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6 de marzo de 2017

  • 6.3.17
Montilla Digital se hace eco en su Buzón del Lector de una carta abierta de un vecino sobre los procesos de contratación de personal en el Ayuntamiento de Montilla. Si desea participar en esta sección, puede enviar un correo electrónico exponiendo su queja, comentario, sugerencia o relato. Si quiere, puede acompañar su mensaje de alguna fotografía.



Junto al voto que un ciudadano introduce en la urna, tras optar por un candidato, se depositan ilusiones, esperanzas, deseos de contar con un Gobierno transparente, legal, que busque el bien común y no el particular. Hoy los ciudadanos, afortunadamente, somos más críticos tras presenciar los innumerables casos de irregularidades en nuestro país, y también más exigentes.

Más allá de las responsabilidades judiciales, existen las políticas e, incluso, las que mueven las conciencias ciudadanas, aunque sabemos con certeza, porque lo vemos casi a diario en los medios de comunicación, que los políticos se aferran al sillón y al sueldo estratosférico que ellos se ponen, antes de renunciar a sus privilegios.

Sería una desilusión que en nuestro pueblo los gobernantes que ahora tenemos pudieran estar realizando acciones que, en principio, puedan calificarse como de "poco estéticas". Por eso he puesto el título de este escrito entre interrogantes, aunque estoy convencido de que muchos ciudadanos responderían afirmativamente siempre que se diera alguna de las circunstancias que paso a exponer.

Hace unos días hemos conocido presuntas irregularidades en un proceso de selección de personal en el Área de Mujer, que ha sido impugnado por una abogada participante en el mismo. Si lo que se denuncia es verdad y se puede demostrar, y el alcalde de Montilla no ha cesado ya a los presuntos o presuntas artífices de esa irregularidad, no sabemos con qué propósito, se está haciendo responsable y por supuesto que muchos pensarán que debería dimitir.

Seguro que cualquier ciudadano de bien pediría la dimisión del alcalde si se puede demostrar que durante el tiempo que lleva gobernando se ha realizado algún contrato nominativo en el Ayuntamiento, que se ha firmado ese contrato incluso conociendo informes de funcionarios en los que se advertía de su ilegalidad y que no ha hecho nada, a pesar de que algún ciudadano, por escrito, le ha insistido en la irregularidad que se estaría cometiendo al llevar a cabo esa contratación.

Igualmente, si se demostrase que un familiar de una exconcejala de Izquierda Unida ha realizado ya varios talleres para el Ayuntamiento y se desconociese el proceso de selección para ser monitor o monitora –y, lo que sería más serio, si en uno de esos talleres se hubiera podido poner en riesgo la seguridad de los niños participantes porque se hubieran manipulado alimentos sin contar con todas las garantías necesarias–, estaríamos ante una razón más que fundada para que dimitiese, pensarían muchos ciudadanos.

Estoy convencido de que cualquier ciudadano honrado no querría tener como gobernante a alguien que pudiera estar permitiendo que en su Ayuntamiento se firmen presuntamente contratos en fraude de ley, o que permitiese, por no seguir con más ejemplos, la vulneración del artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores.

Lo anteriormente expuesto son hipótesis y por eso me pregunto: ¿Y si alguna se pudiera demostrar? Si así fuera, ¿debería dimitir el alcalde? Que cada uno, en el ejercicio de su libertad, responda a esa cuestión.

ANTONIO JOSÉ LLAMAS SICILIA
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

NOTA: Los comentarios publicados en el Buzón del Lector no representan la opinión de Montilla Digital. En ese sentido, este periódico no hace necesariamente suyas las denuncias, quejas o sugerencias recogidas en este espacio y que han sido enviadas por sus lectores.






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