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10 de abril de 2017

  • 10.4.17
Los que ejercen actividades sanitarias –médicos, enfermeros, químicos, farmacéuticos o técnicos– están obligados a actualizar sus conocimientos constantemente y a compartir sus experiencias con compañeros nacionales o extranjeros, según la especialidad, para estar al día y consensuar criterios, procedimientos y habilidades que redunden en su formación y en el trabajo que desarrollan cada día. Es decir, que les sirvan para ofrecer lo mejor a usuarios y pacientes.



Esta –y no otra– es la razón fundamental de los congresos, reuniones y encuentros científicos que se celebran desde antiguo en España. También es la causa de los abusos que cometen algunos de estos profesionales sanitarios para disfrutar de unos días de asueto dedicados al turismo, pagados por la industria farmacológica y por la empresa (hospital generalmente público) en la que trabajan.

Raro es el año en que no se celebran uno o dos congresos por especialidad, de entre dos y cinco días de duración, a los que asiste el personal sanitario, algunos de los cuales lo hacen de manera sistemática. Es decir, se prestan a acudir cada año al congreso correspondiente, aun cuando rara vez expongan alguna comunicación o ponencia o la elaboren sobre temas tan manidos que no suponen ninguna novedad de lo ya sobradamente conocido. Unos pocos, ni siquiera eso: se limitan a ser congresistas invisibles que no pisan la sede del evento, salvo para el cocktail de bienvenida y la cena de clausura.

Una de las consecuencias afortunadas de la crisis económica ha sido la racionalización de estos gastos por parte de las empresas que financian la participación de los congresistas y la necesaria justificación, no solo para acudir sino también de la asistencia, para lograr los permisos por parte de los centros de trabajo a quienes pretenden asistir a estos congresos en los últimos años.

Y con el control del gasto ha llegado también la transparencia en la relación entre industrias del sector y los hospitales a la hora de contribuir y financiar la realización de estos congresos, una relación que ni es tan desinteresada como parece ni realmente útil a parte de los se benefician de la misma.

Ello ha provocado ya las primeras quejas entre los más afectados, en los que no quieren verse identificados en un listado en el que se cuantifica, sin repercusión fiscal de momento, lo que han percibido para enriquecer su formación.

La transparencia y la publicidad de estos gastos invertidos –en permisos remunerados, ayudas por desplazamiento y dietas o con la colaboración económica de firmas proveedoras externas–, en la formación de sus trabajadores por parte de la empresa pública, siempre resultará irreprochable y justa, aportará objetividad en el empleo de tales recursos y podrá impedir abusos o compromisos espurios con las empresas que subvencionan estos gastos.

Hay que tener en cuenta que en España se celebran decenas de eventos de esta naturaleza cada año, solo en el sector sanitario, a los que asisten miles de trabajadores públicos de todas las categorías profesionales. Regularizar la participación de los trabajadores y racionalizar este gasto, por parte de instituciones y patrocinadores, eran medidas imprescindibles para garantizar la necesaria actualización en la formación del personal de manera eficaz, equitativa y eficiente.

No obstante, ha surgido la alarma entre los médicos cuando se ha sabido que la patronal de las compañías farmacéuticas, Farmaindustria, ha anunciado su intención de publicar de manera individualizada las relaciones económicas que mantiene con los facultativos de este país a partir del año 2018. Es de suponer que la medida incluirá, sin importar la categoría, a cualquier profesional que sea beneficiario de tales ayudas o subvenciones.

Aducen los afectados que dicha información podría ser considerada por la voraz Hacienda como un pago en especie por parte de los laboratorios que sufragan estos congresos y, por tanto, estar sujeta a carga fiscal. Parece un argumento falaz, a menos que la cuantía suponga una suma relevante en comparación con el resto de percepciones del profesional sanitario.

Pero ni siquiera en tal caso tendría reproche fiscal, ya que una proposición no de ley, aprobada por la Comisión de Sanidad del Congreso, insta al Gobierno a "seguir considerando exentas de tributación las transferencias de valor dedicadas a la formación de los profesionales del Sistema Nacional de Salud".

Los recelos proceden, más bien, del hecho de que se personalicen los agraciados de unos recursos que deberían estar a disposición de todos los profesionales, en su conjunto, para la pertinente actualización de conocimientos, y no destinados a premiar de manera injustificada a los más acomodaticios con la voluntad arbitraria de los que toman estas decisiones o consienten sean monopolizados por unos pocos.

Y son esos pocos, precisamente, los que cuestionan una trasparencia que es exigencia ineludible para la erradicación de privilegios y evitar abusos intolerables que convierten los cónclaves científicos en excursiones turísticas.

Dado el imparable avance de la ciencia y la técnica, los congresos son instrumentos imprescindibles para que los avances científicos, las nuevas vías de investigación, los descubrimientos técnicos y procedimentales, todo el conocimiento acumulado y las experiencias útiles sean compartidos por la mayor parte de la comunidad científica y profesional posible.

Pero ello exige rigor, ecuanimidad y equidad en la administración de unos recursos formativos que son limitados y tienen una finalidad objetiva: la adecuación de los profesionales a las nuevas demandas asistenciales. Pero, en vez de protestar para que estas partidas estén a disposición de todos sin distinción, se protesta porque se individualiza e identifica a los que aparecen en la lista de los agraciados. A veces, es mejor quedarse calladitos.

DANIEL GUERRERO


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