El Pleno de la Corporación municipal aprobó ayer –con los votos favorables de PSOE e IU y la abstención de los grupos de la oposición– aceptar la delegación de competencias propuesta por la Junta de Andalucía para asumir la gestión del Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT), ubicado en el antiguo parvulario "El Castillo".
El teniente de alcalde de Bienestar Social, Francisco Lucena, explicó ayer que el decreto de la Junta de Andalucía que regula la delegación de esta competencia a los ayuntamientos supondrá un presupuesto anual fijo para el Consistorio montillano de 176.000 euros, lo que permitirá ofrecer algo más de 7.900 horas de atención a los menores durante los próximos cinco años. "Unas condiciones que –como reconoció– no permiten que el servicio sea gestionado exclusivamente desde el propio Ayuntamiento".
"Las condiciones establecidas por el decreto nos obligan a rechazar la gestión a favor de la Junta o a apostar por una fórmula mixta que permita el control municipal a través de dos trabajadores que asume el Ayuntamiento, como es el director del centro y la psicóloga, al ser los más antiguos, y la externalización del resto de profesionales", señaló Lucena, quien reconoció que si bien el "escenario existente no recoge los objetivos que ha venido defendiendo el Ayuntamiento", esta propuesta es la "más razonable para mantener el control y la gestión municipal".
En la misma línea se manifestó el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, quien señaló que a través de esta fórmula de gestión mixta –y dado que la dirección del centro quedará en manos de un trabajador municipal– "se favorecerá que la calidad del servicio sea máxima" y la "idónea en atención a las necesidades de los niños".
Sin embargo, la medida apoyada por los grupos que conforman el Gobierno municipal despertó algunas críticas entre los grupos de la oposición, que consideraron que la "externalización" de parte de los servicios que ofrece actualmente el CAIT podría traducirse en una "merma en la calidad" de los mismos.
En este sentido, el portavoz de Comprometidos por Montilla, Luis López, señaló que las condiciones económicas establecidas por la Junta de Andalucía obligarán a externalizar los servicios a un precio "que puede que no sea asumible por ninguna empresa", si bien el teniente de alcalde de Bienestar Social puntualizó que se establecen las mismas tarifas que para otros CAIT de Andalucía cuya gestión está en manos de empresas privadas.
De igual modo, Luis López manifestó que los cambios en la gestión del servicio podrían "complicar" la continuidad de los profesionales que trabajan en el CAIT. "No se le puede exigir a la empresa que dé continuidad a los profesionales que atiendan este centro, que es lo que demandan los padres", señaló.
Unas dudas compartidas por el Partido Popular que, asimismo, planteó que se ampliara a tres el número de trabajadores del servicio que sean asumidos por el Ayuntamiento de Montilla. "Los padres han reclamado que el fisioterapeuta también sea un trabajador asumido por el Ayuntamiento para asegurar su continuidad", defendió Cristina Alguacil, que se mostró convencida de que "existe la posibilidad para ello".
Una petición que, si bien el alcalde reconoció que era positiva, no fue recogida finalmente por parte del equipo de gobierno al considerar que la ampliación a tres de los trabajadores municipales haría "inviable" la gestión municipal. "Asumir a tres trabajadores supondría reducir el resto de servicios a un precio de 10 euros la hora y no a 18 como se pretende, y eso imposibilitaría la llegada de una empresa", reconoció el primer edil.
El teniente de alcalde de Bienestar Social, Francisco Lucena, explicó ayer que el decreto de la Junta de Andalucía que regula la delegación de esta competencia a los ayuntamientos supondrá un presupuesto anual fijo para el Consistorio montillano de 176.000 euros, lo que permitirá ofrecer algo más de 7.900 horas de atención a los menores durante los próximos cinco años. "Unas condiciones que –como reconoció– no permiten que el servicio sea gestionado exclusivamente desde el propio Ayuntamiento".
"Las condiciones establecidas por el decreto nos obligan a rechazar la gestión a favor de la Junta o a apostar por una fórmula mixta que permita el control municipal a través de dos trabajadores que asume el Ayuntamiento, como es el director del centro y la psicóloga, al ser los más antiguos, y la externalización del resto de profesionales", señaló Lucena, quien reconoció que si bien el "escenario existente no recoge los objetivos que ha venido defendiendo el Ayuntamiento", esta propuesta es la "más razonable para mantener el control y la gestión municipal".
En la misma línea se manifestó el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, quien señaló que a través de esta fórmula de gestión mixta –y dado que la dirección del centro quedará en manos de un trabajador municipal– "se favorecerá que la calidad del servicio sea máxima" y la "idónea en atención a las necesidades de los niños".
Sin embargo, la medida apoyada por los grupos que conforman el Gobierno municipal despertó algunas críticas entre los grupos de la oposición, que consideraron que la "externalización" de parte de los servicios que ofrece actualmente el CAIT podría traducirse en una "merma en la calidad" de los mismos.
En este sentido, el portavoz de Comprometidos por Montilla, Luis López, señaló que las condiciones económicas establecidas por la Junta de Andalucía obligarán a externalizar los servicios a un precio "que puede que no sea asumible por ninguna empresa", si bien el teniente de alcalde de Bienestar Social puntualizó que se establecen las mismas tarifas que para otros CAIT de Andalucía cuya gestión está en manos de empresas privadas.
De igual modo, Luis López manifestó que los cambios en la gestión del servicio podrían "complicar" la continuidad de los profesionales que trabajan en el CAIT. "No se le puede exigir a la empresa que dé continuidad a los profesionales que atiendan este centro, que es lo que demandan los padres", señaló.
Unas dudas compartidas por el Partido Popular que, asimismo, planteó que se ampliara a tres el número de trabajadores del servicio que sean asumidos por el Ayuntamiento de Montilla. "Los padres han reclamado que el fisioterapeuta también sea un trabajador asumido por el Ayuntamiento para asegurar su continuidad", defendió Cristina Alguacil, que se mostró convencida de que "existe la posibilidad para ello".
Una petición que, si bien el alcalde reconoció que era positiva, no fue recogida finalmente por parte del equipo de gobierno al considerar que la ampliación a tres de los trabajadores municipales haría "inviable" la gestión municipal. "Asumir a tres trabajadores supondría reducir el resto de servicios a un precio de 10 euros la hora y no a 18 como se pretende, y eso imposibilitaría la llegada de una empresa", reconoció el primer edil.
I. TÉLLEZ / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ
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