Jueces, secretarios judiciales, personal del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, abogados y procuradores se concentraron al mediodía de ayer a las puertas del Palacio de Justicia de Montilla para reclamar una serie de medidas con el objetivo de reforzar la independencia judicial y modernizar la Administración de Justicia, así como para propiciar una mayor eficacia y unas mejores condiciones profesionales.
Bajo la presidencia del juez decano, Antonio José Puntas Mata, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1, y de Francisco José Ortega Reyes, juez del número 2, los participantes en la concentración manifestaron su "apoyo expreso" a las catorce medidas propuestas por las asociaciones judiciales el pasado 16 de junio y que han contado con la adhesión individual de 3.500 jueces y magistrados de toda España.
Asimismo, hicieron público su apoyo a las peticiones efectuadas por las asociaciones fiscales en mejora de su estatuto y de sus funciones. Durante el acto se hizo especial hincapié en la "delicada situación" de los Juzgados Mixtos de los pueblos, cuya "más importante y urgente necesidad" es la ampliación de su plantilla.
Y es que, tal y como detalló Antonio José Puntas, "en los últimos años se ha producido un incremento considerable de los asuntos, tanto civiles como penales en ambos Juzgados, con la consiguiente carga de trabajo que supone para la actual plantilla funcionarial".
Una plantilla formada por un gestor, dos tramitadores y un auxiliar que "permanece inalterable desde el año 1972" a pesar del "notabilísimo aumento de la litigiosidad, en particular en materia de violencia de género, y de los asuntos registrados en un Partido Judicial que cuenta actualmente con más de 60.000 habitantes", recalcó el juez decano de Montilla.
Por todo ello, y al igual que en el resto de concentraciones que se celebraron en el día de ayer, se instó a las Cortes Generales, al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a que, "con la urgencia que exige la situación de nuestra Justicia", se acuerden medidas para "reforzar la independencia judicial".
De este modo, junto a la presentación de un proyecto o proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que "recupere el régimen competencial, de organización, funcionamiento y dedicación" del CGPJ y "garantice la elección de los vocales judiciales por los jueces y magistrados", el manifiesto al que se dio lectura ayer en Montilla defiende que el CGPJ "debe amparar de modo efectivo" a los miembros de la carrera judicial "de cualquier ataque recibido que afecte a su independencia".
Junto con la retirada de las enmiendas presentadas a la proposición de ley de reforma de la LOPJ que "coartan el ejercicio de la función judicial y vacían de ciertas competencias al CGPJ", los profesionales de la Justicia volvieron a reclamar ayer la "objetivación del sistema de nombramiento de altos cargos judiciales, con arreglo a perfiles previamente definidos, de acuerdo con un proceso transparente y en decisión debidamente motivada y adoptada por una mayoría cualificada", así como la supresión de los magistrados designados por los Parlamentos autonómicos.
Medidas para modernizar la Administración de Justicia
El manifiesto al que dio lectura Antonio José Puntas solicitaba también un plan de inversión "suficiente y prolongado", en el marco de una organización judicial "rigurosa y eficiente", destinado a incrementar las plantas judicial y fiscal –equiparándolas a la media europea–, "convocando al menos 300 plazas en cada uno de los próximos cuatro años".
Además de la modernización de los edificios judiciales y de las fiscalías, los profesionales que ayer se dieron cita en Montilla reclamaron un proceso de digitalización con los equipos necesarios y los programas de manejo adecuado que "realmente facilite el ejercicio de la función jurisdiccional fiscal en beneficio del ciudadano, en lugar de ralentizarlo".
En lo que respecta a la racionalización de la planta judicial, se reclamó la implantación de los tribunales de instancia, "respetando las exigencias de independencia e inamovilidad y garantizando el acceso a la justicia de todas las personas". A su vez, se instó a "evitar la precarización judicial y fiscal", mediante la eliminación de las adscripciones forzosas y la supresión de las figuras de "sustitución" y "refuerzo" en el periodo de prácticas formativas.
Además, reivindican la revisión del modelo de oficina judicial sobre las experiencias piloto; compatibilizar los distintos sistemas de gestión procesal existentes en todo el territorio nacional; y dotación de medios personales y materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción, con dependencia directa de la Autoridad judicial y fiscal.
Para mejorar las condiciones profesionales, desean, entre otras medidas, la convocatoria inmediata y formal de la Mesa de Retribuciones con el objetivo de recuperar el nivel salarial perdido en 2010 y adecuar la retribución a la responsabilidad inherente a la función.
Por lo que se refiere al Ministerio Fiscal, abogan por la derogación del sistema de plazos máximos de instrucción mientras no se dote de los medios necesarios al efecto; y la paralización de la implantación de la justicia digital en tanto no se garantice el correcto funcionamiento de los programas y equipos.
Así como atribución de la formación de los fiscales a la Fiscalía General del Estado; refuerzo de la independencia del Ministerio Fiscal; y autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal.
Para conseguir estos fines, los profesionales que se concentraron al mediodía de ayer a las puertas del Palacio de Justicia anunciaron que secundarán todas las medidas de movilización acordadas conjuntamente por las cuatro asociaciones judiciales y las tres de fiscales, sin perjuicio de lo que pueda resultar del proceso de negociación iniciado.
Bajo la presidencia del juez decano, Antonio José Puntas Mata, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1, y de Francisco José Ortega Reyes, juez del número 2, los participantes en la concentración manifestaron su "apoyo expreso" a las catorce medidas propuestas por las asociaciones judiciales el pasado 16 de junio y que han contado con la adhesión individual de 3.500 jueces y magistrados de toda España.
Asimismo, hicieron público su apoyo a las peticiones efectuadas por las asociaciones fiscales en mejora de su estatuto y de sus funciones. Durante el acto se hizo especial hincapié en la "delicada situación" de los Juzgados Mixtos de los pueblos, cuya "más importante y urgente necesidad" es la ampliación de su plantilla.
Y es que, tal y como detalló Antonio José Puntas, "en los últimos años se ha producido un incremento considerable de los asuntos, tanto civiles como penales en ambos Juzgados, con la consiguiente carga de trabajo que supone para la actual plantilla funcionarial".
Una plantilla formada por un gestor, dos tramitadores y un auxiliar que "permanece inalterable desde el año 1972" a pesar del "notabilísimo aumento de la litigiosidad, en particular en materia de violencia de género, y de los asuntos registrados en un Partido Judicial que cuenta actualmente con más de 60.000 habitantes", recalcó el juez decano de Montilla.
Por todo ello, y al igual que en el resto de concentraciones que se celebraron en el día de ayer, se instó a las Cortes Generales, al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a que, "con la urgencia que exige la situación de nuestra Justicia", se acuerden medidas para "reforzar la independencia judicial".
De este modo, junto a la presentación de un proyecto o proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que "recupere el régimen competencial, de organización, funcionamiento y dedicación" del CGPJ y "garantice la elección de los vocales judiciales por los jueces y magistrados", el manifiesto al que se dio lectura ayer en Montilla defiende que el CGPJ "debe amparar de modo efectivo" a los miembros de la carrera judicial "de cualquier ataque recibido que afecte a su independencia".
Junto con la retirada de las enmiendas presentadas a la proposición de ley de reforma de la LOPJ que "coartan el ejercicio de la función judicial y vacían de ciertas competencias al CGPJ", los profesionales de la Justicia volvieron a reclamar ayer la "objetivación del sistema de nombramiento de altos cargos judiciales, con arreglo a perfiles previamente definidos, de acuerdo con un proceso transparente y en decisión debidamente motivada y adoptada por una mayoría cualificada", así como la supresión de los magistrados designados por los Parlamentos autonómicos.
Medidas para modernizar la Administración de Justicia
El manifiesto al que dio lectura Antonio José Puntas solicitaba también un plan de inversión "suficiente y prolongado", en el marco de una organización judicial "rigurosa y eficiente", destinado a incrementar las plantas judicial y fiscal –equiparándolas a la media europea–, "convocando al menos 300 plazas en cada uno de los próximos cuatro años".
Además de la modernización de los edificios judiciales y de las fiscalías, los profesionales que ayer se dieron cita en Montilla reclamaron un proceso de digitalización con los equipos necesarios y los programas de manejo adecuado que "realmente facilite el ejercicio de la función jurisdiccional fiscal en beneficio del ciudadano, en lugar de ralentizarlo".
En lo que respecta a la racionalización de la planta judicial, se reclamó la implantación de los tribunales de instancia, "respetando las exigencias de independencia e inamovilidad y garantizando el acceso a la justicia de todas las personas". A su vez, se instó a "evitar la precarización judicial y fiscal", mediante la eliminación de las adscripciones forzosas y la supresión de las figuras de "sustitución" y "refuerzo" en el periodo de prácticas formativas.
Además, reivindican la revisión del modelo de oficina judicial sobre las experiencias piloto; compatibilizar los distintos sistemas de gestión procesal existentes en todo el territorio nacional; y dotación de medios personales y materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción, con dependencia directa de la Autoridad judicial y fiscal.
Para mejorar las condiciones profesionales, desean, entre otras medidas, la convocatoria inmediata y formal de la Mesa de Retribuciones con el objetivo de recuperar el nivel salarial perdido en 2010 y adecuar la retribución a la responsabilidad inherente a la función.
Por lo que se refiere al Ministerio Fiscal, abogan por la derogación del sistema de plazos máximos de instrucción mientras no se dote de los medios necesarios al efecto; y la paralización de la implantación de la justicia digital en tanto no se garantice el correcto funcionamiento de los programas y equipos.
Así como atribución de la formación de los fiscales a la Fiscalía General del Estado; refuerzo de la independencia del Ministerio Fiscal; y autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal.
Para conseguir estos fines, los profesionales que se concentraron al mediodía de ayer a las puertas del Palacio de Justicia anunciaron que secundarán todas las medidas de movilización acordadas conjuntamente por las cuatro asociaciones judiciales y las tres de fiscales, sin perjuicio de lo que pueda resultar del proceso de negociación iniciado.
J.P. BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
