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18 de junio de 2017

  • 18.6.17
La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, presentó esta semana la nueva Oficina para la Prevención de la Corrupción en Andalucía que, según enfatizó, "liderará" la lucha contra el fraude en la gestión de los recursos públicos en la comunidad autónoma.



En rueda de prensa, Montero explicó que ya se encuentra en información pública el texto normativo que regulará la nueva entidad, creada con el fin de "prevenir, investigar y detectar, así como, proponer sanciones y corregir posibles prácticas fraudulentas o conductas ilegales que afecten a los intereses generales o a la gestión de los fondos o patrimonio públicos".

Montero recordó que los ciudadanos sitúan la corrupción como uno de sus principales problemas y defendió que "las administraciones no pueden tolerar esa sensación de impunidad y de pudrimiento". En este sentido, destacó que "el Gobierno andaluz da "una vez más" un paso adelante, con la puesta en marcha de una entidad que "será autónoma, estará despolitizada y actuará con total independencia" en la lucha contra la corrupción.

Una de las preocupaciones del Decreto es blindar a la Oficina ante cualquier injerencia. Por eso, a pesar que se adscribe por razones logísticas a la Viceconsejería de Hacienda, al igual que lo hace la Intervención General, tendrá plena independencia y, según figura en la norma, "no podrá recibir instrucciones de ninguna autoridad".

Además, se ha dedicado especial empeño en evitar que el funcionario que esté al frente de la Oficina, y que tendrá más de 15 años de experiencia y acreditada solvencia, pueda tener ningún tipo de influencia respecto a sus decisiones.

Por ello, su nombramiento será elegido previa convocatoria pública en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) por un tribunal compuesto por la Inspección General de Servicios, la Intervención General y el Gabinete Jurídico de la Junta, debiendo constar en acta pública los motivos concretos de su elección. Además, no podrá ser cesada, salvo causas graves previstas en las leyes con carácter general para cualquier funcionario público.

"Vamos a poner una lupa gigantesca en la lucha contra el fraude y la corrupción, que nos hace peores como personas y como sociedad, y también nos hace más pobres en lo económico ya que frena las oportunidades de desarrollo", indicó Montero.

La consejera subrayó que la Oficina para la prevención de la Corrupción es una pieza clave en la "administración de cristal que estamos diseñando en Andalucía", basada en la transparencia y la rendición de cuentas. En este sentido, se refirió al Portal de la Transparencia y la publicidad activa, así como los avances y mejoras implantadas en gestión económico financiera con las "cuentas transparentes de toda la Junta", la licitación de cuentas públicas y el decreto de Tesorería.

Montero reiteró que "la corrupción es intolerable, tóxica y corrosiva, y a la vez es compleja, por lo que las medidas para erradicarla deben tener la fuerza y la inteligencia suficientes para hacer frente a esa complejidad y doblegarlas". Según señaló, la Oficina anticorrupción permitirá "atacar la naturaleza resbaladiza de la corrupción y mejorar la calidad de nuestras instituciones". "Actuaremos con contundencia, para que en Andalucía los corruptos sepan que no tienen sitio", subrayó.

Procedimientos sancionadores

El ámbito de actuación de la Oficina para la Prevención de la Corrupción será todo el sector público andaluz, de modo que intervendrá ante cualquier tipo de acción u omisión de la administración que implique la gestión de fondos o patrimonio públicos, contratos, concesión de licencias, permisos, subvenciones o ayudas, y en general cualquier ejercicio de una potestad pública, así como actuaciones de los entes sometidos al derecho privado.

Además, podrá extenderse a empresas, otras entidades públicas o privadas y particulares, que hayan contratado o hayan sido beneficiarias de subvenciones, o se les hayan otorgado créditos, avales o cualquier otro tipo de ayuda de la Junta.

Sus principales funciones serán detectar e investigar casos concretos, ya sea de oficio, a petición de los propios ciudadanos o de los grupos parlamentarios, así como instruir los correspondientes procedimientos sancionadores y disciplinarios. La Oficina protegerá a los denunciantes, mantendrá la confidencialidad de su identidad y cuando considere que existen indicios de responsabilidad penal, lo comunicará inmediatamente a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal. Asimismo, con el fin de prevenir y alertar de conductas corruptas, elaborará un catálogo de procedimientos de riesgo.

Montero destacó que la Oficina funcionará con seguridad jurídica y con todas las garantías, "porque para acabar con la corrupción es indispensable que la sociedad denuncie la corrupción. Que no haya ni complicidad, ni tolerancia ni justificación de prácticas que lastran las oportunidades de la mayoría en beneficio de unos pocos".

La Oficina actuará de forma coordinada con otros órganos de la administración como el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, y en estrecha colaboración con la Intervención General de la Junta de Andalucía y la Cámara y el Tribunal de Cuentas.

El proyecto de decreto por el que se crea la Oficina para la Prevención de la Corrupción en Andalucía se encuentra en trámite de información pública y está disponible para su consulta en la web de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL


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