¿Y Europa?

Que la campaña de las europeas se haya convertido en España, y se pretenda convertir en Europa, en un debate sobre el machismo de unos y el feminismo de otros, no deja de ser grotesco por mucho que Miguel Arias no estuviese afortunado a la hora de explicar la dificultad, que existe, para debatir con una mujer en un país como el nuestro en el que se nos ha educado –al menos Arias pertenece a esa generación- en guardar las formas ante la mujer, no digamos ya en público.



Y digo "grotesco" porque, si tiramos de hemerotecas, expresiones desafortunadas de carácter machista han tenido como autores a políticos de la izquierda, sin que ello pueda significar que toda la izquierda y toda la derecha ideológicamente lo sean.

Es más, puestos a ser escrupulosos, tal vez sea más machista la práctica socialista de las listas paritarias, reconociéndoles a la mujer sólo el 50 por ciento de las capacidades globales de la sociedad, cuando en unas circunscripciones tal vez no lleguen a esa cifra, devaluando la calidad de la representación, y en otras la superen dejando a muchos valores femeninos al albur de un corte simplemente matemático.

Pero lo más grotesco de todo es que nos toca decidir sobre nuestro futuro, sobre la Europa de los veintiocho, y quienes dicen que nos van a representar en ese marco político y parlamentario, se pierden en sandeces puramente populistas y electoralistas, obligándonos –a quienes lo hagamos- a votar sin saber realmente qué votamos, qué tipo de Europa puede construirse –porque desde que iniciara sus sesiones el Parlamento Europeo en 1979 todavía no se ha conseguido trasladar a las sociedades integrantes el espíritu de Europa-, y cómo dotarla de todos aquellos elementos que la hagan solidaria dentro y fuera de sus fronteras, a la vez que competitiva en los mercados de todo tipo y respetada en el marco internacional.

Si no ha sido el debate machista, han sido las "primarias" entre Rubalcaba o Rajoy, o ese tirarse el cesto de los problemas internos –no europeos-, lo que ha primado por encima de unos programas electorales que ni hemos visto, ni hemos oído y que, además, no debieran ser programas de carácter nacional sino que debieran ser compartidos por todos los partidos de derechas, izquierdas, liberales, ecologistas, etc. de cada uno de los países integrantes de la UE ya que será la suma de cada uno de ellos la que conformará las mayorías y minorías, así como las políticas a seguir.

Para una Europa de intereses localistas o nacionales no creo que haya valido el esfuerzo económico y organizativo realizado, por lo que estoy convencido que los resultados finales serán muy pobres, como hasta ahora.

De ahí que la crisis económica nos esté afectando de una forma tan irregular y las cifras del paro sean escandalosas en España en relación con las existentes en otros países comunitarios. Es cuestión de perder cierto nivel de soberanía en beneficio de una más conjunta capacidad de acción, pero mucho me temo que son pocos los países que están dispuestos a ello.

Muy al contrario, y como está sucediendo en España en estos días de campaña, prima la lucha interna, incluso yo me atrevería a decir que la "intestina" de cada partido, por encima del debate europeo, muy posiblemente porque si es verdad que Europa aporta buenos salarios e incentivos a los parlamentarios, nuestros partidos no creen aún que una buena gestión en Europa traslade beneficio electoral a los mismos.

Estamos ante una grotesca pantomima electoral que se saldará con una importante abstención que nos debería hacer reflexionar sobre si Europa tiene alguna razón de ser ya que tan siquiera quienes la van a representar tienen interés alguno en convencer, con argumentos, a esa mayoría que las encuestas establecen que va a quedarse en sus casas.

Mientras, ponemos énfasis en la desafortunada frase de un candidato, sacamos del baúl el latiguillo de "la herencia recibida" u ofrecemos a la exposición del público a un enfermo de Alzehimer que nos aporte votos. ¿Y Europa?

ENRIQUE BELLIDO

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Todos con Juanma

Lo ha dicho él: quiere que se le llame Juanma, como siempre ha sido conocido en su círculo de amigos y compañeros de partido. Y todos, o la inmensa mayoría de los participantes en el congreso regional celebrado en Sevilla, han estado con Juan Manuel Moreno Bonilla a la hora de apoyar su candidatura a la presidencia del PP-A y, con ello, a presidir el Gobierno de la Junta de Andalucía.



Atrás han quedado días de zozobra interna, de conciliábulos de mesa camilla, de estrategias y escaramuzas, hasta que llegó a imponerse el nombre de Juanma como recambio a una situación que venía haciéndose insostenible, con un partido desaparecido en batalla mientras en el PSOE alzaba cada vez más el vuelo Susana Díaz.

¿Qué han fallado las formas? Eso es evidente. No aporta ningún elemento de credibilidad a nuestro sistema democrático y representativo la inversión de la pirámide del poder, emanando este desde la cúpula hacia las bases, como ya sucediera con la elección de Díaz en las filas socialistas.

Ocurre que –lo siento por quienes se molesten- nuestros principales partidos cuentan con una militancia contemplativa, absorta en las siglas y en el poder ideológico del sentido derecha-izquierda, escasamente crítica y, por tanto, y eso lo saben muy bien quienes dirigen las formaciones políticas, fácilmente manipulable.

Pero es que no sólo han fallado las formas, también lo ha hecho el fondo. Y con ello me refiero al tan manido recambio generacional que los popes de la estrategia electoral suelen cifrar exclusivamente en la edad y en algunos rasgos populistas, cuando en un sistema democrático serio, bien estructurado y con peso específico habría que establecer en términos de valía intelectual, solidez formativa, integridad ética y demostradas convicciones democráticas, aspectos, todos ellos, que en mayor o menor medida no se han tenido todo lo en cuenta que se debiera en las filas populares y socialistas.

En cualquier caso la realidad es la que es y quienes diseñaron ambas estrategias sabían muy bien que íbamos a llegar, unos y otros, a este punto en el que se silenciaría la contestación interna –la elaboración de candidaturas silencia todo- y en el que la calle iría enmudeciendo poco a poco hasta aceptar como normal lo sucedido, como así está ocurriendo si leemos los contenidos de prensa de los medios, más atentos a narrar el hoy que a pretender crear conciencia social, como además así les demanda la sociedad.

Y situados en esa realidad, admitiendo el punto de no retorno, no cabe sino mirar al futuro intentando redondear aristas y obtener de aquello con lo que contamos los mayores beneficios posibles para la sociedad, eso sí, sin abandonarnos en brazos de la complacencia que anula la capacidad de crítica y, con ello, de mejora.

Por ello que viviendo como lo hacemos en una comunidad que según Eurostat, la oficina estadística europea, pierde año tras año convergencia con Europa, distanciándonos no ya de las más desarrolladas sino de la media europea, estando muy por debajo de ésta y de la media española, y que a la vez soporta los mayores índices de desempleo y los más bajos en educación, sólo cabe unificar esfuerzos a fin de que los cambios no sean ya en las estructuras de los partidos sino en el Gobierno de Andalucía, propiciando una alternativa al socialismo/comunismo que en los últimos años viene aplicando sus políticas erráticas y erróneas.

De ahí que además de que todos los compromisarios del PP-A hayan estado con Juanma, creo que es el momento de que toda la sociedad andaluza que defiende ideas liberales, sociales y de progreso se sume al primer cambio, después de treinta años, de Gobierno en la Junta, para superar el inmovilismo actual y caminar decididamente hacia la convergencia europea y nuestra integración plena en el desarrollo de España.

Juan Manuel Moreno, al fin y a la postre, no va a ser sino quien lidere ese empeño. Lo realmente importante estará en el contenido del mismo.

ENRIQUE BELLIDO

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Playa del Tarajal

Que los inmigrantes subsaharianos que acosan la frontera española por Ceuta y Melilla no lo hacen pacíficamente, pidiendo permiso para entrar, resulta evidente. Es más, una acción ilegal no se afronta con mecanismos legales.



Que si este acoso se realiza a nado, como sucedió recientemente en la playa del Tarajal, con grave riesgo de ahogamiento para los asaltantes, dado que muchos de ellos apenas saben nadar, no queda más remedio que prestarles auxilio, embarcarlos y, de ser posible, devolverlos en la embarcación a la playa de origen, parece lo más razonable.

Nunca, al menos el simple respeto a los derechos humanos así lo debe entender, intentar disuadirlos de su acción disparándoles pelotas de goma que agravarían las posibilidades de pérdidas humanas.

Después de lo leído, porque no visto, no tenemos claro qué sucedió aquella madrugada del 6 de febrero, dadas las contrapuestas declaraciones de unos y otros y la ausencia, hasta ahora, de imágenes sin editar que pudieran confirmar el uso por parte de la Guardia Civil española del material que los inmigrantes denuncian.

Me cuesta creer que los miembros del instituto armado procediesen a disuadir a los nadadores con similar munición, conocedores, como lo deben ser, de la cualidad de quienes se encontraban en el mar y del pánico sobreañadido que cualquier tipo de detonación puede generar en personas con una movilidad muy limitada.

Por ello que sea importante que se aclaren de una vez por todas los hechos y se llegue a descubrir si la afectada declaración del secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE, Antonio Hernando, preguntándose quién dio la orden de disparar y quién la de mentir, obedece a un gravísimo error en algún nivel de la cadena de mando o, simplemente, a una sucia estrategia electoralista en la que pudieran utilizarse los muertos como urnas.

Si fuese lo primero, está claro que habría que depurar responsabilidades, penales y políticas, con carácter inmediato, en el nivel que fuese preciso, a fin de evitar que sucesos como este pudieran volver a repetirse.

En caso contrario, si las insinuaciones que desde el PSOE se han venido haciendo fuesen falsas, caiga sobre sus responsables, también con carácter inmediato, las responsabilidades legales y también políticas que hubieran de derivarse, de forma que el país quede algo más limpio de esa casta de políticos capaces de todo y a costa de lo que sea.

Queda sin resolver, en cualquier caso, no sólo la vida de quienes la han perdido, sino el problema de fondo que existe entre las fronteras de Europa y el Tercer Mundo, que ni la UE se ha mostrado capaz de solucionar, ni lo hizo en su momento el PSOE –no olvidemos que la instalación de las famosas concertinas en el perímetro de Melilla fue obra de Rodríguez Zapatero, incapaz de frenar las avalanchas de inmigrantes-, ni tampoco parece que esté en manos del PP lograrlo.

Permeabilizar la frontera produciría un efecto llamada que nuestro país no puede sostener, mucho menos aún en la actual situación económica. Marruecos soporta similar presión con quienes le llegan de más allá del Sáhara y en el centro del continente africano no se dan unas condiciones de vida que fijen la población a sus países de origen.

Por ello que, junto a otros muchos, en España debiera establecerse un Pacto de Estado –de esos que dan tanta alergia a nuestros partidos políticos, siempre obsesionados con la corta visión electoralista- que estableciese las políticas inmigratorias que se deben seguir, trasladando, a su vez, una voz única a los foros europeos e internacionales que son los que, en último término, tienen capacidad para resolver este problema.

Como ello no sucederá –carecemos de políticos con altura de miras para tales acuerdos-, confiemos que la verdad vea la luz y los cruces de acusaciones dejen paso a decisiones judiciales y políticas, en las que, la verdad, tampoco tengo demasiada confianza dada la nula separación de poderes que reina en España.

ENRIQUE BELLIDO

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Línea plana

Que el Partido Popular pierda 1,9 puntos en estimación de voto desde octubre de 2013 a enero de este año puede ser comprensible, dado el ajuste económico al que se ha sometido a la sociedad española y la pérdida de empleo que en el primer mes del año volvió a rebrotar.



Pasar del 46,6 por ciento de estimación en su momento más brillante, allá por octubre de 2011, al 32,1 por ciento actual, no nos indica sino el desgaste sufrido durante este proceso de dos años de duración en el que se han debido afrontar medidas claramente impopulares y que, por otra parte, no han contado con el apoyo de una política de comunicación que las hubiera hecho más comprensibles a los ojos de los españoles y más identificables a la gestión previamente realizada por el PSOE en los años anteriores.

Lo que no parece tan lógico es que el principal partido de la oposición haya rebajado en dos décimas su estimación de voto desde octubre pasado y que desde el 29,9 por ciento que registró en octubre del 2011 haya seguido decreciendo hasta el 26,6 por ciento actual.

Para el Gobierno, que se mantenga todavía un diferencial de 5,5 puntos con los socialistas debe generar un cierto nivel de tranquilidad si, como muestran algunos indicadores, de aquí a noviembre de 2015, fecha de las próximas generales, la economía y el empleo siguen remontando y pueden adoptarse medidas fiscales que beneficien a las familias.

Por tanto, Rajoy y los suyos tendrán que hacer un gran esfuerzo para asentar los avances logrados y no abrir nuevos frentes de descontento social, quedando la gran “papeleta” en manos de un PSOE que se ha mostrado incapaz de obtener rédito alguno del ajuste, muy posiblemente porque no exista en su seno unidad de criterio o bien no haya podido liberarse aún de ocho años de zapaterismo de graves consecuencias para la nación.

Lo cierto es que la encuesta del CIS muestra una línea plana, que en algún momento habrá de quebrarse y que no parece ser que ello vaya a ocurrir de aquí a mayo, cuando se celebren unas elecciones europeas marcadas por la igualdad y por el desinterés del elector, apuntando ya a abstenciones cercanas al 60 por ciento.

Las primarias socialistas pueden –o no- marcar un punto de inflexión, en función del proceso previo y del desarrollo final de las mismas y los indicadores económicos del próximo año y medio creo que serán definitivos a la hora definir el mapa parlamentario de la próxima Legislatura.

Interpretaciones, a partir de ahora, todas las que se quieran: cada cual está en su derecho de cocinar los datos en su propia olla. Pero no perdamos de vista que de los encuestados existe todavía un 24,2 por ciento que se muestra dispuesto a la abstención y un 21,1 por ciento que aún no tiene decidido su voto. Porcentajes, ambos, que serán los verdaderos protagonistas del resultado final que hoy más que nunca se muestra muy abierto.

ENRIQUE BELLIDO

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Libertad de voto

Debió ser por el mes de mayo del 2000 cuando, en una reunión del Comité Ejecutivo Regional del Partido Popular celebrado en Cádiz, solicité recusar a la recién nombrada ministra de Sanidad, Celia Villalobos, por las declaraciones vertidas en una de sus primeras entrevistas tras acceder al cargo.



En aquella Legislatura me correspondió presidir la Comisión de Sanidad del Senado y a la entonces ministra no se le ocurrió afirmar otra cosa, al ser preguntada por cuál era su modelo de sanidad pública, que el que venía aplicando Manuel Chaves en Andalucía.

No, no tuvo la prudencia la cuestionada ministra de hacer referencia al modelo que el Partido Popular venía aplicando en Madrid, Castilla-León, Valencia, Galicia o Murcia, por citar algunas comunidades autónomas gobernadas por los populares, que poco diferían del andaluz, sino que tuvo que poner su sentencia en Andalucía para así, como argumenté en aquel Comité Ejecutivo, dejarnos sin discurso sanitario en nuestra Comunidad.

Ni que decir tiene que mi propuesta fue rechazada y trasladada, por alguna vía que desconozco, a la entonces ministra malagueña, lo que provocó que nuestra relación no fuese en exceso cordial. Y es que la “naturalidad” y “espontaneidad” –junto al “progresismo sui géneris” de Villalobos- nos han ofrecido multitud de secuencias mediáticas que, en muchas ocasiones, generaban estupor.

Recordemos el vídeo en el que increpaba a su chófer; aquella frase dirigida a Esperanza Aguirre: “Esa es una hija de puta y a ver si tiene ahora cojones de presentarse”, en referencia a la posible candidatura de esta a la presidencia del PP en 2008; o su intervención en la Junta de Portavoces del Congreso denominando como “el tema de los tontitos” a la contratación de personal discapacitado que exige la ley, al margen de otros rifirrafes protagonizados en el Congreso o salidas de escaño para evitar tener que votar ciertos temas que afectaban a su “feminismo” declarado.

Pues bien, ahora, con motivo de la presentación del anteproyecto de la ley orgánica para la protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada, que modificará la actual ley del aborto, Celia Villalobos, sumándose a otras voces críticas de dirigentes autonómicos, ha solicitado del partido que conceda libertad de voto a los parlamentarios en este asunto.

Y es en ello en lo que quiero incidir, no tanto en la posición de la vicepresidenta de la Cámara Baja que, por otra parte, se veía venir. Porque hablar de “libertad de voto” supone entrar en un territorio marcado por la controversia, a la vez que sumamente manipulable según los intereses o las convicciones de cada representante popular, al margen del “supuesto” mandato del pueblo.

La Constitución lo deja bien claro en su artículo 67.2: “Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo”, lo que, en principio, establece con rotundidad el derecho a la libertad de voto.

De ahí que pedir permiso al partido para que pueda ejercerse dicho derecho no implica sino reconocer una sumisión de los representantes del pueblo hacia los partidos, algo que es real y que todos aquellos que hemos ostentado un cargo de representación institucional hemos puesto en práctica.

Y es que cuando no es el parlamentario quien presenta su propio programa de actuaciones o defiende sus principios ante una circunscripción electoral determinada, sino que lo que presenta es un programa de partido, con unos principios ideológicos comunes y enmarcado en unas listas cerradas que no dan opción al elector a elegir personalmente a sus representantes, resulta muy difícil compatibilizar la libertad de voto con el mandato imperativo que desde las propias formaciones políticas se establece hacia sus parlamentarios con penas de multa o incluso de exclusión de las listas en próximos comicios electorales.

Conceder en este asunto del aborto libertad de voto supondría ampliar necesariamente esa medida hacia muchos otros, de muy distinta índole, que podrían ir desde posicionamientos muy concretos en materias locales o autonómicas, que pudieran mejorar la imagen electoral de quienes los defiendan, a asuntos mucho más amplios, con componentes éticos o morales difíciles de hacer extensibles a toda la población representada en una determinada demarcación.

Consecuencia de ello, la pérdida de unidad de acción que inexorablemente llevaría a tener que reformar la ley electoral y nuestro sistema de partidos, lo que veo con buenos ojos.

Lo más fácil es hacer como en alguna ocasión ha hecho Villalobos, ausentarse de la Cámara para no tener que acatar la disciplina de partido y soportar –ella que sí puede- la sanción que se le imponga y quedar ante la opinión pública como progresista y libre frente al resto de sus compañeros de escaño y grupo parlamentario.

Lo difícil, encabezar corrientes de opinión críticas y activas en el seno de los partidos que promuevan las listas abiertas, la elección directa de representantes y, con ello, la abolición de la actual dictadura de los partidos frente a la voluntad del pueblo, algo que no veo que haga Celia Villalobos, instalada por el propio partido en la cómoda posición de vicepresidenta del Congreso.

Por eso, que desde sectores socialistas se demande del Partido Popular que conceda dicha libertad de voto, suena, permitánme que haga uso de la expresión, “a cachondeo”, conocedores, como lo somos, de la célebre frase de Alfonso Guerra, todavía vigente en el seno del PSOE, de que “quien se mueva, no sale en la foto”, en alusión a la disciplina que ha de imperar e impera en el partido de izquierdas.

Mucho me temo que lejos de criterios morales o éticos, en este debate partidario estén aflorando intereses electorales de unos y otros lejanos a la cualidad y a la calidad de la ley.

ENRIQUE BELLIDO

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La batalla de los medios

Que el PSOE es maestro en el arte de la demagogia no creo que a nadie le pille por sorpresa. Su portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha vuelto a darnos buena muestra de ello cuando en una rueda de prensa se ha referido a la modificación de la Ley del Aborto con la demagógica afirmación de que la propuesta del Gobierno sólo había recibido el visto bueno de monseñor Rouco Varela, Jean Marie Le Pen y Juan Cotino, representantes de la Iglesia, de la ultraderecha francesa y del Opus Dei, respectivamente.



No mencionaba la portavoz socialista, con toda seguridad porque para ella y su partido las mayorías electorales tienen poco valor en democracia, que al margen de estos tres personajes, 10.830.693 españoles, el 44,62 por ciento del electorado –lo que supuso una mayoría absoluta parlamentaria- habían decidido, dos años antes, apoyar esta reforma a través de un programa de gobierno que se votó en las urnas y que, además, avalaron los 186 diputados que obtuvieron escaño con el PP y que, por tal motivo, estarán obligados éticamente a apoyar la propuesta que finalmente se consensúe en el trámite parlamentario.

Y es que, al margen de que la ley se base en supuestos o en plazos, al margen incluso de que podamos estar o no a favor del aborto en cualquiera de sus formas, lo cierto es que la materia contiene un profundo componente ideológico que en democracia no puede sino resolverse en el marco de las mayorías electorales que se establecen de la confrontación de programas.

Por ello, llama la atención que Soraya Rodríguez pretenda, otra vez, ganar la partida mediática con una estrategia tan manida como es la de la utilización demagógica de diferentes símbolos –Iglesia, extrema derecha u Opus- frente a la legitimidad que brindan las urnas, a falta de argumentaciones de mayor peso.

Parece ser que Ruiz-Gallardón y el Gobierno no están dispuestos a “arrugarse” ante la campaña orquestada por sectores afines a la izquierda, ni ante las voces contrarias nacidas desde el propio seno del Partido Popular.

Sin embargo, les queda la nada despreciable tarea de contrarrestar los argumentos demagógicos, como los utilizados por Rodríguez, y cualesquiera otros de carácter formal que quieran ponerse en valor, logrando que lo propuesto en 2011 obtenga dos años después el necesario refrendo social más allá del que pueda obtener en las Cortes. Esperemos que, esta vez sí, se juegue con la necesaria solvencia la batalla de los medios…

ENRIQUE BELLIDO

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Feliz Navidad, Javier

Sería un día como hoy de hace ya unos años –cinco o seis, no recuerdo bien-. Estábamos citados en Sevilla para una reunión del Consejo Asesor del Partido Popular de Andalucía al que, en su día, me invitó a participar Javier Arenas, una vez pasados tres o cuatro años de hacerme abandonar la presidencia del partido en Córdoba, en mayo del 2002.



Recuerdo que a aquella reunión no asistiría Arenas pero, al bajar unas escaleras hacia la sala, me lo crucé y, al hilo del saludo, me dijo: “Ah, y que sepas que he dado orden para que te envíen a tu casa una caja de mantecados con mi felicitación navideña”. Se lo agradecí y me introduje en la sesión.

Pasaron los días y nunca recibí aquella caja de mantecados que, al margen del valor económico que pudieran tener, para mí –y digo "para mí"- sí que tenía un valor sentimental porque, de alguna forma, hubiera venido a representar la vuelta a una relación de amigos y de partido que nunca –y digo bien: "nunca"- debiera haberse roto.

Pensé que, tal vez, la orden dada no hubiese sido debidamente cumplimentada por la intendencia del partido. Sin embargo, no pude abstraerme de pensar que, una vez más, Javier, en su afán por quedar bien con todo el mundo, volvía a caer en el error de ir generando frustraciones a su alrededor que, con el tiempo, han logrado desdibujar la figura de un político que –lo he dicho en más de una ocasión- pudiera haber optado a todo y ha podido quedar como un singular y destacado “fontanero de partido” o “barón”, teniendo en cuenta el dominio que ha mantenido durante años sobre la militancia andaluza.

Les digo esto porque leía hace unos días un artículo del periodista Raúl del Pozo, titulado Luciérnagas, en el que se comentaba que ante la boda del hijo de Juan Ignacio Zoido, el contrayente le dijo a su padre: “Si viene Javier Arenas, no me caso”. Dice que Arenas no fue invitado, sino que horas antes de la ceremonia, el ex presidente regional del PP se autoinvitó, generando el disgusto de la familia.

Y de verdad que no entiendo cómo se ha podido llegar a esto. Qué tipo de circunstancias se han debido dar en el seno del PP-A para que quien en su día fuera designado sucesor de Arenas por el propio Arenas muestre una animadversión tal hacia su precursor.

No comprendo –o sí llego a comprender- por qué en el momento actual, la derecha andaluza carece de liderazgo, viéndose sometida a un extraño baile de supuestos que daña, aún más si cabe, las escasas posibilidades electorales que ante una izquierda reunificada se presentan.

Porque Zoido, reconocido magistrado y seguro que excelente alcalde de Sevilla, nunca debiera haber sido elegido para hacerse cargo del duro trabajo que a pie de pueblo le corresponde a un presidente regional. ¿Por qué aquella designación?

Y a partir de ahí, esa lucha soterrada que parecen mantener María Dolores de Cospedal y Javier Arenas por el control de Andalucía, que no sé quién terminará ganando, pero que sí que ha llevado al vergonzoso espectáculo de muchos pupilos de Arenas –nacidos de su escuela y colocados por su dedo- renegando de su mentor para garantizarse el favor de la actual secretaria general.

Una sarta de despropósitos que debieran resolver abriendo el partido, permitiendo que los malos olores que dentro de él deben respirarse tengan salida por las puertas y ventanas y convocando a la militancia a una consulta libre. Que tiene sus riesgos, es cierto, pero que legitimaría el futuro de lo que entre todos queramos hacer.

Siento que el periplo de Javier Arenas –ese trabajo diario, pueblo a pueblo; ese reconocer a todos y cada uno de los militantes por su nombre; esa capacidad para entregar su tiempo al partido; esa memoria prodigiosa y esos grandes valores políticos que ha dejado eclipsar por otros de inferior categoría- acabe así, con un partido sin rumbo definido y en el que todos los tripulantes se preguntan quién será el capitán de la nave.

Lo siento porque siempre lo he admirado. Putadas aparte y al margen de que no me llegara aquella caja de mantecados. Feliz Navidad, Javier.

ENRIQUE BELLIDO

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El imperio del mal

¿Qué quieren que les diga? No me deja nada tranquilo que el secretario de organización de UGT-A, Manuel Ferrer, haya anunciado el borrado de más de 1.700 archivos de los ordenadores que la central sindical tiene en su sede regional. Él mismo, poniéndose la venda antes de hacerse la herida, ha manifestado su temor a que la opinión pública considere este hecho como una forma de tapar los desmanes económicos que desde la formación sindical se hubiesen podido cometer y que ya investiga la Justicia.



No sé si en plan de coña, Ferrer, al intentar explicar lo ocurrido, comparó el suceso con lo acontecido en relación a “los discos duros del PP”, en alusión al caso Bárcenas. Y lo cierto es que cada vez tiene uno más la sensación de estar moviéndose entre truhanes de todo pelaje y clase, que a cambio de un puñado de monedas –en ocasiones llevándoselas a sacos llenos- son capaces de violentar todo tipo de principios en un claro desprecio a las normas y leyes que la convivencia social ha ido imponiendo.

Lo del borrado de discos en la UGT, como el que se llevó a cabo en el Partido Popular, no huele sino a coartada con la que eludir la acción de la Justicia, por mucho que se nos quiera vestir la mona de seda.

Y ante ello, ante el poder de partidos políticos, organizaciones sindicales y otras instituciones del Estado, el individuo, que es quien en último término las sostiene y quien debería tener el control pleno sobre ellas, se muestra impotente, desconfiando a su vez de la acción de la Justicia, dominada, como hemos visto en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, por los propios partidos políticos que en este caso sí son capaces de ponerse de acuerdo.

Dice Ferrer que se han abierto tres expedientes dentro del sindicato y dos de los encausados han sido amonestados por falta de pruebas. En el tercero de los casos, la investigación sigue abierta. Sin embargo, dado que ya tienen tan claro el borrado de esos 1.756 archivos y la copia de 22.400 más, me pregunto cómo es que no se dirigieron inmediatamente ante el juez a denunciar los hechos, a fin de que sea la Policía Judicial quien investigue lo sucedido.

Mucho me temo que, como apuntó el secretario de organización de UGT-A, todo se trate de una mera estrategia con la que tapar las posibles irregularidades cometidas. Por cierto, respondiendo a los periodistas, Manuel Ferrer insistió en que si se detectan irregularidades, devolverán el dinero defraudado, desconociendo si UGT tendrá capacidad económica para afrontar esas supuestas devoluciones. O sea, para mear y no echar gota. ¿Y dónde están las responsabilidades civiles y penales de los supuestos defraudadores? ¿Y el dinero? ¿A qué paraíso caribeño habrá ido a parar?

Está claro que o la sociedad le para los pies a este tipo de personajes y a las instituciones que les dan cobijo o mucho me temo que sea el imperio del mal –ojalá que no el del crimen- el que terminará apoderándose de ella, si es que no lo ha hecho ya.

ENRIQUE BELLIDO

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Vic y el resto de España

Josep Maria Vila d’Abadal i Serra o, para que lo entiendan mejor, José María Vila de Abadal y Serra, alcalde de Vic, un demócrata-cristiano reconvertido a independentista radical, se ha dejado caer solicitando al Ministerio del Interior 180.000 euros del dinero que aquel municipio adelantó a las víctimas del atentado de la casa cuartel de la Guardia Civil en 1991 para hacer frente, entre otras cosas, al pago de los ataúdes de las víctimas: cinco adultos y cinco niños.



Han transcurrido veintidós años de aquel luctuoso atentado terrorista y cuando está a punto de salir a la calle uno de sus autores, Juan José Zubieta, no tiene mejor ocurrencia el regidor del conocido municipio vicense, famoso por su fuet, que hacer patente su rechazo al Estado español solicitando de éste lo que allá por 1991 –gobernaba entonces Felipe González y el PSOE-, sabe Dios si realmente se estableció como una deuda real con el Ayuntamiento que es cabecera de la comarca de Osona en Barcelona.

El antiguo militante de la Unión Democrática de Cataluña de Duran i Lleida da con ello muestras, una vez más, del talante del nacionalismo independentista que se ha visto renacer con las torpes alianzas de gobierno que en Cataluña se han establecido con ERC a fin de, unos y otros, CiU y PSC-PSOE, alcanzar sendos gobiernos que han tenido y están teniendo tintes dramáticos si nos atenemos al despilfarro y al fraude económico que se vive en aquella comunidad y a la fractura social que viene representando el plan soberanista de ese tremendo incompetente en que se ha convertido –de seguro lo era con anterioridad- Artur Mas.

Casi al mismo tiempo, José María Aznar defendía en Onda Cero castigar con cárcel a quienes convocasen un referendum ilegal, como ya quedaba explicitado en una ley aprobada durante su mandato y posteriormente derogada por un acomplejado Rodríguez Zapatero, incapaz de afrontar con decisión la unidad territorial de España.

Afortunadamente, el PSC, aunque con fractura interna, ha abandonado la senda que venían marcando los independentistas y con ellos CiU a su rebufo, haciendo cada vez más difícil que triunfe en la calle lo que sería ilegal que lo hiciese en las urnas.

Así, al recaudador de Vic, también parlamentario autonómico, no le quedará sino aceptar la realidad, trabajar por su pueblo sin hurgar en las sangrientas cuentas del pasado y disfrutar de las buenos embutidos que allí se fabrican y que tan excelente acogida tienen en el resto de España.

ENRIQUE BELLIDO

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Cohete a Marte

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 22,6 millones de niños de todo el mundo no reciben las vacunas básicas y, de ellos, el 50 por ciento se encuentran en la India, Indonesia y Nigeria. Son miles los niños de esos países que, anualmente, mueren por enfermedades ya prevenibles como la difteria, el sarampión, la tos ferina, la poliomielitis, la neumonía, la diarrea por rotavirus, la rubeola y el tétanos.



Resulta paradójico, sin embargo, que hace poco la India haya lanzado la Mars Orbiter Mission (MOM), una misión espacial destinada a estudiar la superficie, topografía y atmósfera de Marte, con un coste de 73 millones de dólares y que sólo han logrado hasta ahora Rusia, Estados Unidos y la Agencia Espacial Europea.

Es verdad que la República de la India, el segundo país más poblado del planeta, se sitúa como una de las economías emergentes, con la 12ª economía más grande del mundo en base a su Producto Interior Bruto (PIB) o la cuarta si la medimos en términos de paridad de poder adquisitivo.

Sin embargo, la renta per cápita es de menos de 1.000 euros anuales, lo que la convierte en la 143ª nación del mundo. Ello se expresa, en términos prácticos, en que el 46 por ciento de los niños menores de tres años presenten una alta tasa de desnutrición y que un 40 por ciento de la población viva por debajo de la línea internacional de pobreza, que el Banco Mundial sitúa en 1,25 dólares al día.

Algo que queda revelado, también, en el marco de la industrial textil india, que trabaja para los países desarrollados y que con jornadas laborales de 72 horas semanales (el doble de las españolas), viene pagando unos salarios de 0,88 euros al día a sus trabajadores.

Por ello que resulte imposible entender tan tremendos contrastes si no fuera porque el pueblo no representa sino un juguete más en manos de una clase política y una élite económica internacional que, desde las dictaduras o las democracias (ambas tienen muchos puntos de unión), lo manipulan a su antojo, sometiéndolo –sí, sometiéndolo- con los más maquiavélicos argumentos, sin apenas posibilidad de reacción salvo cuando ésta explota en la violencia.

Qué se le habrá perdido al Gobierno de la India en Marte, a 400 millones de kilómetros, cuando tiene a más de 1.240 millones de habitantes por los que preocuparse y entre los que repartir los beneficios de las nuevas riquezas del país.

No es de extrañar de que, con tal abandono (existe en otros muchos países, también en los desarrollados, en otras formas), en lo que va de 2013 hayan sido ya 200 los muertos como consecuencia del derrumbe de edificios antiguos, mal construidos o edificados sin licencia o en lugares inadecuados. Y mientras el cohete llega a Marte, en la Tierra, en la India, sin vacunas y sin alimentos para los más pequeños. Increíble.

ENRIQUE BELLIDO

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Una vía simbólica a la concordia

El Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara Baja acaba de dar registro de entrada a una Proposición No de Ley por la que solicita la exhumación de los restos de Francisco Franco y el traslado de su actual emplazamiento en la basílica del Valle de los Caídos a aquel que determine la familia.



Del mismo modo, solicita que los restos de José Antonio Primo de Rivera dejen de ocupar un lugar preeminente en el templo para situarlos en otro más discreto, a fin de que “no destaque sobre las demás víctimas”.

Tengo muy claro que el momento en el que se presenta esta iniciativa parlamentaria no busca sino servir de un elemento más de distracción con el que amortiguar el efecto de las buenas noticias económicas generadas por la gestión del Gobierno del PP y silenciar los ecos de las luchas intestinas que se están viviendo en el seno del PSOE, intentando dar pie a la confrontación guerracivilista a fin de radicalizar a la sociedad, una vez más, entre derechas e izquierdas, según sea el posicionamiento del Grupo Parlamentario Popular en el debate de la iniciativa en la Comisión Constitucional del Congreso.

De ahí que confío en que el Partido Popular no caiga en la trampa y no haga de los símbolos un motivo de debate que distraiga a los ciudadanos de lo que realmente ha de interesarles que no es otra cosa que su presente y futuro y las medidas que se están tomando para recomponerlo, después de ocho años de zapaterismo anclados en el pasado.

Por ello que espero, aunque algunos se alarmen por lo que voy a escribir, que el Grupo Parlamentario Popular apoye la iniciativa socialista, no ya por dejar sin esa baza al principal grupo de la oposición, lo que carecería de sentido, sino porque dé un paso al frente a la hora de eliminar las últimas barreras simbólicas que pudieran quedar en la sociedad española tras la guerra fratricida, demostrando, una vez más, aquello que al PSOE no le interesa ver y se empeña una y otra vez en desprestigiar: el sentir democrático y conciliador de la actual derecha española.

Hagamos, efectivamente, del Valle de los Caídos lo que en el artículo 16 de la Ley de la Memoria Histórica, votado en su día a favor por el Partido Popular, se establecía en el sentido de hacer de la basílica “un lugar de culto y cementerio público, sin que pudieran celebrarse actos de naturaleza política, ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o del franquismo”.

La presencia actual de los restos de Franco no ayuda a ello, cuando ni ha sido un caído en la guerra y, además, ha sido el máximo representante de un régimen autoritario, por lo que sin dejar de olvidar el respeto a los muertos y el papel que ha jugado en casi cincuenta años de la historia de España, puede haber llegado el momento de encontrar otra digna ubicación a los mismos, eliminando así un elemento de fricción, a la vez que abriendo una vía más, por supuesto que simbólica, a la concordia.

Miremos al futuro aún sabiendo que otros siguen queriendo sustentar su razón de ser sobre el pasado y no gastemos nuestro tiempo político en aquello que otros desearían que lo dilapidásemos: en la confrontación estéril y no constructiva.

ENRIQUE BELLIDO

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Pan tumaca

La verdad es que sí. Todos tenemos derecho a decidir, faltaría más. Lo que sucede es que tal derecho, que ha de ser inviolable, se topa de frente contra un inexpugnable muro cuando aquello que queramos decidir se oponga a las leyes o al legítimo derecho, también, de los demás en su toma de decisiones.



Y aquí es cuando a Alfredo Pérez Rubalcaba –más silencioso que nunca, no sé si por su impotencia para controlar a su propio partido- le sale un tremendo grano en el trasero político en el momento en el que el PSC –la sucursal del PSOE en Cataluña- se lanza a firmar una resolución conjunta, de acuerdo con el manifiesto del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, con CiU, ERC y ICV-EUiA.

Un grano que le va a impedir sentarse junto a aquellos que defienden la estructura nacional del Estado de las Autonomías recogida en la Constitución e, incluso, con los que sostienen, dentro de su mismo partido, los nuevos planteamientos del Estado Federal.

Porque el recorrido del “derecho a decidir” que los cuatro partidos catalanes apoyan, nace no sólo viciado en las formas sino, así mismo, en sus posibilidades reales de iniciar la andadura, al menos desde el diálogo y la paz social. Derecho a decidir de quienes tienen derecho a voto en Cataluña –catalanes o no-, por supuesto que sí. Pero es que nos encontramos con dos trabas insalvables.

La primera de ellas, que aquello que en último término pretenden decidir –algunos, todo hay que decirlo- que no es sino la independencia de Cataluña como Estado, se opone frontalmente a la legislación vigente, violentando la ley de leyes, la Constitución.

La segunda, que, hoy por hoy, Cataluña, a todos los efectos, es España y, por tanto, el derecho a decidir de quienes votan allí carece de legitimidad alguna frente al derecho del resto de españoles a opinar sobre un tema que les es de su total incumbencia.

No hablamos de que el “pan tumaca” sea declarado Bien de Interés Gastronómico en Cataluña o de que los catalanes no hayan de pagar la tasa turística por visitar la Sagrada Familia. Hablamos de algo bien distinto: de que Cataluña deje unilateralmente, después de siglos, de pertenecer a España y de que los españoles nos desprendamos de una de nuestras estructuras geográficas, institucionales, culturales y sociales más preciadas y en la que hemos invertido multitud de esfuerzos y recursos.

No es cuestión, tampoco, de catalanizar España, como proponía Esperanza Aguirre, ni de españolizar Cataluña, como puedan proponer otros. Se trata de que todas las autonomías del Estado sepan situarse en el papel que les corresponde, de cara al propio Estado y a los ciudadanos que políticamente administran, sin perder ni tener por qué contagiar aquellas singularidades que les son propias, haciendo posible que de la unidad y la diversidad nazca una mayor fuerza común para afrontar la competencia internacional que se establece.

El problema reside cuando gobiernos de comunidades autónomas, como los catalanes de los últimos años, han dilapidado los recursos propios y aquellos otros de los que no disponían, intentando, ahora, jugar a una especie de chantaje al Estado que el Gobierno del PP es obligado que no admita y al que el principal partido de la oposición, el PSOE, debiera responder con una rotundidad que aún no ha hecho pública.

ENRIQUE BELLIDO

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Congelación del Estado del bienestar

La decisión está tomada. Para 2014, los trabajadores del sector público verán congelados nuevamente sus salarios, incrementándose con ello la pérdida del poder adquisitivo de sus sueldos, ya de por sí en muchos casos bajos, si tenemos en cuenta, entre otras cosas, los nuevos tipos de contratación a tiempo parcial.



No dudo que con la medida se seguirá aligerando la carga salarial del sector público, consiguiéndose con ello reducir el déficit de las diferentes administraciones. Sin embargo, mucho me temo que a tan continuadas congelaciones les sigan, por simple lógica, congelaciones también de la actividad laboral, con lo que ello represente en detrimento de la calidad de los servicios públicos que se brinden.

Ya lo han reconocido administraciones autonómicas y la central, en el sentido de que todo este tipo de recortes han de afectar, como de hecho están afectando, a los servicios que se prestan a la población. No son, por tanto, y quede bien claro, los funcionarios públicos responsables de las deficiencias en los servicios que pudieran observarse, sino que son las administraciones, los partidos políticos que las gobiernan, quienes deben asumir tal responsabilidad por la nefasta gestión que hasta el momento actual –y mucho me temo que en el futuro- se viene haciendo de los recursos humanos y materiales de los que han dispuesto.

¿Que hay trabajadores públicos que no han hecho honor al salario que percibían? Por supuesto que sí, pero correspondía a las administraciones la responsabilidad de detectarlos y prescindir de ellos.

Lo que resulta de todo punto inadmisible es que por generar una administración mastodóntica, ineficiente y sobre dimensionada territorialmente por la nefasta distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, se aplique ahora la fórmula del café para todos, sometiendo a quienes desempeñan su función con ejemplaridad y han accedido a ella después de una larga formación académica o profesional –ligándose con exclusividad a la misma en muchos casos- a un trato injusto, sustentado desde distintos sectores sobre el demagógico argumento de que hay cinco millones de parados.

Cinco millones de parados que no pueden colgarse sobre las espaldas del funcionariado, sino que deben ser las mochilas de tanto y tanto irresponsable político quienes los deben acoger, encontrando solución laboral a todos y cada uno de ellos.

Resulta evidente que el Estado del bienestar peligra, como ya lo afirmaba el nuevo Rey de Holanda hace unos días, y lo hace porque demasiado sinvergüenza, en la empresa privada y en la Administración, le ha chupado hasta la última gota de sangre dejándolo exhausto.

Es a otros a quienes les corresponde realizar el esfuerzo que se le pide a los funcionarios. A quienes esconden sus beneficios en paraísos fiscales después de declarar en suspensión de pagos a sus empresas; a quienes desviaron los fondos de los ERE a bolsillos de los amiguetes o incluso a centrales sindicales; a quienes, como Bárcenas, se enriquecieron ilícitamente, quién sabe si con la connivencia de miembros de su partido; a aquellos que hicieron del urbanismo público un nido de carroñeros; a quienes colocaban a dedo a sus próximos familiar o ideológicamente. Y así, hasta un larguísimo etcétera.

Esos son quienes deben soportar la carga civil y penal del expolio cometido en España y no un eficiente funcionario que enseña, dicta justicia, cura o barre a diario nuestras calles. Se congelará, de seguro, la calidad de los servicios públicos y, sumado a otros recortes, mucho me temo que seguirá bajando. Mientras, los políticos, se ufanarán de que se reduce el déficit público.

ENRIQUE BELLIDO

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Chaparrón Bárcenas

Para quienes votamos al Partido Popular –no quiero ya decirles para aquellos otros que apoyan a opciones políticas distintas-, el episodio de los ordenadores de Bárcenas y el borrado/eliminado de sus discos duros por parte de la dirección de la organización, no puede producirnos sino vergüenza ajena.



Asumido que en el seno del organigrama del PP ha estado conviviendo un presunto delincuente y que todo hace sospechar que este personaje se ha debido valer de otros cargos institucionales del Partido Popular para amasar la fortuna que ocultaba en el extranjero, lo que no es de recibo es que después de que por activa y pasiva, desde la dirección del partido, se ha venido transmitiendo a la sociedad el mensaje de honestidad y honorabilidad de todos aquellos que la componen, se nos venga ahora destruyendo pruebas bajo la ridícula argumentación de la necesidad de que los ordenadores manipulados pasasen a manos de otros trabajadores de la institución.

La dirección del PP conocía que tales ordenadores pertenecieron a Bárcenas; sabría, lógicamente, de su contenido, y todo hace suponer que si el mismo hubiera servido para demostrar ante la Justicia la legalidad de las cuentas de los populares, en modo alguno se habría procedido a su borrado o destrucción.

Si se ha hecho, y el balbuceo de Carlos Floriano lo delataba, nos imaginamos que ha sido porque la información que contenían ambos ordenadores hubiese servido como prueba acusatoria contra el Partido Popular y no sé si contra unos determinados miembros del mismo en particular.

Actuar como se ha actuado no supone sino delatarse, ya veremos si ante la Justicia, pero evidentemente sí ante la sociedad, que no va a ver en este acto sino una ocultación de pruebas. Es cierto que no se puede incriminar por aquello que es indemostrable y formateados los discos duros desaparecen las pruebas.

Pero tengo la sensación de que si la Justicia no se convierte en vulnerable por el poder político, como ha sucedido en otras ocasiones, el “gesto” de los ordenadores no representa sino una huída hacia delante que puede tener muy corto recorrido.

Pienso que existen soportes financieros, fiscales, bancarios, telefónicos y técnicos de todo tipo, que pueden poner en valor la verdad y dejar en evidencia a quienes hayan actuado como delincuentes. La realidad es que con el paso dado, María Dolores de Cospedal, que parecía ser quien mejor podía aguantar el chaparrón Bárcenas, se ha convertido en un personaje político vulnerable al ser secretaria general del partido y haber permitido la destrucción de aquello que podían haber sido pruebas.

ENRIQUE BELLIDO

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Caer en la barbarie

Hace pocos días, en el hospital, nos dábamos un fuerte abrazo un cargo público de Izquierda Unida y yo. Nos conocemos desde hace más de veinte años y durante bastantes de ellos nos hemos visto en posiciones políticas opuestas en un ayuntamiento, como concejales. Operaban a su hija en el centro sanitario público en el que trabajo.



Periódicamente le extraigo sangre a un buen amigo del PSOE, que ha ocupado importantes cargos de representatividad en las instituciones políticas del país y con quien coincidí, en posiciones enfrentadas, en el Senado. El hospital público en el que trabajo es nuestro punto de encuentro en estas ocasiones.

Son también varias las circunstancias en las que personas del PP o sin filiación política que yo conozca, han recurrido a mí como médico para recibir consejo o solicitar mis servicios como analista clínico en el hospital público en el que trabajo.

Les digo esto porque, por encima de ideologías políticas, de razas o de credos religiosos, los hospitales públicos españoles, los profesionales que les damos vida, en Andalucía como en Madrid o Canarias, atendemos a todo paciente que acude a nosotros no haciendo de esta asistencia bandera electoralista alguna.

Por ello siento desprecio por esos ¿profesionales? del Hospital La Paz de Madrid que, vestidos con sus uniformes, se manifestaron solicitando el traslado de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, a un hospital privado en el que, presuntamente, se le brindase peor atención médica.

Dicen algunos medios que fue la izquierda la que movilizó a semejantes sanitarios. Lo desconozco aunque sí he tenido información de algún comentario vomitado en Twitter por Gaspar Llamazares, representante de Izquierda Unida y no sé si todavía médico –en el sentido ético de la palabra-.

De lo que estoy seguro es que ese no podría ser el comportamiento de la izquierda que yo conozco, con la que me abrazo y a la que atiendo, en la medida de mis posibilidades, en el hospital público en el que trabajo.

La otra izquierda, la que pueda estar detrás de esta salvajada, no me importa, aunque sí me preocupa porque sería la izquierda capaz de anteponer los dictados políticos a valores tan irrenunciables como es el del derecho a la vida.

Comprendo que un senador del PP por Madrid afirmase luego que, con profesionales como los apostados a la puerta del hospital vociferando, se le hacía muy difícil confiar en su salud en el caso de que esos mismos tuvieran que atenderle. Y es que cuando se han perdido los principios y parte de la sociedad carece de valores, no resulta difícil caer en la barbarie, y experiencia, desgraciadamente, no le falta a España en ello.

ENRIQUE BELLIDO

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Bajada de pantalones

Que quienes, al contrario del resto de Europa, nos obligan a conducir por la izquierda cuando visitamos su país, o a cambiar los euros por libras cuando necesitamos hacer una transacción económica, perteneciendo al igual que nosotros a la Unión Europea, vengan ahora a darnos lecciones de diplomacia internacional y de políticas comunes, es un sarcasmo que el Gobierno de España no debe permitir.



Muy al contrario, y en contra de lo que opina un PSOE no sé si “maricomplejines” –como denominaba Jiménez Losantos a Rajoy- o, como siempre, oportunista hasta la saciedad con tal de llevar la contraria al PP, el Ejecutivo debe mostrarse duro e intransigente en sus medidas de control del Peñón, cuando de todos es sabido que la colonia se ha convertido en un nido de especuladores y traficantes, con la anuencia de Gran Bretaña y al margen de lo que debiera ser el respeto a quienes, para unas cosas sí y para otras no, somos sus aliados.

Como muy bien decía recientemente el eurodiputado español López-Istúriz, “llama poderosamente la atención que Reino Unido apele a la UE como mediadora cuando tiene un Gobierno claramente euroescéptico como es el de David Cameron”.

Pero no sólo eso: el parlamentario recordaba que la misma Londres y otras ciudadaes europeas, tienen impuesta desde hace tiempo una tasa similar a la que pretende aplicar el Gobierno español, motivo por el que carece de fundamento el “cabreo” del gobierno gibraltareño y la salida de tono del Ejecutivo inglés.

La tibieza de los socialistas en este asunto, sus llamadas a la moderación, no representan sino su falta de compromiso con una España que históricamente ha venido reclamando sus derechos sobre la Roca y el rechazo electoralista que les produce “hacerse una foto” en común con el Gobierno de Mariano Rajoy, ahora que buscan sacar tajada como sea con el caso Bárcenas.

No sólo los ingleses deben retirar inmediatamente los bloques de hormigón lanzados a las aguas de la bahía, sino que deben seguir manteniéndose medidas cautelares contra el contrabando desde Gibraltar e imponerse las tasas que se consideren oportunas a quienes desde el Peñón nos visiten, exceptuando, como ya ha manifestado el Gobierno, a los trabajadores.

Las relaciones diplomáticas, como subliminalmente pretende el PSOE, no se establecen exclusivamente en dar marcha atrás y recular ante el oponente para lograr la paz. Las relaciones diplomáticas obligan a tener criterio y mantenerlo, logrando que en ocasiones, también, sea el contrario quien ceda.

Y con Inglaterra, que nos hace conducir por la izquierda y usar la libra esterlina en su país, al margen de mantener una colonia en nuestro territorio, no caben más bajadas de pantalones, por mucho que a Pérez Rubalcaba los suyos no le lleguen al cuello.

ENRIQUE BELLIDO

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No pasemos página

Diego Valderas, este personaje que tenemos de vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, ahí es nada, el mismo en el que Javier Arenas descubrió no sé qué valores para encumbrarlo, en julio de 1994, a la Presidencia del Parlamento de Andalucía, se deja caer ahora acusando a la jueza Alaya de “no distinguirse por su celeridad y prontitud” en la investigación del caso ERE, apelando a que Andalucía necesita ya “pasar página” “y pasarla conociendo el alcance y las responsabilidades políticas y penales”.



Se nota que a Valderas le está escociendo el verse en el ojo del huracán de un escándalo de dimensiones mayúsculas, sustentando a un Gobierno, el socialista, que está siendo investigado judicialmente por su participación en el mismo y, por tanto, comiéndose un plato de lentejas, con tal de estar sentado a la mesa del poder, que de seguro se le van a indigestar.

Ya le gustaría a él que la instrucción se hubiese cerrado, sin tirar de los hilos, los enrevesados hilos, que la jueza está obteniendo de esta madeja de corrupción en la que se había convertido el Gobierno de la Junta de Andalucía.

Le encantaría, no lo dudo, a Diego Valderas, que se pasase página, como si aquí nada hubiese sucedido, aunque la celeridad parece estar reñida con el conocimiento de todas y cada una de las responsabilidades políticas y penales a que hubiere lugar en un caso como este, con ramificaciones de todo tipo: políticas, sindicales, laborales, empresariales, etc.

Resulta bochornoso –no, mucho más: resulta bananero, propio de la Cuba castrista- que un vicepresidente de la Junta y el consejero de Justicia e Interior “acosen” políticamente a la Justicia intentando dirigir los pasos de la misma en beneficio de –vamos a silenciarlos- espurios intereses.

La reciente imputación de dos de los hijos de Ruiz-Mateos, las artimañas que desde el sindicato UGT se han venido poniendo en práctica, según delatan las investigaciones para, ahora sí, poner de acuerdo a empresarios y trabajadores a fin de repartirse los beneficios de los falsos ERE, justifican de sobra una investigación pausada y meticulosa que ponga en evidencia todas las conexiones existentes, por mucho que electoralmente le afecte al partido en el Gobierno de la Junta y ponga en peligro el futuro laboral de un Valderas que, al menos, no se encontrará sin techo que lo cobije: el que en su día perteneció a un desahuciado.

Andalucía debe conocer el alcance de las responsabilidades políticas y penales de este caso, pero debe conocerlo al completo, no como algunos parecen pretender de forma parcial y sesgada, lo que sería muy al gusto de algunos políticos.

ENRIQUE BELLIDO

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A la mierda

Si analizamos uno por uno los casos de corrupción política que en Cataluña se vienen produciendo en todos y cada uno de los tres principales partidos que hasta ahora han asumido competencias de gobierno –CiU, PSOE y ERC-, uno no puede extrañarse demasiado de las declaraciones del ex director adjunto de Marca España, Juan Carlos Gafo, o del alcalde de Callosa de Segura, Francisco Javier Pérez Trigueros, en contra del independentismo oficialista catalán que es al que, sin lugar alguno a la duda, han querido referirse con su comentario escatológico contra los catalanes.



Un independentismo, vestido en algún caso de federalismo –por no romper del todo los lazos entre el socialismo catalán y el español-, que poco a poco va calando en la población y que, a menudo, vemos expresarse en actos oficiales en los que se rechaza todo aquello que suena a España.

Entiendo que ambos representantes hayan vuelto sobre sus palabras, rectificando o matizando las mismas, pero me atrevería a afirmar que a la mayoría de los españoles les habrá pedido el cuerpo en alguna ocasión “mandar a la mierda” –es lo que han hecho ambos representantes- a quienes están generando un grave problema de convivencia en España y poniendo en grave riesgo una unidad territorial y constitucional que en modo alguno podemos permitir que se rompa en 17 estallidos independentistas.

Porque, concedida la independencia a Cataluña, ¿qué motivo impediría que el País Vasco, Galicia, Madrid, Melilla o Andalucía optasen también a ella? Ninguno. Es más, estarían en su pleno derecho constitucional una vez que se hubiese violado, con el caso catalán, la Carta Magna.

Por ello que al margen de los antecedentes históricos, que si motivan a la Cataluña oficialista del fraude y la corrupción más lo hacen a la España de la integración y el respeto mutuo, no es de recibo que pretendan pivotar semejante dislate independentista quienes han estado o están inmersos en casos de corrupción como el Banca Catalana, Palau, ITV, Pallerols, Pretoria o Método3 y así hasta un largo etcétera, que más que buscar el beneficio para los ciudadanos desde el integrismo y el fundamentalismo nacionalista, persiguen el beneficio propio como los tribunales de justicia vienen aclarando.

Ello genera indignación, claro que genera indignación, en quienes creen, y creemos, que Cataluña, como el resto de España, no se ha hecho a sí misma sino que resulta de un proyecto común y solidario en el que, a lo largo de los tiempos, no lo olvidemos, se ha visto más beneficiada que otras regiones o comunidades autónomas, precisamente por su “singularidad”.

Sé que políticamente no es correcto, pero castellanamente se trata de una expresión que si bien es vulgar y malsonante no encierra sino “el rechazo a una persona o una cosa, especialmente con enfado y desprecio”. Por ello que no me tiemble la boca al “mandar a la mierda” a quienes, desde el poder político catalán, no merecen sino el rechazo y el desprecio del resto de los españoles, incluidos los catalanes.

ENRIQUE BELLIDO

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Grandísima caprichosidad

Pues sí, como esperábamos, se culminó el latrocinio de las Primarias socialistas en Andalucía. El aparato, el omnipresente aparato de los partidos –del PSOE-A en este caso-, ha puesto cara al fraude en la democracia participativa interna, aupando, a base de avales propiciados por el ocultismo –como así ha denunciado uno de los candidatos-, a la candidata digital al lugar que se le tenía reservado: el de optar a la Presidencia de la Junta en las elecciones anticipadas que se convocarán y, por ende, aunque ella lo niegue ahora, a la Secretaría General del partido en Andalucía.



Escribí no hace mucho que sólo me creería que la candidatura de Planas –era de las tres alternativas la que tenía mayor peso específico- no se ajustaba a un guión preestablecido que barnizase el proceso democrático de Primarias, si éste terminaba presentándose y conseguía vencer en las urnas. Ni una cosa ni otra se han cumplido.

Planas no ha conseguido reunir los avales necesarios y, por tanto, no ha podido optar a confrontarse con Susana Díaz en el congreso del PSOE-A. Por ello que no me apee de mi criterio de que todo se ha tratado de un simple paripé, del que no sé si Luis Planas ha sido colaborador consciente, pero que apesta a amaño y a elecciones a la búlgara.

Al menos así lo denuncia un grupo de dirigentes históricos, con Rodríguez de la Borbolla al frente, que hablan de “atentado al derecho fundamental a la participación”, de “grandísima caprichosidad” en la convocatoria o de Primarias “al gusto del convocante”. A partir de ahí, nada nuevo bajo el sol, tórrido sol andaluz de estos días.

La Díaz ya se ha declarado continuadora de las políticas de Griñán, algo, por otra parte, que no suele resultar novedoso como gesto de agradecimiento a quien la coloca, pero que con el paso del tiempo va perdiendo valor una vez que quien apadrina pierde relevancia y el apadrinado, en este caso apadrinada, empieza a tocar los resortes del poder.

Lo cierto es que me imagino que Susana Díaz asumirá también las consecuencias del mayor fraude al erario público cometido en España, el caso de los ERE del Gobierno socialista andaluz, y desde su “dilatada” experiencia profesional como jurista de prestigio reconocerá las sinvergonzonerías cometidas por sus compañeros de partido y dará órdenes para que se devuelva a las arcas del Estado y, fundamentalmente, a los trabajadores verdaderamente desempleados, aquello que los cargos de la administración socialista andaluza han desviado hacia amigos y fines diversos.

Puede que ese sea “el nuevo tiempo político en Andalucía” que anunciaba Díaz en su proclamación como candidata única, pero mucho me temo que no, que aquello del “cambio”, o del “nuevo tiempo” en otros términos, es más de lo mismo y los principios de cómo se inicia así lo delatan.

Toca mover ficha ahora al Partido Popular. Confiemos en que tenga mejor tiento que el PSOE y acierte tanto en la forma como en el fondo, contestando a la mediocridad socialista con argumentos de peso que pongan fin al régimen de treinta años.

ENRIQUE BELLIDO

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Servicio vocacional a la nación

Tengo la sensación de que por mucho calor que haga en estos días, y lo hace, no pueden ser tantos los que se lancen a la piscina –en este caso, de la información periodística y de la opinión- denunciando la situación interna que se vive en el Partido Popular tras las últimas informaciones aparecidas en El Mundo, sin que realmente haya agua dentro de ella.



Agua, en este caso, que huele a sucia y que, de confirmarse su estado, necesitaría de una radical depuración que habría de afectar a la actual cúpula del partido y exigir responsabilidades a cuantos en los últimos veinte años hubieran mantenido algún tipo de connivencia con ese descarado ladrón en el que, presuntamente –respetemos la liturgia procesal, aunque queramos decir, con toda seguridad-, se ha convertido Luis Bárcenas.

Lo cierto es que periodistas que siempre se han identificado con la izquierda y quienes han tenido sus preferencias ideológicas o políticas por la derecha, se han unido en sus críticas al PP y sus dirigentes, en un ejercicio que recoge, sin lugar a dudas, la indignación de los ciudadanos y no digamos ya de los militantes y votantes del Partido Popular.

Porque, con todas las derivaciones que el caso pudiera tener, si se demostrase la financiación ilegal del partido a través de posibles tratos de favor en los distintos niveles de la Administración, lo cierto es que la primera engañada sería la masa social que sustenta al Partido Popular como formación política y que le dio su apoyo electoral en noviembre del 2011.

No sería de recibo que quienes en las más recónditas e incluso adversas circunscripciones o en los grandes núcleos urbanos han venido derrochando ilusión y esfuerzo a lo largo de los años, a cambio, simplemente, de defender otro modelo de sociedad que consideraban mejor, se encuentren ahora con que, ya desde la Presidencia de Aznar o incluso antes, quienes ostentaban el poder en el partido se han venido aprovechando de su posición de privilegio para incrementar su patrimonio al margen de quienes confiaban en ellos y, quién sabe también si al margen de la ley.

Y no sólo eso. Sería indignante que por este motivo, por la avaricia de algunos, un proyecto político de tanto calado, que hoy por hoy representa a la mayoría de la población española, pudiera irse a la deriva en momentos como estos en los que lo que necesita nuestro país son gobernantes con las ideas muy claras y con capacidad de acción, lejos de las guerras barriobajeras que se están viviendo en el seno de nuestros partidos y, más concretamente, del Partido Popular.

No sea tal vez el momento de abrir más heridas y hablar de los elocuentes silencios de algunos dirigentes populares, pero sí el de exigir –no pedir- responsabilidad a todos ellos, por mucho que este ejercicio les pueda llevar al desprestigio personal, evidentemente mucho menos relevante que aquél que está sufriendo toda la nación a la que hasta no hace mucho se jactaban de servir vocacionalmente.

ENRIQUE BELLIDO

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