Sentados en la misma mesa

Recuerdo que hace ahora un año, cuando ya se anunciaban elecciones generales para el otoño y el país se encontraba en plena vorágine de la crisis, la estrategia del Partido Popular (PP) no fue otra que la de guardar el más prudente de los silencios y dejar que los socialistas se quemaran en sus propias brasas.



Pasado ese tiempo y cuando los resultados de dicha estrategia brindaron una mayoría absoluta al PP, Alfredo Pérez Rubalcaba y los suyos han optado por copiar los modos y maneras de sus opositores, limitando lo menos posible las apariciones en público, de forma que la gravedad de la actual situación se identifique exclusivamente con el Gobierno de la nación, generándole un desgaste que vaya minando poco a poco los apoyos populares.

Son cosas de la política y ya sabemos que por muy participativo que pueda considerarse al sistema democrático –no digo ya al nuestro- al final son unos pocos, los designados en las urnas, los que hacen de su capa un sayo, creyéndose dueños y señores de todo lo público o, lo que es lo mismo, de todo lo que es de todos y, en una ínfima proporción, de ellos mismos.

Lo cierto es que vivimos unos momentos políticos y sociales en los que la sociedad se está planteando muy seriamente para qué queremos a nuestros representantes –el otro día me llegaba una información que recogía que en España tenemos más políticos, alrededor de 500.000, que médicos, policías y bomberos juntos-, si tenemos en cuenta que todos ellos, los que deciden y los que se limitan a aplaudir sus decisiones, se muestran incapaces de anteponer los intereses de la comunidad a los suyos y de los grupos que les son propios.

Porque, no lo olvidemos, estamos en donde estamos por culpa de la clase política española, que no ha sabido ni ha querido, desde los niveles municipales, autonómicos y nacionales, poner en práctica políticas realistas alejadas del electoralismo, que trasladasen profesionalidad a la gestión de los fondos públicos y a la elaboración de normas y leyes que impidiesen el desatino de todo tipo en el que ahora nos vemos inmersos.

Que un político con capacidad de decisión se vaya de rositas de un cargo acumulando déficit millonarios a sus espaldas e hipotecando el futuro de las diferentes administraciones y empresas públicas no expresa sino el grado de corrupción que vive nuestro sistema democrático, con un grado de corporativismo inaceptable.

Todo ello no hace sino marcar las grandes diferencias entre la clase política y el resto de los ciudadanos sometidos, estos sí, al control de las leyes que precisamente elaboran aquellos.

Siento decirlo, pero en los momentos en los que vivimos, viendo y descubriendo lo que estamos viendo y descubriendo, nuestros dirigentes, los del Gobierno y los de la oposición, carecen de fuerza moral para exigir de los ciudadanos, como están haciendo, esfuerzos que superan con mucho los que ellos mismos han estado dispuestos a aplicarse y soportar.

Se están dando pasos agigantados, si se sigue por el actual camino, hacia una auténtica revolución de las masas que no sabemos en qué puede culminar. Muy bien, salvemos a la banca, ¿pero quién salva a las familias? ¿Quién lo hace con las empresas? ¿Quién genera expectativas a nuestra juventud?

Porque el dinero público, si está, lo está para unos y para otros, no para que los créditos se encarezcan, las hipotecas se limiten y los accionistas salven sus participaciones. Y, en todo caso, y si es obligado quedarse en Europa y mantener el euro, que nos expliquen de una vez, unos y otros, todos sentados en la misma mesa, cómo va a sustanciarse nuestro esfuerzo y qué beneficios y a qué plazo los vamos a obtener.

Eso sí, ya está bien de defender el papel de las autonomías, de las diputaciones y de los pequeños ayuntamientos incapaces de subsistir. Eliminemos, modificando la Constitución, todo este entramado de poder que se ha constituido y, ante la crisis, hagamos de verdad economía institucional de crisis.

Y si no, luego no se extrañen de que la ciudadanía pueda llegar a adoptar otras medidas. Amagos ya los hay dentro y fuera de nuestras fronteras. Véase el apogeo de grupos extremistas en Francia o Grecia o el mismo resurgir del movimiento 15-M.

ENRIQUE BELLIDO

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¿Guarda relación?

¿Guarda alguna relación el ingreso en prisión del exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, y que, tras Ceuta, seamos el territorio español con mayor número de parados? Ya lo creo que sí: guarda una íntima y profunda relación porque mientras el Gobierno de la Junta –ahora apoyado por Izquierda Unida, por mucho que Diego Valderas venda su Vicepresidencia por un plato de lentejas malolientes- distraía millones de euros en garantizarles la jubilación a amiguetes a través de ERE falsos, Andalucía iba desangrándose poco a poco, perdiendo tejido productivo y, a la vez, instalándose en una política de subsidios tan insoportable como efímera.



De ahí que hayamos superado ya el 33 por ciento de andaluces en el paro, uno de cada tres, mientras socialistas y comunistas no saben hacer uso de otro recurso que no sea el de echar a la gente a la calle con la torticera complicidad de sus dos centrales sindicales.

¿O es que, como proclamaban a los cuatro vientos Griñán y adláteres, algunos se han creído que nuestra Comunidad representaba un oasis en medio del desierto de la destrucción de empleo en el que convirtieron los socialistas a España? Evidentemente no.

La perpetuación del régimen socialista en nuestra Comunidad, por sí mismo o apoyado por los comunistas, no ha servido sino para incrementar los niveles de paro y, con ello, poner en grave riesgo las políticas sociales, sanitarias y educativas, al ser prácticamente imposible atender las mismas sin contar con los ingresos públicos que de los impuestos y las cuotas a la Seguridad Social se obtendrían a través del empleo y de la actividad económica.

Tan es así que han convertido a Andalucía en una Comunidad dependiente, que hoy por hoy subsiste gracias a la solidaridad del resto de comunidades autónomas, sin la autonomía que se deriva de la propia capacidad para generar riqueza.

Por ello, que todo ese cortejo de plañideras en el que han convertido Andalucía los dirigentes socialistas, gimoteando en las esquinas por los recortes presupuestarios que desde el Gobierno central acertadamente se han impuesto, no represente sino una expresión más de la impotencia y del fariseísmo de quienes, contando con un pueblo y unos recursos naturales inmejorables, han transformado todo por intereses electorales –cuando no personales, como vemos que destapa la jueza Alaya- en un erial que ni produce ni nadie se atreve a labrar.

Escucharemos ahora que las pérdidas de empleo o inversiones en sanidad o los recortes en prestaciones se deberán a las políticas del Gobierno del PP cuando llevamos años perdiendo puestos de trabajo en hospitales y centros de salud andaluces; cuando las inversiones llevan tiempo al ralentí –Plan Director del Hospital Reina Sofía, por ejemplo-; y cuando las prestaciones como la inmediatez en la atención sanitaria tienen fiel reflejo en las listas de espera quirúrgicas y de especialidades.

Nos dirán que Rajoy es el culpable de los recortes en educación, cuando llevamos años en las últimas posiciones europeas en cuanto a niveles formativos de los alumnos andaluces, fruto, cómo no, de las políticas inversoras, organizativas y formativas de la Junta de Andalucía.

Y nos van a decir, seguro, que hay menos dinero para los mayores dependientes y para políticas sociales por culpa de la insensibilidad del Gobierno de la nación cuando, en realidad, ha sido y es el Gobierno socialista de la Junta el que ha generado un número de mayores dependientes y de sociedad necesitada de ayudas que ahora le resulta imposible mantener con sus propios recursos.

Claro que tiene que ver la corrupción dentro de la Junta con la situación de regresión que vivimos en Andalucía, lo quieran o no lo quiera ver un porcentaje de andaluces. Yo, al menos, soy consciente de ello. Y soy claramente pesimista con respecto al futuro.

ENRIQUE BELLIDO

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Los astros de Juan Carlos I

Habrá que reconocer que la Monarquía no atraviesa por sus mejores momentos. Las circunstancias que han coincidido en los últimos meses han servido a los programas-basura, en los que personajes de dudoso linaje ético se alimentan de las miserias humanas para dirigir sus comentarios zafios contra la institución monárquica y a los sectores más republicanos de nuestra sociedad, incluidos partidos políticos, para intentar poner en jaque nuestra fórmula constitucional de Estado.



¿Es España un país sociológicamente monárquico? Si tenemos en cuenta que los nacidos en 1936 tienen ahora 76 años, la inmensa mayoría de los españoles hemos vivido solo con dos formas de gobierno: el de la dictadura franquista y el de la monarquía juancarlista. Este último democrático y aquel, no.

De la República solo pueden tener un cierto nivel de recuerdo quienes hayan superado los noventa años de edad y, todo hay que decirlo, referido a los años de la niñez y primera etapa de la juventud.

De ahí que me atreva a decir, sin apenas margen para equivocarme, que los españoles no se sienten identificados en modo alguno con la República como forma de Estado, por mucho que no lo estén con la Monarquía por las connotaciones de índole hereditario y vitalicio de la misma.

Nos importa un bledo, es lo cierto, que la figura representativa del país sea una u otra –nuestra capacidad de adaptación a lo largo de la historia ha sido total-. Algo muy distinto a que nos preocupemos o no de que quien asume las competencias representativas lo haga con la dignidad suficiente y no representando nunca un problema añadido para nuestra convivencia interna e internacional.

La verdad es que la monarquía jugó, en unos momentos de incertidumbre para España como fue el final del franquismo, un papel fundamental que hizo posible la transición que vivimos hacia un régimen democrático. Quien no reconozca esto es que antepone sus intereses sectarios a la realidad política y social de nuestro país.

El mismo papel que le tocó jugar durante el 23-F dada la autoridad moral que el Rey ejercía sobre las Fuerzas Armadas y su sometimiento a la legalidad democrática. A partir de ahí, la monarquía ha venido ocupando el lugar que le correspondía, respetando constitucionalmente el poder del pueblo, en manos de los representantes parlamentarios y los partidos políticos, así como llevando a cabo aquellas actividades que la propia Constitución le confiere como propias y las que desde el Gobierno se le indicaban como más idóneas, sin sobrepasar nunca la neutralidad que le debe ser exigida.

Por ello, juzgar con severidad a la más representativa institución del Estado por el hecho de que el marido de una de las infantas se haya lucrado de su cargo, con o sin conocimiento de la propia infanta; porque uno de los nietos utilizase de forma indebida, y seguramente ilegal, un arma de fuego; o porque el propio Rey se fracturase la cadera en una jornada de caza, me parece intentar poner contra la pared a la Monarquía en unos momentos en los que estamos sobrados de sobresaltos.

De acuerdo, no resulta ejemplarizante que un miembro de la Casa Real se enriquezca ilícitamente en función de su posición, como tampoco lo es que el exmarido de la infanta permita a su hijo usar una escopeta de caza. Tampoco es un ejemplo que el Rey gaste una parte de su patrimonio, en momentos como este, en presuntas cacerías de elefantes.

Pero habría que preguntarse si de ello estaría libre un presidente de la República o cualquier otra monarquía, o si estaríamos nosotros mismos libres de ocupar su posición, y, lo que es más importante, si las funciones institucionales que la ley impone al monarca las cumple y sirven a los intereses de España.

El sistema monárquico es imperfecto, como imperfecto lo es el republicano. Pero, en todo caso, ahí están las leyes para que cuando tales imperfecciones traspasen los límites de la legalidad, sean sometidas al control de la Justicia. ¿O habría que poner en cuestión el sistema democrático porque unos cuantos altos cargos se beneficien ilícitamente de lo público?

Ciertamente, los astros no se han aliado con Juan Carlos I y supongo que al Rey y su familia esta situación les estará provocando serios quebraderos de cabeza, al margen de los problemas más íntimos que, como en cualquier familia, pudieran acontecer. Pero no creo que sea positivo para la sociedad española que los generadores de opinión creen un nuevo foco de desconfianza que sumar a los muchos ya existentes.

ENRIQUE BELLIDO

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¡Coño, Mariano: di algo!

Permítanme la licencia coloquial que da entrada a este artículo, pretende, solo, apremiar de forma más vehemente a nuestro querido presidente del Gobierno a fin de que, de una vez –seguro que deberán ser varias veces a lo largo de esta Legislatura-, nos aporte unas palabras de confianza que generen en los españoles algo de serenidad en medio de este desasosiego económico y social en el que estamos inmersos.



A principios de enero pedía a Rajoy, también en esta misma sección, que hablase, que explicase las medidas que se estaban adoptando y aquellas que en el futuro se fuesen a adoptar.

Pero no solo se trataba de una petición en el sentido de relatar secuencialmente qué tipo de decisiones iba a adoptar el Gobierno, sino de explicar el porqué de cada una de ellas y de razonar los beneficios que de las mismas se pensaba –no digo "se aseguraba"- obtener.

Creo que es un derecho que nos asiste a todos y cada uno de los españoles el de recibir información precisa y veraz sobre todo aquello que nos afecte y las medidas que al respecto puedan tomarse.

Es cierto, no lo dudo, que al Gobierno del Partido Popular le ha correspondido pelear con la más dura y hacer frente a una serie de decisiones que, sin lugar a dudas, son impopulares. Pero esto ya se sabía de antemano.

A partir de ahora no puede pensarse en evitar el desgaste, como he podido leer en algún editorial de otros medios, eludiendo dar públicamente la cara y poniendo en boca de distintos ministros retazos de aquello que se piensa hacer o se está haciendo. La situación actual requiere un gesto de Estado y debe ser el presidente del Gobierno quien lo protagonice en primera persona y, además, lo haga con solvencia.

Nos enfrentamos o bien a la intervención europea en nuestro país –que en todo caso sería dura-, o bien a asumir desde todas las instancias e instituciones del país –también a nivel familiar y personal- un complejo paquete de medidas que no pueden sernos expuestas de manera velada y por interlocutores que aún en su cualidad de ministros o secretarios de Estado no son los que el pueblo demanda en esta situación.

Hoy, más que en otras ocasiones, la ciudadanía está necesitada de un liderazgo social que no encuentra y ese no puede ser otro que el que ejerza Rajoy so pena de que afloren otro tipo de líderes de los que en la historia ha quedado trágica constancia.

No sé si estamos en una etapa de destrucción social como otras vividas a lo largo de los siglos de la historia del hombre –existen indicadores que así podrían apuntarlo- pero, en todo caso, tenemos derecho a que quienes han asumido libremente esa responsabilidad –y además cobran por ello-, desde el Gobierno a la oposición, trasladen siquiera al menos tranquilidad a la población, renuncien a crisparla con sus propios enfrentamientos e intereses partidistas y nos den algún mensaje de esperanza que no se limite a la eliminación del oponente.

O Mariano Rajoy y su equipo de asesores está dispuesto a asumir ese papel de líder que afronte con valentía un posible –que no seguro- desgaste o estoy convencido de que el futuro no solo será negro para él sino para toda España.

ENRIQUE BELLIDO

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Demagogia

Demagogia y solo demagogia es la línea dialéctica que le queda a la izquierda reaccionaria, representada hoy en día por el PSOE y apoyada desde IU, para hacer frente a su derrota en las urnas y tratar de desactivar las medidas de reforma puestas en marcha por Mariano Rajoy a fin de dar solución a la grave situación en la que los socialistas nos han colocado por su desgobierno de los últimos años.



Y precisamente eso, demagogia, algo de sana demagogia, es lo que le hace falta aplicar al Partido Popular en aras de contrarrestar el intencionado catastrofismo de la izquierda, a fin de trasladar cierto nivel de tranquilidad a la población con mensajes que incidan en las bondades de las políticas que se están aplicando y los efectos positivos que de ellas van a derivarse en los próximos años.

Leía que la hasta ahora portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía y alcaldesa de Fuengirola, Esperanza Oña, criticaba en un blog el silencio que en la campaña de las elecciones andaluzas se había mantenido con respecto a la explicación de la reforma laboral emprendida por el Gobierno, dejando el camino libre para que Griñán y su equipo se despachasen a gusto en las críticas a la misma, causando un efecto posiblemente decisivo en los resultados de las autonómicas, máxime cuando los niveles de empleo en esta comunidad ya son bajos y quienes tienen la suerte de trabajar se vieron condicionados, en gran medida, por la información negativa que el PSOE trasladó con respecto a las garantías de mantener su actual situación laboral.

Escribía yo, allá por el mes de enero, un artículo que titulaba ¡Habla, Mariano, habla!, en el que ya incidía entonces en la necesidad de que ante una medidas que se anunciaban de crisis, el Gobierno, y en este caso su presidente, explicasen con mucha claridad las mismas dado que, además, la campaña del 20-N no fue prolija en ese tipo de información. No se ha querido, hasta ahora, hacer así, cuando se debería haber designado a un portavoz gubernamental dedicado casi exclusivamente a esa tarea, que no es poca.

Si ello no fuese suficiente, parece ser que, desde la trastienda de Génova, Pedro Arriola aconsejaba realizar una campaña plana en Andalucía, convencido de que sociológicamente ello beneficiaría a los populares.

Lo cierto es que nos encontramos en una situación en la que el Gobierno está tomando las decisiones que hubiera tomado un Ejecutivo socialista de haber ganado las pasadas generales, siendo precisamente el PSOE quien está ganando la batalla mediática contra las mismas en base, eso sí, a dosis mayúsculas de demagogia, en momentos de desesperanza en los que muy especialmente la población es sensible a estos artificios.

Porque ya me dirán ustedes el miedo que se ha venido metiendo en el cuerpo de los españoles con los Presupuestos Generales del Estado, incluso afirmándose desde las filas socialistas que no se aprobaban antes de las andaluzas por temor a perderlas y ahora, cuando nos los cuentan -a no ser que contengan elementos ocultos que desconozcamos-, descubrimos que, dentro de los ajustes que había que hacer en ellos, son unos presupuestos sociales, que ya quisiera haber firmado el propio Rubalcaba incluso sin tenerse que apalancar en su no disimulada y malsana demagogia.

Hasta se han permitido venir a Andalucía a criticar la reforma laboral, acusándola de artificio con el que poder destruir puestos de trabajo, cuando la propia Junta o bien ha contratado a dedo, o bien lleva años, soterradamente, adelgazando las plantillas orgánicas en servicios tan esenciales como pueda ser la sanidad.

Sin embargo, no ha aparecido por ninguna parte la demagogia desde las filas populares cuando, me lo decía el otro día un buen amigo, si se está en política es para saber competir con similares armas.

No tiene más éxito políticamente quien es más bueno o más honesto o incluso más sensato y prudente, lo tiene quien es más listo, y de ello están los anales de la democracia y la autocracia llenos. Y la listeza política va muy unida a la oportunidad con la que se utilice la palabra y la demagogia.

Es cierto, no es lo mismo un demagogo honesto que un demagogo corrupto, pero ambos coinciden en una de las cualidades, y son muchas más las posibilidades de vencer electoralmente de aquél que domina el uso de esta que les es común.

¿Qué preferiríamos erradicar la demagogia del actuar político? No le quepa duda a nadie. Pero mientras haya quien con ella nos traslade a la crisis, el paro, la regresión social y la pérdida de libertades -las de formación e información son fundamentales para el ser humano-, habrá que hacer uso de ella para desenmascarar a quienes así actúan. Es el peaje que debemos pagar por nuestra democracia imperfecta.

ENRIQUE BELLIDO

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Más vale lo malo conocido...

Pues sí, ese parece haber sido el planteamiento de muchos andaluces que, invitados a las urnas, han preferido, en el último instante, a tenor de las encuestas que se barajaban en las semanas previas, optar por lo malo conocido para dejar para mejor ocasión lo bueno por conocer. La decisión es del pueblo soberano y contra ella no cabe, si nos movemos en un escenario democrático, apelación alguna.



¿Qué ha sucedido para que hace sOlo siete días las prospecciones sociológicas dieran mayoría absoluta al Partido Popular y la noche de ayer se haya quedado a tanta distancia de la misma? Evidentemente, que la opinión que ofrecía el ciudadano al encuestador no era real.

Han sido muchos los encuestados que, ante el clima de corrupción que se vive en la Junta de Andalucía, sentían vergüenza en reconocer que su voto iba a ir dirigido al PSOE.

Los mismos que iban a votar en realidad socialismo porque desconfiaban que algunos beneficios sociales fuese a mantenerlos el PP y temían que la reforma laboral emprendida por el Gobierno de Rajoy tuviese ampliación en Andalucía con un Gobierno popular.

Y, finalmente, ha sucedido que muchos de esos temerosos, o bien han preferido no mover su voto de lugar, o se han refugiado en quienes con mayor énfasis han defendido las políticas sociales, que no han sido otros que Izquierda Unida.

¿Triunfo de la izquierda o fracaso de la derecha? De ambas cosas ha habido. La izquierda -resulta evidente porque podrá formar Gobierno- ha obtenido unos resultados que, a tenor de la situación social y económica que vive nuestra Comunidad, sumida en el paro, la indigencia y el fracaso educativo, nadie podía esperar.

La pérdida de apoyos al socialismo se ha visto en gran medida paliada por el incremento de estos a los comunistas -hoy conforman prácticamente en solitario IU-, aunque ello vaya a suponer una radicalización de las políticas que deba ejecutar la Junta.

Y, por supuesto, fracaso sin paliativos de la derecha que, ante una situación como la que padecemos, se ha mostrado incapaz de transmitir ilusión y confianza al electorado en la medida necesaria para llevar a la práctica sus políticas.

Ya lo escribí en alguna ocasión meses antes de las elecciones: no era en modo alguno ni prioritario ni decisivo que determinados alcaldes ocupasen lugares en las candidaturas, como finalmente se ha demostrado, sino que el mensaje del Partido Popular llegase con la suficiente nitidez al medio rural, el que ha vuelto a dar el triunfo a la izquierda, algo que está claro que no se ha producido.

Y ha fracasado personalmente Javier Arenas, habrá que reconocerlo, en su cuarto intento. Nadie pone en duda su capacidad de trabajo y cómo ha recorrido uno a uno los pueblos de Andalucía, pero hay algo en él que rechaza una parte mayoritaria de los andaluces y que, hasta ahora, no se ha querido admitir.

Y junto a él, un equipo que ha optado por una campaña electoral absolutamente plana –tal vez pensando que las noticias derivadas de la instrucción de la juez Alaya en el caso de los ERE falsos iba a ser suficiente para ganar las elecciones-, permitiendo que el mensaje de la izquierda apelando al miedo ante las reformas de Rajoy calase en la sociedad andaluza.

Al final, Andalucía seguirá con su 31 por ciento de parados, más del 30 por ciento de ciudadanos bajo el umbral de la pobreza y un 27 por ciento de fracaso escolar, porque los andaluces han preferido convivir con lo malo conocido a arriesgar algo en la búsqueda de lo bueno por conocer, seguramente porque nadie ha sabido darle garantías de que ese otro estado es posible.

El barco ha zarpado con el mismo casco de hace treinta años, con los motores averiados, sin reformas en el interior y con una tripulación que no sabemos aún cómo se repartirá el mando y qué rumbo tomará. Que tengan buena travesía.

ENRIQUE BELLIDO

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Demasiado cinismo

Una vez más, el cinismo ha hecho presencia en una campaña electoral, pretendiendo engañar al elector –que, al fin y al cabo, es a lo que se dedican algunos durante ese tiempo-. Y, en este caso, lo hace tomando a la Sanidad como protagonista y, más concretamente, al copago sanitario, tras la decisión adoptada por el Gobierno de Cataluña de aplicar un euro por cada receta que se dispense.



El tema del copago sanitario no es nuevo: no se nos debe olvidar que pagamos el 40 por ciento del precio de los medicamentos que consumimos; precio que, precisamente, la democracia vino a incrementar, allá a finales de los años setenta.

Y hablo de "cinismo" porque voy a permitirme transcribir literalmente el apartado segundo del artículo 95 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, elaborada por el Gobierno del PSOE. Dice así:

2. La participación en el pago podrá modularse por el Gobierno con criterios que tengan en cuenta:

a. La capacidad de pago

b. La utilidad terapéutica y social de los medicamentos

c. Las necesidades de ciertos colectivos

d. La gravedad, duración y secuelas de las distintas patologías.

e. Los límites de las previsiones presupuestarias afectas a la prestación farmacéutica.

En 2006, un Gobierno socialista del que formaba parte Pérez Rubalcaba decidió sustituir esta ley por una nueva: la 29/2006, de 26 de julio, en la que solo se modificaba el punto e) en el siguiente sentido:

e. Racionalización del gasto público destinado a prestación farmacéutica, manteniéndose con idéntica redacción los puntos a), b) y c).

Ello viene a demostrarnos que ya en 1990, los socialistas recogían y, por tanto, admitían, la posibilidad de que el Gobierno modificase el copago, algo que venían a ratificar en su más reciente periodo de gobierno con Zapatero al frente.

Pero es que, además, establecían entre los criterios para modificar el copago que ahora critican, la capacidad de pago del usuario de la Sanidad pública, precisamente lo que Esperanza Aguirre ha venido defendiendo, en el sentido de que el pago de medicamentos se realice en función de la renta, y desde las filas del PSOE tanto se le ha criticado.

Pero no se queda ahí la incongruencia y la mala fe de los actuales dirigentes socialistas. En las dos leyes del Medicamento que elaboraron, recogen expresamente la posibilidad de incrementar el copago en función de la situación económica, ya sea en base a las previsiones presupuestarias o la racionalización del gasto público, que es precisamente lo que ahora se está planteando ante una situación extrema de crisis de nuestra economía.

Hay que tener poca vergüenza -no tiene ninguna el señor Rubalcaba- al afirmar que el Partido Popular pretende establecer un impuesto a la enfermedad, cuando la posibilidad de modificar la participación del usuario en los gastos del Sistema fue una decisión de los socialistas plasmada y ratificada años después en sendas leyes.

Otra cosa es que lo sucedido en Cataluña vaya a tener traslación al resto de las Comunidades gobernadas por el PP. De entrada, ya se ha comprometido Javier Arenas en no incrementar el copago –vuelvo a repetir que el copago farmacéutico es una realidad con la que convivimos los trabajadores en activo desde siempre-, algo que puede lograrse mejorando sustancialmente el control del gasto y el despilfarro que hasta ahora se ha venido produciendo en multitud de empresas públicas o a través de ayudas que, como hemos visto en el caso de los ERE, han alimentado los bolsillos de unos pocos “avispados” socialistas y sus familiares, en lugar de destinarse a la creación de tejido productivo que repartiese la riqueza entre todos los andaluces.

Frente a ello, frente al cinismo de las declaraciones de Griñán o Rubalcaba, superados siempre por sus propias contradicciones y por su pasado político, se nos dejaba caer en plena campaña el incombustible Alfonso Guerra que, dicho sea de paso, poco o nada puede aportar a esta España en crisis, pidiendo a los asistentes a un acto que “muy bien, criticadnos lo que queráis; pero hombre, después id y depositad el voto” (se supone, evidentemente, que al PSOE).

Si, criticadnos, parecía decir Guerra, porque las críticas poco nos importan: lo que realmente nos interesa es vuestro voto, rememorando aquel “huerto” en el que los socialistas han pretendido convertir a Andalucía, obteniendo de él los apoyos pero sin aportarle apenas abono, como podemos descubrir en ese más del 30 por ciento de parados, 36 por ciento de fracaso escolar y 30,1 por ciento de pobreza. Cifras todas ellas que nos sitúan a la cola de España.

Cinismo, demasiado cinismo en una campaña que debiera despertar esperanzas de futuro en los andaluces y solo nos ofrece imágenes de un pasado que cuenta ya con treinta años de existencia.

ENRIQUE BELLIDO

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Hablamos de democracia

Los periodistas de TVE están haciendo público su rechazo al reparto de tiempos que la Junta Electoral les impone con respecto a la información que deban dar sobre los partidos políticos durante la campaña de las elecciones andaluzas y asturianas. Afirman los integrantes del Telediario, en sus diferentes emisiones, que este reparto debe hacerse con criterios exclusivamente periodísticos. Y aquí es donde surge el problema.



Hoy en día, el periodismo -salvo raras excepciones en las que el periodista es el propio editor del medio en el que participa- está al servicio de la empresa periodística, de su línea editorial, debiéndose mover en unos márgenes de libertad de expresión ciertamente limitados.

Ello parece lógico cuando la empresa periodística es privada y sigue a un capital con indudables connotaciones e intereses políticos. Nadie dudará de las notables diferencias existentes entre Antena 3 y La Sexta o entre Intereconomía y Telecinco. Está claro que a cada una de ellas le mueven los hilos un capital claramente ideologizado que no va a renunciar a sus intereses en aras de la libertad de expresión.

Tampoco cabe la duda entre El País o el ABC y La Razón o los medios del Grupo Zeta. Está claro que son manos distintas las que los mueven y, además, van dirigidos a lectores diferentes que buscan leer lo que realmente quieren leer y no aquello que se aparte de sus postulados.

¿Qué sucede en el caso de la empresa periodística privada? Pues que o bien se escogen para sus redacciones a profesionales que sintonicen con la línea ideológica del medio, o bien se les “recicla” para que se adapten a la misma.

En el caso de los medios públicos la situación debiera ser bien distinta, lo que en la más estricta realidad no ocurre por mucho que haya periodistas que se rasguen las vestiduras. El medio público debiera ser exquisitamente independiente, al servicio de una sociedad plural, plasmando la realidad informativa desde todos los ángulos posibles.

Y digo "debiera" porque realmente no lo es. Observamos cómo, desgraciadamente, las televisiones y radios públicas están manipuladas al servicio del poder político que en cada momento decide quiéenes las deben dirigir, quiénes han de ser los responsables de programación e informativos y, en último término, quiénes las voces y caras que den la noticia y con qué sesgo se den estas.

Quien opine lo contrario es que está del lado del manipulador que, a su vez, es quien ostenta el poder en dicho momento. Por ello, cuando los periodistas de informativos solicitan "criterios periodísticos" para la distribución de tiempos, no crean ustedes que uno no se echa a temblar. Porque ¿qué periodistas piden ello? ¿Los realmente independientes o quienes siguen al servicio del antiguo poder establecido -que, en el caso de TVE, aún no ha cambiado-?

Está claro que la objetividad periodística daría más valor a la noticia electoral de mayor relevancia, pero ¿estamos seguros de que dicha objetividad estaría garantizada en unos informativos que padecen la rémora de ocho años de influencia política?

Ante esa duda fundamentada, tal vez resulte mejor que sea el criterio de representatividad parlamentaria el que marque los tiempos informativos, por mucho que ello vaya en detrimento de la calidad y de la pluralidad de la información que podría producirse si contásemos con medios de comunicación públicos realmente independientes. Y después hablamos de democracia…

ENRIQUE BELLIDO

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La balanza de Rajoy

Participaba, como otros viernes, en una tertulia radiofónica en Onda Cero. Quien guiaba la misma nos propuso, entre varios temas, que hablásemos de la reforma laboral aprobada por el Gobierno.



Fue el único tema de debate, en gran medida debido a que entre los tertulianos se encontraba un antiguo dirigente sindical, me imagino que muy cercano al PSOE, que aprovechó –estaba en su derecho- gran parte de los 45 minutos de tertulia para hacer crítica de las medidas adoptadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que habrán de ser refrendadas en el Congreso para convertirse en texto legislativo.

Y es que, en situaciones como esta, a la izquierda le es mucho más fácil debatir sobre este tipo de asuntos. Por una parte, porque las medidas exigen un evidente esfuerzo a la clase trabajadora; y, por otra, porque la argumentación con una importante carga de demagogia se vuelve mucho más creíble si viene desde posiciones “progresistas” que si se hace desde las “conservadoras”.

En cualquier caso, resulta ciertamente complicado explicar cómo abaratando el despido pueda generarse empleo en unos momentos en los que el empresario está necesitado de aligerar la carga laboral, no existe dinero circulante que invite a los emprendedores a la creación de nuevas empresas, el dinero del que los españoles disponemos para el consumo se ha reducido a niveles casi de subsistencia y en el marco internacional no se dan unas condiciones propicias para que nuestros productos, por el coste de la mano de obra y la tecnología, sean competitivos.

Sin embargo, le duela a las organizaciones sindicales –yo creo que menos, aunque lo disimulen- y nos duela a los propios trabajadores, si realmente estamos decididos a mantenernos en Europa, lógicamente a través de nuestra integración en la Moneda Única, pocas alternativas parecen existir a una reforma del mercado de trabajo que otorgue una mayor flexibilidad al mismo, aunque ello represente perder algunos de los beneficios que en años de bonanza se lograron obtener.

No olvidemos que fue a un socialista, al socialdemócrata alemán Gerhard Schröder (SPD), a quien le correspondió llevar a cabo en Alemania una profunda reforma laboral que, con el título de Agenda 2010, modificó leyes concernientes al trabajo, la salud, las pensiones o la inmigración.

Una reforma mucho más dura que la que ahora estamos viviendo en España, y que aún a pesar de absorber toda la mano de obra y el escaso desarrollo económico y empresarial de la Alemania del Este, tras la unificación, ha llevado a que en la actualidad el país centroeuropeo cuente con una tasa de desempleados en torno al 6 por ciento de la población activa, mientras en España estemos ya en cifras superiores al 23 por ciento de paro.

Algo ha de resultarnos evidente: el Estado, a nivel central, autonómico o local, hoy por hoy, es incapaz, por sí mismo, con cargo a los fondos que le son propios en cada uno de los niveles, de crear más empleo.

Muy al contrario, estamos viendo y así será en el futuro inmediato, cómo se producirá una progresiva destrucción de empleo público, ante la necesidad de superar los déficits ahora existentes en las instituciones y empresas públicas y la falta de liquidez de estas para hacer frente a necesidades más perentorias como puedan ser las de un carácter más social.

Si esto es así, que lo es, sólo el capital privado puede generar empleo en este y cualquier otro país. Pero nadie puede, constitucionalmente, obligar al empresario a invertir, ni tan siquiera para convertirse en autoempleadores de sí mismos como autónomos.

Solo estableciendo unas condiciones de empleo que resulten atractivas para quien arriesga su capital –que en esto todos arriesgamos algo- es posible intentar que, junto a otras medidas que efectivamente han de ponerse en marcha, nuestra economía reaccione, reaccionando con ella el consumo y, con este, el incremento de ingresos públicos que hagan posibles nuevas inversiones y mejorar sociales. Ello, eso sí, acompañado de un riguroso seguimiento de la responsabilidad que el empresario debe asumir en este proceso.

No cabe, en modo alguno, que la creación de empleo privado pueda usarse como chantaje a la sociedad a través del cual una clase empresarial irresponsable pudiera llenar sus arcas de beneficios. Si sufrimos, lo hacemos todos; y si obtenemos dividendos, estos deberán ser repartidos de forma equitativa entre todos.

Ahí puede que radique la principal dificultad del Gobierno de Rajoy: en establecer ese punto de equilibrio que impida que la balanza se decante hacia uno u otro lado. No va a resultar sencillo por las tensiones e intereses políticos, económicos y de poder que a nadie escapa que se están poniendo en juego. En cualquier caso, y en beneficio del país, confiemos en que lo logre.

ENRIQUE BELLIDO

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¿Qué tipo de unidad y a qué precio?

Ciertamente, unos de las dos personas sacrificadas en el XVII Congreso Nacional del Partido Popular (PP) ha sido Esteban González Pons. La otra, no lo duden –yo lo denominaría como el "Ricardo Rojas cordobés"-, Juan Carlos Vera Pro, al que seguro nadie de ustedes le pone cara.



González Pons, que fue un brillantísimo senador en los años noventa para ocupar después la Portavocía del Grupo Parlamentario Popular y trasladarse posteriormente a formar parte del Gobierno de Camps en Valencia en diferentes consejerías, regresó a la política nacional en el Congreso de los Diputados y a la dirección del partido al frente del Área de Comunicación.

Ha sido, y lo sigue siendo, un magnífico comunicador que, como todo aquel que tiene como misión en política ponerse diariamente frente a los micrófonos de los periodistas, contestando a sus preguntas y soportando los ajustes de titulares que en demasiadas ocasiones se producen, ha metido la pata en ocasiones –habría que definir muy claramente aquello que va de "meter la pata" a "decir la verdad"-.

Pero han sido infinitamente muchas más las veces en las que sus comentarios han calado en la opinión pública, jugando un papel fundamental en la operación de desgaste que los socialistas han sufrido durante los últimos años, así como en la promoción de la que durante ese tiempo se ha beneficiado Rajoy.

Corrieron en su día rumores que lo relacionaban, desde una de las consejerías valencianas, con las ayudas otorgadas a la Fundación Nóos, creada por el Duque de Palma, pero que en modo alguno han sido confirmadas.

Él ha mantenido muy a gala, incluso en los peores momentos del proceso, su excelente relación con Francisco Camps, sugiriendo, una vez concluido este con la pronunciación favorable del tribunal popular, la vuelta del dirigente valenciano a papeles de mayor protagonismo dentro del partido.

Lo cierto es que González Pons es un personaje brillante, con una oratoria espectacular y una gran capacidad de trabajo, que en círculos partidarios como el que se mueve, en el que quienes ocupan cargos institucionales de especial relevancia han pugnado y conseguido mantener las más altas responsabilidades ejecutivas de la organización –léase María Dolores de Cospedal y Javier Arenas-, debe representar un peligro para estos últimos, dedicados, como debieran estarlo, a otras tareas de un mayor calado social.

Es por ello que, en un Congreso -como ya pasara en el 38º Federal del PSOE- en el que el debate de ideas ha brillado por su ausencia y las miradas se han centrado en la uniformidad del apoyo a la figura de Rajoy y los nombres que, de las presiones de los barones populares, pudieran aparecer en la lista de sus acompañantes en la dirección, Pons -que al margen de las apariencias, todas ellas ficticias, no mantiene buen feeling con Cospedal y Arenas- se haya visto relegado a un cuarto nivel de poder, al frente de Estudios y Programas, truncando así su prometedora carrera política, quien sabe si puesta nuevamente en valor cuando el presidente del Gobierno realice su primera remodelación ministerial.

Lo cierto es que se ha tratado no solo de apartarlo del Área de Comunicación y destinarlo a otra de menor calado, sino que nombrando a un gris Carlos Floriano como vicesecretario de Organización y número tres del partido –evidentemente mucho más dúctil que Pons-, se sitúa por encima de este a quien, desde el Congreso de Valencia, era su subordinado en la Secretaria del Área que venía ostentando el valenciano.

El otro nombre, Vera, ha sido desde años inmemoriales secretario de Organización del PP. Leal con cuantos presidentes, secretarios generales y coordinadores haya tenido el partido, sin que se haya contado con él para un cargo en el que tiene muchísimo más camino recorrido que Floriano. También es cierto que es un hombre de partido y, a veces, “donde hay confianza, da asco”.

En todo caso, creo que se mantiene una estructura que pretende acaparar el poder absoluto, robándole frescura al proceso democrático, al someter la organización del partido a los intereses de los gobernantes, generándose una fuerza y una voz únicas que, de seguro, servirán para mantener a muchas voces en silencio pero no para generar debate social constructivo y plural.

De ahí que no hayamos ni oído hablar de las propuestas anunciadas de reforma de la Ley Electoral para la implantación de primarias y listas abiertas o de la incompatibilidad de los parlamentarios nacionales o autonómicos con su condición de alcaldes o presidentes de Diputación.

Tampoco ha traslucido a la población qué modelo social va a defender en el futuro el Partido Popular, qué modelo educativo va a aplicarse en todas y cada una de las comunidades autónomas o cuál va a ser, finalmente, el modelo de gestión sanitaria que mantenga la universalidad, gratuidad y solidaridad del sistema público de Salud.

Se quería un Congreso que pusiese en valor, por encima de todo, la unidad y así ha sido. Habría que preguntarse, en todo caso, ¿qué tipo de unidad y a qué precio?

ENRIQUE BELLIDO

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Del PSOE al PP

Escribía en mi último artículo, refiriéndome al congreso de los socialistas españoles que, salvo rarísimas excepciones, los triunfadores se encargarían de “pasar a cuchillo” a los perdedores, en una expresión más de la dinámica cainista que impera en nuestros partidos políticos.



No me equivoqué, y la Ejecutiva designada por Alfredo Pérez Rubalcaba no deja lugar a dudas, laminando a todo aquel que hubiese dado su apoyo a Carmen Chacón, en una demostración de que el 38º Congreso del PSOE no lo era de ideas y proyectos –salvo cuatro propuestas puntuales que ya Rubalcaba había expuesto en la campaña electoral del 20-N- sino, simplemente, de personas, ahondando, aún más si cabe, en la crisis de identidad que vive nuestro sistema democrático y que, de seguro, habrá dejado insatisfechos a muchos socialistas.

Entre tanto cuchillo, posiblemente uno de los más dolorosos es el que el nuevo secretario general ha clavado en la espalda de José Antonio Griñán, nombrándolo presidente del PSOE, un cargo tan falto de contenido como testimonial, destinado a los políticos en retirada.

Un nombramiento que, en esta ocasión, no viene sino a marcar con caracteres fluorescentes al máximo perdedor de este congreso, no solo por apoyar desde la sombra a Chacón, sino por no obtener tan siquiera el apoyo de la militancia andaluza en su empeño por descabalgar a Rubalcaba de la dirección del partido.

Todo puede suceder el 25 de marzo próximo porque, como he repetido en muchas ocasiones, la memoria histórica, en política, es inexistente, y de lo sucedido este pasado fin de semana no habrá entonces quien se acuerde, salvo, eso sí, quienes participan de las entrañas de la vida de partido, que lucharán, desde la nueva situación creada, por colocarse en lugares de salida en las listas electorales.

No sé si serán tan ingenuos como para trasladar esas luchas intestinas a la sociedad, en unos momentos en los que la valoración del candidato del PSOE está por los suelos -su propia autoestima también-, así como las nefastas políticas desarrolladas por los socialistas en los últimos años, ERE incluidos.

Pero, si lo hacen, puede suceder que haya llegado el momento en el que los andaluces descubran mayoritariamente el verdadero talante político de quienes durante treinta años nos han gobernado, abriéndose un nuevo periodo que ofrecerá todas las interrogantes que podamos plantearnos, pero que, al menos, terminaría con una etapa de poder hegemónico que, por mucho que a algunos les duela, está en descomposición.

Frente a esta situación, un Partido Popular que, habremos de reconocerlo, está atravesando por serias dificultades para devolver a buen rumbo la nave que otros han dejado a la deriva.

Al margen de lo encontrado bajo las alfombras, que pudiera no representar una sorpresa mayúscula si tenemos en cuenta los bandazos que el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha venido dando en los últimos años, el principal problema de Mariano Rajoy no estriba tanto en conocer las políticas de ajuste que se deben aplicar, como en hacer frente a las expectativas sociales que durante los meses previos a la campaña del 20 de noviembre el propio PP generó.

El ciudadano de a pie entiende que haya que ajustarse el cinturón, y lleva meses haciéndolo, pero a la vez demanda que su esfuerzo tengo un efecto más o menos inmediato, fundamentalmente en lo que hace referencia al mercado de trabajo.

Ahí radica la dificultad del Gobierno de Rajoy: solicitar nuevos esfuerzos cada Consejo de Ministros justificando, a la vez, que las cifras del paro continúen mes a mes o que una semana sí y otra también cierren la puerta nuevas empresas.

Un esfuerzo de comunicación, por otra parte, que ha quedado en evidencia cuando de la reforma del sistema financiero la noticia más destacada es que se baja hasta un máximo de 600.000 euros al año el sueldo de los presidentes de cajas que han contado con ayudas públicas, sin que sepamos a ciencia cierta de qué forma positiva van a afectar dicha medidas al ciudadano, y cuando la cifra aprobada levanta escozor en millones de españoles en paro o por debajo de los mil euros mensuales de salario.

La situación es complicada: muy, muy complicada. Y mientras al PSOE hemos de exigirle un ejercicio de unidad y responsabilidad porque, además, ha jugado, en gran medida, a darle forma a aquella, al Gobierno del Partido Popular hay que demandarle que concilie en la medida de lo posible los ajustes necesarios con el respeto y el apoyo a las clases más desfavorecidas, realizando, a la vez, un gran esfuerzo didáctico que traslade seguridad y confianza a la población, modulando las expectativas a la vez que corrigiendo los rechazos sociales que, en caso contrario, habrán de producirse.

ENRIQUE BELLIDO

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Invitación a la anarquía

Lo que está sucediendo en el PSOE, los enfrentamientos internos que se están dando y esa ruptura de la que hablan las páginas de Opinión de cualquiera de los medios, no representa sino un expresión más de la débil democracia en la que nos movemos los españoles.



Débil por nuestro sistema electoral; débil por la organización interna de nuestros partidos; débil, muy débil en demasiadas ocasiones, por la formación de nuestros políticos; y, también débil, por nosotros mismos, por los propios electores, que aún después de treinta años no hemos aprendido a decidir sobre la organización de Estado que gobierne la sociedad.

Que la apertura de un proceso electoral de primarias pueda debilitar, como lo está haciendo, a un partido político con más de un siglo de historia, nos indica la escasa consistencia y la fragilidad de todo un proceder democrático que debiera tener –porque en este caso no lo tiene- en la confrontación de ideas, de propuestas y hasta de personas, y en la capacidad de elegir, una de sus razones de ser.

Y es que si rascamos un poco, solo un poco, descubrimos que situaciones como esta solo se dan cuando se pierde el poder, cuando el reparto de cargos públicos queda reducido a la mínima expresión y los contrincantes no tienen nada que perder y sí al menos aspirar a las migajas que caigan de la mesa o a ese pan futuro que pudiera ponerse sobre ella una vez concluya su ciclo el partido actualmente en el Gobierno.

Se da porque contamos con un sistema electoral que sólo beneficia a la clase dirigente. Que entroniza el poder absoluto de las cúpulas de los partidos sometiendo a su yugo el nulo poder de las bases de los mismos y no digamos ya de la ciudadanía no adscrita a ninguno de ellos.

Un sistema que, preelectoralmente, unos y otros han afirmado que cambiarían de ganar las elecciones, pero que estoy en la total y absoluta seguridad de que nadie modificará en lo sustancial, dado lo difícil que en nuestro país resulta que alguien renuncie a sus privilegios.

Por eso la lucha intestina que se vive en el PSOE, como la que en otros momentos se haya vivido en el PP, si bien es cierto que la derecha ha seguido, por lo general, cauces menos participativos para afrontar los cambios desde su propio carácter conservador.

Luchas intestinas que, como apuntaba al principio, son una expresión más de la debilidad de la organización interna de nuestros partidos, enfermizamente personalista -como lo está siendo la campaña entre Rubalcaba y Chacón-, que no debaten sobre proyectos e ideas sino que terminan haciéndolo sobre personas, dejando al descubierto la escasa sustancialidad que debiera servirles como elemento de cohesión.

De ahí que, siempre se ha comentado, los vencedores de un congreso “pasen a cuchillo” a los perdedores, conocedores, como son, de que resulta imposible la integración cuando la confrontación se ha establecido entre personas, cargadas todas ellas de intereses, y no entre ideas que siempre gozan de la condición de poder ser intercambiables cuando no matizables.

De no hacerlo, y sé de lo que hablo, el espíritu democratizador de quienes ofertan la integración se ve siempre superado por el afán de destrucción de aquellos que nunca olvidan ser perdedores.

A todo ello hemos de sumar la escasa cualificación intelectual, profesional y social de bastantes de nuestros políticos –que ya denunciaba recientemente Ansón en un magistral artículo-, llegados a un profesionalismo institucional no por sus propios méritos sino por su capacidad para adaptarse a las exigencias de quienes tienen la potestad de designarlos, que en el caso español no somos los ciudadanos aunque después colaboremos a ello desde las urnas.

Lo he dicho en más de una ocasión y no voy a abstenerme de hacerlo ahora. Nuestros representantes de hoy en día no llegan a la política a través de la vida, de su experiencia, de sus valores, de la lucha cotidiana, sino que recorren un camino viciado, llegando a la vida a través de la política, con lo que en lugar de aportar beneficios se convierten en simples receptores de los mismos, con el empobrecimiento que ello representa para nuestra democracia y para la propia convivencia ciudadana.

Y debilidad democrática, por último, por el escaso nivel crítico de quienes debiéramos modularla, los ciudadanos de a pie, deslumbrados por el poder de las siglas, sin prestar atención alguna a quienes las representan o a las propuestas que las mismas encierran.

Así, aceptamos que se nos prometa una cosa para incumplirla acto seguido o que se sitúen en cargos de representación a quienes posteriormente acaban en los juzgados o dan cobijo a estos últimos.

Si no fuese porque no tengo excesiva confianza en que determinados valores ético y morales, determinantes para la convivencia del ser humano, dominen mayoritariamente en nuestra sociedad, entendería que el camino a seguir no es otro que el del liberalismo más radical: la anarquía.

ENRIQUE BELLIDO

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Aquella idea de Europa

No sé por qué pero tengo la sensación de que la Unión Europea, la del sueño de la moneda única -a la que siguen sin sumarse los ingleses- y la ausencia de fronteras, se hunde poco a poco y no va a resultar fácil rescatarla. Franceses y alemanes, Sarkozy y Merkel, pugnan ahora no solo por diseñar un nuevo tratado europeo, convirtiéndose en líderes del mismo, sino que con la llamada "Tasa Tobin" pretenden levantar nuevas fronteras, en este caso a las transacciones financieras, con las que delimitar aún más la Europa rápida y poderosa de esa otra Europa lenta y débil que está atravesando por verdaderos apuros económicos y sociales.



Ante un panorama así no somos pocos los que nos preguntamos hasta qué punto vale la pena el esfuerzo por mantenerse en un marco ciertamente ficticio de relaciones europeas, que se muestra incapaz de renunciar a los nacionalismos de Estado, generando claras diferencias internas, siempre disgregadoras de esfuerzos, en lugar de buscar la unidad de acción que hoy en día está muy lejos de conseguirse.

Frente a algunos esfuerzos dirigidos a conseguir unos mínimos niveles de convergencia, llegados momentos como los actuales, de crisis, se demuestran dos hechos irrefutables.

Por una parte, la escasa seriedad de muchos de los países miembros de la UE, que en lugar de arrimar el hombro para alcanzar mayores niveles de integración, han preferido entender que su presencia en Europa lo era sin coste interno alguno, incrementando de forma desorbitada sus déficit presupuestarios -es el caso de España, entre otros-, lo que ha puesto en grave riesgo el mantenimiento de la Moneda Única ante la depreciación de su valor en los mercados internacionales y las escasas garantías que la misma ofrece en la actualidad.

Por otra, las todavía insalvables diferencias que se establecen entre países, en el sentido de ceder protagonismos o liderazgos históricos que, por otra parte, ahora se muestran necesarios para afrontar una situación con demasiadas voces y un sinfín de frentes.

No. No es esta la Europa que yo al menos tengo en la mente y que hace años se nos planteó como un proyecto de identidad de objetivos y cohesión en las acciones, de cara a competir en el marco mundial y a influir decisivamente en el desarrollo de los países del Tercer Mundo.

No puede serlo una Europa con un Gobierno, la Comisión Europea, en el que sus miembros, los distintos comisarios, o bien carecen de poder alguno para gestionar los asuntos comunes, o su visión de los mismos resulta tan limitada que al final termina por enrarecer las medidas que se deben adoptar.

Es imposible que estemos ante la realidad de una Europa única cuando al margen de contar con un Parlamento mastodóntico, las leyes o directivas que elabora o bien no se aplican o, cuando lo hacen, los países miembros dilatan en el tiempo su entrada en vigor, en un continuo juego por bordear una legalidad que ciertamente carece de fundamentos porque no la alimentan de estos los propios Estados que debieran darle vida.

Si a ello sumamos la existencia de veintitantos gobiernos nacionales, de no sé cuántos cientos de gobiernos autonómicos y regionales y de miles de gobiernos municipales o locales, ya me dirán ustedes qué tipo de unidad de criterio puede esperarse de esta vieja Europa que se agota en su historia si no se produce con prontitud un revulsivo que la haga despertar de sus propios desatinos y fracasos.

Parece ridículo que desde Europa se nos imponga el control presupuestario y que para llevarlo a su cumplimiento se modifique incluso nuestra Constitución, cuando desde el Gobierno de España se apunta el ejercicio de dicho control sobre los presupuestos autonómicos y los gobiernos de comunidades como Cataluña y el País Vasco muestran airadamente su rechazo, amenazando incluso con la autodeterminación y la independencia.

En todo caso, no sólo la moneda común hace Europa, sino que resulta difícil entender una Unión Europea con la enorme dispersión y diferencias en los modelos sanitarios existentes, los más que notables desequilibrios en los modelos de garantías sociales, la nula coordinación en sus sistemas educativos, la ausencia de una lengua común en la que podamos expresarnos y entendernos todos, sin menoscabo del valor cultural de las otras lenguas estatales o regionales, las tremendas dificultades para la aplicación, por ejemplo, de una Política Agraria Común que ordene y rentabilice los recursos existentes o por aflorar y así hasta un largísimo etcétera que nos mostraría hasta qué punto estamos aún lejos de ese gran Estado de Estados que dibujaron quienes nos precedieron, fundamentalmente tras la Segunda Guerra mundial.

No es cuestión de que Rajoy ahora o Zapatero antes ocupasen un lugar u otro en la denominada foto de familia de los gobernantes europeos. Ni siquiera de ser capaces de obtener tantos o cuantos fondos de las políticas comunitarias para los proyectos nacionales.

Hacer Europa, ser de Europa, es algo muy distinto. Representa renunciar a ciertos niveles de soberanía y asumir importantes cuotas de esfuerzo a lo que creo que, según lo visto, pocos son los que están dispuestos.

ENRIQUE BELLIDO

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¡Habla, Mariano, habla!

Reconozco que no está el patio tranquilo. Vuelve uno al trabajo después de los descansos navideños y en el hospital –hay que tener en cuenta que somos personal funcionario- sólo se escuchan voces maldiciendo las medidas del Gobierno que, una vez más –que ningún ministro se atreva a decirnos lo contrario-, inciden desfavorablemente sobre las clases medias y sobre el funcionariado.



Esto es así porque el 60 por ciento de los pagos que el nuevo IRPF generará habrá de soportarlo la clase media española y porque los funcionarios habremos de aguantar una nueva reducción de salarios –sí, reducción- si tenemos en cuenta que se nos exige trabajar media hora más al día sin incremento alguno de las retribuciones.

Nos dicen que la situación es extrema y no lo dudo, pero también se nos dice que lo es porque el déficit previsto se ha visto incrementado en realidad en dos puntos, debido a la desviación presupuestaria de las Comunidades Autónomas.

La propia Soraya Sáenz de Santamaría manifestaba en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que, de no haberse producido tal desviación “imprevista”, el Gobierno no hubiese aprobado la subida de impuestos.

La cuestión está en la imprevisibilidad del desvío presupuestario de las Comunidades Autónomas cuando, desde junio del pasado año, están gobernadas en su mayoría por el propio Partido Popular, lo que debiera eliminar cualquier factor de sorpresa en este sentido, ya que sus cuentas debían ser bien conocidas por el equipo económico de los populares.

Se establece, por tanto, una situación que, al menos, hemos de denominar como "extraña", según la cual, en campaña electoral se afirma por activa y pasiva que no habrá subida de impuestos y sólo un mes después se procede a dicho incremento con el argumento del desconocimiento de unas cuentas autonómicas que debieran ser conocidas por el actual Gobierno.

Es cierto que los españoles votamos mayoritariamente al PP -yo entre ellos- pero no lo es menos que aún a pesar de la escasa concreción de medidas de la que hizo gala en campaña Mariano Rajoy, debieran al menos haberse respetado los escasos compromisos adquiridos.

Comprendo que afirmar que se subirían los impuestos pudiera haber tenido algún coste electoral, pero es que ahora lo tiene moral y la reacción de la ciudadanía ya no cuenta, hasta dentro de cuatro años, con el cauce de las urnas para ser expresada, lo que puede provocar reacciones inesperadas.

De ahí que ya que ha sido el propio presidente del Gobierno quien ha asumido en primera persona la coordinación del equipo económico del Ejecutivo, es hora de que afronte directamente la responsabilidad de explicar al país las medidas que se han tomado y se pretenden tomar en el futuro, al mismo tiempo de darnos las razones por las cuales el Gobierno entiende que tales medidas ayudarán no ya a nivelar las cuentas del Estado, sino, lo que más nos preocupa, a reactivar nuestra economía y la creación de empleo, aspectos, estos últimos, que parecen imposibles de conseguir si se gravan aún más las economías familiares, reduciéndose el consumo.

No es bueno que los ministros de Economía, de Hacienda o de Interior discrepen sobre la cifra del déficit, que es precisamente la que ha servido para justificar tan impopulares medidas. Llegados a esta situación no puedo sino elevar coloquialmente esta propuesta: ¡habla, Mariano, habla!

ENRIQUE BELLIDO

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Ocho años para ser líder

Se han necesitado casi ocho años para que, finalmente, el liderazgo de Mariano Rajoy en el Partido Popular (PP) sea una realidad. Sí, me dirán que desde 2004 Rajoy es presidente del PP y en dos ocasiones, antes de la del 20-N, ha sido candidato a la Presidencia del Gobierno de la nación. Sin embargo, soy de los que opinan que, durante esos dos periodos legislativos, el ahora presidente del Gobierno se ha movido en el filo de la navaja, sin un apoyo sustancial sobre el que mantener su liderazgo y siempre al albur de los barones populares, que también los hay.



El hecho de que su elección se debiera a la exclusiva voluntad de su antecesor en el cargo, José María Aznar; que el Congreso de Valencia se afrontase descafeinadamente, sin debate de proyectos distintos dentro del PP, que los había -al menos así lo manifestaban algunos de sus dirigentes-; y que tanto en 2004 como en 2008 perdiese las elecciones generales, representaba una pesada carga para mantener un liderazgo interno que era cuestionado y debía someterse a las presiones de unos y otras.

Es verdad que desde 2009 el panorama cambió cuando la crisis internacional se adueñó de España y el PSOE comenzó a hacer agua por todos sus frentes a la hora de abordar la situación, ofreciendo la gran oportunidad de que el entonces principal partido de la oposición se hiciese con el Gobierno, como ya sucediera en 1996.

Una oportunidad que hubiese representado un suicidio el dejarla pasar por motivo de enfrentamientos internos, lo que ha ofrecido dos años de mayor tranquilidad al mandato orgánico de Rajoy, sabedores como lo eran en el seno del Partido Popular de que solo el desgaste de los socialistas resultaría suficiente para conseguir el triunfo electoral, como en realidad así ha sido si tenemos en cuenta la escasa concreción de Rajoy, antes del 20 de noviembre, a la hora de ofrecer propuestas con las que hacer frente a la crisis.

De ahí que no haya sido hasta esa fecha, hasta el momento en el que las urnas dieron esa importante mayoría a Rajoy, cuando el líder del PP se haya convertido precisamente en eso, en líder de su formación, con todos los poderes y la necesaria calma interna que permite trabajar sin sobresaltos.

Y es que Mariano Rajoy tenía que ganar un proceso democrático, en este caso unas generales, para consolidarse democráticamente al frente de los suyos y dotarse así de la fuerza moral suficiente para ejercer el mando de su partido. Pero es que, además, ganar ese proceso democrático le ha abierto las puertas del Boletín Oficial del Estado, con lo que ello supone de poder a la hora de realizar nombramientos y ceses, fundamentalmente en esos primeros niveles que conforman el Gobierno.

Ya poco importa que Aguirre no se las tenga muy a bien con Gallardón o éste con aquél dentro del partido. Las decisiones es Mariano quien las toma -no dudo, por su talante, que buscando siempre la ecuanimidad y el bien general-, y el resto los que las asumen, les gusten o no.

De esa manera ha conformado un Gobierno sin presiones, demostrando una enorme prudencia a la hora de hacerlo público, a la vez que ejerciendo él la potestad de elegir a quienes considera más idóneos para cada cargo, sin ningún tipo de imposiciones, por muchas indicaciones -no lo dudo- que haya recibido.

Llega ahora el momento de la verdad, aquél en el que el líder se enfrenta no ya a los suyos sino a toda una sociedad que espera de él -en esta situación más que nunca- decisiones que nos hagan salir lo más rápidamente de la crisis económica y social que padecemos.

Es el momento de adquirir verdadero liderazgo social, porque el que le brindaron las urnas era más el liderazgo nacido de la desesperación de un país en quiebra que el de quien ofrece tesis ilusionantes para llevarla a la bonanza.

Ahora, cuando definitivamente tendrá que adoptar medidas, es cuando descubriremos los verdaderos valores de Rajoy, su inteligencia a la hora de decidir cuáles y su capacidad para ponerlas en práctica logrando la complicidad del pueblo. Dos liderazgos, el político y el social, que ojalá ejerza con humildad, con templanza y con sabiduría.

ENRIQUE BELLIDO

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El Valle de…?

Está claro que frente a los problemas sociales por los que atraviesa España, frente a esas nuevas cifras de paro que dejan en evidencia al Gobierno que se va y muestran la tragedia que oficialmente viven cuatro millones y medio de españoles en edad laboral, frente a los duros ajustes que ya anuncian distintos ejecutivos autonómicos y habrá de abordar el de Mariano Rajoy, debatir sobre si Franco debe o no permanecer enterrado en su actual mausoleo carece de importancia real.



Sin embargo, y como sé que mi opinión no restará un ápice de atención a las tareas de gobierno de quienes deben dedicarse en cuerpo y alma a ellas, es por lo que voy a dejar un apunte con el que no dudo que no coincidirán algunos –o quién sabe si muchos- pero que pretende fijar mi posición, una más, desde el pensamiento liberal que defiendo.

Cierto que los muertos deben reposar en paz, como recordaba recientemente la Defensora del Pueblo, pero una cosa es eso y otra, bien distinta, que en un Estado democrático pretendamos mantener como símbolo de concordia tras la guerra civil un monumento como es el del Valle de los Caídos en el que junto a contrincantes de ambos bandos se sitúe, en lugar preeminente, a quien lideró uno de ellos perpetuándose luego en el poder durante casi cuarenta años.

Entiendo que Francisco Franco buscase, desde su singular sentido de la concordia, un símbolo que le justificase ante los españoles y la Historia y trasladase un mensaje de reconciliación, pero no deja de ser, cuanto menos paradójico, que él se situase -o lo situasen- como epicentro de una memoria en la que por ningún lugar debiera hacer acto de presencia la imagen del “vencedor” cuando, además, como bien dicen los redactores del informe, ni tan siquiera él fue un “caído” en aquella contienda.

No seré yo quien le dé importancia al hecho de que el cuerpo de Franco sea trasladado a otro enterramiento. Me da realmente igual que descanse allí, que lo haga en el cementerio de El Pardo -como parece que se había previsto antes de su muerte- o que su familia le dé destino final en otro campo santo.

Lo que sí creo es que, de permanecer en su vigente destino, este no debe mantener su actual denominación de "Valle de los Caídos", ni gozar de ningún tipo de beneficio oficial. Quedaría, por tanto, como un monumento meramente religioso, a mantener por la Iglesia, sin ningún tipo de connotación política.

Sé, también, que esa solución no será del agrado de quienes han hecho bandera de la denominada como "Memoria Histórica" porque, entre otras argumentaciones, aquella obra se realizó con fondos de todos los españoles y el trabajo de muchos de los “vencidos”.

Pero no es menos cierto que el mal denominado "Valle de los Caídos" ha dejado de ser un referente ideológico y social para la inmensa mayoría de los españoles y poner el punto de mira en él representa un ejercicio ciertamente estéril.

La reconciliación, aquella que no hubiese tenido todavía efecto, hay que buscarla en otros objetivos mucho más dinámicos y vivos que el que yace bajo una losa de más de una tonelada.

Decía antes que no sería yo quien le diese importancia a si se cambian o no los restos de Francisco Franco a otro destino, lo que no me impide reconocer que, garantizando la seguridad de los mismos, existirían ubicaciones tan dignas y menos significativas que la actual para acogerlos.

Lo que no dudo es que este asunto no deba distraer la atención del próximo Gobierno que bastante tiene con lo que tiene para mantener una concordia social que sus antecesores han puesto en peligro.

ENRIQUE BELLIDO

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El naufragio

En los naufragios parece que está muy bien pero, en política, aquello de "las mujeres y los niños primero", no gusta al histórico Alfonso Guerra que, por otra parte, con toda seguridad, es el más prediluviano de nuestros parlamentarios. Así lo ha manifestado en una entrevista en la Cadena SER en la que, ante el debate sucesorio en el PSOE, ha demandado que la elección se establezca en base a escoger a los mejores y no por la juventud o rango femenino de los aspirantes.



El planteamiento me parece correcto si Guerra, en sus muchos años de poder en el socialismo español -algo de éste le debe quedar o algún miedo debe infundir cuando sigue de diputado-, hubiese respetado la máxima. Todos sabemos que no fue así y que como número dos del PSOE aplicó a rajatabla la regla del embudo, por el que pasaban no los mejores sino aquellos que se doblegaban a sus pretensiones.

En todo caso, sí que es cierto que la elección de quien dirija en los próximos años el destino de los socialistas, además de realizarse entre los 110 diputados que la formación ha conseguido en las últimas elecciones -no puede ser de otra forma porque, como sucediera con Hernández Mancha en el PP, estar ausente del Congreso representa un handicap insuperable-, debiera basar sus argumentos en la solidez y en la proyección política del elegido, por encima de la tan cacareada renovación por razón de edad, que tan nefastos resultados trae a veces -fijémonos en Rodríguez Zapatero, que ordeñó las vacas gordas que otros le dejaron pero no supo qué hacer con ellas cuando éstas se le volvieron flacas-, y de sexismos que, al final, terminan por ser excluyentes en una u otra dirección.

No es Alfonso Guerra quien mayor fuerza moral atesora para hacer esta proclama, pero es que mucho me temo que de quienes dirigen en la actualidad el PSOE y de sus barones, no serán mayoría los que puedan apuntarse a ella si atendemos a su pasado. De ahí que la opción de Primarias, con nulo eco en el Comité Federal socialista, hubiese sido la más interesante, con la limitación, ya digo, de que los aspirantes debieran ostentar el cargo de diputado nacional.

También llevaba su parte de razón Guerra cuando, al referirse a las posibilidades de Carme Chacón para hacerse con la Secretaría General, aquél afirmaba que, en su contra, juega el que siempre haya considerado al PSC como un partido distinto, lo que no es lejano a la realidad ya que en el Senado los socialistas catalanes constituyen un Grupo Parlamentario propio y diferenciado, junto a Iniciativa por Cataluña (Verdes) y Ezquerra Republicana de Cataluña.

Y puestos a darle la razón a Alfonso Guerra -les juro que ni me gusta su fondo y mucho menos su estilo- no se equivocaba cuando aludía al vacío que la dirección del partido protagonizó la noche electoral, no dando la cara en la sede ante militantes y votantes. La derrota, es la realidad, no era la de Alfredo Pérez Rubalcaba, sino la de todo un Gobierno, la de toda una dirección y todo un partido que lo sustentaba.

Lo políticamente honesto y decoroso hubiese sido entonar solidariamente el mea culpa, aunque estaba claro que muchos pensaban ya en la sucesión de Zapatero, intentando no contaminarse con la imagen de la derrota y, este último, en no añadir un borrón más a su carrera política.

De todas formas, y al margen ya de las declaraciones de Guerra, lo que sí parece lógico es que quien dé la réplica a Rajoy en el pleno de investidura sea Pérez Rubalcaba, su opositor en las urnas, dado que designar a alguien distinto conllevaría ya la apuesta por este alguien para la Secretaria General socialista, lo que parece inadecuado si en febrero del año próximo el PSOE tiene previsto celebrar su Congreso.

Diferente es que Rubalcaba hubiese tomado la decisión de dimitir tras los malos resultados obtenidos, como en su día lo hiciese Joaquín Almunia, algo que está visto que no va a suceder.

Son los propios socialistas quienes tienen en sus manos el futuro de su formación política y quienes habrán de acertar con la decisión final que adopten, aunque mucho me temo que se estén enfrentando a un "sálvese quien pueda" que permite poco margen para llevar a cabo ordenadamente el trasiego a una nueva nave sin vías de agua como las que presenta el actual PSOE.

Puede que no se dé preferencia ni a mujeres ni a niños, pero no tengo tan seguro que sean los mejores quienes tengan la opción de hacerse con el nuevo timón. El tiempo dirá...

ENRIQUE BELLIDO

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El poder de la orgánica socialista

Mal, muy mal les ha debido resultar a los socialistas el experimento de elegir libremente a su secretario general aquel 22 de julio del año 2000 -en el que fue designado para el cargo José Luis Rodríguez Zapatero, en confrontación con José Bono, Matilde Fernández y Rosa Díez- cuando, tras la debacle electoral del 20-N, que nada tiene que ver con la que sufriera Joaquín Almunia frente a José María Aznar, siguen postulándose como candidatos a dirigir los próximos pasos del partido tanto quien ha obtenido los peores resultados electorales de la historia -Alfredo Pérez Rubalcaba- como quien ha permitido que el feudo socialista de Cataluña pase a manos de CiU -Carmen Chacón-.



Cuando lo que debiera producirse en el seno del PSOE es un proceso de jubilación real y efectiva de multitud de “viejas glorias” que, bajo el adoctrinamiento de Alfonso Guerra -todavía sentado en un escaño del Congreso de los Diputados-, han perdido el norte de lo que representa un socialismo actual y renovado, parece que quiere volver a imponerse la cúpula del poder por encima de las bases, sin llevarse a cabo la revolución ideológica y humana que la organización política necesita.

Entiendo que el batacazo del año 2000, cuando los populares obtuvieron su primera mayoría absoluta, pudiese haber llevado a una elección inadecuada del nuevo líder, en el afán de muchos por renovar a costa de lo que fuese las estructuras.

Sin embargo, ello no debiera impedir que, en esta ocasión, se pudiesen ofrecer opciones diferentes a las oficialistas que hasta ahora conocemos -aunque sus protagonistas aún no hayan dicho "esta boca es mía"-, abriendo el partido a nuevos pensamientos y formas políticas que pudiesen garantizar la renovación ideológica y programática que a todas luces es precisa.

La cuestión estará en saber estructurar un desarrollo de Primarias que permita hacer una pormenorizada valoración de los aspirantes, intentando minimizar al máximo los riesgos que con la elección de Zapatero se asumieron, de forma que a quien se elija ofrezca las garantías suficientes no sólo para afrontar el proceso del cambio, sino para dirigir con competencia y suficiencia intelectual los destinos de nuestro país allá cuando el PSOE deba ocupar de nuevo el poder.

Rubalcaba y Chacón, Chacón y Rubalcaba, no representan sino la continuidad del actual “régimen interno” del PSOE, por mucho que entre ellos hayan pretendido marcar sus diferencias. Los electores así se lo han hecho saber hace poco más de una semana en las urnas.

A partir de ahí, los socialistas habrán de convencer, por la izquierda y por el centro, con argumentos distintos y desde diferentes sensibilidades políticas a las que hasta ahora nos habían venido gobernando.

Hace falta un PSOE fuerte, cohesionado y con trama argumental, porque ni es bueno que el PP carezca de réplica en sus políticas, ni lo es que la alternancia se establezca en la incertidumbre sobre quién deba protagonizarla, ni sobre los errores de aquellos que gobiernen. Confiemos, por tanto, que las bases quieran y sepan pronunciarse y que el poder de la orgánica deje paso a la razón de los demócratas.

ENRIQUE BELLIDO

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Bienvenida la incompatibilidad

Por fin el Parlamento andaluz ha aprobado la incompatibilidad entre el cargo de alcalde, presidente de Diputación o de Mancomunidad y el de parlamentario andaluz. Según la información que leo, los socialistas ya mantenían esa incompatibilidad desde 1996, por prohibirlo sus estatutos y, curiosamente, el Partido Popular (PP) presentó en 1995 una proposición de Ley por la que solicitaba dicho régimen de incompatibilidades.



Por tanto, y conociendo que en Galicia, gobernada por el PP, resulta también incompatible el ejercicio de ambos desempeños institucionales, me parece una desacertada decisión que los populares anuncien recurrir al Tribunal Constitucional esta medida, como también me parece -y lo volveré a repetir una y mil veces- un desprecio a la militancia que no ocupa los máximos cargos en las instituciones municipales, al infravalorarla con respecto al papel que podrían llevar a cabo en la Cámara andaluza.

En momentos de crisis como los que vivimos, y sin necesidad de que éstos se den, la duplicidad de funciones representa una aberración social cuando tan importante es que cada cuál desempeñe a plenitud de tiempo y dedicación sus funciones, estableciéndose una distribución racional y operativa de las mismas.

Me parece un error, un profundo error, que desde el PP-A se empecinen en que un número importante de alcaldes sean parlamentarios andaluces cuando, en primer lugar, ya tienen bastante con gestionar adecuadamente sus ayuntamientos.

Y, en segundo lugar, la “Andalucía profunda” -qué poco me gusta el término- a la que se refería Javier Arenas hace pocos días, necesita de los mayores efectivos institucionales posibles para obtener de ella el voto del interior que todavía se le niega al PP, algo esto que no se va a conseguir con parlamentarios que deben atender a la vez una alcaldía y quién sabe si, también, una ocupación orgánica dentro del partido.

Pero es que, además, da la impresión de que lo que se pretende es, con el cargo de parlamentario, retribuir con mayor salario a quien ocupa una alcaldía, hoy sabemos que con limitados emolumentos, cuando el acceso a un cargo debiera representar una opción libre que, efectivamente, necesita de un salario digno, pero el cual no debe ajustarse a las espectativas de quien opta a aquél sino a la realidad económica de la institución en la que se enclava.

Estoy convencido de que ese anunciado recurso -si al final se presenta, que lo dudo- no llevará a nada y la incompatibilidad que se exige en la Administración y, de hecho, se impone en la empresa privada, llegará también al Parlamento andaluz, ofreciendo, por otra parte, savia nueva a los escaños, infectados de endogamias de poder.

ENRIQUE BELLIDO

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El do de pecho

De seguro que Javier Arenas y su equipo están leyendo y releyendo los resultados electorales en Andalucía a fin de sacar conclusiones que les sirvan de cara a las Autonómicas de 2012. Está claro que se ha confirmado el vuelco electoral que ya se produjo con motivo de las Municipales de mayo pasado, obteniéndose unos excelentes resultados, pero sigue sin aclararse el camino para los populares en lo que a la Andalucía del interior se refiere y, fundamentalmente, en los municipios de menos de 25.000 habitantes, que son la mayoría.



Si nos atenemos a los resultados obtenidos en la provincia de Córdoba, que es la que más puede interesarnos, el Partido Popular (PP) ha obtenido la mayoría de votos en 23 municipios, mientras el PSOE lo ha hecho en 52. Tengamos en cuenta que al cierre de los colegios electorales, el PP había obtenido 38.856 votos más que el PSOE en el cómputo general de toda la provincia y, sin embargo, en Córdoba capital esta diferencia de votos se establecía en 47.884, lo que nos habla de que los socialistas han ganado a los populares en los pueblos por un total de 9.000 votos. Todo ello teniendo en cuenta la clara victoria del PP en Lucena, Cabra, Priego de Córdoba, Pozoblanco y Peñarroya-Pueblonuevo.

Por tanto, y reconociendo el esfuerzo realizado -que me consta-, resulta necesario redoblar dedicación y mensajes en un medio rural que, a pesar de la tremenda crisis que vivimos, se aferra al voto de izquierdas, posiblemente porque desconfía que desde la derecha se puedan poner en práctica medidas que, sin lesionar determinados principios sociales, incrementen la accesibilidad de los ciudadanos a posiciones de mayor progreso.

En Sevilla sucede algo parecido. Si en la capital el PP ha superado al PSOE en alrededor de 30.000 votos, en la provincia los socialistas han obtenido 60.000 más que los populares, lo que ha hecho posible que sea la única que aparece marcada en rojo dentro del mapa nacional.

En Jaén, es la ventaja obtenida por el PP en la capital la que marca la diferencia global ya que en la provincia se ha producido un empate entre las dos fuerzas políticas. Por su parte, en Huelva, consiguen también los socialistas superar a los populares en los pueblos por un estrecho margen de 1.000 votos. Y en Granada, Almería, Málaga y Cádiz es el PP el que vence tanto en las capitales de provincia como en el resto de las mismas.

Conclusión: para obtener mayoría absoluta en las próximas Autonómicas -pues ya ha manifestado IU su voluntad de no dejar gobernar al PP si en su mano está conformar mayoría con el PSOE-, ha de establecerse un pormenorizado trabajo en el medio rural, que necesitará de la participación de todos los efectivos institucionales disponibles -de ahí mi rechazo a la duplicidad de cargos que limita la capacidad de acción de los representantes-, así como de cualesquiera otros colaboradores que estén dispuestos a trasladar confianza a un electorado todavía desconfiado.

Un trabajo que no puede dejarse en manos del voluntarismo, sino que tiene que estar tan diseñado como organizado en su ejecución. Creo que no puede pedirse más esfuerzo del que viene haciendo a Javier Arenas, que podrá levantar otros recelos o dudas, pero no la de su implicación en la consecución de los objetivos electorales.

Es a otro nivel donde hay que dar el do de pecho que, evidentemente, aún no se ha terminado de dar, si se quiere que la mayoría que obtenga el PP sea suficiente para gobernar.

Y es cierto lo que hace días me comentaba un colega y amigo: la transición en España no será un hecho culminado hasta que la alternancia no se convierta en una realidad en Andalucía. Una realidad que supondrá madurez política del pueblo en respuesta a que los partidos andaluces alcancen la suya propia.

ENRIQUE BELLIDO

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