La Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento de Montilla ha registrado en la última semana una quincena de solicitudes con el objetivo de recibir información y asesoramiento sobre el proceso extrajudicial para resolver reclamaciones por cláusulas suelo. El teniente de alcalde de Bienestar Social, Francisco Lucena, ha destacado esta mañana que este servicio municipal ofrece toda la información necesaria para poner en marcha dicha reclamación.
"El real decreto, que nace como respuesta a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, señala que deben ser los clientes los que presenten una reclamación previa ante las entidades de crédito que, a su vez, deben dar a conocer el sistema de reclamación, si bien el Ayuntamiento puede asesorarles en este proceso", ha explicado Lucena.
Asimismo, el responsable municipal de Bienestar Social ha recordado que las entidades de crédito deben dar a conocer el sistema de reclamación antes del próximo 20 de febrero entre sus clientes que, una vez presenten la reclamación, deberán obtener una resolución en un plazo máximo de 90 días.
De no aceptarse la oferta, el cliente deberá iniciar un proceso judicial que será costeado por el banco, siempre que las cantidades que establezca el juez sean iguales o superiores a la oferta realizada. En caso contrario, será costeado por el cliente.
Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, Francisco Lucena ha querido contestar a la petición realizada por el Grupo Municipal del Partido Popular para la puesta en marcha de un servicio de asesoramiento para los afectados por las cláusulas suelo, a la vez que ha lamentado que desde el PP no se hubiera pedido información previa.
"Si hubieran solicitado esa información en la Junta de Portavoces posterior a la aprobación del procedimiento extrajudicial, hubieran podido conocer que este servicio de asesoramiento está disponible desde el servicio municipal", ha aclarado.
Además, Francisco Lucena ha criticado que el PP aludiera a la "obligación moral" para la puesta en marcha de este servicio cuando, según ha subrayado, "el Ayuntamiento no necesita que nadie le inste para apoyar a quien más lo necesita". A juicio del edil montillano, "la verdadera obligación moral es poner en marcha un verdadero Plan de Emergencia Social desde el Gobierno central".
"El real decreto, que nace como respuesta a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, señala que deben ser los clientes los que presenten una reclamación previa ante las entidades de crédito que, a su vez, deben dar a conocer el sistema de reclamación, si bien el Ayuntamiento puede asesorarles en este proceso", ha explicado Lucena.
Asimismo, el responsable municipal de Bienestar Social ha recordado que las entidades de crédito deben dar a conocer el sistema de reclamación antes del próximo 20 de febrero entre sus clientes que, una vez presenten la reclamación, deberán obtener una resolución en un plazo máximo de 90 días.
De no aceptarse la oferta, el cliente deberá iniciar un proceso judicial que será costeado por el banco, siempre que las cantidades que establezca el juez sean iguales o superiores a la oferta realizada. En caso contrario, será costeado por el cliente.
Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, Francisco Lucena ha querido contestar a la petición realizada por el Grupo Municipal del Partido Popular para la puesta en marcha de un servicio de asesoramiento para los afectados por las cláusulas suelo, a la vez que ha lamentado que desde el PP no se hubiera pedido información previa.
"Si hubieran solicitado esa información en la Junta de Portavoces posterior a la aprobación del procedimiento extrajudicial, hubieran podido conocer que este servicio de asesoramiento está disponible desde el servicio municipal", ha aclarado.
Además, Francisco Lucena ha criticado que el PP aludiera a la "obligación moral" para la puesta en marcha de este servicio cuando, según ha subrayado, "el Ayuntamiento no necesita que nadie le inste para apoyar a quien más lo necesita". A juicio del edil montillano, "la verdadera obligación moral es poner en marcha un verdadero Plan de Emergencia Social desde el Gobierno central".
I. TÉLLEZ / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
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