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18 de octubre de 2019

  • 18.10.19
La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, expuso en el Parlamento andaluz distintas medidas que van a integrar el II Plan de Actuación 2019-2020 de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre las que se encuentran el incremento de un 42 por ciento de las visitas a empresas o la firma de un protocolo de colaboración con la Dirección General de Tráfico ante el aumento de los accidentes relacionados con la seguridad vial.



Durante una interpelación parlamentaria sobre política en materia de trabajo y bienestar social, la consejera se centró en el área de seguridad y salud laboral, sobre la que aseguró que el actual Gobierno está decidido a "reforzar los instrumentos" y a "redoblar esfuerzos para que la prevención sea eficaz, eficiente y de calidad".

En este sentido, destacó el papel que juega el diálogo social en el diseño de las políticas de salud y seguridad en el trabajo, con la participación de empresarios y sindicatos en el Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales y la mesa sectorial que se ha creado recientemente en el entorno global de negociaciones con el Gobierno andaluz con los interlocutores sociales.

Fruto del diálogo social, se va a aprobar de forma "inminente", avanzó la consejera, el II Plan de Actuación, con medidas concretas como el aumento de técnicos de la Junta habilitados en tareas de la Inspección de Trabajo, que en su plan de este año alcanzará las 3.400 visitas a centros de trabajo en sectores con elevadas tasas de siniestralidad laboral, lo que supondrá aumentar en un 42 por ciento esta actuación.

Junto a estas visitas, la Inspección de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y con objetivos coordinados por la Junta, prevé realizar este año 21.589 actuaciones en materia de prevención de riesgos.

Otra medida que ya está en marcha son las ayudas a pymes y autónomos con trabajadores para que mejoren sus medidas y sus equipos de seguridad laboral, con una inversión de 4,26 millones de euros en ayudas que ya han solicitado 741 empresas. Sustitución de maquinaria antigua; instalaciones especificas contra contaminantes químicos, físicos o biológicos, y planes y proyectos de seguridad son algunos de los conceptos incentivados.

Formación

En materia de formación, Rocío Blanco citó la convocatoria de subvenciones para delegados de prevención y empresarios del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, dotada con un millón de euros.

En cuanto al asesoramiento a empresas, la consejera apuntó al programa Alerta Accidentes, que se centra en empresas que han sufrido accidentes mortales y graves, así como la línea de atención para resolver consultas a través de correo electrónico (lineaprl.cefta@juntadeandalucia.es) o por vía telefónica (955 063 910).

En el ámbito de la información al ciudadano, Rocío Blanco citó la elaboración del Boletín de Actualidad Preventiva Mensual; la realización de estudios y guías específicas sobre riesgos concretos, entre las que se encontrará próximamente la elaboración de una guía específica para la integración de la perspectiva de género en la gestión preventiva; las campañas en medios de comunicación o los programas en colaboración con Educación para llevar la prevención a las aulas.

También se desarrolla una amplia labor de investigación en la Red de Laboratorios Observatorios que mantiene el Instituto con las universidades, y mediante subvenciones a proyectos innovadores, y en el terreno de las enfermedades profesionales, ha destacado la colaboración con Salud en actuaciones como el Programa Integral de Silicosis de Andalucía en el manipulado de aglomerados de cuarzo, que desde su puesta en marcha ha supuesto 419 visitas en centros de trabajo sobre esta patología.

Por último, Rocío Blanco manifestó que la seguridad vial es una importante preocupación en su departamento por el número de accidentes que se están produciendo in itinere y en misión, lo que ha motivado que se esté ultimando la futura firma de un protocolo de colaboración con la Dirección General de Tráfico para marcar líneas de trabajo conjuntas.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
  • 18.10.19
La Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, a través de sus servicios provinciales, realiza una campaña de inspección en establecimientos para contrastar el cumplimiento de la información sobre los precios y otros requisitos que afectan a los productos y servicios puestos a disposición de las personas consumidoras y usuarias.



En concreto, en el marco de esta campaña de ámbito autonómico, se van a realizar 2.395 controles en establecimientos de venta de productos alimenticios e industriales, en mercados de abastos y en los destinados a prestación de servicios a los ciudadanos.

En los controles que efectúan los servicios de inspección se revisan aspectos como la existencia de hojas de reclamaciones y los correspondientes carteles que las anuncian. También se realiza una comprobación general de precios, incluyendo la publicidad de los mismos y la información sobre el Precio por Unidad de Medida (PUM) y se verifica, además, que los establecimientos emiten las correspondientes facturas o justificantes de pago y que cumplen con sus datos obligatorios.

Asimismo, los técnicos de Consumo examinan las balanzas para comprobar que cuentan con la etiqueta de verificación periódica y que ésta se encuentra dentro del plazo de validez establecidos por la normativa aplicable para estos instrumentos.

Por otra parte, la prohibición de fumar y la existencia de carteles que lo anuncien es otro de los objetivos de las actuaciones, que pretenden, de este modo, asegurar el cumplimiento de la Ley de Medidas Sanitarias frente al Tabaquismo.

Junto a esta campaña de inspección, el Plan de Inspección de Consumo de la Junta de Andalucía para este año 2019 prevé la realización de hasta 26 campañas específicas, que incluyen aproximadamente 9.000 controles a diferentes establecimientos públicos.

Campaña 2018

En la Campaña de Inspección y Control Básico de Establecimientos 2018 se realizaron 2.918 actuaciones inspectoras en un total de 1.888 establecimientos visitados de toda Andalucía, de las cuales 258 resultaron con actas positivas, lo que supone un 8,84% del total de las actuaciones realizadas.

Respecto a los resultados obtenidos, el mayor porcentaje de incumplimientos se observó en relación con la falta de posesión del libro de hojas de reclamaciones y del cartel anunciador de las mismas; no exponerse los precios de los productos en anaqueles ni en armarios del interior; no publicitarse correctamente los precios por unidad de medida; no contener la factura o justificante de pago los datos obligatorios; no tarar los envases antes de pesar el producto y no disponer las balanzas de la etiqueta de verificación periódica.

Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder de forma continuada a través del número de teléfono 900 21 50 80, de la página web www.consumoresponde.es, del correo electrónico (consumoresponde@juntadeandalucia.es), del perfil de Twitter y del de Facebook.

También se puede recibir asesoramiento en los Servicios Provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Salud y Familias presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMICs) y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

17 de octubre de 2019

  • 17.10.19
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha autorizado el pago de casi 92 millones de euros en ayudas que respaldan las actuaciones incluidas en los Programas Operativos de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) ejecutadas durante 2018. Estos programas contienen inversiones y gastos que realizan las entidades dirigidos a incrementar la sostenibilidad económica y ambiental de las explotaciones agrarias y las instalaciones de manipulación de los productos hortofrutícolas.



A estas subvenciones, que cuentan con la financiación del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) y que se hacen efectivas en 2019, se suman los abonos autorizados el año pasado en concepto de anticipos y pagos parciales por un valor total de 3,85 millones de euros. Por tanto, el global de las ayudas que perciben las entidades hortofrutícolas andaluzas asciende a 95,75 millones de euros, un montante que se corresponde con una inversión privada de alrededor de 210 millones de euros.

Atendiendo a los cerca de 92 millones de euros que se abonan este mes de octubre, Almería es la provincia que más fondos recibe con casi 52,5 millones de euros para 35 OPFH beneficiarias; y le siguen Huelva (24,5 millones y 22 entidades) y Granada (siete millones y nueve organizaciones). Por su parte, la provincia de Sevilla reúne ayudas por valor de 5,1 millones para once OPFH; Málaga, subvenciones por más de un millón de euros para una única entidad; Córdoba, incentivos por 867.000 euros para cuatro organizaciones de productores; y Cádiz, ayudas por 864.000 euros para tres beneficiarios.

El principal objetivo de estos Programas Operativos que desarrollan las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas es mejorar la concentración de la oferta y la comercialización de los alimentos, apostando por avanzar en la programación de la producción y su adaptación a la demanda. Para ello, fomentan el uso de prácticas de cultivo y de gestión de residuos respetuosas con el medio ambiente, prestando especial atención a la eficiencia de los recursos naturales (agua, suelo y paisaje) y a la preservación de la biodiversidad.

La consecución de estos objetivos se materializa a través de esta planificación plurianual que debe ser aprobada con carácter previo a su ejecución y que contiene una serie de actuaciones que se engloban en diversas medidas dirigidas a planificar la producción de frutas y hortalizas de Andalucía, mejorar la calidad de los productos y potenciar la comercialización de los alimentos. Asimismo, persiguen también fomentar la investigación y la producción experimental, avanzar en formación y servicios de asesoría, prevenir y gestionar crisis o alcanzar diversos objetivos medioambientales.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

16 de octubre de 2019

  • 16.10.19
La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha abonado más de 305 millones de euros (305.475.381) desde enero hasta septiembre, correspondientes a las liquidaciones del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) para personas en situación de dependencia. Esta cantidad supone 56,69 millones más que en el mismo periodo del pasado año 2018.



La consejera Rocío Ruiz ha detallado que en el mes de septiembre se han abonado 27 millones de euros, lo que supone 1,8 millón más que en el mismo mes del año anterior. Y, por otra parte, del total de los 305 millones, 169 millones han correspondido a liquidaciones pendientes del año 2018, gracias a la agilidad con la que el Gobierno de Andalucía está procediendo a los pagos.

En la actualidad, un total de 82.939 personas en situación de dependencia en nuestra comunidad autónoma reciben el Servicio de Ayuda a Domicilio, lo que representa más del 33 por ciento del total nacional. Es decir, una de cada tres personas con ayuda a domicilio en España la percibe en Andalucía.

El SAD es la prestación del catálogo de la Ley de la Dependencia que más está creciendo en 2019, puesto que el número de personas que son atendidas con este servicio en Andalucía se ha incrementado en 7.207 en lo que va de año. Este dato demuestra la apuesta que el Gobierno andaluz está haciendo por el propio servicio frente a las prestaciones económicas.

Rocío Ruiz ha subrayado que su departamento sigue trabajando por mejorar la regulación del SAD "con el objetivo de facilitar la gestión del servicio a las entidades prestadoras, agilizar las liquidaciones a las entidades locales y optimizar el servicio prestado a las personas en situación de dependencia. Para ello, se ha contactado tanto con las empresas que prestan el servicio como con los representantes de los ayuntamientos y diputaciones provinciales para conocer las propuestas de mejora de todos los agentes implicados".

La Consejería, a través de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA), ha agilizado la tramitación de los pagos. En Andalucía, la organización del Servicio de Ayuda a Domicilio es competencia de las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, que pueden gestionarlo de forma directa o indirecta.

La Ayuda a Domicilio es una prestación garantizada en la Ley de Atención a la Dependencia que, junto a los centros de día y la teleasistencia, es uno de los principales instrumentos para garantizar la calidad asistencial en el entorno de la persona en situación de dependencia. "Todas estas prestaciones de proximidad suponen un apoyo para las personas dependientes y para quienes ejercen sus cuidados, que son mujeres en su mayoría", ha subrayado Ruiz.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

15 de octubre de 2019

  • 15.10.19
La Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía ha concedido una prórroga de seis meses para la adaptación digital del Documento de Acompañamiento al Transporte (DAT), una medida con la que se pretende garantizar el control y la seguridad de los alimentos que llegan a los consumidores.



El DAT deberá incluir como mínimo la identificación y domicilio del suministrador, las características principales del producto, en particular la calidad, naturaleza, origen, composición, utilización, finalidad, designación, denominación, categoría, fecha de producción o caducidad, instrucciones de uso, condiciones de producción y distribución, el nombre, dirección e identificación de la persona fabricante, y el detalle correspondiente a la certificación, en su caso.

Por otra parte, el DAT deberá acompañar al traslado de los productos sin transformar obtenidos de las explotaciones agrícolas, forestales y agroforestales, desde la unidad de producción de origen hasta el lugar de almacenamiento o su primer destino de comercialización. Se excluyen expresamente de esta obligación los productos de la producción primaria de ganadería, caza, pesca y acuicultura y otros. La obligación se mantendrá en las operaciones de transporte de productos entre unidades de producción de la misma explotación que no guarden continuidad geográfica.

El DAT deberá ser aportado en cualquier momento del transporte, a requerimiento de un agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Una vez que la mercancía haya llegado al primer destino para su comercialización o almacenamiento, el DAT será entregado a la persona destinataria de la misma que deberá conservar el documento o copia del mismo, a disposición de la autoridad competente, durante un plazo mínimo de 5 años contados a partir del día siguiente al de la entrega.

Beneficios del DAT

Además del conocimiento de las distintas situaciones productivas, de las que puedan derivarse acciones de intervención en materia de seguridad alimentaria, el Registro facilitará la trazabilidad como una herramienta imprescindible en situaciones de alerta alimentaria a la hora de localizar el origen de partidas y facilitar una rápida reacción, ya que permite seguir un alimento a través de todas las fases de producción, transformación y distribución.

Para asegurar dicha trazabilidad en los alimentos procedentes de los sectores agrario y forestal que carezcan de guía específica, el Documento de Acompañamiento de Transporte servirá para acreditar el origen y destino del producto. La implantación de este Documento supondrá un cambio sustancial en la forma de organizar y controlar el transporte de este tipo de productos, mejorando la seguridad alimentaria y la trazabilidad de las producciones.

Igualmente, permitirá realizar el seguimiento de un producto agrícola, ganadero o forestal destinado a la cadena agroalimentaria en la fase de transporte desde la explotación a su primer destino de manipulación, almacenamiento o transformación, fundamental en caso de detección de peligros, para localizar el origen de partidas y facilitar una rápida reacción en caso de contaminaciones de origen alimentario. También acredita la legítima procedencia y destino en su transporte.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ

14 de octubre de 2019

  • 14.10.19
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado la concesión de incentivos por valor de 4,3 millones de euros por parte de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), a 127 proyectos empresariales procedentes de pymes de las ocho provincias andaluzas durante el tercer trimestre de 2019.



El objetivo de estas ayudas es favorecer el fortalecimiento de la industria, la creación y el crecimiento de empresas generadoras de empleo; fomentar el impulso de la innovación productiva en los ámbitos de la especialización inteligente y la incorporación de servicios avanzados para la gestión y dinamización empresarial y la cooperación.

Estos incentivos se enmarcan dentro del Programa de Subvenciones destinadas al Desarrollo Industrial, la Mejora de la Competitividad, la Transformación Digital y la Creación de Empleo en Andalucía, que cuenta con una dotación global de 165 millones de euros hasta 2020, cofinanciados por la Junta y FEDER.

Estos recursos, que se destinan a apoyar iniciativas empresariales procedentes de pequeñas y medianas empresas, se complementan, además, con una cuantía de 12,5 millones de la Consejería de Economía para respaldar los proyectos impulsados por grandes empresas de gran tamaño.

Este programa establece cinco líneas de acción: creación de actividad económica, mejora de la competitividad de empresas, proyectos altamente generadores de empleo, incorporación de servicios avanzados para la gestión empresarial e iniciativas de dinamización empresarial y fomento de la transformación digital de las pymes.

De acuerdo con lo publicado por el BOJA, el porcentaje de la subvención puede variar desde el 25 hasta el 70 por ciento, en función del tamaño de la empresa y de si se cumplen algunas características adicionales, como la generación neta de empleo indefinido, la innovación del proyecto, su contribución al desarrollo de la Estrategia de Innovación de Andalucía 2020 (RIS3 Andalucía), y su encuadre en sectores de alta y media-alta tecnología.

Asimismo, se valorará también que sean iniciativas de economía social, que procedan de colectivos prioritarios, entre los que destacan los menores de 35 años, mujeres, parados de más de 45 años de edad, desempleados con una antigüedad superior a dos años o egresados o doctores retornados del extranjero cuya estancia formativa o laboral en el exterior haya sido superior a seis meses continuados. Entre los requisitos adicionales se incluyen, a su vez, la ubicación del proyecto en espacios de innovación o que sean spin-off industriales o tecnológicas.

Tras la reestructuración puesta en marcha en mayo de 2019 de la Agencia IDEA, la Consejería de Economía está llevando a cabo una aceleración de los programas de ayudas a empresas para alcanzar una ejecución plena de los fondos europeos.

Subvención Global 2014-2020

Estos proyectos empresariales están apoyados en el marco de la Subvención Global Competitividad-Innovación-Empleo de Andalucía 2014-2020, integrada en el Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020, cofinanciado con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

La Subvención Global 2014-2020 tiene como objetivo la mejora de la competitividad y el incremento del tejido productivo andaluz con la finalidad de impulsar el crecimiento económico y el empleo estable y de calidad en Andalucía.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ

12 de octubre de 2019

  • 12.10.19
La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha informado en el Parlamento andaluz del grado de ejecución de las Iniciativas de Cooperación Local, los denominados planes de empleo, que han permitido hasta el momento la contratación de 22.725 desempleados en 768 municipios andaluces que están ejecutando esta actuación.



Hasta el pasado 27 de septiembre, se habían formalizado 22.725 contratos en los proyectos que están desarrollando los ayuntamientos, que suponen el 83 por ciento de los previstos, y se desglosan entre los 8.275 desempleados menores de 30 años contratados; los 4.895 demandantes de empleo de entre 30 y 44 años, y los 8.740 de desempleados de larga duración de más de 45 años. A estos tres colectivos se suman 815 desempleados que han sido contratados como técnicos de inserción para asesorar a los participantes en los planes de empleo, una novedad introducida en la última convocatoria.

Esta convocatoria también cuenta como novedad, aprobada por el nuevo Gobierno el 26 de marzo de este año, la ampliación hasta el cien por cien el pago de las ayudas a los ayuntamientos para que costeen los gastos salariales de los desempleados contratados. Antes de este pago íntegro al iniciarse el proyecto, los ayuntamientos recibían el 75 por ciento al principio y el resto al final, lo que les obligaba a adelantar fondos propios.

En cuanto a los pagos, de los 254,19 millones de euros concedidos se han abonado ya un total de 238,31 millones, lo que supone un 93,75 por ciento del total, y 545 ayuntamientos ya han cobrado el cien por cien de la ayuda, lo que representa el 81,58 por ciento de las corporaciones que están ejecutando los proyectos para contratar a desempleados.

De los 777 ayuntamientos andaluces participantes en el programa, sólo nueve de ellos han desistido o han renunciado posteriormente a desarrollar los proyectos planteados a la Administración andaluza, lo que supone un 1,15 por ciento del total.

La consejera Rocío Blanco ha considerado que estos datos confirman "un alto grado de ejecución de esta convocatoria", y ha avanzado que la Consejería trabaja ya en el diseño de una nueva edición de los planes de empleo local que parta de la evaluación de los resultados de la convocatoria que se está desarrollando ahora, de cara a "mejorar, ganar en eficacia y seguir avanzando para lograr la inserción laboral del mayor número posible de personas desocupadas".

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

11 de octubre de 2019

  • 11.10.19
La Formación Profesional Dual continúa este curso 2019/20 su crecimiento en Andalucía con 6.450 estudiantes matriculados, 528 proyectos y la implicación de más de 4.700 empresas. Así, lo ha destacado el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, durante su visita al IES Alixar en Castilleja de la Cuesta (Sevilla) que oferta esta modalidad que combina la enseñanza en los centros educativos con el aprendizaje en las propias compañías o entidades del sector afines a los estudios.



Este curso el número de proyectos de FP Dual aumenta un 29,4 por ciento, es decir, 120 más respecto al pasado curso; la participación de las empresas crece en un 43,9 por ciento y pasa de 3.282 a 4.725 compañías o entidades y los alumnos crecen en un 5,4 por ciento.

Durante su intervención, el consejero informó de las nuevas medidas que su departamento va a poner en marcha para impulsar la FP Dual como realizar una evaluación y diagnóstico de esta modalidad, reforzar la formación del tutor laboral para mejorar la calidad del aprendizaje y de la acogida al alumnado durante su fase en la empresas, o fomentar el prospector de empresas, y promover un marco normativo estable, entre otros.

Se trata, explicó Javier Imbroda, que Andalucía cuente con un modelo de FP Dual de calidad, que permita no solo una oferta ligada al tejido productivo y a la realidad laboral de cada entorno, sino que al mismo tiempo aumente la motivación del alumnado y la actualización de conocimientos y competencias profesionales de los futuros trabajadores.

FP Dual y las empresas

Además, el consejero valoró la importancia que tiene esta fórmula de colaboración entre la formación reglada y el mundo de las empresas, porque es necesario que además de formar a los jóvenes en materias que tienen futuro, haya un compromiso con la formación que demandan las empresas.

En este sentido, Imbroda señaló que se ha potenciado la FP Dual en la familia de Transporte y Mantenimiento de Vehículos (grado medio de Carrocería y grado superior de Automoción) junto con la familia de Comercio y Marketing (grado medio en Actividades Comerciales y grado superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales) y la de Edificación y Obra Civil, formación demandada por las empresas del sector.

Respecto a la oferta de FP Dual para este curso, se ha implantado, por primera vez, un ciclo de la familia de Seguridad y Medio Ambiente. Se trata del grado medio de Emergencias y Protección Civil que se estudia en Córdoba y que cualifica a sus titulados para la prestación de servicios de prevención y extinción de incendios forestales. También se ha impulsado el sector de las energías renovables con la oferta del ciclo de grado medio Excavaciones y Sondeos en Almería.

Por otra parte, Javier Imbroda resaltó el valor de la FP Básica Dual, nivel fundamental para dar respuesta a un colectivo de jóvenes que por esta vía puede tener una opción profesional y conseguir los objetivos de la Secundaria. Esta vía permite bien incorporase al mercado laboral o continuar su formación académica o profesional. Son 13 los proyectos nuevos en FPB Dual, alguno de ellos implantados en zonas con altos índices de abandono escolar y de exclusión social.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ

8 de octubre de 2019

  • 8.10.19
La Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior ha anunciado a las diferentes organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, que se acogerá a la tasa de reposición y a la subida salarial máxima que se establezca en materia de empleo público por parte del Estado.



En la reunión se ha destacado por la Administración el cumplimiento de la práctica totalidad de los compromisos adquiridos en anteriores reuniones, tales como el abono del 0,25 por ciento de incremento variable, que se llevó a cabo en julio; la instauración del permiso de paternidad y de la bolsa de horas de libre disposición; calendarización de la elaboración de la futura Ley de Función Pública; y revisión de las exenciones y bonificaciones de las tasas de acceso a la Función Pública.

Las ayudas de acción social que se van a conceder en este ejercicio son: atención a personas con discapacidad, protección de las empleadas públicas víctimas de violencia de género y anticipos reintegrables en nómina. En este caso, esta última partida se incrementa considerablemente en relación con el ejercicio anterior.

En todo caso, la Junta también ha querido trasladar a las organizaciones sindicales la dificultad con la que ha contado el Gobierno andaluz en su elaboración debido a la falta de Presupuestos Generales del Estado para 2020, teniendo en cuenta que continúa prorrogado el Presupuesto para 2018.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

7 de octubre de 2019

  • 7.10.19
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha subrayado su compromiso con la prevención y la lucha contra los incendios forestales, una prioridad para el Gobierno andaluz que tiene su reflejo en la contratación de más personal temporal de cara al periodo de alto riesgo del dispositivo del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) y en la oferta de empleo público abierta este mismo verano para cubrir plazas vacantes.



La Consejería ha remarcado que el Infoca permanece activo todo el año, al tiempo que ha detallado que el periodo de alto riesgo del dispositivo, como sucede habitualmente cada año, se activa el 1 de junio y concluye el 15 de octubre. La decisión de adelantar o ampliar su funcionamiento la determinan las previsiones meteorológicas y siempre se acuerda en función de criterios técnicos, sin que en ningún momento se haya modificado ni el periodo fijado ni mermado los efectivos disponibles.

El Plan Infoca prevé tres épocas diferenciadas y en cada una de ellas el operativo se dimensiona de forma acorde a las circunstancias existentes. De esta forma, la Junta de Andalucía contempla todas las opciones para reaccionar en el caso de que fuese necesario.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

6 de octubre de 2019

  • 6.10.19
La Dirección General de Consumo, de la Consejería de Salud y Familias, recuerda que, salvo solicitud previa por parte de los consumidores, las comercializadoras de electricidad y de gas natural no pueden realizar prácticas de venta a domicilio. Si no se ha solicitado la visita ni se ha pedido la contratación a domicilio de este tipo de productos, los usuarios pueden efectuar una denuncia, ya que este tipo de prácticas de venta no están permitidas.



En el caso de que se reciba una visita comercial en el domicilio, no se recomienda facilitar facturas ni documentos personales de identicación. Consumo aconseja además comprobar la veracidad de la oferta llamando a la compañía por teléfono, así como leer detenidamente el contrato que le faciliten, comparando precios con otras compañías.

Para otro tipo de ventas a domicilio, Consumo ofrece una serie de recomendaciones. En primer lugar, antes de que la persona consumidora quede vinculada por un contrato celebrado fuera de establecimiento mercantil (en este caso, por un contrato de venta a domicilio), la empresa debe facilitarle, de forma clara y comprensible, la denominada información precontractual.

Es importante que la persona consumidora conozca que dispone de un plazo de desistimiento del contrato que se firme fuera de establecimiento comercial. Salvo las excepciones a este derecho, el plazo son 14 días naturales, sin tener que indicar el motivo y sin incurrir en coste alguno. Si la empresa no ha facilitado la información sobre este derecho, el periodo de desistimiento finalizará 12 meses después de la fecha de expiración del periodo de desistimiento inicial.

Para ejercer este derecho se recomienda utilizar medios que permitan dejar constancia de su solicitud como correo certificado, burofax o medios electrónicos. Por el contrario, no es recomendable la vía telefónica para desistir. Si han pasado los plazos de desistimiento anteriores, ante la contratación no deseada se puede interponer una denuncia ante la Administración de Consumo. Asimismo, se podrá presentar la oportuna reclamación para resarcir los posibles perjuicios económicos que se haya podido sufrir.

Puntos de asesoramiento

Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Salud y Familias. Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder de forma continuada a través del número de teléfono 900 21 50 80, de la página web, del correo electrónico consumoresponde@juntadeandalucia.es; del perfil de Twitter @consumoresponde; y el de Facebook.

También se puede recibir asesoramiento en los Servicios Provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Salud y Familias presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMICs), y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL


5 de octubre de 2019

  • 5.10.19
La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, informó de que "el 75 por ciento de las prestaciones concedidas de Dependencia son de servicios públicos, principalmente la ayuda a domicilio". Ruiz destacó que esta apuesta por el modelo de conceder prestaciones que son generadoras de empleo y mantienen a las personas beneficiarias en su entorno se refrenda en que "las prestaciones de servicios se han incrementado en lo que va de año más de un 96 por ciento, frente a menos de un 4 por ciento de las prestaciones económicas".



"A 30 de septiembre, el 75,2 por ciento del total de prestaciones son de servicios, frente al 74,6 por ciento que suponían a 31 de diciembre de 2018, esto significa que se produce un incremento del servicio frente a la prestación económica", reiteró Ruiz.

El catálogo de servicios al que pueden acceder las personas en situación de dependencia contempla prestaciones como la ayuda a domicilio, centros de atención residencial, centros de día, servicios de prevención de las situaciones de dependencia y de promoción de la autonomía personal o la teleasistencia.

Mientras, las prestaciones económicas se otorgan para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales; la de asistencia personal destinada a contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la contratación de un asistente personal o la prestación económica vinculada al servicio, destinada a aquellos casos en los que existe imposibilidad de acceder al servicio público o concertado adecuado a la persona en situación de dependencia.

La responsable de las políticas sociales en Andalucía subrayó que con este "fuerte incremento" de las prestaciones de servicios, la Junta mantiene el modelo de servicio público y de creación de empleo, "que se está viendo fomentada por la necesidad de contratar personal para la prestación de servicios en centros y en los domicilios".

Esta apuesta por el sector público se evidencia además en la creación de 200 nuevas plazas públicas para personas mayores en situación de dependencia en centros de atención residencial que se han incorporado a la red este mes de octubre. Este incremento de plazas supondrá una inversión anual de 2,5 millones de euros. La red de plazas de Atención Residencial para personas mayores en centros de gestión directa y concertados cuenta con un total de 20.858 plazas.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

4 de octubre de 2019

  • 4.10.19
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha acordado dictar una resolución mediante la cual suspende cautelarmente y de forma temporal la recogida nocturna de la aceituna en olivares superintensivos mediante cosechadoras cabalgantes con el objetivo de determinar si existe o no afección para las aves silvestres y, en su caso, las posibles medidas correctoras.



La medida se adopta de forma temporal hasta que concluya el desarrollo de los estudios encargados por la consejería al Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa) que permitan conocer con rigor y exactitud la biología y ecología del sistema del olivar en seto y las aves que lo habitan, los posibles efectos que la recolección nocturna mecanizada pudieran tener sobre las aves migratorias.

El estudio multidisciplinar encargado por la Consejería –para cuyo desarrollo sí se permitirá la utilización de cosechadoras cabalgantes– persigue llegar a una "evaluación veraz e independiente" acerca de la afección de estas máquinas sobre la avifauna.

Esta resolución, que se publicará en los próximas días, se alcanza después de la consulta realizada por la consejería a las organizaciones agrarias (Asaja, Coag, Upa y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía) en el transcurso de la reunión que a tal efecto han mantenido con la Administración andaluza en la sede de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

3 de octubre de 2019

  • 3.10.19
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible abre desde hoy el plazo para solicitar las ayudar dirigidas a incrementar el valor medioambiental de los ecosistemas forestales de Andalucía de la convocatoria 2019, cuya dotación asciende a 106 millones de euros. Esta dotación presupuestaria supone el doble de la convocatoria 2012 (51 millones de euros), la última abierta en la Comunidad Autónoma hasta ahora.



En concreto, las subvenciones se corresponden con dos medidas del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020 que hacen referencia a inversiones, cuyo objetivo es el desarrollo de zonas forestales, la mejora de la viabilidad de los bosques o el incremento de la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales.

Como recoge el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), la cuantía máxima por beneficiario de esta convocatoria de ayudas puede oscilar desde un mínimo de 1.000 euros hasta un máximo de 250.000 euros por beneficiario.

El plazo para tramitar las subvenciones concluye el día 8 de noviembre de 2019 y los solicitantes pueden ser tanto titulares privados (personas físicas y jurídicas, comunidades de bienes, unidades económicas o de patrimonio) como ayuntamientos que posean este tipo de terrenos.

Para acceder a las ayudas, los beneficiarios deben tener previsto actuar en superficies forestales, de pastizal y de pasto arbustivo o arbolado, y estas inversiones tienen que quedar recogidas en un plan técnico o un proyecto de ordenación de montes.

Novedades de la convocatoria

Las bases reguladoras incluyen numerosas novedades con respecto a la última convocatoria puesta a disposición del sector hace siete años. Entre otras modificaciones, destaca la simplificación de la orden para facilitar que los fondos lleguen al sector eliminando trabas burocráticas incluidas en otras anualidades.

Asimismo, también destaca la posibilidad de incluir en las solicitudes actuaciones que se desarrollan en diferentes fincas (hasta un máximo de tres ubicaciones) y que la subvención puede alcanzar ahora el total del coste de las inversiones, mientras que anteriormente no podía superarse el 80 por ciento.

A estos cambios se suman también la recuperación de la posibilidad de ejecutar los trabajos con los medios propios del beneficiario y la opción de acceder a ayudas para la redacción o adecuación de los proyectos o planes técnicos de gestión de ordenación en los que deben recogerse las actuaciones subvencionables.

Además, los beneficiarios de la convocatoria 2019 podrán solicitar incentivos que respalden actuaciones de desbroce cuya finalidad no sea el mantenimiento de pasto para ganado, compatibilizando así el acceso a esta ayuda con las contempladas en la Política Agrícola Común (PAC) para este objetivo.

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN / J.P. BELLIDO / REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ / J.P. BELLIDO / JOSÉ ANTONIO AGUILAR


2 de octubre de 2019

  • 2.10.19
Andalucía ha alcanzado las 5.409 empresas exportadoras regulares en los siete primeros meses de 2019, una cifra que supera a la registrada en todo 2018 en 114 empresas y que supone un incremento del 9 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, lo que la convierte en la comunidad que más crece en España, según datos de Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior, entidad dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior.



Las empresas exportadoras regulares son aquellas que acumulan más de cuatro años consecutivos de ventas en los mercados internacionales. Así, en el periodo enero-julio de 2019, sumaron el 95 por ciento de las exportaciones andaluzas, esto es, 18.509 millones de euros, un 2 por ciento más que el año anterior, un crecimiento que refuerza su apuesta por la estrategia internacional de su negocio y evidencia su consolidada posición en el exterior.

Asimismo, la cifra total de empresas andaluzas que exportaron sus productos o servicios en los primeros siete meses de 2019 fue de 18.088, lo que supone un incremento del 5,6 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, casi un millar más (961 empresas). Con estos datos, Andalucía se coloca como la tercera comunidad por número de exportadoras con el 11,8% el total, sólo por detrás de Madrid y Cataluña, que registraron subidas inferiores en este periodo (+0,4% y +0,3%, respectivamente).

El incremento del número de empresas exportadoras "viene a refrendar la competitividad de las firmas andaluzas y sus productos en el sector exterior, más allá coyunturas de leves bajadas o subidas de las exportaciones del 1,5 por ciento por la situación política internacional, marcada por la amenaza del Brexit, la guerra comercial entre potencias mundiales como Estados Unidos y China o la atonía de los mercados europeos", aseguró el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo.

Más industria y tecnología

Por sectores, Andalucía sumó más empresas exportadoras regulares de productos industriales y tecnología, que de agroalimentario. En concreto, en el periodo enero-julio de 2019, la comunidad registró 3.321 empresas exportadoras regulares de productos industriales y tecnología, el 61 por ciento del total, con un crecimiento del 14,2 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, que coparon 11.164 millones de euros en ventas.

Asimismo, el número de empresas exportadoras regulares que vendieron productos agroalimentarios fue de 1.554 en los primeros siete meses de 2019, el 28,7 por ciento del total, con un crecimiento del 2,5 por ciento respecto al año anterior, que sumaron una factura de 6.569 millones de euros.

Por su parte, Andalucía registró 1.224 empresas exportadoras regulares de bienes de consumo, el 22,6 por ciento del total, un 7,3 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, que sumaron 540 millones de euros en ventas.

Sevilla lidera y Almería, la que más crece

Siete provincias registran incrementos en el número de empresas exportadoras regulares. Sevilla es la primera por número de firmas, con 1.115 entre enero-julio, el 20,6 por ciento del total, cifra que supone un crecimiento del 4,1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

En segunda posición se encuentra Cádiz, con 1.104 empresas exportadoras regulares, el 20,4 por ciento del total, con un aumento del 9,5 por ciento respecto a enero-julio de 2018; seguida de Málaga, con 891 empresas, el 16,5 por ciento y una subida del 2,9 por ciento; Córdoba, con 502 empresas, el 9,3 por ciento y única provincia que registra un leve descenso del 0,4 por ciento; Granada, con 449 firmas, el 8,3 por ciento, que sube un 6,1 por ciento; Huelva, con 378 compañías, el 7 por ciento, que crece un 1,1 por ciento; y Jaén, con 296 empresas, el 5,5 por ciento y un ascenso del 8,8 por ciento.

Más de la mitad de las empresas exportadoras regulares vende a Europa, en concreto, 3.198 firmas, el 59 por ciento del total, cifra que supone un incremento del 3,7 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Estas empresas suman una exportación conjunta del 70 por ciento del total, con una subida del 1,2 por ciento.

En segundo lugar se encuentra África, con 1.365 firmas, el 25,2 por ciento del total, que además es el continente con un mayor crecimiento de empresas exportadoras regulares, con un alza del 25,1 por ciento respecto a los primeros siete meses de 2018. Son responsables del 7,2 por ciento del total de las exportaciones (1.338 millones), con un aumento del 5,9 por ciento en este periodo.

Le sigue América, con 1.234 exportadoras regulares, el 22,8 por ciento, que crece un 5,2 por ciento, mientras que Asia, con 930 firmas, el 17,2 por ciento del total, crece un 1,1 por ciento. Estas empresas copan el 9,2 por ciento de las exportaciones, con un incremento del 11,4 por ciento respecto a enero-julio de 2018.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
  • 2.10.19
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha comunicado al Consejo de Gobierno las actuaciones que tiene en marcha con el fin de garantizar el control y la seguridad de los alimentos que llegan a los consumidores. Destaca el perfeccionamiento e implantación de forma definitiva del Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía (Reafa), así como la exigencia obligatoria del Documento de Acompañamiento al Transporte (DAT) de productos agrarios y forestales desde el próximo martes 15 de octubre, como medidas de refuerzo en seguridad alimentaria.



A través de estos instrumentos es posible seguir un alimento en las fases de producción, transformación y distribución, fundamentales para localizar el origen de partidas y facilitar una rápida reacción en caso de contaminación de origen alimentario. Además, proporcionan al consumidor información sobre la trazabilidad de los productos, lo que permite a la Administración realizar controles que garanticen la seguridad de los alimentos.

Tanto el registro de explotaciones productoras de alimentos como la trazabilidad de los productos son una exigencia legal impuesta por la Unión Europea para garantizar, entre otros objetivos, la seguridad y la inocuidad de los productos alimentarios. En ese marco se aprobó el Decreto 190/2018, de 9 de octubre, por el que se crea y regula el Reafa y DAT. El fin principal es facilitar el control de la higiene de las producciones agrícolas y agroforestales, así como garantizar la trazabilidad de los productos alimentarios y la legítima procedencia de las mercancías, objetivo del DAT, para dificultar también los frecuentes robos en el campo y su posterior venta ilegal.

El actual Gobierno de Andalucía ha puesto en marcha a pleno rendimiento el Reafa, para regular el procedimiento administrativo que permite la inscripción a instancia de parte, mediante declaración responsable del titular de la explotación o su representante. A tal efecto ya se han realizado dos jornadas informativas en Sevilla y Granada.

La obligatoriedad del uso del DAT se activará el próximo 15 de octubre, un año después de la publicación del referido decreto, como se estipulaba en su redacción. El documento deberá acompañar al traslado de los productos sin transformar obtenidos de las explotaciones agrarias, forestales y agroforestales, desde su origen hasta el lugar de almacenamiento o primer destino de comercialización. Incluirá la identificación del suministrador y las características principales del producto: calidad, naturaleza, origen, composición, finalidad, denominación, fecha de producción o caducidad y datos del fabricante.

La Consejería ha desarrollado una serie de herramientas para simplificar el cumplimiento de estas obligaciones y, junto al formulario en papel, se ha creado una aplicación web que permite la consulta en tiempo real, tanto a titulares de explotación y transportistas como a destinatarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a la propia Administración.

Primeras previsiones

Desde mayo se han llevado a cabo más de cien jornadas y charlas informativas sobre el DAT que ha contado con una asistencia superior a 7.000 agricultores y técnicos. Además, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha enviado un folleto de recomendaciones a más de 12.000 explotaciones de alto riesgo en el control de higiene para el cumplimiento de la normativa.

Como consecuencia de estas iniciativas, ya se han dado de alta de oficio en la aplicación DAT 257.000 titulares de explotaciones y 4.700 destinatarios de mercancías. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad disponen ya de casi 600 usuarios autorizados en la aplicación DAT. Pese a no ser obligatorio aún, el uso de la aplicación alcanza ya los mil portes semanales. Se estima que la entrada en vigor supondrá la generación de entre seis y nueve millones de documentos de acompañamiento al transporte cada año.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ

1 de octubre de 2019

  • 1.10.19
El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha anunciado que el Gobierno andaluz trabaja en una aplicación para teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos que facilitará la relación de los ciudadanos con la Administración autonómica. Esta herramienta, según ha explicado en la inauguración del foro La transformación digital en las administraciones públicas, mostrará información particular sobre los procedimientos administrativos en los que los andaluces tengan carácter de interesado.



Entre otros servicios, la aplicación incluirá la solicitud de citas o la posibilidad de realizar pagos de tasas y precios públicos de la Junta de Andalucía. En este sentido, Bendodo ha apuntado que dentro del catálogo de procedimientos de la Administración existen algunos muy complejos, en los que el solicitante tiene que aportar gran cantidad de datos y documentación y que, por tanto, no son adecuados para ser tramitados a través de una App, "pero otros muchos sí, por lo que hay que insistir en esta línea".

Esta iniciativa de la nueva aplicación está relacionada con el proyecto Carpeta Ciudadana, un servicio de administración electrónica mediante el cual el ciudadano podrá tener acceso a su información que esté en poder de la Administración de la Junta de Andalucía. La Carpeta Ciudadana contendrá toda la información relacionada con los expedientes de los procedimientos y servicios administrativos o acceso a notificaciones telemáticas.

El objetivo a medio plazo es incorporar nuevas funcionalidades relacionadas con avisos a través de la App que permitan, a partir del cruce de los datos conocidos del usuario, dar información y orientar a la ciudadanía proactivamente, cambiando el concepto tradicional de la administración reactiva.

El consejero de la Presidencia ha considerado que la transformación digital de las administraciones es "imprescindible", ya que el objetivo es prestar servicios públicos "ágiles" a la ciudadanía. "No podemos jugar con el tiempo de los ciudadanos", ha explicado.

En este sentido, ha recordado que el Gobierno andaluz aprobará próximamente el Decreto regulador de Administración Electrónica, Simplificación de Procedimientos y Racionalización Organizativa para que la actividad administrativa sea "más simple, más sencilla, más ágil y más accesible a la ciudadanía".

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

29 de septiembre de 2019

  • 29.9.19
La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, en su calidad de presidenta de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), ha firmado un nuevo acuerdo específico de colaboración con el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI). Este convenio recoge una cantidad total de 853.128,80 euros, de los que la AACID financia 802.928,8, correspondiendo las cantidades restantes a FAMSI y a sus socios locales.



Rocío Ruiz ha subrayado que, con la firma de este acuerdo, se pone de manifiesto la consideración que la Junta tiene sobre el papel de la administración local como uno de los principales agentes de la cooperación andaluza, como se recoge en el borrador del III Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo (PACODE 2020-2023).

El acuerdo se enmarca en el convenio general que la AACID mantiene con FAMSI, que va a permitir la ejecución de tres proyectos de cooperación con objetivos tan diversos como el fortalecimiento de la gobernanza local, el cuidado del medioambiente y la atención a menores no acompañados, así como la sensibilización de la ciudadanía acerca de esta situación.

Las actuaciones se desarrollarán en República Dominicana y Haití, mientras que en Andalucía se mejorará la calidad de las intervenciones de cooperación internacional para el desarrollo diseñadas por las entidades locales y se reforzará la atención a los menores extranjeros no acompañados (MENA).

Concretamente, en República Dominicana y Haití se desarrollará durante 24 meses el proyecto Refuerzo de las capacidades técnicas, institucionales y estratégicas y la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las federaciones municipales de la República Dominicana y la República de Haití (FEDOMU, FENAMH), con un presupuesto total de 349.440,00 euros.

Gracias a este proyecto, la Federación de alcaldes de Haití (FENAMH), apoyada por su homóloga, la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), con una posición más favorecida debido a la realidad y situación política, recibe apoyo institucional del país vecino, mejorando la gobernabilidad en el territorio y la convivencia política entre los gobiernos de ambos países.

Además, se verá fortalecida la capacidad de gestión de residuos de la zona fronteriza de Dajabón y Ouanaminthe utilizando las herramientas del programa Dominicana Limpia, con el fin de incidir en una problemática común y de carácter grave que afecta a las poblaciones de la isla.

Menores no acompañados en Andalucía

En Andalucía, el proyecto Mejora de la inclusión y gestión local de las políticas de atención a migrantes, en especial menores no acompañados (MENA) a través de la educación para el desarrollo, la formación, el intercambio de experiencias y capacidades, así como las alianzas internacionales, por importe de 308.162,80 euros, tendrá una duración de 24 meses y beneficiará a más de 60.000 personas de manera directa e indirecta.

El proyecto atenderá especialmente a los municipios donde se concentra la acogida de menores no acompañados, desde una perspectiva de inclusión, de mejora de las políticas locales y la acogida, a través de la formación, el intercambio internacional de buenas prácticas y el trabajo con la ciudadanía a través de campañas de comunicación y educación en solidaridad.

La coordinación y el trabajo con gobiernos locales marroquíes, especialmente aquellos donde también hay centros de acogida y con la Organización Internacional de Migraciones será un valor añadido al programa.

Mediante el proyecto Mejora de la calidad de las políticas de cooperación al desarrollo y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las entidades locales andaluzas y de su reconocimiento por la ciudadanía, con una duración de 18 meses y un presupuesto total de 195.526 euros, se pretende mejorar la calidad de las políticas de cooperación para el desarrollo de las entidades locales andaluzas durante el periodo 2019-2023, mediante actuaciones de articulación y fortalecimiento institucional y de sensibilización y educación para el desarrollo. Más de 150 gobiernos locales andaluces y su ciudadanía participarán en las acciones.

Gracias a esta iniciativa, se pretende mejorar la formación de cargos electos y de responsables técnicos de las entidades locales andaluzas en materias relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), afianzar el trabajo de articulación y coordinación de las políticas de cooperación internacional para el desarrollo que impulsan distintas entidades locales, poner en valor el trabajo en cooperación internacional y solidaridad realizado por las entidades locales andaluzas en los últimos 20 años y mejorar la comunicación en esta materia.

Fondo Andaluz para la Solidaridad Internacional

El Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional es una red de entidades locales andaluzas con 19 años de existencia y compuesta por más de 150 socios entre municipios, mancomunidades, provincias, empresas públicas, universidades, etcétera. Estos socios son los que aportan el valor añadido de FAMSI en forma de experiencias, intercambios y asistencias técnicas.

Desde sus orígenes, FAMSI viene realizando un trabajo conjunto con la AACID que se ha materializado en convenios y numerosos proyectos en países considerados prioritarios para la cooperación andaluza, convirtiéndose en un agente de referencia en proyectos de desarrollo humano y de refuerzo institucional de las colectividades locales.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

28 de septiembre de 2019

  • 28.9.19
La Consejería de Salud y Familias, a través de la Dirección General de Salud Pública, junto a representantes de 22 sociedades científicas y de los consejos generales de médicos, farmacéuticos y enfermeros trabaja ya en la preparación de la Campaña de Vacunación de la Gripe 2019-2020 que dará comienzo el próximo 28 de octubre.



De cara a mejorar la cobertura (porcentaje de personas vacunadas) de los principales grupos de riesgo, como son: mayores de 65 años, mujeres embarazadas, enfermos crónicos y profesionales sanitarios, este grupo de expertos trabajará en la puesta en común de posibles acciones a realizar durante el transcurso de dicha campaña.

"Estas acciones van encaminadas fundamentalmente a mejorar la imagen de esta vacunación y con ello las coberturas de la población", ha puntualizado el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, sobre los objetivos de la nueva campaña.

Las conclusiones obtenidas en este encuentro se trabajarán durante el periodo de un mes aproximadamente para unificar criterios y elaborar un Consenso sobre la vacunación antigripal y un Decálogo con las diez mejores acciones a poner en marcha. Este documento se dará a conocer el próximo 25 de octubre.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

26 de septiembre de 2019

  • 26.9.19
La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, en su calidad de presidenta de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID); y Héctor Rivero, presidente de la Coordinadora Andaluza de ONG de Desarrollo (CAONGD), han presentado este miércoles en la sede de la AACID la campaña #CódigoODS: Reiniciando el planeta.



La fecha escogida para la presentación de esta campaña es un gesto de los promotores para conmemorar el aniversario de la adhesión de España a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, ya que el objetivo de #CódigoODS es dar a conocer a la ciudadanía los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promovidos por la ONU y los retos que la población mundial afronta para cumplir la Agenda 2030.

Rocío Ruiz ha destacado que la Agenda 2030 "es el mayor acuerdo político internacional que jamás se ha alcanzado para erradicar la pobreza y promover un desarrollo humano igualitario y duradero". La consejera ha afirmado que "es responsabilidad de los poderes públicos garantizar los derechos humanos de los ciudadanos, pero esta es una tarea que solo podremos abordar con la colaboración de todas las administraciones públicas, las organizaciones de la sociedad civil y las entidades educativas y del mundo del trabajo". Para ello, ha recordado la consejera, "es fundamental que el conjunto de la sociedad conozca los ODS y los haga suyos".

#CódigoODS es una campaña audiovisual de sensibilización e informativa sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y ha sido financiada en su totalidad por la AACID con un presupuesto de 200.000 euros.

La campaña se va a desarrollar durante los meses de septiembre, octubre y noviembre y consta de 24 vídeos informativos; cuñas radiofónicas; material gráfico para difusión online; informes y estudios recopilados en relación a los ODS, tanto a nivel global como local; así como actividades relacionadas con los Objetivos (talleres, formación, trabajo en centros educativos, etcétera) organizadas por las ONGD socias que pertenecen a la CAONGD; además de una página web que recopilará todo el material de la campaña.

Diversos estudios de la CAONGD han puesto de manifiesto que el conocimiento de la ciudadanía andaluza en relación con los ODS es muy escaso, por lo que se hace necesario potenciar los canales informativos y de sensibilización en torno a la Agenda 2030.

Además, la campaña #CódigoODS incidirá en la ampliación de los segmentos de población destinatarios de estos conocimientos, abarcando, además de a la ciudadanía, a los colectivos sociales, entidades de todo tipo y, muy especialmente, a los medios de comunicación.

Coordinadora Andaluza de ONGD

La Coordinadora Andaluza de ONGD es la plataforma que representa a las organizaciones que trabajan en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo con presencia activa en Andalucía. La CAONGD trabaja para contribuir a un cambio social que promueva un desarrollo humano sostenible en los países empobrecidos, mediante el fortalecimiento de sus organizaciones federadas.

La Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fueron adoptados en 2015 por todos los países de las Naciones Unidas. Es una agenda de alcance global y constituye una nueva forma de abordar los problemas de desarrollo, ya que involucra a todos los países y los conmina por igual a luchar contra la pobreza, el cambio climático, la desigualdad de género y todas las formas de discriminación, en un plazo de 15 años.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL


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