, constitucional.

A pesar de todo, tales objeciones eran las tomadas por “amistosas”, planteadas por los que, en cualquier caso, preferirían la formación de un Gobierno de izquierdas a la repetición de unas terceras elecciones generales, de cuyo resultado nadie excluye un bandazo, por hastío, hacia la diestra.

La oposición de derechas, que recupera poco a poco terreno, apostaba por nuevas elecciones, bloqueando con una negativa férrea la investidura con sus votos o abstención de un presidente socialista. Y para denostar, a renglón seguido, los apoyos logrados en la bancada de la izquierda, única opción posible. En este sentido, la derecha ha actuado, dicho coloquialmente, como el perro del hortelano, que “ni come ni deja comer”.

Pero si el “fuego amigo” era el provocado por la desconfianza de lo convenido en ese pacto de investidura, el fuego enemigo, procedente de la derecha reaccionaria, lo fue –es y será– por su total y absoluta cerrazón a un acuerdo entre las izquierdas que haga posible la formación de un Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, como si un gobierno de izquierda fuera la primera vez que sucede en España.

Mientras estuvo en fase de negociación, la derecha política y mediática no se cansó de denunciar que se estaba pactando con los que quieren “romper” España, con “comunistas, separatistas y golpistas”, todos ellos enemigos declarados de este país, aunque reúnan toda la legitimidad democrática para sentarse en el Congreso de los Diputados y ser tan dignos representantes de los españoles, como los demás diputados.

La voluntad de apostar por el diálogo para encauzar el conflicto territorial de Cataluña, supuso nada menos que la catalogación del PSOE como partido “no constitucionalista”, cuando entre los autodeclarados constitucionalistas se alineaban formaciones cuyos presidentes no habían votado la Constitución, otras que no existían cuando se aprobó y alguna que se posiciona en contra del diseño constitucional del Estado de las Autonomías y de algunas libertades y derechos constitucionales. Ese fuego enemigo se atrevió a tildar al candidato de “traidor” y “felón” por tratar de armar una mayoría parlamentaria que permita su investidura.

Cuando escribo este comentario aún no se conoce el resultado definitivo del pleno de investidura. Pero la munición empleada por la derecha, antes y durante la primera sesión, ha sido contundente y de grueso calibre.

A estas alturas de la democracia en España, tales actitudes viscerales de confrontación parecían haber sido superadas en el proceder democrático de la alternancia del poder y en los usos de cortesía, basados en el respeto y la educación, en las relaciones personales y la diatriba entre los políticos, cual adversarios y no como enemigos irreconciliables.

Sin embargo, las descalificaciones, los insultos, las amenazas, las mentiras y las insidias han acaparado el contenido de los reproches dirigidos desde determinados sectores sociales de la derecha –político, mediático, económico, etcétera– a los partidos empeñados en consensuar un Gobierno de izquierdas y a los partidarios que apoyaban tal iniciativa, por otra parte, perfectamente legítima y democrática, dada la mayoría representada en el Parlamento, derivada de la voluntad, expresada en las urnas, de los ciudadanos.

Incluso ha habido llamamientos, desde el catastrofismo más irracional, a una defensa de la patria ante una supuesta amenaza a “la seguridad nacional”, representada por el candidato socialista o por un Gobierno por él presidido en coalición con Podemos. Era lo que demandaba un exmilitar integrado en Vox a través de un artículo publicado en la edición de El Mundo de Baleares, en el que hace un llamamiento a “los poderes del Estado” para evitar la investidura de Sánchez e, incluso, examinar si había incurrido en crimen de traición. El mensaje es implícito.

Más explícito era el de un filósofo, columnista de ABC, que afirmaba que “la situación es gravísima” porque el Gobierno en funciones se apoya “en quienes quieren destruir la Nación y destruir la Constitución”. Asegura el alarmista que “otra guerra civil es posible”. Habla de odio para referirse a la memoria histórica, de la chabacanería instalada en el Parlamento, por la fragmentación partidista, y del imperio de la mediocridad, política y social. Por todo ello, concluye que “España casi agoniza” y  “que puede morir”.

Uniéndose al coro del catastrofismo apocalíptico, algunos “ministros” de la Santa Madre Iglesia Católica, la que aloja en sus templos tumbas de dictadores y de asesinos (Queipo de Llano sigue en la Basílica de la Macarena de Sevilla) que provocaron una guerra civil, la que paseó bajo palio, mientras vivieron, a los que firmaron sentencias de muerte, fusilamiento y garrote vil a inocentes que mantenían ideales contrarios al fascismo, no han dudado solicitar a sus fieles que "elevaran oraciones especiales por España" en todas las iglesias, misas y conventos.

España, a juicio de estos preclaros monseñores de la Conferencia Episcopal, está en una “situación crítica”. No piden rezar por los inmigrantes ahogados, ni por la miseria a la que están condenadas muchas familias a causa de un modelo económico injusto y egoísta, ni siquiera por las asesinadas por la violencia machista, que ha causado más muertes que el terrorismo de ETA, sino que piden orar para que el Altísimo, que se sienta a la derecha, naturalmente, impida un nuevo Gobierno progresista en España que pueda poner en riesgo el chiringuito de la concertada, la financiación pública de su tinglado eclesiástico y demás privilegios que disfruta “su” Iglesia en un Estado constitucionalmente no confesional.

Si todo lo anterior no es catastrofismo, al estilo de la portavoz parlamentaria del Partido Popular cuando dice que la situación actual es peor que cuando ETA mataba, ¿qué será entonces catastrofismo? Esos velados llamamientos a una intervención del Ejército (“los poderes del Estado”) o avisos de que “otra guerra civil” parece justificada, no constituyen simples ejemplos de una diatriba política polarizada, sino amenazas nada sutiles de una derecha radical que está dispuesta a utilizar todos los medios a su alcance para retener un poder, un gobierno, un país, una sociedad, una economía y una cultura bajo las directrices de su ideología.

Y ello es grave y peligroso. Porque si las derechas consideran que la democracia y la libertad solo son válidas si les sirven para retener el poder, tachando de ilegítimas las alternancias en el gobierno por decisión soberana de los españoles, entonces corremos el riesgo de que se produzcan todos los males apocalípticos que nos vaticinan si ellas no gobiernan. No hay que olvidar que fueron las derechas las que iniciaron la última guerra civil en España para “defenderla” del Gobierno legítimo de la República.

Tal vez por ello, sería “saludable”, aunque solo sea para “exorcizar” todos esos designios de maldad de los que se le acusa, que el primer Gobierno de coalición pudiera materializarse en la democracia española. Para demostrar que un Gobierno de izquierdas, en el que participe Podemos, no es ningún riesgo para el país, ni supondrá una hecatombe para la economía, la integridad territorial, la unidad nacional o la identidad de la población, tan plural y diversa como la de cualquier país moderno.

Más allá de un programa que incluye derogar los efectos más lesivos de la Reforma Laboral, aumentar el tipo impositivo a las rentas superiores a 130.000 euros, actuar contra la precarización del trabajo, adecuar nuestra sociedad a la cuestión ecológica y climática, atender la revolución feminista, regular la proliferación de las casas de apuestas, limitar los abusos en el alquiler de viviendas o ampliar las libertades básicas y los derechos sociales, más allá de todo eso, sería conveniente un Gobierno de izquierdas para fortalecer nuestra democracia en la normalidad de la alternancia en el poder, sin apelar al catastrofismo ni al fundamentalismo ideológico. Nadie está en posesión de la verdad, menos aún en política.

Por eso, puede que esta vez que los Reyes Magos acierten con el regalo que se merece el país: un nuevo gobierno estable y progresista que afronte los problemas que nos agobian. Y si se equivoca, dentro de cuatro años pedimos otro. ¿Dónde radica el peligro? ¿O acaso la gente no sabe votar?

DANIEL GUERRERO


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