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8 de febrero de 2017

  • 8.2.17
La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía prevé destinar tres millones de euros a lo largo de este año para la financiación de obras que traten de mejorar la seguridad y funcionalidad de las viviendas donde residen personas mayores o con alguna discapacidad o movilidad reducida. La medida pretende beneficiar a 2.000 familias andaluzas.



Estas ayudas promueven pequeñas actuaciones en las viviendas que tienen una gran incidencia social y mejoran la calidad de vida de sus residentes, siendo la adecuación de cuartos de baño la actuación más frecuente y el objeto de estas obras en el 90 por ciento de los casos.

Estas subvenciones cubren trabajos diversos como la adecuación del ancho de las puertas, la mejora de la seguridad de la instalación eléctrica o de gas, la instalación de suelo antideslizante y de asideros en los baños, la sustitución de bañeras por platos de duchas o la colocación de pasamanos en los pasillos.

Las ayudas se destinan a la mejora de la residencia habitual y permanente de personas mayores de 65 o personas con discapacidad que tengan reconocido, al menos, un 40 por ciento de grado de discapacidad y movilidad reducida. Para ello, está previsto que la convocatoria correspondiente a 2017 esté dotada con tres millones de euros de financiación autonómica. Las ayudas prevén también la financiación, según los casos, de la asistencia técnica necesaria para la ejecución de las obras.

Según el texto de la orden, que ya ha sido presentado en el seno de la comisión de seguimiento del Observatorio de la Vivienda, la Junta de Andalucía sufraga el 70 por ciento del coste de las obras hasta un presupuesto máximo de 2.000 euros y el mismo porcentaje de los honorarios técnicos, si se requieren, hasta un máximo de 600 euros por beneficiario.

Además de los grandes dependientes, pueden beneficiarse de estas ayudas los titulares de la Tarjeta Andalucía-Junta sesentaycinco o quienes tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 40 por ciento y movilidad reducida, siempre que sus ingresos familiares no superen los 18.000 euros anuales y que la vivienda objeto de la ayuda sea su residencia habitual. Además, los beneficiarios pueden estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

Estas ayudas se enmarcan en el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía aprobado en agosto de 2016 por el Consejo de Gobierno y donde la mejora del parque residencial representa uno de los pilares fundamental que sustentan el planeamiento en materia de vivienda hasta 2020, horizonte temporal hasta el que se prevé el desarrollo de 188.545 actuaciones y la movilización de una inversión pública cercana a los 730 millones de euros.

Con un enfoque marcadamente social, la estrategia se centra su esfuerzo en los colectivos de población que se hallan en situación vulnerable y tienen mayores dificultades para el acceso o mantenimiento de una vivienda.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL


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