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1 de mayo de 2017

  • 1.5.17
El Partido Popular es la formación política que gobierna España y la mayoría de las Comunidades Autónomas, y la que engloba bajo sus siglas a toda la derecha ideológica del país, tanto de centro como de extrema derecha. No es ningún descubrimiento sociológico afirmar que ese partido acoge en su seno desde herederos nostálgicos de la dictadura –caso de su fundador ya desaparecido, Manuel Fraga– hasta liberales expertos en “ranas” –como Esperanza Aguirre, condesa consorte últimamente muy llorosa–.



Buena muestra de representar este amplio espectro del conservadurismo español, de imposible homologación con cualquier otra derecha democrática europea, es el espectáculo sucedido en Nerja (Málaga) durante el entierro del que fuera una de las “sonrisas” del régimen franquista, el falangista José Utrera Molina, que reía las gracias de un dictador que hasta el final de sus días firmó condenas de muerte.

En dicho sepelio se cantó el Cara al Sol, se exhibieron saludos falangistas-hitlerianos y se vocearon "vivas" a José Antonio Primo de Rivera y a Franco, estando presente el yerno del finado, el exministro de Justicia, expresidente de la Comunidad de Madrid y exalcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón.

Tal alarde público de apología del fascismo franquista es inconcebible, por ejemplo, en Alemania, donde se persigue y se condena toda exhibición apologética del régimen nazi. En España, esos fanáticos “ultras” de extrema derecha están instalados cómodamente en el Partido Popular e impiden que éste suscriba en el Parlamento una condena explícita de la dictadura del general Francisco Franco, otorgue un reconocimiento moral a las víctimas del franquismo, dé amparo legal y financiero al descubrimiento de las fosas comunes, colabore de buena gana con la ley de Memoria Histórica para eliminar signos (placas, estatuas, nombres de calles) que continúan exaltando a los sublevados que iniciaron una Guerra Civil e, incluso, que no suprima la asignatura de Religión –católica, faltaría más– del currículo escolar, así como ritos de esta confesión en actos y funerales de Estado, algo impropio de un Estado constitucionalmente aconfesional.

Todo ello son rémoras de un pasado indigno que aún permanece en la mentalidad e ideología del Partido Popular. Pero también la consideración de que España es su “finca” particular, casi por designación divina más que como botín de guerra.

Pues bien, este partido que congrega a la derecha española más rancia, cuyos dirigentes creen que representa a la España de bien, que consideran que sus políticas son las que convienen al país porque son las únicas posibles al aplicar el sentido común del mercado, y que piensan, totalmente convencidos, de poseer las claves para que España “funcione” como Dios manda, es el partido que tiene sus estructuras carcomidas por la corrupción e irregularidades de todo tipo.

Es la formación que tiene el triste honor de generar el mayor número de saqueadores de dinero público, de evasores de capitales a paraísos fiscales y de delincuentes que hacen lo imposible, es decir, lo ilegal, por apropiarse de lo ajeno y, de paso, eludir pagar impuestos –ya que para eso se autoconceden la correspondiente amnistía fiscal– y quedar, encima, como genios de las finanzas.

Para ello se valen de su paso por las instituciones públicas y de una actuación clientelar, con ese entramado de relaciones y favores elaborado en beneficio del enriquecimiento personal y la financiación ilegal de la organización, no por amor a las siglas –sean charranes o gaviotas, tanto da– sino por ser indispensable para afrontar las campañas de imagen y electorales que les conducen al poder.

No es de extrañar, por tanto, que el Partido Popular sea el único partido político de España investigado por la Justicia por supuesta financiación ilegal y el que tiene a todos sus extesoreros bajo sospecha o investigados de múltiples manejos nada respetuosos con una contabilidad honrada y transparente.

Y que sea, por esa sostenida actitud pasiva ante estos hechos salvo presión política o judicial, el partido en el que han aflorado las mayores tramas de corrupción jamás conocidas en un país que, desgraciadamente, asiste a chanchullos y “conchabaches” extendidos por todo el espectro político y a todos los niveles de la Administración.

Y, como remate, el único partido, hasta la fecha, que verá a la figura del presidente del Gobierno –presidente, a su vez, de la formación– acudir a los tribunales a prestar declaración como testigo por la existencia de una contabilidad “b” descubierta de manera manifiesta en su organización.

¡Un presidente de Gobierno en ejercicio testificando ante un juez de instrucción! Solo por esta última eventualidad, en cualquier otro lugar donde brille la decencia, el político en cuestión hubiera puesto su cargo a disposición del Parlamento, incluso si se descubre que ha copiado en un examen durante su época universitaria.

Sin embargo, en España, el Partido Popular sigue pretendiendo que se crea que todos los casos de corrupción que han germinado en su interior son hechos aislados y obra de individuos concretos que han abusado de la confianza en ellos depositada.

Nadie, salvo los que intentan minimizarla y ocultarla, duda de que la corrupción que aqueja al Partido Popular y a las instituciones donde gobierna es de tal magnitud e intensidad que se ha convertido en sistémica, en una característica patognomónica de su estructura y funcionamiento. Por donde ellos pasan dejan inevitablemente un reguero de corrupción, ya que el funcionamiento ordinario de su organización política se sustenta, presuntamente, en la corrupción y en las irregularidades.

Ello no es un fenómeno reciente sino que viene de antiguo, desde que se percataron que en democracia podían ser desalojados del poder en el momento más inesperado e inoportuno. Desde entonces, intentan por todos los medios –legales, alegales o presuntamente ilegales– poner las instituciones a su servicio y utilizar el dinero público para urdir una tupida red de intereses a su favor con grandes empresarios, mundo de la banca y finanzas, medios de comunicación, judicatura y cualquier sector que les pueda servir para seguir ganando elecciones, controlar la caja de los caudales públicos e imponer su modelo sectario de sociedad. Pero, sobre todo, enriquecerse aún más de lo que ya están.

El Partido Popular está cubierto de corrupción hasta las trancas porque actuaba confiado en una impunidad que creía tener asegurada con esos “amigos” ubicados en puestos clave, como la Fiscalía, el Poder Judicial y otras instituciones del Estado.

Ya no se trata de cuatro “mangantes” cogidos con las manos sucias por la corrupción, sino de una verdadera estructura criminal que afecta al conjunto del partido y a gran parte de sus dirigentes. Una proliferación de escándalos y casos de corrupción que evidencian, en su conjunto, la extensión y gravedad de la lacra que corroe al partido.

Ya no es sólo Bárcenas, Fabra, Matas, Rato, Barberá, Granados o González, ni siquiera la trama Gürtel, Púnica o Lezo, por citar las más recientes, sino ese descaro con el que unos personajes practicaban el mafioso arte de cobrar comisiones a cambio de contrataciones de obra pública o pagar sobrecostes para engordar sus cuentas corrientes particulares y financiar ilegalmente al partido, mientras simultáneamente privatizaban empresas públicas o reducían prestaciones sociales.

Algo que todos sabían, todos hacían y algunos han sido sorprendidos por la justicia, gracias a jueces estoicos ante las presiones y las campañas difamatorias, a policías ajenos a las directrices políticas y a fiscales que desoyen las órdenes del fiscal Anticorrupción o las instrucciones del fiscal general del Estado.

Tan confiados se sentían en el Partido Popular y en el Gobierno que continúan mandando mensajes telefónicos, como aquel de Rajoy a Bárcenas, ahora del ministro de Justicia a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid con domicilio en la cárcel de Soto del Real, o la entrevista concedida por el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, al hermano de aquel, justo el día antes de que ambos fueran detenidos, en claro desprecio a la dignidad de las instituciones y a la actuación imparcial de la Justicia.

Ese desprecio a la legalidad, a la honradez y a las instituciones donde gobiernan, que deberían estar al servicio de los ciudadanos y no a “su” servicio, es el mayor daño que los corruptos perpetran a nuestro sistema de convivencia: a la democracia.

Creían que la “finca” era de su propiedad y tenían derecho a beneficiarse de ella. Estaban hasta las trancas de corrupción y ya no pueden evitar que el país entero se tape la nariz por el hedor que expelen. Ni pueden acusar a otros –como intento de justificación– de “más de lo mismo”. Ha llegado la hora de limpiarse y de asumir responsabilidades.

DANIEL GUERRERO


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